Caso Vías Bolivia. William Luna fue interrogado y quedó en libertad. Es encargado de personal de Régimen Penitenciario. Sospechan que ingresó el arma con la que acribillaron al reo. Suspendieron al Gobernador y a un jefe del penal de Chonchocoro. El Defensor teme que busquen silenciar el caso Olorio. El arma que utilizaron para matar a Junco es una pistola 9 mm.
Fallecido: Carlos Alberto Junco, en el Comando de la Policía en junio de 2009
La Prensa
Acusan a un funcionario oficial de meter arma homicida a penal
William Luna, funcionario de la Dirección General de Régimen Interior, fue sindicado de haber introducido el arma con la que, el miércoles, fue asesinado Carlos Alberto Junco Cáceres, pero la Fiscalía de El Alto lo dejó en libertad.
El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Arturo Ramírez, informó ayer que Luna “era el posible sindicado de introducir el arma. En sus declaraciones, él manifestó que mostró un arma casi similar, pero que era de fogueo, de juguete. Entonces, se presenta un caso que no tiene credibilidad”.
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Pese a las sospechas, después de ser interrogado, Luna quedó en libertad y el director general de Régimen Peniteciario, José Rodríguez, explicó que “hubo una confusión y no se encontró indicios de responsabilidad” sobre Luna, encargado de personal.
Por ello, el caso continúa bajo investigación del Ministerio Público.
El arma homicida es de calibre nueve milímetros, del tipo que emplean los efectivos policiales, pero el comandante departamental de la institución del orden, coronel Félix Segales, dijo ayer: “Me voy a limitar a decir que es un arma de fuego y que las instancias correspondientes de la FELCC deben hacer una valoración técnica de los casquillos y de los orificios de entrada. Así se conocerá el calibre y las características de las balas empleadas en este crimen”.
La red Uno de televisión expuso anoche el arma envuelta en una bolsa de nailon transparente. Es una pistola Taurus automática de nueve milímetros.
De los diez disparos, cuatro impactaron en el cuerpo de Junco. Tres en los miembros y uno en la región torácica, que fue el que causó su deceso.
El fiscal Daniel Aguilar informó que “fatal fue el cuarto tiro, que llegó al hígado, la bala siguió su recorrido, llegó hasta la columna y salió por la región escapular”, vale decir, cerca del hombro derecho de la víctima. Ese proyectil le causó el estallido del hígado.
La causa del deceso quedó establecida como anemia aguda y choque hipovolémico a causa de la hemorragia.
Entretanto, Elba Calisaya y Beatriz Segales, viuda y abogada del asesinado, respectivamente, exigieron ayer a la Policía garantías para sus vidas y las de sus familiares, pues recibieron amenazas.
Elba Calisaya dijo: “La Policía debía resguardar a mi esposo. Cómo pudieron saber otros internos que él iba a regresar de una audiencia a esa hora. Esa información sólo era conocida por los policías y nadie más. Quiero que investiguen eso, nada más”.
Junco fue llevado por la mañana a la Corte de Justicia de La Paz, donde debía asistir a una audiencia preparatoria del juicio por el atraco a una remesa transportada por la empresa Brinks a El Alto en mayo de 2009.
La ausencia de un fiscal impidió que ese acto judicial se llevara adelante y se suspendió, por lo que Junco fue llevado de regreso al penal, en cuyo ingreso fue asesinado con cuatro tiros.
La abogada Segales anunció ayer que presentará una querella criminal contra quienes resulten ser culpables, cómplices y encubridores del crimen.
Hasta el momento, el principal sospechoso del hecho es el reo Ángel Fernando Mantilla Apaza, condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por la violación y asesinato de una joven en Trinidad cuando el condenado cumplía su servicio militar, en 2004.
Mantilla Apaza fue señalado por otros reos como participante en otros hechos de violencia ocurridos en el interior del penal de máxima seguridad.
El Defensor teme por el caso Olorio
“No quisiéramos pensar que se trata de un hecho tramado para silenciar el caso Olorio”. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó ayer su “pronfunda preocupación” por el asesinato de Carlos Alberto Junco Cáceres.
“Es un hecho que nos llama poderosamente la atención. Conocemos que este hecho se produjo a raíz de las denuncias incluidas en el Informe Defensorial en torno a la penosa muerte de David Olorio. El victimado era una de las personas que tenían información importante sobre ese caso”.
El Defensor lamentó la manera en que actuaron los participantes en ese hecho, que “no está dentro de la normativa penitenciaria y, por otra parte, resulta evidente que fueron vulnerados los derechos de este ciudadano, más allá de que sea o no extranjero. Estamos hablando de una persona, de un ser humano”.
Las investigaciones del hecho llevadas adelante por el Defensor le permitieron confirmar que Junco murió cuando se encontraba en la caseta de revisión acompañado por los escoltas que lo llevaron a la Corte de Justicia para que asistiera a una audiencia.
“El fallecido, pese a ser en vida una persona que tuvo antecedentes delictivos —ése es otro tema—, fue tratado en una forma muy grave, para decir lo menos”.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá en alerta y pendiente del desarrollo de los acontecimientos posteriores a este caso.
La investigación se complica
La investigación por la muerte de David Olorio Apaza se complica después del asesinato de Carlos Alberto Junco Cáceres, admitió ayer uno de los fiscales de El Alto.
El representante del Ministerio Público aseguró que la muerte del peruano complica su trabajo, por lo que las indagaciones deberán orientarse exclusivamente sobre los implicados en la tortura y muerte de Olorio.
En la actualidad, el coronel Israel Vega, el teniente Omar Antezana y los cabos Luis Fernando Aquino y Juan de la Cruz Cerón guardan detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras el Ministerio Público analiza la posibilidad de imputar por este caso al cabo Jesús Moscoso, quien participó en el interrogatorio en el que Olorio fue torturado y asfixiado.
Otros efectivos de la institución del orden también serán convocados para prestar sus declaraciones, aunque el fiscal mencionado se abstuvo de revelar sus identidades, a fin de evitar que entorpezcan las investigaciones que se llevan adelante.
Llorenti ordena indagar muertes
Ayer en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se preguntó quién dio la orden de asesinar a los dos presuntos protagonistas del atraco al peaje de la autopista David Olorio y Carlos Alberto Junco.
El Ministro no escondió su extrañeza por este hecho y ordenó que se lleve a cabo una minuciosa investigación de ambos hechos hasta lograr su esclarecimiento total y reiteró el compromiso de su despacho para colaborar con las indagaciones de este caso.
“Llama la atención” que estas personas, dijo, hubieran muerto en situaciones tan particulares.
El Defensor teme por el caso Olorio
“No quisiéramos pensar que se trata de un hecho tramado para silenciar el caso Olorio”. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó ayer su “pronfunda preocupación” por el asesinato de Carlos Alberto Junco Cáceres.
“Es un hecho que nos llama poderosamente la atención. Conocemos que este hecho se produjo a raíz de las denuncias incluidas en el Informe Defensorial en torno a la penosa muerte de David Olorio. El victimado era una de las personas que tenían información importante sobre ese caso”.
El Defensor lamentó la manera en que actuaron los participantes en ese hecho, que “no está dentro de la normativa penitenciaria y, por otra parte, resulta evidente que fueron vulnerados los derechos de este ciudadano, más allá de que sea o no extranjero. Estamos hablando de una persona, de un ser humano”.
Las investigaciones del hecho llevadas adelante por el Defensor le permitieron confirmar que Junco murió cuando se encontraba en la caseta de revisión acompañado por los escoltas que lo llevaron a la Corte de Justicia para que asistiera a una audiencia.
“El fallecido, pese a ser en vida una persona que tuvo antecedentes delictivos —ése es otro tema—, fue tratado en una forma muy grave, para decir lo menos”.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá en alerta y pendiente del desarrollo de los acontecimientos posteriores a este caso.
El presunto asesino
Ángel Fernando Mantilla cumple desde 2004 una condena de 30 años sin derecho a indulto por violación y asesinato.
Este reo está sindicado de haber asesinado a Carlos Alberto Junco. Una nueva condena no le sumará tiempo a su reclusión.
En 2004 cumplía su servicio militar. El 25 de julio salió de franco, concurrió a un prostíbulo y gastó todo su dinero.
Exigió a una joven dinero para pagar el alquiler de una moto. Ella se negó, por lo que la violó y asesinó esa misma noche.
Suspenden al Gobernador y a un jefe de Chonchocoro por el deceso de Junco
Junco. El arma que utilizaron para matarlo es una pistola 9 mm
Movimiento. Dos funcionarios que trabajaron en la autopsia de Junco, en inmediaciones de la morgue judicial.
La Razón
El Ministerio de Gobierno suspendió ayer al Gobernador y al Jefe de Seguridad del penal de Chonchocoro, tras el asesinato de Carlos Alberto Junco C., quien decía poseer información clave sobre los autores intelectuales del atraco a Vías Bolivia y la muerte de David Olorio.
"En calidad de Ministro de Gobierno he dado la instrucción que, de manera inmediata, se repliegue al teniente coronel Hernán Ramírez Méndez, director del centro penitenciario, y al mayor Ramiro Sardón Prieto, jefe de seguridad del penal, con el fin de que sean sometidos a un proceso (para) determinar el nivel de responsabilidad en el hecho", informó Sacha Llorenti.
Ambos oficiales, justificó, son responsables del control del penal de máxima seguridad. Dijo que el asesinato de Junco llama la atención porque es el segundo sospechoso del robo a Vías Bolivia que muere en circunstancias extrañas.
El estudio policial de la Policía Técnica Científica, que depende de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), estableció que el arma con la que el preso peruano fue acribillado es una pistola calibre 9 milímetros, de uso reglamentario en la Policía.
Junco había amenazado con revelar la participación de policías de alto rango en la estructura de la banda delictiva que perpetró el atraco a Vías Bolivia, cuyo principal sospechoso, David Olorio, murió violentamente en una oficina de la FELCC de El Alto.
La autopsia determinó que el preso peruano murió por anemia aguda y un shock hipobolémico luego de haber recibido cuatro impactos de bala, tres en las rodillas y la cuarta en el tórax, que le perforó el hígado y los pulmones. El asesino de Junco fue identificado por el fiscal Daniel Aguilar como Ángel M., presunto autor de otros tres asesinatos en Chonchocoro: el de César Llusco, Alberto Avaroa, alias el Petas; y Félix Flores, quien disparó 10 tiros.
El lugar donde se produjo el crimen fue en un ambiente donde realizan requisas a los reos que llegan de audiencias o de otras actuaciones judiciales. El hecho se produjo el miércoles cerca del mediodía cuando Junco regresaba de una audiencia.
Su abogada, Beatriz Segales, contó que dos días antes le pidió que lo contactara con el fiscal Isabelino Gómez porque quería darle información sobre el atraco a Vías Bolivia y sobre la muerte de David Olorio.
“Yo me comuniqué con el fiscal, pero él estaba en Santa Cruz y me dijo que al llegar acordaríamos”, contó Segales a La Razón. Consultado al respecto, Gómez señaló que no podía decir nada hasta no conocer un informe del fiscal Aguilar; sin embargo, explicó que en la investigación del caso Olorio, supo que Junco participó en el atraco a Vías Bolivia.
Segales visitó la tarde de ayer el lugar donde mataron a Junco. “Es un pequeño cuarto donde no tienen acceso los reclusos que están al interior. Sin embargo, cuando mi cliente llegó después de la audiencia, los policías que requisan no estaban, sus custodios lo dejaron solo y después llegó Ángel M. y lo acribilló”, denunció.
La abogada contó que el año pasado, cuando su cliente cumplía una condena por robo agravado, recibió amenazas de policías y también era extorsionado por los uniformados.
“Antes me avisó que policías lo amenazaban constantemente. Esta vez no me dijo nada sobre eso, pero algo raro tuvo que pasar para que lo maten a sangre fría dentro del penal, que se supone es de máxima seguridad. Él sabía que algo así le iba a pasar, por eso me pidió que cuanto antes le contacte con el fiscal”, señaló.
Actualmente hay cuatro policías que guardan detención preventiva por la muerte de David Olorio y otros tres que son investigados. Según la indagación, que aún está en curso, los uniformados involucrados mataron al sospechoso por móviles de dinero y de armas. El cuerpo de Junco será repatriado hoy a Perú, su país natal, para ser enterrado. Sus padres e hijos lo esperan.
La Carrera delictiva de Junco
-Carlos Alberto Junco Cáceres fue enviado a Chonchocoro hace 15 días en el marco de la Ley 007 que dispone que se debe recluir en penales de máxima seguridad a delincuentes de alta peligrosidad.
-Junco fue aprehendido en agosto tras ser identificado como el autor del asesinato a Angélica Morales Salinas, durante un robo agravado.
-En julio, fue detenido por un atraco a una casa de cambios en el edificio Niño Rafael, en la zona de Villa Fátima.
-La Policía lo identificó como el autor del atraco a mano armada al vehículo de la empresa Brinks que transportaba una remesa para el pago de rentas de los jubilados del magisterio, en El Alto, el 2008.
-La Fiscalía lo identificó como el autor del ataque con una granada de guerra el 14 de marzo de este año en Chonchocoro, que dejó un interno herido.