Para una administración que no pierde ocasión de montar shows mediáticos, hasta el fallecimiento de Ana María Romero de Campero le sirvió de pretexto para el copamiento de la agenda comunicacional con visitas de funcionarios gubernamentales y diversos gestos protocolares. Sin embargo, si la intención de honrar la memoria de la extinta senadora fuese sincera, el oficialismo debería ir más allá de lo meramente ceremonial y recoger el legado de las posturas políticas asumidas por “Anamar”. Hablamos, por ejemplo, de la posición manifestada poco tiempo atrás por la Fundación Unir que presidía Romero, que a través de diversos comunicados y notas de prensa cuestionó en profundidad los dos artículos “mordaza” de la Ley contra el Racismo, exigiendo su modificación en el Parlamento. En septiembre pasado, Unir envió una “Carta abierta a la Asamblea Legislativa Plurinacional” en la que advertía sobre “rasgos contradictorios” en la mencionada ley, que “incorporan limitaciones a las libertades de expresión y prensa”. “La norma en proyecto no hace distinción entre el acto de publicar información periodística y el de hacer propaganda, apología o promoción deliberada de ideas o conductas discriminatorias y violentas. Tampoco reconoce la diferencia entre la responsabilidad de la fuente de un mensaje con contenido discriminatorio y la del medio por el cual dicho mensaje fuera difundido”. “Esa falta de precisión podría dar lugar a vulneraciones de derechos en la aplicación de la norma, por lo que cabe recordar que los acuerdos internacionales de los que Bolivia es signataria establecen que el ejercicio del derecho a la información y la comunicación no puede estar sujeto a mecanismos de censura previa sino a responsabilidades ulteriores claramente fijadas por ley. Esto quiere decir que cualquier restricción debe ser compatible con el principio democrático de la libertad”. “Finalmente, se observa que en la concepción de la ley tiende a prevalecer un enfoque punitivo…”. Por si esto no fuera suficientemente explícito, un vocero del Observatorio Nacional de Medios dependiente de Unir señaló que “Para que la vaguedad no sea utilizada incorrectamente e incluso se llegue a cerrar un periódico, una radio o un canal de televisión por declaraciones ajenas a los periodistas, es menester que la Ley sea modificada en lo referido a los artículos más cuestionados”. Que el gobierno use menos la imagen de Anamar y absorba un poco de su defensa de la libertad de prensa.