Cruzada. Las marchas y huelgas prosiguen en Sucre y Potosí; en Tarija anuncian nuevas grabaciones. Denuncias de persecución política cobraron fuerza con una declaración pública del ex alcalde de Sucre Jaime Barrón, recluido en el penal San Roque, y el aumento de ayunadores en la Villa Imperial, que condenan la sentencia e inhabilitación de René Joaquino. Ejecutivo busca enemigos políticos y no adversarios, dicen legisladores de oposición.
Sucre.- Un grupo de universitarios se crucificó ayer mientras autoridades de la Fiscalía, tomaban declaraciones por el caso de las muertes en la Calancha a varios de los involucrados entre ellos el ex concejal Fidel Herrera, el ex alcalde del municipio Jaime Barrón y el ex presidente del Comité Cívico, Jhon Cava. Foto:AFKA.
Juicios: oposición cierra filas; Gobierno minimiza
CRUZADA | Las marchas y huelgas prosiguen en Sucre y Potosí; en Tarija anuncian nuevas grabaciones
Por Demetrio Reynolds, Los Tiempos
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Las campañas a favor del alcalde potosino, René Joaquino, suspendido y sentenciado a tres años de cárcel, incrementaron ayer los piquetes de huelga de hambre en apoyo a la ex autoridad; los seguidores del ex alcalde de Sucre, Jaime Barrón, persistieron en sus marchas de protesta y vigilias; mientras que los gobernadores de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, se ratificaron ayer al declararse perseguidos políticos. El Gobierno, en tanto, minimizó las movilizaciones y afirmó que algunos opositores se escudan en el eslogan de perseguidos políticos por evadir a la justicia.
Los seguidores de Joaquino, que el miércoles pasado recibió una condena de tres años de cárcel por la compra de vehículos a medio uso para la Alcaldía potosina, propusieron ayer un referéndum revocatorio departamental para someter a voto popular el cargo del gobernador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Félix Gonzales.
Gloria Juárez, una de las huelguistas, dijo que con la condena de Joaquino, reelecto con el 67 por ciento de los votos en las elecciones del 4 de abril pasado, el Gobierno demuestra que no respeta la decisión del pueblo.
“Nosotros hemos puesto a Joaquino como alcalde de los potosinos, pero no hubo justicia para él”, aseveró Juárez.
En tanto, en Sucre, Barrón se declaró “preso político” por la detención preventiva que enfrenta por su presunta implicación en agresiones y vejámenes contra campesinos afines al Gobierno ocurridos el 24 de mayo de 2008 en esa ciudad.
Barrón leyó ante los medios una declaración en la que además de rechazar esas acusaciones denuncia que su detención, ocurrida el pasado lunes, fue una medida “ilegal y arbitraria” dictada por un juez “que no pudo probar el peligro de fuga y obstaculización de la justicia”.
Barrón pidió la revocatoria de su detención preventiva y será la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca la que deba pronunciarse en las próximas 48 horas sobre esa demanda.
El piquete de universitarios en huelga de hambre que piden su liberación se incrementó en pasadas horas a 37 tomando en cuenta a estudiantes, administrativos y docentes.
Ayer hubo una nueva marcha y dos estudiantes se “autocrucificaron” por varios minutos pidiendo también el esclarecimiento de la muerte de tres manifestantes en los disturbios de la zona de La Calancha en 2007.
Cossío y Suárez
El gobernador de Beni, Ernesto Suárez, y el de Tarija, Mario Cossío, ratificaron su declaratoria de “perseguidos políticos” por los juicios que les sigue el Ministerio Público y otras instancias que impulsan procesos presuntamente digitados por el Gobierno.
El fiscal general, Mario Uribe, afirmó ayer que la acusación a Suárez Sattori está en poder de la Corte Suprema de Justicia, instancia que debe decidir la modalidad de un futuro proceso que podría ser a través de un juicio de privilegio o justicia ordinaria.
Podría ser juzgado a través de la aplicación del Código de Procedimiento Penal (CPP) o de la ley 2445 de responsabilidades.
En tanto, Mario Cossío insistió ayer en su advertencia de enjuiciar a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, a quienes acusa de montar un plan para derrocarlo. La semana pasada presentó grabaciones que presuntamente prueban sus acusaciones. Los aludidos anunciaron contraatacar con otros juicios por difamación y calumnia.
EN TARIJA ANUNCIAN SEGUNDA GRABACIÓN
El Gobierno dice que la oposición pone excusas
El Gobernador de Tarija, Mario Cossío Cortez, que provocó un daño económico al Estado de 249 millones de bolivianos entre 2006 y 2008, ha recurrido a utilizar argumentaciones de persecución política “como una buena excusa para eludir a la justicia por los hechos de corrupción”, coincidieron en manifestar varias autoridades del Ejecutivo.
Cossío ocupa el primer lugar entre las autoridades departamentales denunciadas por hechos de corrupción, sobre todo, malversación de recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH).
En el año 2008 se emitieron 58 denuncias contra algunos prefectos en el siguiente orden: Mario Cossío con 18 denuncias de corrupción seguido por el entonces prefecto de La Paz José Luis Paredes y el gobernador de Beni, Ernesto Suárez Sattori, con 17; Manfred Reyes Villa, de Cochabamba, con ocho seguido por el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández con seis y Rubén Costas, de Santa Cruz, con tres, según informaciones del Ejecutivo Nacional.
Para el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, con la instauración por parte de Cossío de procesos judiciales a los ministros de Economía, Luis Arce, y de Justicia, Nilda Copa, por los delitos de conspiración y sedición, Cossío busca no sólo victimizarse, sino “montar un manto distraccionista y de impunidad”.
Pruebas
• El diputado opositor Roy Moroni Cornejo (PPB) aseguró ayer que existen más grabaciones de la conspiración denunciada la semana pasada por Mario Cossío.
• El diputado dijo que se citará a cuatro ministros para investigar la grabación presentada por el Gobernador.
• Según el diputado, en la nueva grabación los asambleístas comprometen a otros ministros, como Sacha Llorenti.
• Dijo que la grabación se la hará conocer en próximos días.
DENUNCIAS DE PERSECUCIÓN POLÍTICA ABREN LA SEMANA EN SUCRE Y POTOSÍ
Sucre/CORREO DEL SUR
Denuncias de persecución política cobraron fuerza en Sucre y Potosí, al empezar la semana, con una declaración pública del ex alcalde de la Capital Jaime Barrón, recluido en el penal San Roque, y el aumento de ayunadores en la Villa Imperial, que condenan la sentencia e inhabilitación del burgomaestre suspendido René Joaquino.
En una declaración pública ayer, Barrón se declaró perseguido político, pero dijo confiar en que la decisión de encarcelarlo será revisada en la justicia. Mientras tanto, también en el sur, los simpatizantes de Joaquino, declarados en huelga de hambre en Potosí, pidieron incluso un referéndum para revocar al actual gobernador Félix Gonzáles, en represalia contra su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), al que acusan de orquestar el alejamiento de la autoridad.
Jaime Barrón se declara preso político
LEYÓ UNA DECLARACIÓN EN LA QUE PIDE UNIDAD Y CALMA DE LA POBLACIÓN
Denunció que los jueces dispusieron su detención preventiva sin respetar garantías y derechos previstos en la Constitución Política del Estado
Jaime Barrón se pronunció siete días después de que dispusieran su detención preventiva. (foto Afka)
El ex alcalde y ex rector de Sucre Jaime Barrón se declaró “preso político” y denunció públicamente que se encuentra detenido en el penal San Roque de manera ilegal e injusta por haber representado a Sucre en sus reivindicaciones. Remarcó que en la reciente audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Publico no probó su participación en las agresiones a campesinos del 24 de mayo de 2008 y, al contrario, la defensa desvirtuó el peligro de fuga y de obstaculización del proceso.
Barrón, visiblemente afectado, leyó una declaración pública luego que el pasado lunes 15 de noviembre, dos jueces del Tribunal de Sentencia Nº 1 dispusieran su detención preventiva en San Roque, acusado por el caso 24 de mayo. Convocó a la población a la unidad y a la calma con la confianza de que un Tribunal superior reconduzca esta situación de vulneración de las garantías y derechos constitucionales.
Barrón denunció que los jueces dispusieron injustamente su detención preventiva sin respetar las garantías y los derechos previstos en la Constitución y el Procedimiento Penal, sin valorar su sometimiento al llamado de la justicia y su renuncia al cargo de alcalde constitucionalmente elegido, precisamente, para enfrentar todos los procesos en su contra.
El ex presidente del Comité Interinstitucional dijo que el Ministerio Público, en la audiencia pública de medidas cautelares, no pudo probar que su persona hubiera participado en los hechos del 24 de mayo y, al contrario, su defensa desvirtuó el peligro de fuga y la obstaculización del proceso, pero pese a ello fue detenido, violando de forma arbitraria sus derechos fundamentales, según sus palabras.
“Esta ilegal detención me obliga a declararme preso político, pues hoy me encuentro detenido sólo por haber representado a la ciudadanía en sus legítimas reivindicaciones chuquisaqueñas; estoy siendo procesado no sólo por los supuestos delitos relacionados con el 24 de mayo de 2008, sino por otros supuestos delitos los que hubiese cometido en mi calidad de Presidente del Comité Interinstitucional”, sostuvo Barrón.
Asimismo, rechazó que haya mellado la dignidad y la integridad de los campesinos ni de ningún otro ciudadano, por el contrario, remarcó que la ciudadanía sabe que como Presidente del Comité Interinstitucional, buscó por todos los medios posibles la pacificación de los conflictos.
El también ex rector de San Francisco Xavier aclaró que no obstante esas situaciones, acude a la justicia confiado en que la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca, donde radicará el recurso de apelación “contra la ilegal resolución de detención” en su contra, “revoque esta arbitraria y política detención que pesa en mi contra”.
Finalmente, agradeció a la ciudadanía por su solidaridad y dijo que seguirá luchando por la justicia y las garantías constitucionales para todos los perseguidos políticos de este régimen. Convocó a la unidad y a la calma con la confianza de que habrá jueces que reparen la vulneración a sus derechos constitucionales.
A TRES AÑOS DE NOVIEMBRE NEGRO
Este miércoles se desarrollará la marcha de protesta recordando los tres años de la muerte de José Luis Cardozo, Juan Carlos Serrudo y Gonzalo Durán, caídos durante los enfrentamientos de pobladores y policías en Noviembre Negro de 2007.
Hoy, el Comité de Movilizaciones de la Universidad San Francisco Xavier presentará un cronograma de actividades para recordar los tres años de la muerte de los tres jóvenes durante los conflictos de La Calancha.
El Comité de Movilizaciones convocó a la ciudadanía y a la población estudiantil a la gran marcha de protesta, pidiendo justicia para los tres muertos y los heridos de La Calancha.
Ayer, en el frontis de la Casa de la Libertad, dos huelguistas se crucificaron en las columnas de ese edificio histórico y, en el cuello, se colgaron las fotos de José Luis Cardozo, Juan Carlos Serrudo y Gonzalo Durán.
El Día:
Gobernador de Santa Cruz
Reacción. Rubén Costas sostuvo que así como se fueron los neoliberales, llegó el ‘neopopulismo’ y ahora “neodictadura moderna” que provoca presos opositores que enfrentan proceso con jueces nombrados por el Gobierno y actúan de acuerdo a los intereses políticos. Fides
Racismo
Ex alcalde de sucre
Como un preso político se definió Jaime Barrón tras una semana como interno del penal de San Roque de Sucre. El ex Alcalde y rector de la Universidad de San Francisco Xavier, aseguró que él nunca propició humillación en contra de campesinos. /Fides
Potosí
Joaquino suma apoyo en su ciudad
Se incrementó el número de huelguistas en defensa del ex alcalde de Potosí, René Joaquino, condenado a tres años de prisión por la compra de vehículos, y algunos de los movilizados ahora ya piden un referendo revocatorio departamental para someter al voto popular el cargo del gobernador del MAS, Félix Gonzales./Erbol
Huelguista pide revocatoria para el gobernador potosino
El Potosí y Erbol
Joaquino recibe el apoyo de los potosinos (foto Afka)
Gloria Juárez, una de las huelguistas, dijo a radio Aclo de la Red Erbol que debe ser sometido a un referendo revocatorio el gobernador Gonzáles porque con la condena de Joaquino, reelecto con el 67 % de los votos en las elecciones del 4 de abril pasado, se demostró que no se respeta la decisión del pueblo.
“Queremos se respete el voto, nosotros hemos puesto a Joaquino como Alcalde de los potosinos, pero no hubo justicia para él, hay mucha corrupción (de por medio en su condena), por eso pedimos un revocatorio, con nuestro voto también queremos ver caer (al gobernador masista)”, aseveró Juárez.
Ejecutivo busca enemigos políticos y no adversarios
Según legisladores de Unidad Nacional
El Diario
Los casos denunciados por la oposición como persecución política obedecen a una estrategia del Gobierno central que buscaría atacar a políticos y posteriormente a empresarios, en un afán de conformar un “mapa de enemigos”, en lugar de fomentar la producción e inversión para el desarrollo nacional, según explicó el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro.
LÍDERES EN PELIGRO
El diputado por La Paz, ratificó las constantes denuncias de los sectores políticos que en las últimas semanas afrontaron procesos judiciales que podrían anular la carrera política de los líderes de oposición.
“El Gobierno va demostrando que no hay límites en esta estrategia que lleva adelante de judicializar la política. Hoy, el Gobierno tiene copado el Poder Judicial y tiene la posibilidad de judicializar la política, el Gobierno demuestra que no hay límite en lo que puede hacer contra líderes políticos y sectores empresariales”, dijo.
El legislador sostuvo que el Gobierno ha diseñado un mapa de enemigos, “porque el MAS no tiene adversarios, tiene enemigos” y entre ellos estarían la Iglesia Católica, los empresarios privados, los medios de comunicación y los políticos de otros frentes.
EMPRESA E INVERSIÓN
Navarro sostuvo que la persecución política luego se traduciría en la persecución empresarial, como el caso de Samuel Doria Medina, líder de UN o el caso de Humberto Roca, Presidente de Aerosur. El primero despojado, mediante reversión estatal, de sus acciones en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y el segundo con denuncia por supuestas irregularidades, en un entuerto de declaraciones con el Vicepresidente del Estado.
“Esta persecución genera un clima muy desfavorable para el desarrollo de la democracia, para el fortalecimiento de la democracia e incluso para el fortalecimiento de la economía, porque quién va a querer invertir en el país cuando la política puede afectar las inversiones. El Gobierno debería generar mayores incentivos a los empresarios bolivianos como el caso de Samuel Doria Medina, que no saca el dinero de Bolivia, que reinvierte en el país, apoya la producción nacional y que a cambio recibe por parte del Gobierno presiones políticas por el hecho de incursionar en la política”, acotó.