Daniel A. Pasquier Rivero
La frase de Bill Gates en un reciente artículo del periodista Andrés Oppenheimer motiva estas reflexiones, una vez más, sobre la educación en el país. “Si los latinoamericanos están satisfechos con sus sistemas de educación pública -como revelan las encuestas- la región está en problemas”, apreciación repetida varias veces en estudios enfocados sobre el tema a nivel mundial. La misma apreciación se podría ampliar a los componentes del sistema privado, aunque exista la excepción a la regla y de vez en cuando se festeje a destacados alumnos y profesionales a nivel nacional como internacional.
Los principales problemas del país están ligados al rezago existente entre la expectativa de desarrollo material económico y la capacitación del capital humano, que exige pasar por una larga etapa de escolaridad para la formación e información básica y otra incomprensiblemente recortada de capacitación técnico profesional. Para estar a la altura de los desafíos este debería ser un cambio principal: la orientación del sistema educativo hacia la colaboración más estrecha con actividad productiva del país, ajustado a las necesidades de cada región (tema de competencia departamental y municipal), para ayudar a resolver el lacerante problema de atraso, miseria y pobreza en la sociedad boliviana. La importancia de la educación en el proceso de transformación de la sociedad se la puso de manifiesto con el Código de Educación de la Revolución del 52, y se encaró otra reforma en profundidad desde 1994 con la promulgación de la Ley 1565. El interés del actual gobierno ha volcado recursos de ayuda externa a la lucha para erradicar el analfabetismo, tomando la capacitación en comunicación verbal y escrita como un elemento primordial en la nueva reforma educativa, pero su exagerada intención de ligarlo a campaña y rédito electoral ha disminuido el verdadero impacto que pudo haber tenido en la calidad educativa cultural, que es calidad de vida.
Nada peor cosa que el triunfalismo, y sin desmerecer las inversiones que se están realizando a nivel municipal en el caso de Santa Cruz capital y en la mayoría de los municipios de todo el país, como colofón de la ahora derogada Ley de Participación Popular, el cuello de botella para cualquier mejora en la calidad de la educación está en la cualificación del magisterio, tanto en el sistema público como en el privada, en ningún caso la meritocracia es bien recibida. En definitiva, todos contentos pero ¿de qué?
Si el país mejora su economía es en base a su inagotable y sorprendente riqueza en recursos naturales (una y otra oportunidad, mal aprovechada, con lecciones nunca aprendidas), pero no se cambia el modelo extractivo exportador. El repunte de precios externos trae pasajera bonanza a las empresas y a los bolivianos, como ha sido en los últimos años en minerales, gas e hidrocarburos y algunos productos agroindustriales. Pero sigue la dependencia, no se consigue agregar valor a estos recursos que permitan acumular excedente y emprender un desarrollo sostenido, tecnificando el aparato productivo, con mayor inversión en mejora tecnológica, la soñada industrialización del país encarada sin envidias ni rencores, incorporando procesos más eficientes que harían finalmente accesible la riqueza y sus bienes al conjunto de la sociedad. Para esto hacen falta recursos humanos calificados.
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Pero cómo avanzar con una inversión en educación escasa, que es superada ampliamente por la dedicada a las Fuerzas Armadas, ¿armadas para qué?, y ahora también por la compra de equipamiento de guerra, ¿guerra contra quién?, ¿y los gastos reservados? A la educación se la considera hace mucho tiempo como la herramienta más eficaz para la erradicación de la pobreza y en la construcción de sociedades más libres y de mayor bienestar. Los ejemplos exitosos abundan, Europa, EEUU, Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, India, China, etc., los que más invierten en educación, investigación e innovación tecnológica. También abundan ejemplos contrarios, de los que no invierten, los fracasados.
Brasil, Méjico y Chile confirman que la regla vale también para los latinoamericanos. Son los que invierten más en educación e investigación y son los que consiguen mejorar notoriamente su renta per cápita, el Índice de Desarrollo Humano, el bien vivir de sus conciudadanos. Mientras Bolivia dedicó como promedio 0.28 % de su pequeño PIB a investigación (1997-2002), que apenas alcanzará para los sueldos de 830 considerados investigadores a tiempo completo, las gigantesca economía de Brasil dedicó 0.9 %, Méjico 0.4% y China 1.4 %, lo cual marca una diferencia sideral. Por eso, sólo en la última década 40 millones de brasileros y más de 300 millones de chinos abandonaron la franja de la pobreza. Y Chile habilitó 1.2 millones de puestos escolares en tan sólo 45 días, como fue la instrucción presidencial, después del devastador terremoto del 2009 y ha creado un fondo de 6.000 millones de dólares para becas de postgrado en el exterior.
Son políticas de largo aliento, algo reñido con las inmediatistas exigidas por los nervios y ambiciones de los políticos o partidos de turno en el poder. Aún así, Méjico (70), Brasil (122) y Chile (199) tienen una sola universidad entre las primeras 200 top a nivel mundial. Esa es la realidad; las verdaderas políticas de desarrollo a favor de los pueblos fueron tomadas acertadamente hace mucho tiempo y a los latinoamericanos nos cuesta entenderlo. Bolivia, mientras tanto, se conformará con festejar que las universidades públicas (Mayor de San Simón 2473, San Andrés 3444 y René Moreno 6722) califican mejor que cualquier universidad privada del país (UPB, 7664), según la última encuesta publicada http://www.webometrics.info/top100, que varía poco respecto a las anteriores del periódico Times y la Universidad de Shangai en el 2009. Habrá que romper en algún momento con la característica del sistema educativo boliviano en todos sus niveles, donde la abundancia normativa contrasta con una destacada pobreza productiva (G. Zapata, UMSS). Educación, libertad y democracia: nos jugamos todo.