Ante Corte Interamericana por 4 artículos atentatorios a libre expresión. Periodistas mantienen campaña con la meta del medio millón. “Vice” desestima iniciativa de la prensa. Diputados de CN presentan recurso de inconstitucionalidad por Art. 16 y 23 de la ley antirracismo, ante Tribunal Constitucional y advierten que si el TC de Bolivia no da curso, recurrirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar a los gobernantes Morales y Garcia por la violación de derechos universales.
Los dos primeros mandatarios del Estado
El Diario
Los legisladores del oficialismo rechazan las advertencias y el vicepresidente García Linera descarta éxito de periodistas ante la OEA porque no agotaron instancias internas.
Mientras el movimiento periodístico persiste en su campaña de recolección de un millón de firmas, una diputada de oposición anunció que si el Tribunal Constitucional de Bolivia no da curso al recurso de inaplicabilidad por inconstitucional de los artículos 16 y 23 de la Ley antirracismo presentado, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera serán demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo cargos de violación de derechos universales.
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La diputada Norma Piérola explicó que la demanda de inconstitucionalidad también se está presentando contra los artículos 82 y 84 de la Ley del Régimen Electoral que coarta la libertad de prensa en proceso electoral.
En torno a su demanda, dijo que se trata de una medida precautoria que debe ser aceptada por la Comisión de Admisión del Tribunal que por mandato de la Ley 1833 puede hacerlo en base a la amplia jurisprudencia existente, informó NAN.
Los magistrados actuales del Tribunal Constitucional por efectos de Ley Corta 03, no tienen facultades para resolver nuevas demandas debido a que su mandato es simplemente liquidar las causas acumuladas durante los últimos tres años.
MAGISTRADOS IMPOSIBILITADOS
Admitió que los magistrados “están atados de pies y manos” porque tienen atribuciones específicas que “les ha dado ‘a dedo’ el presidente Evo Morales” pero la Comisión de Admisión tiene facultades para atender una medida precautoria y pronunciarse al respeto.
“Sabemos que no pueden conocer el fondo del recurso pero sí dar esta medida precautoria, si de todas maneras no lo hace es una manifestación expresa que están a favor del Gobierno y siendo magistrados del Tribunal Constitucional tienen la obligación de proveer las medidas precautorias”, declaró.
Sin embargo, Piérola advirtió que en caso de una negativa de la Comisión de Admisión, la oposición llevará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington a donde se estaría trasladando la siguiente semana, demostrando además que en Bolivia se está agotando el procedimiento ordinario interno establecido.
Piérola manifestó que en caso de llegar a la Corte Interamericana, el denunciado será al Gobierno boliviano en la persona del presidente Evo Morales Ayma y del vicepresidente Álvaro García Linera, por ser generadores de la ley que vulnera derechos universalmente reconocidos que no pueden ser reglamentados ni penalizados.
CRÍTICAS DEL VICEPRESIDENTE
El presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, descartó ayer realizar cambios inmediatos a las disposiciones legales observadas por los periodistas ya sea por efecto de la actual campaña de firmas o gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la OEA, debido a que todas leyes aprobadas tienen respaldo de la Constitución Política del Estado, informó NAN.
En conferencia de prensa realizada en Cochabamba, manifestó que la campaña de las organizaciones de la prensa tuvo errores de procedimiento en las vías escogidas como el referéndum y la denuncia elevada ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Sobre las gestiones que comenzarán el lunes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Vicepresidente desestimó algún éxito porque los periodistas no agotaron la instancia de la Asamblea Legislativa con presentar alguna iniciativa legislativa o ante el Tribunal constitucional, presentando algún recurso legal.
García Linera dijo que la prensa tenía dos vías para solicitar el cambio de la Ley de Lucha Contra el Racismo en sus artículos 16 y 23; la primera a través de un referéndum y otra por iniciativa legislativa ciudadana.
Si hubiera sido vía referéndum, la prensa tenía que haber redactado la pregunta, enviar al Tribunal Supremo Electoral y éste derivar al control constitucional del Tribunal, y una vez aprobada, recién el Tribunal Electoral habilita libros para el registro ciudadano con huella dactilar. “Esta vía la estaban tomando, luego se dieron cuenta de su error y rectificaron”, afirmó.
En caso de ir por la iniciativa legislativa ciudadana, dijo que se puede solicitar con una, mil o cien mil firmas pero el problema es que la Constitución Política del Estado pide reglamentar por una ley que no tiene fecha ni tiempo previsto.
“Lo haremos pronto, el siguiente año, algún rato, tenemos que reglamentar y ahí se podrá aplicar esta su iniciativa legislativa”, dijo a tiempo de mencionar que si la sugerencia de la prensa viene en la vía de referéndum tendrá que acompañar la pregunta correspondiente.
García Linera aseguró que cuando esa consulta llegue a la “Asamblea les diremos que nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión y ahí se va a acabar”, con lo cual descartó viabilizar al proyecto de ley que hable de referéndum.
CN presenta recurso ante Tribunal Constitucional
Recurso de inconstitucionalidad por Art. 16 y 23
Representantes de la bancada de diputados de Convergencia Nacional presentaron ayer en la ciudad de Sucre, sede del Tribunal Constitucional, un recurso que observa bajo fundamentos legales los artículos 16 y 23 del a Ley 045, por considerar que estos preceptos atentan contra las libertades ciudadanas y contradicen a la propia Carta Magna.
La Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada sobre la Ley Contra el Racismo y toda forma de discriminación, fue sustentada por vulnerar la CPE en sus artículos 21, 106 y 107; los artículos 8, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los Artículos 7, 11 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los asambleístas Norma Piérola y Roy Moroni, a nombre de su Bancada presentaron este recurso jurídico en contra de la ley “porque vulnera el derecho a la libre expresión no sólo de quienes ejercen la profesión de comunicadores y periodistas, sino también, y lo más grave, de todos los ciudadanos de Bolivia. A título de lucha contra el racismo y la discriminación, se pretende encarcelar a todo ciudadano que emita un comentario en contra de este régimen autoritario”, sentenció la diputada Piérola.
DOBLE DISCURSO
Asimismo, condenó el “doble discurso” del Gobierno que promueve un spot de televisión que exacerbaría el racismo y la discriminación a través de los medios de comunicación. “En efecto, vemos todos los días en la televisión un spot pagado por el Gobierno, que incita a promover el odio entre regiones y viola flagrantemente su misma Ley Contra el Racismo y la Discriminación, por tanto, los primeros en ir a la cárcel deberían ser los del gobierno”.
La Acción de Inconstitucionalidad demanda la supresión de los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, por que serían contrarios a la normativa legal vigente en el país y a los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales Bolivia es país signatario.
El comunicador paceño Jorge Tórrez Garay, luego de hacer un análisis de contenidos de la propaganda del Gobierno concluyó que la campaña intensiva que se difunde a través de varias cadenas de televisión y radio “promocionan” los mensajes racistas y no previenen contra ese mal.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
El documento presentado en la ciudad de Sucre explica que: “(…) interponemos la presente acción de inconstitucionalidad con el objeto de que el Tribunal Constitucional, se sirva dictar Sentencia Constitucional y declarar la Inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los Arts. 16, 23 y Disposición Abrogatoria Única de la Ley No. 045” (entre otros artículos observados) porque serían contrarios a la CPE, Código de Procedimiento Penal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque “violan flagrantemente derechos y garantías constitucionales y universales, conforme probaremos en el presente recurso”, dicta el memorial. El Diario.
Mordaza: “Vice” desestima iniciativa de periodistas
SE MANTIENE LA CAMPAÑA DE FIRMAS CON LA META DEL MEDIO MILLÓN
El Vicepresidente (der.) en un encuentro de asambleístas, ayer en la Casa Campestre. – Patricia Pinto Periodista Invitado
Los Tiempos – 23/10/2010
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, desahució ayer las movilizaciones de los periodistas del país contra los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que atentan contra la libertad de expresión, y dijo que las iniciativa están mal conducidas por “los empresarios del periodismo”.
Las organizaciones de periodistas respondieron que es el Vicepresidente el que estea mal informado y anunciaron seguir con su campaña.
García Linera dijo que la cita con la Organización de los Estados Americanos (OEA) prevista para el próximo lunes es apresurada porque no se agotaron las instancias legales en Bolivia.
Agregó que el pedido de referéndum para derogar la ley contra el racismo no tenía futuro al no haber reglamento, Tribunal Electoral ni Tribunal Constitucional, un error del que los periodistas se dieron cuenta; y añadió que la campaña de recolección de firmas para impulsar la iniciativa ciudadana que cambie los dos artículos polémicos de la ley antirracismo caerá “en saco roto”, debido a que la pregunta por la que se pide la rúbrica estaría mal planteada.
“La pregunta dice: ‘¿Está a favor de la libertad de expresión?’ Todos estamos de acuerdo y cuando llegue a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) diremos que también estamos de acuerdo con la libertad de expresión, y ya, ahí se va a acabar. Debían haber dicho ‘queremos que se cambien los artículos 16 y 23’. Entonces, si así llegaba a la Asamblea, teníamos que pronunciarnos acerca de esos dos artículos”, agregó.
Este mecanismo de participación tampoco tiene ley ni reglamento. “Lo haremos pronto, el siguiente año, algún rato tenemos que reglamentar y ahí se podrá aplicar esta su iniciativa”, dijo.
Las organizaciones de periodistas respondieron ayer que la recolección de firmas para emprender una iniciativa legislativa ciudadana que obligue a la Asamblea Plurinacional a modificar la actual Ley está en regla y va por buen camino.
Contrariamente a lo que dijo el Vicepresidente, lo que se propone a los ciudadanos es la aprobación de una Ley de Defensa de los Derechos y Libertades de Expresión, Prensa e Información, con la que se deroga el artículo 16 y se modifica el 23.
La representante del Comité para la Libertad de Expresión en Cochabamba, Darinka Sánchez, explicó que la exposición de motivos de esa ley y la propuesta están pegadas en las dos primeras páginas de los libros que están debidamente notariados en todo el país.
En la exposición de motivos se hace referencia a que la iniciativa legislativa ciudadana es un derecho político fundamental de las bolivianas reconocido en el artículo 11 parágrafo ll, numeral 1 de la Constitución Política del Estado y en todos los tratados internacionales de derechos humanos que consagran el derecho inalienable del pueblo a tomar decisiones en el marco de la democracia directa y participativa.
Consideran también que los artículos 16 y 23 (este último, en la parte que menciona el artículo 281 quater, parágrafo ll del Código Penal) de la ley antirracismo, promulgada el día 8 de octubre, por los contenidos y alcances que tienen conllevan una clara y evidente violación a los derechos a la libertad de expresión, prensa e información.
Esos derechos están reconocidos en los artículos 21 numeral 5, 106 y 107 parágrafo ll de la Constitución Política del Estado; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 13 numerales 1), 2) y 3) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Formalizan denuncia
Tres parlamentarios de la oposición presentaron ayer en el Tribunal Constitucional una acción directa o abstracta de inconstitucionalidad en contra de los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo y de los artículos 82 y 84 de la Ley 017 de Régimen Electoral por considerarlos inconstitucionales. Además, piden la inaplicabilidad momentánea de los mismos en tanto no sea de conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Los asambleístas Norma A. Piérola, Adrián Esteban Oliva y Roy Moroni Cornejo formularon este recurso para que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de los artículos 16 y 23 de la ley, además de los artículos 82 y 84 de la Ley de Régimen Electoral, porque en cada uno de ellos se ha “suprimido y violado derechos y garantías constitucionales”.
En criterio de los parlamentarios, en el caso de los artículos 16 y 23 impugnados, en vez de tener carácter preventivo y educativo lo que hacen es coartar y suprimir la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa, no sólo de los periodistas sino también de todo ciudadano.
CAMPAÑAS
El gremio de la prensa cochabambina convocó una caravana con bocinazo en toda la ciudad capital mañana a las 09:00 en protesta por los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo.
La concentración saldrá del viaducto y se dirigirá a zonas urbanas y rurales para explicar las razones que tiene el gremio del periodismo para resistir a los dos puntos de la ley antirracismo.
Los periodistas de Tarija realizarán el Encuentro cultural por la libertad de expresión. Ese evento, que se realizará paralelamente a la recolección de firmas, llegará a los barrios, provincias y capitales municipales.
Los comunicadores de Oruro, a través de la música, buscarán más respaldo a la cruzada en defensa de la libertad de expresión y de prensa. El gremio de periodistas está organizando un festival musical para el sábado.