Caso. Acusado denuncia persecución política y asegura inocencia. La Fiscalía General pidió a la Corte Suprema viabilizar un juicio penal ordinario contra el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, por un caso de corrupción denunciado el 2008. El acusado se declaró perseguido político y anunció acciones internacionales.
Posesión. Suárez, quien fuera prefecto, jura como gobernador.
La máxima instancia judicial determinará “si se prosigue como juicio de responsabilidades o se deriva a la justicia ordinaria (este caso)”, explicó el fiscal General, Mario Uribe, quien consideró que hoy sólo el Presidente, Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial pueden ser sometidos a juicios de responsabilidades.
La denuncia contra Suárez se remonta al 2008, año en el que aún estaba vigente la antigua ley de Juicio de Responsabilidades, que incorpora en casos de corte a los entonces prefectos como Suárez. El 14 de junio de ese año, la ministra anticorrupción, Nardi Suxo, presentó la denuncia por irregularidades en la construcción de la carretera San Ramón-San Joaquín-Buena Vista, del Beni.
“La Fiscalía General ya tiene una decisión en sentido de que debe ser remitido a la justicia ordinaria (el proceso contra el gobernador del Beni)”, afirmó Uribe, quien apoyó su posición en el hecho de que la Constitución y la nueva Ley de Juicio de Responsabilidades no incorpora a los gobernadores en casos de corte.
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Desde Santa Cruz, Suárez denunció “persecución política” del oficialismo y anunció que llevará su caso a instancias internacionales, aunque no precisó a qué foros recurrirá.
“Soy víctima de una persecución política que auspicia el Gobierno porque yo ni firmé ese convenio porque estaba fuera del país. Creo que éstas son las muestras fehacientes de que hay una presión política fuerte sobre el Ministerio Público”, denunció.
La pasada semana, la Fiscalía General emitió un requerimiento acusatorio contra el Gobernador del Beni, por la comisión de los presuntos delitos de malversación, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Su colega cruceño, Rubén Costas, afirmó que las acciones judiciales contra autoridades regionales pretenden copar espacios políticos perdidos a través del voto ciudadano. “Ésta es la nueva neodictadura del MAS. Es una vergüenza que quieran llegar a los espacios políticos donde perdieron en las urnas. Con esta intención lo único que quieren es meternos a la cárcel”, afirmó.
Costas también tiene juicios por el uso de dineros públicos en el referéndum autonómico del 2008 y desacato. El vicepresidente, Álvaro García, y el fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, plantearon juicios por desacato.
Desde la cárcel, el ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, se declaró ayer preso político. “Me encuentro detenido sólo por haber representado a la ciudadanía y sus legítimas reivindicaciones”.
PROCESO. Barrón está vinculado con los hechos del 24 de mayo del 2008, donde varios campesinos fueron vejados en la plaza principal 25 de Mayo.
La diputada del oficialismo Rebeca Delgado aseguró que el Gobierno no intervino en ninguno de los procesos judiciales. “Hay que separar las cosas; si una persona electa tiene en su contra acciones judiciales, no puede manifestar que tiene una persecución del Gobierno”, respondió frente a las denuncias de la oposición.
El ex alcalde de Potosí, René Joaquino, fue sentenciado a tres años de cárcel por la compra de vehículos usados. El sábado, la ex autoridad afirmó que “el MAS intenta tomar la Alcaldía”. La Razón
Fiscal General afirma que juicio a gobernador del Beni deber ser por vía ordinaria
Sucre. ABI.- El fiscal General del Estado, Mario Uribe, afirmó el lunes que el juicio al gobernador del Beni, Ernesto Suarez, por una supuesta contratación irregular para la construcción de caminos vecinales, debe ser por la vía ordinaria.
"De parte de la fiscalía general tenemos una posición concreta, precisamente en que debe ir a la justicia ordinaria, porque la Constitución así lo establece, por una parte, y por otra la disposición de la ley de juicio de responsabilidades también así lo establece", explicó.
Explicó que se abrió el caso porque hay la probabilidad de encontrar nuevos elementos de convicción y anunció los requerimientos correspondientes a la Corte Suprema de Justicia, la que determinará si prosigue un amparo de la Ley de Juicio de Responsabilidades o se deriva a la justicia ordinaria.
El caso fue iniciado en 2008 por una denuncia de la ministra de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción, Nardi Suxo. En la demanda también está involucrada la alcaldesa de la localidad de San Ramón, Lenny Rivera, por una supuesta irregularidad en el contrato de construcción de los denominados caminos vecinales San Ramón-San Joaquín-Buena Vista.
Por su parte, el gobernador del Beni, Ernesto Suarez, negó haber firmado un contrato con la alcaldesa de San Ramón, para construir un camino vecinal y aseguró que la única participación de su autoridad fue instruir una auditoria para verificar el estado de la obra.
"Lo único que hace el prefecto, en ese entonces, es firmar un convenio, porque hay una unidad ejecutora que se llama Servicio Prefectural de Caminos que es la que licita, ejecuta y paga el camino, nosotros no tenemos ninguna participación", aseguró.
Respecto a la reapertura del caso, solicitada por la Fiscalía General el pasado viernes, el gobernador del Beni denunció que esta es una muestra "clara y flagrante" de una presión política.