Investigación sobre conscripto en Challapata. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, entregó este miércoles al Fiscal General, Mario Uribe, los antecedentes sobre el proceso penal de los involucrados en el caso de abuso a conscriptos denunciado públicamente hace algunas semanas atrás, con el objetivo de que éste siga su curso en la justicia ordinaria. 
Rubén Saavedra, ministro de Defensa. – Apg Agencia
SUCRE | ANF.
Saavedra llegó expresamente para reunirse con el Fiscal Uribe, a quien hizo entrega del sumario abierto a los supuestos responsables de las torturas contra efectivos militares, y cuya publicación en medios nacionales causó un gran revuelo en pasados días.
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El ministro de Defensa dijo que a partir de esta documentación, el Ministerio Público deberá continuar con las investigaciones para establecer las responsabilidades penales, pues reiteró que estos casos, a los que calificó de "graves" deben sustanciarse en las instancias pertinentes.
Por su parte, el Fiscal Uribe recordó que al conocerse públicamente las denuncias, el Ministerio Público instruyó el inicio de una investigación "de oficio" para esclarecer esos hechos, al reiterar que al tratarse de violaciones flagrantes a los derechos de las personas, el proceso estaba desde el comienzo en manos de la jurisdicción ordinaria.
Recordó que para llevar adelante las investigaciones se nombró a la fiscal de recursos Mirna Arancibia, quien deberá llevar adelante el caso de acuerdo a las instrucciones emanadas desde la Fiscalía General.
Uribe indicó que "ante cualquier duda" se aplicó lo establecido en el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal, que establece claramente que estos procesos deben sustanciarse en la vía ordinaria y no son objeto de ningún privilegio.
Anteriormente, la Fiscal Aranciabia, quien forma parte del equipo de fiscales que lleva adelante el caso "octubre negro", había recalcado la necesidad de que el Ministerio de Defensa levante el secreto militar para permitir la investigación de esos hechos.
Según la fiscal de recursos, dos de los presuntos involucrados en las torturas a conscriptos responden a los nombres de Guido Alvarez y John Rojas.
Por otra parte, este miércoles el Fiscal General posesionó al nuevo Inspector General interino del Ministerio público, nombramiento que recayó en el abogado Zacarías Valeriano Rodríguez, quien reemplaza al renunciante Gonzalo Flores Céspedes.
El nombramiento de la autoridad se hizo en cumplimiento del Artículo 225 de la Constitución Política del Estado, que tiene como atribución constitucional defender la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejercer la acción penal pública. Asimismo, el Fiscal instó a la nueva autoridad a ejercer sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía, a más de eficacia, compromiso e interés social y transparencia. Lostiempos.com