Se abre pugna en el MAS ante posible modificación de norma. En otros países el marco legal sobre el tema no toca a medios. La diputada masista, Marianela Paco, anunció “la muerte de la Ley de Imprenta” para sustituirla por otra en una semana en la que el Senado tiene previsto recibir a gremios de periodistas para pulir una ley antirracismo y cuando anuncian otra para regular contenidos.
Ref. Fotografia: AMENAZA • Los periodistas se encuentran en el ojo de la tormenta por las amenazas a la libertad de expresión.
El Día. La prensa está en la mira del Gobierno. A tres leyes que están en vigencia y que coartan la libertad de expresión, una que falta por aprobarse en el Senado: la del racismo, este fin de semana se anunció otra para regular contenidos y la cereza de la torta: “la muerte de la Ley de Imprenta”.
Las reacciones no se han dejado esperar, de gremios periodísticos, de oposición y del oficialismo que respaldan el control que debe existir en los medios de comunicación.
“Es totalitarismo puro”, dijo el diputado opositor Tomás Monasterio al señalar que el Gobierno avanza un paso más en el control de todo tras tener ya los cuatro poderes, manejar las instituciones del Estado como la Contraloría, Policía y el Ministerio Público para perseguir contrincantes políticos, ahora tiene entre ceja y ceja a la prensa porque, como en Venezuela, no quiere contestatarios.
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A ese criterio se sumó la diputada Norma Piérola a tiempo de señalar que poco a poco lo que quiere el Movimiento Al Socialismo no solo es callar a los periodistas, cerrar sus medios, sino obligar al pueblo boliviano al llamado pensamiento único propio de los dictadores.
Periodistas. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Daniel Castro, observó que poco a poco el Gobierno ha ido cercenando la libertad de expresión con cuatro leyes: la del Órgano Electoral, Régimen Electoral y Órgano Judicial y apunta a aprobar, sin una coma, como lo ha pedido el presidente Evo Morales, la ley antirracismo que penaliza con hasta siete años de cárcel a los periodistas y abre la puerta para el cierre de medios de comunicación implicados en hechos de racismo.
Y este fin de semana también se anunció la presentación de una ley para regular el contenido de la programación de los medios de comunicación y exigir que éstos contengan un 20% de temas culturales,
El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, dijo que en todas las normas se está vulnerando la propia Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de expresión y en cuanto a la regulación de contenido existe la Ley de Telecomunicaciones en vigencia.
Gobierno. Sin embargo, la diputada masista, Marianela Paco, anunció “la muerte de la Ley de Imprenta” en vigencia desde 1925 y anticipó la preparación de otra norma porque esta ya es obsoleta puesto que abarca sólo para publicaciones escritas cuando ya en el mundo hay otras tecnologías.
Antonio Vargas, dijo que la Ley de Imprenta “no es obsoleta” y que no se permitirá la penalización de los periodistas y que estos deben preparar la ley de su sector en diálogo abierto.
Paco estuvo ayer en la radio Patria Nueva y Bolivia Tv con el periodista paceño Remberto Cárdenas analizando el tema.
A su juicio la libertad de expresión es un derecho que está limitado por la Convención sobre los Derechos Humanos de Costa Rica y que el límite de la libertad de expresión es la responsabilidad.
la regulación a los medios
Constitución Política del Estado • El artículo 106 de la CPE promulgada por el presidente Evo Morales en febrero de 2010, reconoce que “El Estado garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, entre otros.
Ley de Imprenta • Está en vigencia desde 1925 y regula el ejercicio periodístico estableciendo delitos de imprenta y una jurisdicción especial conformada por jurados nombrados por los Concejos Municipales de cada pueblo de entre personalidades notables para aplicar una sanción de multas al periodista o al medio, menos cárcel. Su fortaleza principal es que faculta al periodista guardar el secreto de la fuente.
Ley de Telecomunicaciones • En vigencia desde 1995 establece concesiones a medios de comunicación por 40 años y licencias por 20 años, sujetos a ser renovados cada 5 años. No regula el contenido de la programación de los medios de comunicación; sin embargo, se establece que estos deben ser utilizados con fines de la promoción de valores universales y de bienestar social.
Los hechos
1. Ley del Régimen Electoral • Prohíbe la difusión de encuestas anónimas de empresas que no estén registradas en el Tribunal Supremo Electoral fuera del plazo establecido, datos de encuestas preelectorales o de cualquier estudio de opinión en materia electoral, en los mensajes de propaganda electoral, entre otros.
2. Ley 025 del Órgano Judicial• Establece en el artículo 187 de faltas graves de los jueces que los administradores de justicia pueden ser suspendidos cuando “realicen declaraciones a los medios de comunicación sobre las causas en curso en su despacho o en otro de su misma jurisdicción o competencia, salvo los casos en que deba brindar la información que le fuera requerida y se halle previsto en la ley;…”.
3. Ley del Régimen Electoral • Se aprobó el artículo 82 que los postulantes a ser magistrados en el Órgano Judicial no podrán “manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole” ni “emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos”.
4. Ley antirracismo • Establece penas de hasta 7 años a periodistas que difundan mensajes racistas y retiro de licencias a los medios que los permitan
5. Ley de Educación • Exigirá el 20% de contenido cultural en los medios
Posible nueva Ley de Imprenta genera diferencias en el MAS
Disenso: Legisladores oficialistas discrepan del Viceministro de Coordina-ción Gubernamental sobre la modificación a la norma.
Audiencia: dirigentes de la Asociación de Periodistas en el Senado, el jueves 16
La Prensa. El Gobierno y asambleístas oficialistas discrepan sobre una eventual reforma de la Ley de Imprenta. Mientras el Gobierno asegura que no es momento de estudiar el tema, legisladores del MAS aseguran que existe la necesidad de modificar esa norma.
La Ley de Imprenta fue puesta en vigencia en 1925. Establece los procedimientos para sancionar a medios y periodistas, que no incluyen ni la clausura de los primeros ni el enjuiciamiento penal de los trabajadores de la comunicación.
La diputada Marianela Paco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, planteó elaborar un proyecto que regule a los medios. Informó que presentó esa idea después de una reflexión hecha por los integrantes de esa comisión legislativa.
Empero, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, declaró ayer a través de radio Panamericana que ése “es un criterio que maneja la compañera (Marianela Paco, pero) es un criterio que debe ser todavía discutido, analizado y profundizado, enraizado en un tiempo más”.
Insistió en que una reforma será fruto del trabajo coordinado entre los órganos Ejecutivo y Legislativo; no obstante, en su criterio no es momento “de converger la Ley de Lucha Contra el Racismo con una modificación a la Ley de Imprenta. (Ambas) no tienen una relación”.
Sin embargo, los senadores masistas Eugenio Rojas, Sandra Soriano y Eduardo Maldonado, por separado, coincidieron en señalar que la norma vigente debe ser adecuada, aunque la jefa de la bancada de Diputados del oficialismo, Emiliana Aiza, aseguró que la Ley de Imprenta no tendrá cambios, “no se va a poder modificar, no se va a hacer otra ley”.
Rojas, en coincidencia con la legisladora Paco, indicó que la propuesta normativa debe ser una construcción no sólo de los sectores del gremio periodístico, sino de la sociedad en su conjunto.
Maldonado opinó en otro sentido, pues sostuvo que este planteamiento de reformas a la ley de marras debería partir de los mismos organismos periodísticos.
Para la senadora orureña masista Sandra Soriano, todo cambio a la mencionada ley debe hacerse en consenso y el próximo año, porque durante esta gestión los asambleístas deben analizar y sancionar leyes de carácter social.
La Prensa emite pronunciamiento
El Sindicato de Trabajadores del Periódico La Prensa exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional que retire los artículos 16 y 24 del proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación porque los considera atentatorios contra la libertad de expresión y aplicará una mordaza contra los trabajadores de los medios.
En asamblea cumplida el miércoles 22, los empleados de esta casa periodística manifestaron su adhesión incondicional a rechazar el racismo y la discriminación y expresaron su apoyo al proyecto original elaborado por el asambleísta Jorge Medina, en el que no figuraban dichas disposiciones, que dan lugar al cierre de medios. Los trabajadores de La Prensa piden respetar la Ley de Imprenta, único instrumento de legislación periodística.
“Hay racismo en pueblos originarios”
El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, reconoció ayer en entrevista con la Red Erbol que los pueblos originarios, sobre todo los occidentales, son racistas y actúan por represalia en contra de los denominados k’aras (blancoides). “No sólo hay que creer que el racismo es un tema de los blancos sobre los morenos, es también al revés. Sí, es verdad, hay racismo de esta parte (del occidente), pero tiene su razón de ser, porque es parte de una acción primera que provocan los blancos”.
De esta forma, llamó a revisar la historia para entender las causas de las acciones de represalia que tomaron los originarios en contra de los colonizadores y por qué en muchos casos las acciones lesivas hacia sectores desfavorecidos son normales, como el hecho de considerar, “en algunos lugares, natural patear a una mujer de pollera”.
Por tal motivo, adelantó que se tiene pensado desarrollar una intensa campaña de concienciación en los pueblos para evitar que esta forma de pensar revanchista se propague a las siguientes generaciones. Mencionó que las únicas personas que pueden entender verdaderamente la Ley Contra el Racismo son quienes sufren la discriminación.
Marco legal contra el racismo en otros países no toca a medios
Legislación: Varias normas fijan penas para quienes cometan delitos tipificados de discriminación y otras son sólo preventivas.
Polémica: los diputados, cuando aprobaron hace tres semanas la ley antirracismo
La Prensa. Las leyes contra el racismo y la discriminación en otros países, en general, no incluyen sanciones directas contra los medios de comunicación, sí determinan penas para quienes cometan delitos tipificados y la mayoría son preventivas con énfasis en la educación.
Una revisión de las legislaciones de al menos 10 países y sus antecedentes, realizada por el diario Los Tiempos, muestra además que las normas fueron discutidas por años antes de su aprobación.
En territorio boliviano, la Asamblea Legislativa debate el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y puede aprobarla los próximos días tras debatirla menos de un mes.
El punto más polémico tiene que ver con los medios. El artículo 16 plantea que “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y la suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
Mientras que el artículo 23 propone que cuando el hecho sea efectuado por un trabajador de un medio de comunicación o propietario de éste, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno.
En países como Uruguay, México, España, Paraguay, Brasil y Guatemala sus normas prohíben cualquier acción determinada de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación, también aquellas que sean difundidas “a través” de los medios de comunicación, sin fijar responsabilidades directas sobre éstos.
El marco legal, además, no está generalmente definido en leyes específicas sino que se encuentra en códigos penales, y en la mayoría de las naciones existen normas antidiscriminación para grupos vulnerables específicos, como personas con discapacidad, homosexuales y otros.
Sobre el debate, en Brasil, por ejemplo, el Estatuto de Igualdad Racial fue discutido durante diez años en el Congreso antes de ser aprobado en junio de este año. Asimismo, la Unión Europea debatió durante seis años una propuesta consensuada de ley antirracismo que finalmente fue aprobada en 2007.
Sobre el papel de los medios en las normas antirracismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por ejemplo, prohíbe “ofender, ridiculizar o promover la violencia (…) a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación” en temas que denoten discriminación basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra.
La ley mexicana convoca además a los medios de comunicación a realizar campañas permanentes de información “que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos humanos y las garantías individuales”.
En Venezuela, la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, aprobada este año, en su artículo 20 dice que los medios de comunicación “están obligados a incluir en su programación contenidos dirigidos a la prevención, eliminación y erradicación de la discriminación racial”, y añade que comete delito de discriminación racial en el ámbito comunicacional, toda persona natural o jurídica, pública o privada que “emita o difunda mensajes de contenido discriminatorio a través de los medios de comunicación e información públicos, privados, comunitarios o alternativos”. No fija sanciones.
Prevención en otros 2 países
La Ley 17817 de Uruguay declara “de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación”, y para ello obliga al Estado a emprender “la lucha contra todo tipo de discriminación”.
La norma crea una comisión honoraria contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación que debe “diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad”.
La Ley 24514 de Creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en Argentina, menciona que esa entidad “tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin”.
Entre esas acciones está: “Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas; recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional y extranjero en materia de discriminación, xenofobia y racismo; estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos sobre los mismos”.
Las penas bolivianas serían más altas que las alemanas
Las penas que se prevé serán aplicadas en Bolivia por delitos tipificados como racistas y de discriminación son las más altas, incluso sobre las sanciones penales de las normas alemanas, las más drásticas hasta ahora. En el código alemán, las normas penales para la discriminación se encuentran bajo el epígrafe Delitos Contra el Orden Público, que son castigados con prisión por no más de tres años o con multa para quienes “inciten al odio contra segmentos de la población o contra un grupo nacional, racial, religioso o uno caracterizado por sus costumbres étnicas, o a medidas violentas o arbitrarias contra ellos, o que atropellen la dignidad humana de otros a través de insultos, maliciosamente perversos, o difamantes de sectores de la población o de un grupo caracterizado de antemano”. Determina prisión por no más de cinco años o multa para quien “públicamente o en una reunión, de forma que pueda causar una perturbación del orden público, apruebe, niegue o disminuya la importancia de los actos cometidos bajo el dominio del Nacional Socialismo”.
En tanto, la legislación española determina una pena máxima de cuatro años. Dice que “los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona (…) serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años. A la provocación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía son castigados con la pena de prisión de uno a tres años. La pena sube hasta cuatro para los funcionarios públicos que cometan cualquiera de los delitos.
En comparación, el proyecto de ley antirracista de Bolivia indica que las autoridades y funcionarios públicos que cometan actos discriminatorios contra personas pueden ser sentenciados con hasta 10 años de reclusión. La discriminación se penará además con entre uno y cinco años de privación de libertad. El racismo se purgará con entre dos y siete años de reclusión, e incitar a la discriminación o el racismo será un delito penado con cárcel de uno a cuatro años. En todos los casos, la pena se agrava hasta una mitad como máximo cuando el delito es cometido por un funcionario, servidor o autoridad que trabaja en entes estatales.
Posibilidad de variar la Ley de Imprenta causa pugnas en MAS
Reformas. El proyecto de ley contra el racismo entra en fase decisiva
Protesta. Los gremios de la prensa han salido a las calles en los últimos días manifestándose contra la nueva norma
El Deber. Agencias. La Paz
El viceministro de coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, descartó que el Ejecutivo esté impulsando una modificación a la Ley de Imprenta; según la autoridad, ese planteamiento responde a un criterio de la diputada Marianela Paco. Sin embargo, confirmó que la propuesta de una reforma será fruto de un trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Entretanto, el senador del MAS Eduardo Maldonado propone que cualquier modificación a ley que regula los medios de comunicación deberá partir de una iniciativa con base en los requerimientos del gremio periodístico.
“Es un criterio que maneja la compañera (Marianela Paco, quien planteó la modificación) es un criterio que debe ser todavía discutido, analizado y profundizado”, afirmó Chávez.
En días pasados, la presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), informó que existe la necesidad de discutir un proyecto de ley para ‘regular los medios’ y que uno de los criterios por introducir será la obligatoriedad de priorizar contenidos educativos.
Maldonado aseguró que la ley de imprenta es ‘obsoleta’ en lo que concierne a los “nuevos avances tecnológicos” y las “realidad actual”.
Por su parte, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, reconoció que los pueblos originarios, sobre todo los occidentales, son racistas y actúan por represalia en contra de los “k’aras” (blancos).
“No sólo hay que creer que el racismo es un tema de los blancos sobre los morenos, es también al revés”, declaró la autoridad.
Por otro lado, el proyecto de ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación entra en una fase decisiva, tras su aprobación en Diputados, porque se prevé que en los próximos días el Senado recibirá el informe de la Comisión de Constitución y finalmente debata el documento para su aprobación.
Comediante sugiere educar con el humor
La comediante Jenny Serrano afirmó este domingo que la solución al problema del racismo y discriminación en el país no pasa por limitar la libertad de expresión, tal como establece el proyecto de Ley Contra el Racismo, al contrario, se debe educar a la gente a través del humor.
“La discriminación se corrige con educación, hay que empezar educando al pueblo; además, la risa es salud, es una forma muy buena de llegar a la gente educándola, dándole alegría. La mayor parte de las enfermedades se psicosomatizan cuando uno es amargado y enojón, lo cual desemboca en problemas de estómago, hígado, cáncer, etc.”, precisó la comediante.
De esta forma, criticó el proyecto de Ley Contra el Racismo, que se estima sea sancionado por el Senado esta semana. /Erbol
AUDIENCIAS EN EL SENADO
Crece polémica por la ley antirracismo
Periodistas marchan en Santa Cruz contra la ley antirracismo, la pasada semana. – Afka Periodista Invitado
Los Tiempos y – Agencia. La semana inicia con la expectativa sobre si la Asamblea Legislativa tomará en cuenta las observaciones de los medios y modificará el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en un ambiente de polémica que creció este fin de semana con anuncios del oficialismo de la aprobación de una ley de Transparencia y Acceso a la Información y de otra norma que modifique la Ley de Imprenta.
Aunque el vicepresidente Álvaro García Linera dijo el viernes que el Senado nacional aprobará esta semana la ley antirracismo sin cambios, las organizaciones de periodistas y dueños de medios fueron convocados a participar desde el miércoles en audiencias públicas.
Las reuniones serán en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para dialogar sobre los artículos 16 y 24 del proyecto relacionados con sanciones y suspensión de licencias.
Varios senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijeron que la norma será aprobada sin modificaciones. “¿Para qué nos vamos a mentir?”, dijo el senador Eugenio Rojas y pidió concentrarse en la reglamentación de la norma.
El senador Fidel Surco señaló que revisarán la norma y que “si hay que corregir algunas cosas” lo harán.
La discusión sobre el proyecto de ley antirracismo llegó incluso a los medios estatales donde ayer el periodista y catedrático universitario Remberto Cárdenas dijo en el programa El Pueblo es Noticia que la norma es excesiva en las sanciones contra los medios.
Cárdenas, reconocido periodista que trabajó en el semanario Aquí dirigido por el padre Luis Espinal, indicó que la segregación se da por aspectos ideológicos, de clases sociales o condición económica.
“No porque Mendivil (radialista cruceño) es racista hay que cerrar el medio. Adelanto mi discrepancia, si con algo no estoy de acuerdo es con el cierre de medios. Ni la dictaduras militares en Bolivia de manera expresa han cerrado medios”, señaló.
La diputada Marianela Paco del Movimiento Al Socialismo, que promueve el proyecto como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, también invitada al programa estatal, reiteró sus argumentos para sancionar a los medios con clausuras definitivas.
Otras normas
En tanto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) objetó el sábado el artículo 43 del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que, según sus representantes, dejará sin efecto el secreto de fuente en caso de que haya una orden judicial.
El inciso 3 del parágrafo II del artículo 43 del mencionado proyecto normativo establece que “la información confidencial será accesible por orden judicial. La restricción de confidencialidad no es oponible al titular de la información”.
El fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, declaró que ese documento no considera la reserva de fuente para los periodistas, pues “queda enmarcada y puede ser levantada a simple instrucción de un juez y eso anula por completo la posibilidad que tenemos los periodistas de guardarnos el nombre de la fuente, cuando la fuente nos ha hecho alguna declaración o nos ha proporcionado cierta información”.
El Movimiento Al Socialismo también anunció la desaparición de la Ley de Imprenta, que data de 1925. Organizaciones periodísticas esperan que la propuesta no tenga la intención de coartar la libertad de expresión y de prensa.
La diputada Paco afirmó que la Ley de Imprenta “quedaría sin efecto” y que será un parámetro para poder trabajar la nueva propuesta.
DEBATE
Las dos nuevas propuestas de leyes que afectan a los medios surgieron el fin de semana en medio de la polémica que se desató por dos artículos contenidos en el proyecto de ley contra el racismo, que disponen multas y el cierre de medios de comunicación, al igual que el enjuiciamiento penal de periodistas, lo que prohíbe la Ley de Imprenta.
La Constitución Política del Estado establece que los medios se sometan a autorregulación.
Una pintura de Morales en el blanco de la censura
Polémica.El Director del Museo Nacional de Arte asegura que le pidieron que retire el cuadro
El cuadro ‘Y no fue’ hace referencia a la fracasada organización de un certamen internacional de belleza en Bolivia.
La Razón. Rubén Vargas – La Paz La pintura Y no fue de Diego Morales, en la que aparece el Presidente del Estado, estuvo en el centro de la polémica por la posibilidad de que sea censurada. Hace 30 años, Morales, a causa de una exposición, fue perseguido, apresado y torturado.
La exposición Rostros y rastros del artista Diego Morales (La Paz, 1946) que se expone en el Museo Nacional de Arte está integrada por 16 óleos. Uno de ellos ha concentrado la atención desde la misma noche de la inauguración de la muestra, el 15 de septiembre. El cuadro titula Y no fue, y en él aparecen el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra de Culturas Zulma Yugar. Diego Morales explicó que su obra está motivada “en un sueño” que abrigaron esas autoridades: la organización del mayor concurso internacional de belleza en Bolivia. Un sueño que, finalmente, “no fue”; de ahí, precisamente, el título del cuadro.
La noche de la inauguración, un espectador expresó su protesta frente al cuadro porque, según él, faltaba al respeto al Presidente. Poco después, un grupo de personas “con abrigos negros”, como los recuerda Diego Morales, recorrieron la sala y tomaron fotos de la pintura. El Director del Museo Nacional de Arte, Édgar Arandia Quiroga, informó que, posteriormente, un asesor del Presidente del Estado lo visitó, vio la obra en cuestión, y no encontró nada ofensivo en ella. Sin embargo, días después, Arandia asegura que desde el Ministerio de Culturas le solicitaron el retiro del cuadro.
Consultado al respecto, el director de Museo manifestó que para él es “absolutamente legítimo” el derecho de Diego Morales y de cualquier artista de expresar, a través de una obra de arte, su percepción de la realidad. Por ello, no retirará el cuadro de la exposición. “Si en Bolivia no se permite opinar, si se exilia el sentido del humor y la creatividad, estamos cometiendo un error”, dijo.
El Museo Nacional de Arte depende la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. El jueves 23 se reunió el Directorio de esta institución. Entre los asuntos tratados estuvo la exposición de Diego Morales. Según información de uno de los asistentes a la reunión, la Fundación brindó su respaldo al director del Museo Nacional de Arte en su decisión de no retirar la obra.
Mientras tanto, recorriendo la sala en la que se exponen sus cuadros, una sala alta, luminosa, que favorece la apreciación de las obras, Diego Morales dijo, a propósito del hecho de que su arte resulte, para algunos, una provocación: “Yo no soy un pintor decorativo. Mi pintura tiene algo de crónica; yo reacciono frente a la realidad”. Consultado sobre la posibilidad de que su obra pudo haber sido censurada, el pintor reconoció que el hecho le preocupa, sobre todo, que esto pueda ocurrir en un régimen democrático.
Tiene sus razones. Diego Morales, hace 30 años, fue víctima de un acto violento censura y represión a causa de su arte.
En enero de 1980, presentó una exposición de dibujos en el salón Cecilio Guzmán de Rojas de la calle Colón. Los dibujos estaban motivados en el golpe de Estado del 1 de noviembre de 1979 protagonizado por el coronel Alberto Natusch Busch. Al tercer día de abierta la muestra, efectivos de la Segunda Sección del Ejército, Inteligencia, dirigida por el entonces coronel Luis Arce Gómez, allanaron violentamente el salón y secuestraron la obra de Morales, que hasta ahora permanece desaparecida.
Durante los siguientes ocho meses, el artista vivió en la clandestinidad, puesto que era buscado por el Ejército. En septiembre de 1980, cuando ya gobernaba el dictador Luis García Mesa y el ministro del Interior era Luis Arce Gómez, fue apresado junto a su madre. Los dos fueron golpeados. Ella fue liberada, pero el pintor estuvo preso aproximadamente un mes en una casa de seguridad de Ciudad Satélite, El Alto, enmanillado a una cama. Fue torturado. “Me amenazaban con cortarme las manos”, recuerda Morales. Una noche, logró escapar de su prisión. Estuvo escondido en casas de familiares y amigos. Finalmente, con la ayuda de un diplomático europeo salió del país al exilio.
Morales
El artista
Nació en La Paz en 1946. Expone desde los 70. Fue miembro de Los Beneméritos de la Utopía.
Su obra
Crítica y sátira
Su obra se caracteriza por una mirada crítica a la sociedad y a la política. También por su ironía.
Muestra
Rastros/rostros
La exposición integrada por 16 óleos estará abierta hasta el 3 de octubre en el Museo Nacional de Arte.