El caso de Eduardo Larrea en Quillacollo es expresivo de los extremos a los que se puede llegar cuando los cortesanos de un sistema consideran al gobernante intocable y llegan a equiparlo con Dios. No es un invento. Todos recuerdan cuando en una de sus intervenciones, el propio presidente Morales dijo que un alcalde yungueño lo había comparado con Dios, lo cual seguramente habrá sonado como dulce música a sus oídos y hasta seguramente llegó a creérselo.
Larrea (der), solito frente al poder. En estos tiempos hay decenas de perseguidos como él, que por diversos motivos enfrentan el vía crucis judicial.
Larrea, en estado de ebriedad, cometió el imperdonable delito de golpear el auto presidencial en el que Evo abandonaba la fiesta de Urkupiña en el 2009. Naturalmente el golpe no tuvo un gran efecto, pero el entorno de aduladores del oficialismo lo consideró una afrenta mayúscula, un “atentado” a la vida del presidente, pasible de la mayor de las sanciones.
Ahora el infortunado Larrea ve como toda una estructura fiscal y judicial montada a propósito se ensaña contra un ciudadano común sin que de inicio siquiera exista, una acusación formal del “agraviado”, en este caso Evo o sus representantes legales, quienes se sumaron al proceso recién en la etapa final de la sentencia. El tema es que con la retardación de justicia para casos realmente graves que se dan en el país, tenemos a fiscales y jueces que en este asunto están actuando “de oficio”, al parecer con el único propósito de ganar méritos ante el gobierno, aunque para ello tengan que arruinar la vida de una persona y su familia.
Si es cierto que Bolivia está cambiando, lo haciendo para mal y en lugar de avanzar, retrocedemos y así lo demuestra el servilismo al poder de algunos miembros de los órganos de justicia. Es de esperar que en el equipo de abogados del despacho presidencial exista al menos un profesional sensato que aconseje al presidente que estas actitudes de señor feudal no corresponden a un primer mandatario de un Estado democrático.
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Legislar para retroceder
Un sinnúmero de leyes “estructurales” están siendo preparadas a marcha forzada en la Vicepresidencia del estado que es de donde salen por lo general este tipo de engendros, paradójicamente con el respaldo económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Los “levantamanos” del MAS siempre prestos a aprobar cualquier cosa que ordenen los “jefazos”
La más importante, si es que el término cabe, es la llamada ley educativa “Avelino Siñani- Elizardo Pérez” que contiene aspectos que pueden ser calificados como preocupantes. Entre otros aspectos se echa por la borda siglos de acumulación de conocimiento hasta conformar lo que se llama la cultura occidental para reemplazarla por una ficticia creación denominada “cultura indígena originaria” cuyas raíces y origen resultan muy discutibles. Con el rótulo de “descolonización” se pretende instaurar un sistema “educativo” que como ocurrió en la Camboya de los Khmer Rouge, nos devuelva a una época en la que como el incario, no se conocía ni la rueda ni la escritura.