Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Compromiso por la salud
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Bajo el Penoco, El Día: Gastronomía bolivariana
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Los Tiempos: ¿CUÁNTO GAS HAY EN BOLIVIA?
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El Deber: La buena prensa
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Cambio: 28 años de democracia
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La Prensa: La austeridad ausente
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El Diario: Definiciones para el caso del Mutún
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El Mundo: "Homenaje"
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Opinión: Democracia e iniciativa legislativa ciudadana
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Clarín, Argentina: Tratamiento de la basura y reciclado
El Día: Compromiso por la salud
El reciente paro de los trabajadores de salud cruceños reclamando se dote al sistema hospitalario departamental de más personal, ha puesto sobre el tapete, una vez más, el crónico problema de la atención de la salud de la población. Este problema se ha visto agravado por la aparición de nuevos escenarios administrativos en el campo de la salud a la luz de la Ley de Autonomías, que distribuye las responsabilidades tanto a la Gobernación como a la Alcaldía. Tales prerrogativas incluyen, por supuesto, el manejo de los recursos en estos nuevos escenarios, de acuerdo a las nuevas normas legales vigentes. Ha evidenciado también la necesidad de un sincero compromiso por la salud.
La educación y la salud, como se sabe, son las funciones más altas que señala al Estado la Constitución Política. En ese sentido, resulta justo y razonable expresar protestas por la crónica insuficiencia de recursos humanos, equipos, insumos e infraestructura en el sistema de salud. Sin duda que con los paros de la salud la más perjudicada es la misma población, que se ve privada de la atención médica, pero al mismo tiempo resulta lógico deducir que en la incapacidad de brindar una buena atención no queda otra opción que la protesta para mostrar disconformidad y presión ante las autoridades pertinentes. Si se añade que los reclamos tienen larga data, las protestas se justifican amplia y plenamente.
La cantidad de 103 ítems que el Gobierno ha entregado para el departamento de Santa Cruz es a todas luces insuficiente, considerando que se necesitan al menos 1500 en las actuales condiciones, de acuerdo a la solicitud formal que ha elevado el Servicio Departamental de Salud. A pesar de atenuantes como la falta de presupuesto y el propio marco legal vigente, no se puede esconder que el problema está en el compromiso conjunto de las autoridades locales y nacionales para encarar con determinación soluciones duraderas, surgidas de la coordinación y el compromiso con la sociedad. En ese punto, el Gobierno debería dar señales más claras de su voluntad política.
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La opinión pública considera que más importante que una ley antirracismo y que coarta la libertad de expresión, con fines netamente políticos, atender la salud como corresponde deviene en una tarea ineludible del Estado, por cuanto es un derecho fundamental e inalienable del ser humano. Los hospitales cruceños y los propios centros de salud que integran las redes metropolitanas de salud trabajan en condiciones de riesgo tanto para los pacientes como para el personal de salud. Se magnifican, ante la carencia e insuficiencia de recursos, la posibilidad de complicaciones en pacientes cuyas enfermedades podrían ser resueltas a través de diagnósticos y tratamientos oportunos.
El compromiso por la salud pasa por la responsabilidad de los gobiernos de atender las directrices emanadas por la Organización Mundial de la Salud, expresadas en la “salud para todos”, la estrategia de la atención primaria de la salud y la responsabilidad compartida. Sin embargo, cada vez parece más evidente que se privilegia el interés político de asegurar el poder antes que el respeto de estos derechos fundamentales. En el caso regional, la demanda al Gobierno de atención al sistema de salud departamental no sólo que tiene larga data, sino que lamentablemente no se ha atendido en ninguna oportunidad como corresponde. En esta situación es la población la que sufre los efectos.
Parece más evidente que se privilegia el interés político de asegurar el poder antes que el respeto de estos derechos fundamentales
Bajo el Penoco, El Día: Gastronomía bolivariana
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acaba de integrarse a la ola gastronómica “bolivariana”. Por suerte no habló de pollos transgénicos ni de cerdos que aumentan el apetito sexual, aunque la situación no parece estar para bromas en aquel país, donde la base de la alimentación son los frijoles, muy escasos por cierto, a raíz de las inundaciones. Ortega no ha tenido mejor idea que sugerirle a los nicaragüenses que sustituyan los porotos por arvejas, poco comunes en la dieta del ciudadano de a pie y por eso mismo, nada accesibles al bolsillo. En Bolivia no estamos muy lejos de llegar a esos extremos y lamentablemente la creatividad de los plurinacionales no es mayor que la de Daniel Ortega. Nada menos que el Ministro de Finanzas recomendó una vez cambiar el pan hecho con harina de trigo por los horneados a base de almidón de yuca, muy exquisitos, pero reservados sólo para ocasiones especiales. Con esta sequía que no da tregua, el pollo, la carne, el azúcar y otros productos básicos se están poniendo tan caros como escasos. A ver con qué sugerencia nos sale “la casa”.
Los Tiempos: ¿CUÁNTO GAS HAY EN BOLIVIA?
Es de esperar que los analistas estén equivocados y que la verdad esté del lado de quienes durante los últimos años han puesto en práctica la "nacionalización"
Un par de notas periodísticas publicadas en este matutino durante los últimos días sobre el estado actual de las reservas de gas en el país han llamado la atención sobre un problema que se suma a los ya muchos que debe afrontar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en su gestión de los hidrocarburos. Un problema que por su magnitud y gravísimas consecuencias para el futuro económico nacional no puede ni debe seguir siendo soslayado.
Se trata de las dudas que se ciernen sobre la verdadera magnitud del potencial gasífero de nuestro país. Es que como se indica en las dos notas periodísticas que comentamos, las reservas bolivianas de gas natural serían mucho menores de lo que se creía, pues habrían caído de 26,7 billones de pies cúbicos a 8,3 billones en los últimos seis años debido a la falta de reposición, ocasionada, a su vez, por la falta de las inversiones necesarias para la exploración de nuevos yacimientos.
Tales temores, lamentablemente, no pueden ser ni confirmados ni desmentidos por una versión oficial al respecto, pues si en algo parecen haberse puesto de acuerdo las autoridades del sector es en mantener un hermético silencio. Se niegan a dar información oficial y la poca disponible es tan contradictoria que lejos de despejar las dudas no hace más que acrecentarlas.
En el caso de las reservas, lo que se sabe es que, como afirma un columnista de este matutino, después de varias licitaciones fallidas YPFB firmó el contrato para la certificación de reservas de hidrocarburos el pasado 21 de diciembre con la empresa Ryder Scott, una de las más serias y prestigiosas del mundo. Hechos los estudios, las autoridades estatales habrían recibido un informe preliminar cuyas cifras les disgustaron profundamente. Tanto, que sería ése el motivo por el que se niegan a hacerlas públicas y estarían más bien considerando la posibilidad de romper el contrato con Ryder Scott y buscar una empresa certificadora más dispuesta a decir lo que YPFB quiere oír, sin que importe mucho la verdad.
El asunto es alarmante, pues no sería la primera vez que se opta por ese camino. Hace ya cuatro años, en 2006, cuando estaba dando sus primeros pasos el proceso de "nacionalización", ya ocurrió algo similar cuando la empresa DeGolyer and MacNaughton presentó un informe que, como no gustó al Gobierno, fue obviado, la empresa expulsada y muchos millones de dólares, además de valiosísimos cuatro años, perdidos.
Quienes saben de la materia, que como se constata una y otra vez no son quienes tienen a su cargo el sector hidrocarburífero de nuestro país, coinciden en que si esas sospechas se confirman estaríamos cerca de una catástrofe y ante la más elocuente prueba de que todo lo hecho durante los últimos años no ha sido más que un monumental error cuyo costo económico tendría un impacto muy negativo en el futuro nacional.
Hasta ahora, las autoridades gubernamentales se han limitado a afirmar que esas son especulaciones, malos augurios que no tendrían fundamento en la realidad. Por el bien de todos, es de esperar que así sea; que los analistas estén equivocados y que la verdad esté del lado de quienes durante los últimos años han puesto en práctica la "nacionalización". De otro modo, muy grande será la decepción. Pero, eso sabremos sólo si el Gobierno decide decir la verdad y con pruebas en mano la situación que se comenta.
El Deber: La buena prensa
Sin hablar de excelencias en el sentido lato del concepto que involucra un académico o al menos un diestro y atildado manejo del idioma, podemos decir, sin alardes de modestia, que el periodismo en nuestra Santa Cruz de la Sierra, y desde luego que en otras ciudades del país a la par, transita por niveles más que aceptables o buenos, propiamente dicho.
Destaca, y es cosa que se puede apreciar todos los días, amén de la justa aplicación de las normas gramaticales básicas, el ponderable afán de llamar las cosas por su nombre, sin rebuscamientos, sin sacrificar en pos de las galas literarias o del golpe efectista, la veracidad incontrastable de los sucesos, sin recurrir a anglicismos, galicismos u otros ismos en obsequio de supuestos lustres que, en todo caso, lo que se consigue con esos fenómenos idiomáticos es deteriorar las realidades que nos abruman y las circunstancias que las precipitan y las determinan a la vez.
Muy madura la gente comprometida con la prensa independiente, ya sea la que la forja o la requiere para tomar el pulso al mundo, al país o a la región, no se manifiesta por las exquisiteces gramaticales del idioma. Quiere esa gente que en su lenguaje gráfico de cada día le dé la prensa, el periodista, con sus gracias y desgracias, con sus alegrías y tristezas, con sus dolores y goces, todo aquello que hace vibrar a cada cual, en su comunidad grande o pequeña, por la parte de bien o de mal con que lo alcanza el mensaje noticioso simple y claro y expuesto ya en columnas periodísticas.
En la medida en que nuestra prensa, la de esta nuestra región oriental, ha dado pasos en pos de una plena madurez, de una criteriosa mayoridad, ha ido copando metas y a estas alturas, sin que se suponga que se considera perfeccionada y sin nada por delante que aprender, llena de manera generosa, eso sí, las expectativas y los anhelos de sus lectores. A través de sus columnas tradicionales, los que la repasan regularmente se ubican en el plano de los sucesos de dentro y de fuera de casa por efectos de su lenguaje y sus gráficos atildadamente empleados.
De buena escuela y porque están hechos de la madera y de la esencia adecuadas, los que son artífices de la jerarquía alcanzada por nuestro periodismo conjuncionan en su trabajo cotidiano y rutinario no sólo las mejores normas de exposición de sucesos grandes o pequeños, sino también una iniciativa muy peculiar para que, sin desvirtuar los alcances del lenguaje, llene la vista del público lector con lo subliminal, pintoresco o tal vez dramático a renglón seguido.
En suma, no es cháchara indigesta lo que trae nuestra prensa todos los días o con preeminencia. Y, no obstante los vientos de fronda que soplan actualmente en el país contra la libre expresión, la buena prensa cruceña y boliviana dispone de voluntad, espacio y tiempo para mejorar aún más y de ese modo satisfacer la expectativa del cada vez más exigente público lector al que se debe sin condicionamiento alguno.
Cambio: 28 años de democracia
Bolivia celebró ayer 28 años de vigencia ininterrumpida de su democracia, un sistema político que recuperado de las dictaduras militares que la precedieron avanza fortalecido por los caminos de la patria por la voluntad soberana de un pueblo que hoy como ayer apuesta por la plena vigencia de sus derechos constitucionales y que, a través de las urnas, decidió edificar el Estado Plurinacional que sepultó al viejo Estado colonial que secularmente había marginado a los sectores populares, a sus pueblos ancestrales.
Este nuevo aniversario encuentra a la democracia boliviana edificando una nueva sociedad justa e inclusiva, digna y soberana, empeñada en su diversificación productiva y en la erradicación del secular racismo que el viejo Estado colonial había consolidado como norma para mantener el privilegio de pocos sobre la marginación de millones.
El 10 de octubre de 1982 asumía el mando de la nación el tres veces ganador de las elecciones generales —1978, 1979 y 1980— Hernán Siles Zuazo, líder de la Unidad Democrática y Popular (UDP), un frente político de izquierda que aglutinaba a la resistencia en contra de la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), un septenio marcado por la sistemática violación de los derechos humanos, el asesinato político y la desaparición forzada, la represión al movimiento popular y la persecución de organizaciones sindicales.
El gobierno de la unidad popular marcaba el fin de la larga etapa de dictaduras militares que inaugurara el 4 de noviembre de 1964 el general René Barrientos Ortuño, al que sobrevino una seguidilla de regímenes de facto que secuestraron la democracia e impusieron los intereses ajenos por encima de los de la patria. La última sangrienta asonada había sido protagonizada por Luis García Meza, Luis Arce Gómez y un grupo de militares y paramilitares, muchos de éstos extranjeros vinculados a corrientes neofascistas, que el 17 de julio de 1980 asesinaron a uno de los líderes políticos más esclarecidos de la historia nuestra: Marcelo Quiroga Santa Cruz. Era el cuartelazo número 189 de la azarosa historia de Bolivia.
Meses antes del golpe de García Meza y Arce Gómez —quienes 30 años después cumplen su sentencia de 30 años sin derecho a indulto en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro—, los enemigos de la democracia habían cometido otro crimen contra un luchador por los derechos humanos. El 22 de marzo de 1980 aparecía el cuerpo sin vida del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps con signos de haber sido torturado. Fue el anuncio de lo que ocurriría cuatro meses más tarde.
Las elecciones de 1978 fueron anuladas por el fraude cometido por el candidato de la dictadura, Juan Pereda; el triunfo de la UDP en las elecciones de 1979 fue desconocido por un Congreso adverso a Siles y el golpe militar de Alberto Natusch, que desencadenó la "masacre de Todos Santos". Y los comicios de 1980 por el golpe narco-militar de García Meza.
Siles asumió la Presidencia en ese contexto, aceptó los resultados electorales que conformaron el Parlamento en 1980 y subordinó la posibilidad real e inmediata de un contundente triunfo electoral de las fuerzas populares sobre la derecha a los intereses partidarios de la vieja izquierda que conformaba la UDP.
Fue un craso error de la coalición de izquierdas aceptar el gobierno con un Congreso dominado por la derecha golpista que ya entonces preparaba las condiciones para escarmentar al pueblo e imponer el neoliberalismo.
Siles heredó un país ya inmerso en una profunda crisis económica que comenzó a aflorar a principios de los ochenta y golpeó con fuerza inusitada a los bolivianos entre 1983 y 1985. El pueblo soportó la inflación más alta de la historia latinoamericana y la séptima más grande del siglo veinte. Esta catástrofe económica fue muy bien aprovechada por las fuerzas reaccionarias, que desde el Congreso habían preparado el terreno para adueñarse de la democracia arrancada por el pueblo a la dictadura.
Fue cuestión de tiempo, y un acuerdo político entre la derecha y el MIR —que habilitó a Jaime Paz Zamora como candidato, pese a que la Constitución lo prohibía— definió el acortamiento del mandato de Siles y la convocatoria a las elecciones de 1985. Muerta la UDP, sobrevino la derrota de todo el movimiento obrero y popular, ya que un pueblo escarmentado por haber votado en tres elecciones consecutivas por una opción popular dio el triunfo en las urnas a Banzer, aunque asumió Víctor Paz Estenssoro con el apoyo de la derecha y de la izquierda parlamentaria en el marco de la teoría lanzada por Filemón Escóbar: "Apoyar el mal menor".
El neoliberalismo secuestró la democracia, puso en vigencia medidas antinacionales como la ‘capitalización’ —eufemismo para privatizar las empresas estratégicas de todos los bolivianos—, enajenó la riqueza de la patria bajo la falacia de que "Bolivia se nos muere", echó a las calles a miles de trabajadores, y mientras la autodenominada ‘clase política’ se enriquecía, millones de bolivianos eran sumidos en la pobreza. Pero la enajenación de la patria hizo que el pueblo adquiriera conciencia de que la democracia le había sido arrebatada por quienes alentaron la dictadura. A 28 años de aquel 10 de octubre, la democracia la ejerce un pueblo que construye su destino con rostro plurinacional.
Y ese pueblo que luchó para recuperar su democracia —tanto en la dictadura como en la etapa neoliberal— la puso al servicio de los intereses de la patria y, a través de las urnas, la más sublime expresión de su voluntad soberana, edifica el nuevo Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico, y lo fortalece desde lo más recóndito de nuestra geografía.
La enajenación de la patria hizo que el pueblo adquiera conciencia de que la democracia le había sido arrebatada por quienes alentaron la dictadura. Y a 28 años de aquel 10 de octubre, ese pueblo construye su destino con rostro plurinacional.
La Prensa: La austeridad ausente
Tienen que ser legítimos los resentimientos del ciudadano frente a las costosas excentricidades que se dan en los estratos gubernamentales.
En Bolivia se habla de austeridad en el gasto público sólo de dientes para afuera. El derroche de recursos económicos, de lo que cuesta mucho sacrificio conseguir y hasta de lo que no se tiene, constituye una constante que se mantiene inalterable, si no en aumento, en uno de los países más pobres del mundo como es considerado el nuestro y donde sin mucho disimulo ni remordimiento las autoridades vigentes incurren en fuertes gastos tan innecesarios como suntuosos. A la luz de los hechos, así viene siendo incluso en estos tiempos que se dicen ser de ?revolucionarios cambios? y en los cuales, sin embargo, nada parece haber cambiado.
Aunque trillado, el caso de la reciente compra del nuevo y sofisticado avión presidencial por una millonada de dólares ejemplifica todo lo contrario de un comportamiento austero con relación a la que tiene que ser una muy cuidadosa y medida administración de los fondos del erario público. Mientras el Jefe de Estado va y viene conectado a interminables periplos internos y externos, todavía queda una explicación pendiente sobre los pasos que fueron dados para la adquisición de aquella costosa aeronave.
La austeridad también ha ido a dar al traste entre aquellos parlamentarios del Estado Plurinacional que para el periodo legislativo comprendido entre 2006 y 2010 presupuestaron más de 70 millones de bolivianos para sus viáticos y ?gastos de representación?, de acuerdo con la información consignada en la página electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La inclusión de partidas presupuestarias adicionales destinadas a la compra de ropa y calzados para los legisladores, además de otros curiosos requerimientos, encendió una polémica que todavía se airea y echa por tierra aquel compromiso asumido en la apertura de su gestión por las actuales autoridades nacionales en esa reiterada promesa de imponer austeridad a todos sus actos.
Estas posturas se agravan mucho más si se tienen en cuenta las instrucciones del Gobierno al Banco Central de Bolivia para la concesión de multimillonarios ?créditos? a instituciones como YPFB. Otro ejemplo doloroso es el reciente decreto a través del cual se perdona con la extinción de una deuda al Tesoro General de la Nación de la Empresa Nacional de Televisión Boliviana pese a que la reciente Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz señala que no corresponde la condonación de una deuda con el Estado.
El ciudadano, a expensas de sus apreturas cada vez más insufribles, se ha impuesto un régimen estricto de privaciones materiales que cumple a conciencia y con resignación. Pero tienen que ser comprensibles y legítimos sus resentimientos y protestas frente a las no pocas y costosas excentricidades que se dan en los estratos gubernamentales.
De alcance nacional y en beneficio de todos los sectores, empezando, eso sí, por los menos favorecidos de la crítica hora presente, qué se ha hecho, qué programa de emergencia se ha instrumentado. Con pobreza de espíritu, se tienen cerrados los ojos de cara a los más infelices, muchos de los cuales ya no tienen con qué parar la olla.¿Es esta la gente, con el estómago vacío, la que motiva complejas y utópicas reglamentaciones sociales?
El Diario: Definiciones para el caso del Mutún
Desde la firma de contratos con la empresa hindú Jindal, las conversaciones se han incrementado; pero no han encontrado soluciones para los diversos problemas que se han presentado y se ha llegado inclusive a cobrar la “boleta de garantía” que había firmado dicha empresa con el Gobierno. Sin embargo la verdad es que no se quiere reconocer que nuestras autoridades han incumplido partes del contrato: una de ellas, delicada en todo sentido, la no entrega de las tierras circundantes a los mismos yacimientos que servirían para la instalación de obras de infraestructura, campamentos, oficinas, almacenes, etc. que, como es lógico, precisará una empresa dada la magnitud de trabajos a realizarse.
Pero el problema no radica sólo en Jindal, sino en que la Empresa Siderúrgica del Mutún, que tendrá a su cargo un 50% de los yacimientos, tampoco marcha con la celeridad que debiera porque no han sido atendidas muchas urgencias para su funcionamiento. Seguramente tampoco se ha delimitado las tierras que pasarán a su propiedad y donde, al igual que en la empresa hindú, se deberá instalar obras de infraestructura, conexiones ferroviarias y fluviales, entre otros, que servirán para el transporte del mineral.
Otro problema, grave en sí, es el de la provisión de gas para movilizar los trabajos y la fundición del hierro. Este es otro factor que preocupa a la empresa Jindal que espera decisiones políticas y empresariales que le aseguren una provisión mínima diaria de gas para sus operaciones porque sin energía será imposible que los proyectos sean realidad.
El caso del Mutún es de vieja data porque ya en los años 60 se habló sobre la urgencia de explotar esos yacimientos y se dieron las bases para las convocatorias que, la lenidad y descuido de los gobiernos, no han permitido que se haga realidad, proyecto tan importante que hubiese reemplazado con creces a las importaciones con serio gasto de divisas, altos costos y una serie de perjuicios que implica la importación para la industria de la construcción en el país.
Por supuesto, hay que mencionar que una misérrima explotación del hierro en el Mutún, seguramente a cargo de la Empresa Siderúrgica, se aprovechaba para venderla al Paraguay que cuenta con una acería de la que proviene el hierro procesado que utilizamos. El valor agregado que significa para la empresa extranjera es importante; pero nuestra desidia y falta de decisiones políticas no ha dado lugar a enmendar un problema de facilísima solución.
El caso Jindal, conjuntamente el de la Empresa Siderúrgica, deben ser encarados con prontitud, con honestidad y responsabilidad para que, finalmente, marche esta industria que, cuando estén hechas todas las instalaciones y produzcan las plantas respectivas, implicará grandes beneficios para el país, permitirá generación de empleo, regalías a favor departamental e ingresos de consideración para el Tesoro Nacional. Por su parte, YPFB o el que corresponda deberá preocuparse por solucionar el problema de la provisión de gas en las cantidades y continuidad requerida en un trabajo de tanta importancia. El Gobierno, por su propia responsabilidad, deberá actuar de consuno con ambas empresas con objeto de que sea una realidad la explotación del Mutún y deje de ser una simple panacea y esperanza a futuro, condición que tuvo durante muchas décadas.
El Mundo: "Homenaje"
En momentos críticos para la vida del país, en los cuales las intemperancia y las amenazas resultan motivo de preocupación para todos los ciudadanos, resulta agradable hacer una pausa para rendir homenaje a esas personas cuya presencia en la vida de la patria resulta cada vez más determinante y muestra todo aquello de lo que es capaz. No hubo necesidad de una ley que obligue a los ciudadanos a respetar los derechos de la mujer en la sociedad, ella sola supo conquistar el espacio que se merece y cada día este es más amplio, por el trabajo protagónico que cumplen las mujeres en la vida del país.
El Día de la Mujer Boliviana que conmemoramos hoy, es resultado de un hito importante en la vida nacional, era la primera oportunidad en que una mujer ocupaba la primera magistratura del país en circunstancias especiales, el palacio de gobierno estaba ocupado por la prepotencia de un gobierno militar que impuesto por la fuerza de las armas, intentaba cortar el primer intento de democracia que llegaba después de más de 14 años de dictaduras.
Ese derecho fue conquistado por otras mujeres, recordamos entre ellas a Domitila Chungara, quien junto a otras tres mujeres mineras, decidió hacer frente a las bayonetas de los militares, para exigir la libertad para sus esposos y la vigencia de la democracia, y obligó a ceder a un dictador que durante casi una década había sometido la voluntad de los ciudadanos.
Pero no sólo se trata de la vida política, donde la presencia de la mujer es cada vez más importante, lo fue siempre en la familia y en el hogar, – como esposa, madre, hija, hermana – y desde allí supo proyectarse en el campo de la educación y las artes, donde tuvo oportunidad de brindarnos brillantes entregas como Adela Zamudio, en cuyo homenaje fue instituido este día.
Al cumplir sus 200 años de lucha por la independencia, Santa Cruz no pudo dejar de pensar en la valentía de Ana Barba o la voz de Gladys Moreno que llevó la canción boliviana y en especial la de Santa Cruz, mucho más allá de nuestras fronteras.
La imagen de la mujer tampoco pudo estar ausente en las luchas cívicas, con la presencia de Elfy Albtretch a quien siguió una larga lista de mujeres, cada una de las cuales dejo su impronta en las instituciones regionales y en especial en el Comité Cívico Femenino que hoy parece no haber sido suficiente para afirmar la presencia de la mujer en la lucha por los intereses regionales, hoy entre los posibles postulantes a la conducción de la próxima etapa del Comité Pro Santa Cruz se habla de una mujer, hecho que con la sola nominación logra especial trascendencia.
Hoy en que los periodistas y todos los trabajadores de la prensa se encuentran empeñados en una lucha por los intereses, no solo de su sector sino de los derechos de los bolivianos en su conjunto, tampoco se puede prescindirse de ella y vemos como, hay valientes mujeres que están junto a sus compañeros de labor para levantar su voz por la vigencia de los derechos universales, los principios fundamentales, expresados por la Constitución y todas aquellas normas que buscan salvaguardar los derechos a la información y la libre expresión de todas las personas, sin distinciones de sexo, raza, color, creencia religiosa o política .
Nuestro homenaje para la mujer cruceña que con su valor, su inteligencia, su belleza y su entrega, constituye un motivo de admiración y un ejemplo digno de imitar por las nuevas generaciones.
Opinión: Democracia e iniciativa legislativa ciudadana
Uno de los asuntos centrales del sistema democrático está relacionado con la aprobación de leyes a cargo de las instancias legislativas correspondientes, pero al mismo tiempo, con el momento en que estas leyes se promulgan y los efectos que tendrán para el colectivo social.
Las leyes en su aplicación pueden cambiar la vida de las personas en la medida en que afectan o no sus intereses, pero el principio general es que las leyes que se aprueban no contravengan derechos generales y que tengan el consenso necesario. La sabiduría de los legisladores está en el compromiso y la comprensión de que sus actos legislativos tienen que estar sujetos al principio mayor que es el bien común.
Se dice que las leyes justas son el complemento de una sociedad que realmente se fundamenta en valores democráticos y en el respeto de los derechos humanos, así como la preocupación por el bienestar de toda la población sin discriminación de ningún orden. Busca la protección de todos y de su dignidad y que las leyes no sólo están para cumplir su papel punitivo, sino que de alguna forma también deben premiar la virtud, la bondad, la creatividad, el trabajo y la eficiencia.
Sin embargo, más allá de este marco teórico legislativo, las leyes se tienen que adecuar a la realidad concreta de una determinada sociedad, es decir, deben estar de acuerdo con los intereses generales. Otro principio es que una ley no puede contradecir o ir contra principios universales, es decir, no puede sobreponer sus objetivos, por muy altruistas que sean, si atropella otros derechos.
Las leyes tienen que tener concordancia con una determinada realidad social, pero al mismo tiempo, coherencia con principios generales y específicos de otros derechos ciudadanos.
Una pregunta en esta línea de razonamiento es ¿qué pasa, por ejemplo, si una ley que busca luchar contra el racismo, que es desde todo punto de vista un fin indiscutible y necesario; en algunos de sus articulados, pone en riesgo otras libertades consolidadas también en los principios universales de los derechos humanos, como la libertad de expresión y de prensa? Si esto ocurre, sectores de la sociedad o de colectivos concretos, como los gremios de prensa, tienen la oportunidad constitucional de recurrir a lo que se denomina la iniciativa legislativa ciudadana que es una figura establecida en la Constitución Política del Estado que engloba las formas de gobernar que se ha dado Bolivia y que otorga la posibilidad de que las personas presenten peticiones avaladas por sus firmas, o por miles de firmas, para que se realicen reformas sobre determinados asuntos públicos para introducir reformas a un estatuto, a una ley e incluso se realicen enmiendas en el texto constitucional.
Es un recurso democrático que se sujeta al espíritu de la Constitución Política del Estado que proclama que las personas, es decir, los ciudadanos por sí solos u organizados en instituciones tienen el derecho de participar en forma directa en la elaboración de leyes y en sus reformas bajo las normas constitucionales respectivas.
Más allá de las protestas que realizan los periodistas por dos artículos incluidos en la Ley contra el Racismo y que afectan a la libertad de expresión y de prensa, las direcciones de los gremios están dispuestos a llevar adelante esta iniciativa constitucional, pretendiendo recolectar un millón de firmas que respalden lo que podría dar lugar, llegado el momento, a una reconsideración legislativa sobre los dos polémicos artículos y en su caso a la derogación.
Este recurso posee un carácter legal amparado en la Constitución Política, pero al mismo tiempo, quienes lo emprendan, obtienen en la práctica una legitimidad como base de sus demandas.
Clarín, Argentina: Tratamiento de la basura y reciclado
El Estado tiene un notable retraso en políticas sobre la recolección y procesamiento de residuos, lo cual provoca daños ambientales y sanitarios, así como también una marcada percepción social de estos riesgos.
Esto último le ha impedido a la provincia de Buenos Aires designar el lugar de radicación de una planta de tratamiento de la basura que sustituirá el relleno sanitario de Ensenada, que funciona desde 1982 y que la Justicia ordeno su cierre luego de verificar los cuestionamientos formulados por los vecinos. Los emplazamientos tentativos fueron rechazados por las localidades implicadas y ahora, la gobernación ha priorizado la licitación de la planta de tratamiento de la basura y luego designará su localización.
En dicha planta se procederá a la separación y reciclado de desechos, así como se prevé también la generación de energía eléctrica, lo cual también deberá ser objeto de una evaluación de sus eventuales efectos ambientales. Una vez en funcionamiento, este emprendimiento puede convertirse en una alternativa a la política de enterramiento de la basura en rellenos sanitarios, una medida dispuesta por la última dictadura. Claro que antes deberá fijar su emplazamiento en un ámbito que no genere perturbación entre los vecinos.
La mora en materia de tratamiento de la basura se refleja en el retraso que hay en nuestro país en materia de reciclado. A estos fines, es necesario que las autoridades intervengan más activamente, fijando criterios para que se incremente el porcentual de los desechos reciclados.
Los retrasos de la política pública en materias tan sensibles como la recolección y el procesamiento de residuos provocan daños ambientales y sanitarios.