Sakineh Mohammadi Ashtiani, es una mujer iraní condenada a muerte por el delito de adulterio, lo que de acuerdo a los rígidos cánones de los ayatolas puede significar muchas cosas, entre ellos que la mujer en cuestión se atrevió a mirar con buenos ojos a otro hombre. Ella ha sido condenada a morir mediante la lapidación, es decir a ser enterrada solo hasta cierta parte del cuerpo y ser golpeada, con piedras “ni tan grandes que le causen una muerte inmediata ni tan pequeñas que no le causen daño alguno”. Se trata, sin duda de un método tan brutal como repugnante.
El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales que dice velar por la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, debió haber dicho algo rechazando esta práctica tan condenable cuando recibió las cartas credenciales del primer embajador iraní en el país. Tan ligero de lengua Evo para inmiscuirse donde no debe, esta vez, no dijo ni pío y perdió la oportunidad para proyectar una imagen de defensor de los derechos de los oprimidos, que en el caso de Irán, son principalmente las mujeres.
Un show nada convincente 
La explicación del ministro Oscar Coca sobre la compra del avión presidencial, el lujoso y muy bien equipado Falcon Dassault, dejó más dudas que certezas. Es que toda la tramoya armada solo confirma que algo muy gordo se esconde detrás de la compra. Algo que la eventual mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa no logrará ocultar de manera indefinida.
La comparecencia del ministro Coca ante la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados se sujetó a un libreto bien planificado que no dejó margen a que la oposición efectuara observación alguna. El show fue supervisado directamente desde el palacio de Gobierno y dirigido personalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Hector Arce. Naturalmente todo este montaje no convenció a nadie. Es que con una mayoría a disposición se puede vencer pero no convencer.
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La aprendiz de dictadora
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco está manejando la investigación sobre los sucesos de Caranavi de una manera que solo podría ser calificada de impúdica. Contra toda norma y procedimiento se arroga el derecho de decidir que informe será considerado y cual no. Dijo que los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia sobre este caso “entrarán” a la comisión pero no serán considerados.
De la misma forma ya ha instruido se descarte el informe de balística que indica que los dos muertos en Caranavi se produjeron por impacto de proyectiles de uso policial. En los hechos, la mayoría masista en la Asamblea Legislativa ha tomado para si las atribuciones del Órgano Judicial y los jueces o fiscales que se atreven a cuestionar sus decisiones son inmediatamente destituidos y enviados a lugares lejanos para que mediten sobre lo inconveniente de sus actitudes.