Los opositores se sienten cada vez más acorralados por el Gobierno, a quien acusan de acaparar el poder y anular con juicios a quienes no pudo derrotar en las urnas. Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas denuncia la instauración en Bolivia de una neodictadura producto del neopopulismo. Gobernadores se reunieron ayer en Tarija. Para el analista Carlos Cordero, existe una judicialización de la política que impulsa a denunciar a autoridades opositoras.
Los Gobernadores de Beni, Tarija y Santa Cruz (de izq a der, foto archivo)
La Prensa
Las autoridades de oposición se sienten asediadas por el MAS
Análisis: Para Carlos Cordero, existe una judicialización de la política que impulsa a denunciar a autoridades opositoras.
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Los pocos opositores que aún ejercen cargos por elección democrática en alcaldías y gobernaciones denunciaron que el Gobierno busca anular, con juicios, a quienes no pudo derrotar en las urnas y, de esa manera, acaparar el poder.
El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afronta varias denuncias judiciales del oficialismo. Dijo que se vive “un momento en que la justicia está siendo instrumentalizada políticamente”.
El analista político Carlos Cordero declaró para Efe que “hay una estrategia con dos caras de la misma moneda: por un lado, hay una concentración de poder, y por el otro, la inhabilitación, descalificación y remoción de autoridades electas opositoras”.
El plan, subraya Cordero, consiste en una “judicialización de la política” que tiene como consecuencia que alcaldes y gobernadores contrarios al Presidente hayan sido denunciados, encarcelados o sentenciados.
Por su parte, el abogado constitucionalista Bernardo Wáyar dijo ayer, en radio Panamericana, acerca de estos procesos contra los opositores, que en el país ya “no hay seguridad jurídica, ni garantías constitucionales ni paz”.
El miércoles, un tribunal de Potosí sentenció con tres años de cárcel al alcalde de esa ciudad, René Joaquino, por haber adquirido vehículos y maquinaria usados para su municipio. Al día siguiente, el fiscal general del Estado envió un requerimiento a la Corte Suprema de Justicia para que inicie un proceso en contra del gobernador de Beni, Ernesto Suárez, por el supuesto delito de malversación de fondos públicos.
El martes también se ha ordenado la reclusión preventiva del suspendido alcalde de Sucre, Jaime Barrón, por supuesta instigación de actos racistas contra indígenas seguidores de Morales. Esta determinación impulsó el inicio de una huelga, por parte de sus seguidores, en la capital de Bolivia.
“Da la impresión de que el Gobierno es altamente exitoso en sus objetivos, de que el poder político que tiene ejerce una influencia muy fuerte sobre la justicia y hace que este poder pueda torcer la legalidad”, comentó Cordero.
En Potosí también hubo marchas a favor de Joaquino y cinco personas sostienen, desde el viernes, una huelga de hambre en su apoyo.
Gobernadores se reunieron ayer
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció ayer que se reunirá con sus similares de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, durante el encuentro que sostendrán en la capital de este último departamento con gobernadores de algunas regiones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú que forman parte de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).
Según Costas, las acusaciones y detenciones practicadas en contra de alcaldes y gobernadores de oposición elegidos por el voto popular son producto de una dictadura disfrazada de democracia. “Lo único que quieren es meternos a la cárcel”, publica el Deber.
Por su lado, Cossío denunció una estrategia del oficialismo, amparada por algunos miembros del sistema judicial, para desestabilizar a las autoridades elegidas por el voto popular. “Llegaré hasta las últimas consecuencias para que nunca más ocurra esto en Bolivia”, dijo.
El Gobernador de Tarija hizo públicas, en los días recientes, grabaciones de una asamblea de masistas con el ministro de Economía Luis Arce. En ellas, varios dirigentes hablan de derrocar a Cossío y admiten tener el control del Poder Judicial.
Al respecto, los ministros de Economía, Luis Arce Catacora, y de Justicia, Nilda Copa, anunciaron, por separado, que introducirán sendas querellas en contra del gobernador de Tarija, Mario Cossío, quien los acusó de formar parte de un plan conspirativo para desestabilizarlo.
Arce anunció ayer en Santa Cruz que presentará una contrademanda en contra del Gobernador de Tarija por los delitos de difamación e injuria. El jueves, el gobernador tarijeño inició un proceso judicial en contra de siete personas, entre ellas los ministros Luis Arce y Nilda Copa, basado en las grabaciones hechas públicas en medios de comunicación
Costas denuncia la instauración en Bolivia de una neodictadura
El gobernador Rubén Costas denunció ayer en Tarija la instauración en Bolivia de una neodictadura, producto del neopopulismo.
Costas afirmó no sorprenderse de lo que viene ocurriendo sistemáticamente en el país, que es lo único que está cumpliendo el Gobierno como prometió el vicepresidente Álvaro García Linera, de meter presos a todos los autonomistas.
Hay varios presos, otros se autoexiliaron; los que quedaron en la lucha por la democracia, la libertad y la autonomía como él, Mario Cossío y otros serán amedrentados y perseguidos. “Lo grave es que se pruebe esta tarea de desestabilización, y no pase nada”, agregó.
“En otros países, con la grabación divulgada por Cossío, se daría un terremoto político, aquí ni se ruborizan; en otros casos por lo menos habrían suspendido a los que estuvieron en planes de desestabilización, hubieran prometido una investigación, pero aquí ni les hace cosquillas”, ironizó. /CDS. El Deber