Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Otra crisis en Ecuador
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Bajo el Penoco, El Día: Bolivia y Ecuador
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Los Tiempos: LA VOZ DEL ESTADO, LA VOZ DE LA IGLESIA
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El Deber: Iglesia y libertad de expresión
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Cambio: “Viva la patria y hasta la victoria siempre”
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La Prensa: Iglesia y libertad de expresión
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El Diario: Coordinación de los Poderes del Estado
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El Mundo: Envolvente
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Opinión: Los pueblos defienden y perfeccionan la democracia
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Clarín, Argentina: Apoyo a Ecuador frente a otra crisis
El Día: Otra crisis en Ecuador
Lo que ha sucedido en Ecuador, ya sea golpe, rebelión o conspiración, tenía que suceder en ese país, donde ocho presidentes elegidos por el voto popular han ocupado el Gobierno durante los últimos trece años. Y culpar de ello a Estados Unidos, a los militares o a la oposición, resulta un despropósito y cuando menos, un acto de desconocimiento de los factores que han llevado a una nueva crisis muy parecida a la que acabó con Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez.
Es desde cualquier punto de vista condenable el levantamiento de la Policía y un sector de los militares contra un Gobierno legítimo y constitucional como el de Rafael Correa, pero hay que insistir también en que el pueblo ecuatoriano, tal vez más que ningún otro en el continente, lleva décadas de hastío contenido frente a sus élites políticas, que terminan periódicamente en una asonada como la que se ha producido este jueves.
La protesta de los policías ecuatorianos se originó por reacción a una ley inconsulta, aprobada sin consenso, impuesta a la mala, como todas las medidas que ha venido tomando el Gobierno de Correa, en la misma línea de todos los regímenes populistas de la región, que de democráticos, apenas les ha quedado el rótulo. No hay duda que la sobreactuación de Correa ayer frente a la multitud, abriéndose la camisa y ofreciéndose para que lo maten si así lo deseaban, a lo que se sumó un recorrido a pie que pudo acabar en tragedia, agravó la crisis que se propagó por todo el país. Con el apoyo conseguido por el mandatario en todo el mundo, en los organismos internacionales y en los principales líderes del planeta, lo más probable es que salga fortalecido, cuando en realidad, Correa estaba afrontando graves dificultades políticas internas, con serios cuestionamientos a su gestión y una pérdida de popularidad que acelera el deterioro de su imagen pública, salpicada por hechos de corrupción, nepotismo y abusos.
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Así como nadie puede desconectar los hechos de ayer de los antecedentes históricos del Ecuador, ni de la gestión que viene conduciendo Rafael Correa, tampoco se pueden desconocer los factores externos que han comenzado a incidir en cada uno de los países del continente. Recientemente el presidente venezolano Hugo Chávez, el referente regional sobre una particular forma de gobernar y de ejercer la democracia, recibió un golpe mucho más duro que el líder ecuatoriano, pero en las urnas. Este hecho, sumado a los cambios que están ocurriendo en Cuba, además claro, de la consolidación del giro a la derecha que se repite en varios países y que se encamina muy bien en Perú y en Chile, inciden en el comportamiento social, sobre todo en los lugares donde hay líderes trasnochados que creen que el camino adecuado es acabar con la democracia y retroceder hacia modelos fracasados.
Ecuador ha tenido demagogos y Rafael Correa no escapa a este calificativo, a lo que se debe sumar su política de eliminación de las libertades esenciales de la democracia, el abuso de poder y la corrupción, factores que el pueblo ecuatoriano conoce muy bien y siempre ha rechazado. Ojalá que la Constitución se imponga en Ecuador, pero que también los gobernantes de ese país y del resto de la región se encaminen hacia el bien colectivo y al respeto de los valores democráticos. Bolivia y Ecuador tienen historias muy parecidas.
Ecuador ha tenido demagogos y Correa no es una excepción, a lo que se suma su política antidemocrática de supresión de libertades.
Bajo el Penoco, El Día: Bolivia y Ecuador
El presidente Morales no dejó pasar la ocasión ayer con lo sucedido en Ecuador, para echarle toda la culpa al Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de orquestar un golpe de estado contra la administración de Rafael Correa. Ocho presidentes en trece años, toda esa historia de crisis continuas y permanentes en Ecuador, no es una realidad que debe ser ignorada en estas circunstancias y mucho menos tratar de buscar los culpables en agentes que seguramente no han tenido ninguna incidencia en lo que está ocurriendo en aquel país, donde militares y policías estaban enfrentados a tiros y un presidente se mantenía como “rehén” en un hospital. Esos componentes hay que analizarlos muy bien, ya que Bolivia no está lejos y desafortunadamente hechos como esos también se han producido en el país en un pasado no muy lejano. Desgraciadamente, la forma de gobernar de Correa también tiene muchas similitudes con el comportamiento político que se ha asumido en Bolivia. Y está en Evo Morales y no en Estados Unidos, la oportunidad de corregir el rumbo para que podamos decir con certeza que los bolivianos podemos sentirnos tranquilos.
Los Tiempos: LA VOZ DEL ESTADO, LA VOZ DE LA IGLESIA
Los análisis presentados deberían ser tomados en cuenta por los senadores para que la ley de verdad ayude
a combatir toda discriminación
El análisis que la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) ha realizado sobre el proyecto de Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación aprobado en Diputados no ha sido bien recibido por las autoridades de gobierno. Es más, el presidente del Estado ha señalado que los obispos no deberían meterse con el Estado de la misma manera que cuando él se refirió a temas internos de la Iglesia le dijeron que no se meta con ellos.
Sin embargo, el mandatario olvidó que lo que hizo la Iglesia -que tiene el derecho de pronunciarse sobre lo que sus autoridades consideran pertinente- es responder a una invitación del propio Gobierno y la Asamblea Legislativa para emitir criterios sobre este proyecto de ley, dado el rechazo que han provocado algunas disposiciones que al margen del espíritu de la norma permiten que se pueda restringir la libertad de opinión y expresión.
La Iglesia sostiene que si bien es necesario luchar contra actitudes discriminatorias, es importante "garantizar que cualquier legislación al respecto sea compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y libre expresión, promoviendo la educación de valores antes que la restricción de derechos y libertades fundamentales. Lo contrario supone la imposición de un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático".
Agrega que con el proyecto se corre "el riesgo de judicializar la opinión pública", que es por definición libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista que conviven en una sociedad y cuya función es actuar como factor de equilibrio social, fundamentalmente con relación al poder constituido y que tal como está redactado, el proyecto "entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales".
Lamentablemente, la reacción del Gobierno y el MAS no ha sido la de responder las dudas de la Iglesia, sino la de atacarla en forma por demás impertinente, intentando restarle autoridad para pronunciarse o acusándola de ser ella misma discriminadora.
Sin embargo, legalmente la Iglesia puede y debe expresarse sobre los diferentes temas que afectan a la sana convivencia social.
Tiene la capacidad jurídica para hacerlo, y mientras sus normas no afecten el ordenamiento constitucional y jurídico, tiene todo el derecho de reglamentar su funcionamiento. La diferencia, que cuando estaban en el llano las autoridades conocían, es que el Estado representa a todos los habitantes y estantes de Bolivia; en cambio, la Iglesia lo hace a su feligresía; que ésta esté conformada por la mayoría de los bolivianos -hombres y mujeres- y que su voz sea influyente es otra cosa.
Por tanto, a un aporte razonado de la Iglesia, las autoridades más bien deberían responder o aceptando sus sugerencias o rebatiéndolas con argumentos, no con descalificaciones que sólo demuestran, ni más ni menos, que hay intenciones veladas detrás del proyecto de ley que se comenta.
El Deber: Iglesia y libertad de expresión
La Iglesia católica se ha pronunciado en contra de las leyes que prepara el Gobierno para reducir la libertad de expresión. Ha advertido que son medidas que coartan incluso la libertad de pensamiento y que disminuyen al ser humano.
Otras iglesias que tienen presencia en el país, aunque en porcentajes mucho menores respecto de la católica, han optado por callar sobre este delicado tema, probablemente por razones especiales.
El pronunciamiento de la Iglesia católica fue inmediatamente respondido por el presidente Evo Morales, quien aludió a la entrevista que tuvo con el Santo Padre, en Roma. Parece que el mandatario boliviano tuviera la idea de que en esa entrevista llegó a un trato con el Papa Benedicto XVI, un trato que consistiría en que la Iglesia no interviene en los temas del Estado y, a cambio, el Estado no interviene en el ámbito de la Iglesia.
Quizá sea oportuno que alguien aclare al Presidente que la entrevista fue entre el jefe de una Iglesia universal y el gobernante de un país de diez millones de habitantes y que en esas circunstancias no se pudo dar una conversación de igual a igual. Además, el Papa es la cabeza de una Iglesia, la más difundida en la Tierra, y su jurisdicción no es terrenal, sino espiritual. El único punto donde se sobreponen las jurisdicciones es cuando el poder terrenal quiere interferir en los principios universales, como la libertad de pensamiento.
El Papa no puede aceptar tratos como el que propone el Presidente, porque no puede ceder espacios que corresponden al espíritu: no puede hacer concesiones de principios sobre los que basa su prédica, principios que le dan la autoridad que tiene. No podría negociar las creencias de su feligresía.
Es la libre difusión de las ideas la que dio a la Iglesia católica la presencia que tiene en el mundo. Pedirle que acepte restricciones a la difusión de las ideas y de las palabras es pedirle que reniegue de sus principios.
La única concesión que hizo el Redendor al poder terrenal fue la referida a la división de las jurisdicciones, cuando dijo aquello de “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, pero referido exclusivamente al tema de los impuestos. Lo que es de Dios es lo espiritual, son los principios morales, es la libertad de pensamiento y de expresión, mientras que al César le corresponde lo terrenal, el cobro de impuestos y –si fuera posible- una buena conducción de la economía.
Si el presidente Morales quiere reducir o eliminar la libertad de pensamiento o de expresión tendrá que vérselas con los ciudadanos que defienden esos principios pero no podrá esperar que la Iglesia católica se ponga de su lado. Si hubiera creencias que lo apoyen o que guarden silencio sobre estas iniciativas, será cuestión de saber cómo reaccionan sus fieles. La Iglesia católica no cede en esos principios.
Alguien tendría que explicar al presidente Morales que su visita al Vaticano fue un homenaje que él hizo al jefe de la Iglesia ecuménica, y no una reunión de dos personajes de igual jerarquía.
Cambio: “Viva la patria y hasta la victoria siempre”
Miles de ecuatorianos salieron ayer a las calles en defensa de la vida del presidente Rafael Correa, de la institucionalidad ecuatoriana, de su democracia. Es que un golpe de Estado, disfrazado de reivindicaciones económicas para la Policía y las Fuerzas Armadas, que había sido puesto en marcha por un reducido grupo de policías y militares —con el respaldo de opositores más conservadores contra la revolución ciudadana que lidera el mandatario— fue conjurado por la movilización popular y tropas leales al estado de derecho.
Correa permaneció secuestrado cerca de 12 horas en el hospital policial antes de ser rescatado por efectivos de las fuerzas especiales del Ejército ecuatoriano, que se vieron obligados a responder con armas de fuego a los disparos de metralletas con que los sublevados los recibieron cuando iniciaron la operación para restituir el imperio de la ley en esa hermana nación sudamericana. Dos muertos y 37 heridos fue el saldo de la aventura golpista, según la Cruz Roja.
Y ante miles de su compatriotas que lo recibieron en el Palacio de Carondelet, Correa arengó, desde uno de los balcones, que "aquí no habrá perdón ni olvido", mientras la multitud coreaba su nombre y ratificaba su pleno apoyo al proceso revolucionario que lidera.
"Bajo presión nada, con el diálogo todo", dijo el mandatario, y agradeció a la comunidad internacional por el apoyo democrático ante el intento de desestabilización provocado por efectivos de tropa de la Policía Nacional, quienes tomaron los cuarteles del Regimiento Quito Nº1 para mantener sus privilegios bajo el argumento de "reivindicaciones sociales".
Agradeció también a los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyos primeros mandatarios se reunían de emergencia anoche en Buenos Aires para respaldar la institucionalidad democrática ecuatoriana, cuya fortaleza fue puesta a prueba por quienes no aceptan que Ecuador transite por el sendero de su soberanía y dignidad nacionales.
¿Pero cuál fue el pretexto que esgrimieron los golpistas para desencadenar violencia y derrocar al Presidente ecuatoriano?
La Ley de Servicio Civil —aprobada por el Congreso— puso bajo el control estatal los privilegios que favorecían a los funcionarios públicos, no sólo a policías y militares. Esa norma elimina los sobresueldos cada tres meses, canastones de Navidad y otros beneficios materiales que ilegalmente recibían con recursos de las arcas del Estado. Además establece su regulación a través del Ministerio de Relaciones Laborales, pero también reconoce que los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, pese a sus peculiaridades laborales, nunca recibieron remuneraciones por su trabajo en horas extraordinarias.
Sin embargo, estas conquistas sociales que benefician a los policías no les fueron comunicadas a los sublevados, según constató el presidente Correa durante su secuestro, ya que de un grupo de 15 policías amotinados ninguno había leído la ley por la que precipitaron el intento de golpe de Estado.
Además, el argumento de que el Gobierno constitucional de Ecuador recortó los salarios de los uniformados fue desmentido categóricamente por el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, quien, con documentación en mano, aseguró que ningún gobierno, antes que el de Correa, benefició salarialmente a la Policía ecuatoriana. Lo cierto es que durante el gobierno que precedió al actual, un policía ganaba 354 dólares en 2006, hoy gana 792 dólares; un cabo segundo ganaba entonces 458 dólares, hoy percibe 868 dólares, es decir, sólo con estos dos ejemplos se demuestran incrementos de entre 123% y 89,5%, respectivamente.
Otros ejemplos desvelan que el amotinamiento de ayer no fue por reivindicaciones salariales sino parte de un golpe de Estado. Un cabo primero recibía hace cuatro años 547 dólares de salario, hoy 956 dólares (74% de aumento); un sargento segundo 625 dólares, hoy 1.067 dólares (70%); un sargento primero 707, hoy 1.245 dólares (76%); un suboficial segundo 788 dólares y hoy 1.475 dólares (87%); un suboficial primero 945 dólares, hoy 1.664 dólares (76%); y un suboficial mayor 1.020, hoy 1.887 dólares (84,9%).
Por eso Correa sintió una puñalada en la espalda cuando en el Regimiento Nº 1 de Quito los golpistas no sólo desconocieron todas las acciones que el Ejecutivo realizó por la Policía, sino que fue objeto de un atentado criminal con una bomba lacrimógena muy cerca de su rostro, lo que precedió a su secuestro en el hospital donde fue atendido. Mientras los insubordinados intentaban desatar la violencia planificada para consumar el golpe de Estado, el mandatario ecuatoriano asumió la investidura de su cargo y emplazó a los golpistas: "O salgo como Presidente de una nación digna o salgo como cadáver". Salió como un mandatario digno de la confianza de su pueblo.
En ese contexto, la democracia latinoamericana alcanzó ayer un histórico triunfo sobre el golpismo retrógrado que buscó instalar en Ecuador una dictadura como la de Honduras.
Fue la movilización y la conciencia del pueblo, el compromiso de las Fuerzas Armadas y del grueso de la Policía —como el grupo de élite GOE, que impidió que los sublevados tomen el hospital donde estaba secuestrado el Presidente—, y el apoyo de la comunidad internacional lo que permitió preservar la democracia ecuatoriana y arengar al presidente Correa: "que viva la patria y hasta la victoria siempre".
Fue la movilización y la conciencia del pueblo, el compromiso de las FFAA, del grueso de la Policía —como el grupo de élite GOE— y el apoyo de la comunidad internacional lo que permitió preservar la democracia y un histórico triunfo sobre el golpismo retrógrado.
La Prensa: Iglesia y libertad de expresión
Lo que es de Dios es lo espiritual, son los principios morales, es la libertad de pensamiento y de expresión, al César le corresponde lo terrenal?
La Iglesia Católica se ha pronunciado en contra de las leyes que prepara el Gobierno para reducir la libertad de expresión. Ha advertido que son medidas que coartan incluso la libertad de pensamiento y que disminuyen al ser humano.
Otras iglesias que tienen presencia en el país, aunque en porcentajes numéricos mucho menores respecto de la católica, han optado por callar sobre este delicado tema, probablemente por razones especiales.
El pronunciamiento de la Iglesia Católica en torno a un tema que incumbe a un factor ciudadano fue inmediatamente respondido por el presidente Evo Morales Ayma, quien aludió a la entrevista que tuvo con el Santo Padre, en Roma. Parece que el Mandatario boliviano tuviera la idea de que en esa entrevista llegó a un trato con el papa Benedicto XVI, un trato que consistiría en que la Iglesia no interviene en los temas del Estado y, a cambio, el Estado no interviene en el ámbito de la Iglesia.
Quizá sea oportuno que alguien aclare al Presidente que la entrevista que sostuvo con Benedicto XVI fue entre el jefe de una iglesia universal y el gobernante de un país de diez millones de habitantes y que en esas circunstancias no se pudo dar una conversación de igual a igual. Además, el Papa es la cabeza de una iglesia, la más difundida en la Tierra, y su jurisdicción no es terrenal, sino espiritual. El único punto en que se sobreponen las jurisdicciones es cuando el poder terrenal intenta interferir en los principios universales, como la libertad de pensamiento.
El Papa no puede aceptar tratos como el que propone el presidente Evo Morales, porque no puede ceder espacios que corresponden al espíritu: no puede hacer concesiones de principios sobre los que basa su prédica, principios que le dan la autoridad que tiene. No podría negociar las creencias de su feligresía.
Es la libre difusión de las ideas la que justamente dio a la Iglesia Católica la presencia que tiene en el mundo. Pedirle que acepte restricciones a la difusión de las ideas y palabras es pedirle que reniegue de sus principios.
La única concesión que hizo el Redentor al poder terrenal fue la referida a la división de las jurisdicciones, cuando dijo aquello de ?a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César?, pero referido exclusivamente al tema de los impuestos. Lo que es de Dios es lo espiritual, son los principios morales, es la libertad de pensamiento y de expresión, mientras que al César le corresponde lo terrenal, el cobro de impuestos y ?si fuera posible? una buena conducción de la economía.
Si el presidente Morales quiere reducir o eliminar la libertad de pensamiento o de expresión, tendrá que vérselas con los ciudadanos que defienden esos principios, pero no podrá esperar que la Iglesia Católica se ponga de su lado. Si hubiera creencias que lo apoyen o que guarden silencio sobre estas iniciativas, será cuestión de saber cómo reaccionan sus fieles. La Iglesia Católica no cede en esos principios.
Alguien tendría que explicar al presidente Evo Morales que su visita al Vaticano fue un homenaje que él hizo al jefe de la Iglesia ecuménica, y no una reunión de dos personajes de igual jerarquía.
El Diario: Coordinación de los Poderes del Estado
La actual Constitución Política, al igual que las anteriores, establece clara y terminantemente la independencia de poderes y la coordinación que debe existir entre ellos; lamentablemente, la práctica muestra casi siempre distintos comportamientos porque -especialmente en los últimos años- hay una manifiesta influencia y capacidad decisoria del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, que es el primer y más importante Poder del Estado y sobre el Poder Judicial.
La independencia de cada Poder implica respeto y consideración por el funcionamiento de cada uno de ellos; el que deban regirse por sus propios reglamentos; que no haya injerencia de ningún otro Poder en sus decisiones; que todo esté enmarcado en la atención y servicio a los intereses generales del país; que la influencia político-partidista deje de tener acción sobre senadores y diputados; que éstos entiendan y atiendan sólo lo que la Constitución y las leyes afirman, bajo el entendido de que su servicio es al país y cualquier otro compromiso, personal o de partido, no debería influir en su trabajo y decisiones.
La presencia de senadores y diputados designados “a dedo” por los jefes de partido contradice la independencia del mismo Poder Legislativo porque esos parlamentarios (senadores y diputados plurinominales) cumplen funciones e instrucciones de sus partidos y no están debidamente consubstanciados con los intereses generales que debería cumplir el Legislativo. El mismo hecho de que los diputados uninominales, elegidos por el voto popular, dependan en algún modo de partidos políticos que los propiciaron, es malo para el límpido funcionamiento de las cámaras.
Hay que convenir en que el Poder Judicial tampoco cuenta con la independencia que debería tener si se considera que parte de sus magistrados -empezando por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, los presidentes y vocales de los distritos judiciales y los fiscales- son designados por el Poder Ejecutivo, le resta independencia porque esos magistrados, directa o indirectamente, resultan dependientes de un poder ajeno al suyo.
Últimamente, el Órgano Electoral Plurinacional y los Departamentales contarán con nuevos presidentes y vocales, si bien elegidos de ternas por méritos que se las ha presentado en el Congreso, muchos son o serán designados por el Ejecutivo -aunque anteriores leyes electorales facultan al Presidente del Estado la designación de un vocal nacional y nueve departamentales en su representación-, habría la intención de una mayor influencia del Ejecutivo en el actuar de esta importante repartición estatal que ahora responde a la nominación de Tribunal Electoral.
Para un actuar dinámico, honesto y responsable en la administración de la República (ver Art. 11 de la Constitución) o del Estado plurinacional, corresponde que la independencia de cada uno de los Poderes sea total, sin restricción ni influencia de alguno de ellos entre sí; de otro modo, el que haya un actuar dependiente de unos de los otros, no permite inclusive una administración eficiente, honesta y responsable del país.
Los tres poderes, cada cual en su lugar y conforme a la Constitución, deben actuar en estrecha cooperación, sincronizados pero independientes entre sí; de otro modo, todo su accionar será comprometido no con la acción de alguno de ellos, sino con la política partidista, que asumiría las funciones de rectora de los Poderes estatales.
El Mundo: Envolvente
El manejo del poder permite realizar una serie de actividades que en muchos casos, benefician a sus autores más que a la ciudadanía en su conjunto, como debería ser la tarea de un buen gobernante. En una de esas se planteó la posibilidad de conseguir la reelección del Presidente del Estado Plurinacional, medida que ha sido calificada por el Vicepresidente como una “estrategia envolvente”. El Presidente que maneja un discurso menos intelectual y más próximo a las organizaciones sociales que sustentan su presencia en el poder, tuvo oportunidad de aclarar que se hizo trampa.
En varias oportunidades nos hemos referido a las estrategias del Gobierno que logran consolidar situaciones no del todo claras o por lo menos muy controvertidas, como fue la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional que con una estrategia envolvente, logró convencer a participar de la aprobación a algunos asambleístas y después a diputados opositores que hoy han de estarse arrepintiendo, por haber ayudado a la conformación del quórum, pero que olvidadas las situaciones coyunturales, hoy son parte de la oposición que por sus características minoritarias no es tomada en cuenta para nada.
Otra de las estrategias envolventes con las que ha sido convencida la ciudadanía, especialmente aquella que forma parte de los Sectores Sociales, fue la relacionada con la aprobación de una serie de bonos, para paliar en algún momento la difícil situación económica a costa del sacrificio del Estado.
En todas las oportunidades en que se ha mencionado la falta de planes para el ejercicio del Gobierno, las autoridades han anunciado su voluntad de llevar el país por el camino de la industrialización; sin embargo, recursos que podrían ser utilizados para ese fin terminan siendo distribuidos sin poder pensar en su recuperación. Lo máximo que se puede lograr con esos bonos, es movilizar las actividades del mercado, como sucedió ya antes en procesos de dictadura, con el Bono Patriótico y otros que luego tuvieron que ser revertidos, para poder hacer un mejor uso de los recursos.
El tema cobra un interés especial cuando vemos a un gobernante muy próximo a la línea que orienta a nuestros gobernantes, encontrarse en una seria situación de conflicto, precisamente por haber querido revertir uno de esos bonos que no trae ningún beneficio.
No sólo Ecuador sino también Cuba, Venezuela y otros países del grupo reunido en Unasur, decidieron adular a los representantes de las Fuerzas Armadas con algunos bonos que comprometieron su lealtad a un proceso político que como decía el principal de sus promotores, el veterano líder cubano Fidel Castro, no funciona.
Actualmente, Cuba se encuentra en un proceso del despido de una considerable cantidad de servidores públicos que fueron incorporados para compartir el beneficio del presupuesto, por mantener su lealtad al sistema de gobierno, pero que una vez demostrada su inoperancia, se espera que se incorporen a la actividad informal; en otras palabras, se les dará unos pesos para que se las arreglen como puedan.
Tampoco eso es novedoso, recordemos el proceso de relocalización que tuvo como consecuencia el famoso Decreto 21060; esa fue la causa de los altos índices de informalidad en nuestro país y que en una estrategia envolvente, se traslado a muchas de esas personas a regiones donde las urnas eran poco favorables y al parecer los resultados fueron interesantes, pero cuya durabilidad no es muy garantizable, ya que los seudo colonizadores iniciaron en muchos casos el viaje de retorno.
Opinión: Los pueblos defienden y perfeccionan la democracia
En la segunda mitad del siglo XX, las pugnas entre las grandes potencias que pretendían dominar el mundo, se daban en la periferia, es decir, en los países dependientes , a través de acciones políticas violentas y antidemocráticas. La URSS, utilizaba a los partidos comunistas títeres para acciones disfuncionales orientadas a la toma del poder, obviamente, a f in de imponer el modelo soviético; por su parte Estados Unidos aprovechaba sus mecanismos de penetración en las fuerzas armadas para dar golpes , también violentos y ajenos a una convivencia pacífica y civilizada.
Los pueblos pobres y dependientes han evolucionado admirablemente, la mayor par te de el los tienen gobiernos democráticamente elegidos. La convivencia pacífica y de mutuo respeto entre partidos y corrientes opuestas, es parte de un sistema equilibrado y estable. En ese contexto es inconcebible un golpe de Estado. Los pueblos no aceptarían, y en ámbito internacional, hay estructuras firmes encargadas de precautelar la formación democrát ica de los poderes constitucionales. Un golpe resulta un acontecimiento retrógrado y salvaje.
La propia democracia establece mecanismos de rectificación en caso de que gobiernos legalmente constituidos, atenten contra principios básicos o no sean consecuentes con sus pueblos. Una herramienta tradicional es la consulta popular bajo la forma de elecciones adelantadas o de prácticas revocatorias. La fuerza bruta ejercida, paradójicamente, por instituciones encargadas de precautelar el orden legal imperante, es un atentado contra la población, contra la ley, contra la racionalidad administrativa, contra la inteligencia. Los golpes de Estado en ámbito de sistemas democráticos amplios y legítimos, son acciones salvajes opuestas a los principios más elementales de convivencia civilizada. Estamos seguros que el mundo entero condenará lo que sucede en el Ecuador. Las excepciones, en caso de existir, forman parte de esa corriente anti histórica que todavía pretende sobrevivir. El Gobierno boliviano, presidido por Evo Morales, sin duda, desempeñará un papel protagónico en la condena del intento golpista y en la formulación de ideas y procedimientos que profundicen la democracia. Nuestro medio de comunicación, interpretando las ideas y sentimientos del pueblo boliviano, expresa abiertamente su repudio a todo intento de imponer ideas e intereses mediante la fuerza, la represión, el maltrato del ser humano y de sus derechos. Esta es una experiencia amarga que debe servir para mejorar nuestra conducta en la proyección perfectible de la democracia.
E l desafío de las tendencias oscuras y violentas, debe ser respondido práctica e ideológicamente. En el campo de los hechos , todos los países deben movilizarse para impedir y rechazar enérgicamente estos brotes anacrónicos. Ideológicamente es necesario perfeccionar planes y programas, en la perspectiva del bien común. La democracia debe servir para el desarrollo integral de los pueblos, más allá de los pequeños intereses de partidos, grupos o sectas. La democracia siendo de todos, merece nuestro sacrificio y abnegación.
Clarín, Argentina: Apoyo a Ecuador frente a otra crisis
Ecuador esta tratando de superar un nuevo momento de inestabilidad e inquietud en el que llegó a temerse durante el día de ayer por la plena vigencia de las instituciones democráticas y la integridad de la investidura presidencial. Un movimiento de protesta policial originó un cuadro de desobediencia e insubordinación que llevó al presidente Rafael Correa a adoptar medidas excepcionales, decretar el estado de emergencia, ordenar a las Fuerzas Armadas el mantenimiento del orden y convocar a la sociedad en respaldo de su gobierno. Lo mismo hicieron, como no podía ser de otro modo frente a la emergencia y la alteración del orden, los gobiernos de la región, incluyendo una convocatoria de emergencia a una cumbre de UNASUR en Buenos Aires, la OEA, la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos, Francia y España en apoyo a la democracia ecuatoriana.
El antecedente de lo ocurrido en Honduras el año pasado y la propia historia de inestabilidad de Ecuador han encendido rápidamente luces de alarma en todo el continente y es de esperar que, sin exageraciones ni manipulaciones oportunistas, los graves episodios ocurridos en Quito en la víspera sean superados y queden registrados como parte de un pasado que ya no tiene cabida en la vida de nuestros países. Un pasado caracterizado por el ejercicio de la violencia, el desconocimiento de las leyes y las instituciones legítimas, la prepotencia y la acción directa para pretender imponer los propios reclamos o demandas, cualquiera fuera la razón que las anime. El respeto por las instituciones democráticas es un principio inalterable.
La rebelión policial desatada ayer en Ecuador revive los fantasmas de un pasado que sufrió toda América latina. El respeto por las instituciones democráticas debe ser un principio inalterable.