Evo Morales acaba de confirmar la existencia de negociaciones secretas con Chile. “En el momento las negociaciones sobre la salida al mar no se negocian públicamente, no se negocian políticamente ni partidariamente”, dijo el presidente, por si a alguien le quedaban dudas sobre el avance de una agenda diplomática que su gobierno maneja de manera hermética. Grave constatación, por cierto, ya que los intereses bolivianos están siendo manejados (¿manipulados?, ¿entregados?) a espaldas del país, cuando lo correcto sería construir una política exterior de Estado en materia marítima, sobre la base de un gran consenso nacional. Mucho nos tememos que lo que está a punto de pactarse -y que tendrá al acto del 27 de noviembre para inaugurar el corredor bioceánico como evento mediático inicial- sea simplemente una reedición del fatídico tratado de 1904, en el cual la élite gobernante de La Paz consolidó la posesión chilena del Litoral a cambio de un libre tránsito ferroviario funcional a sus intereses económicos. Ahora, bajo la figura de “acceso marítimo” se procura enmascarar otra fórmula de libre tránsito sin soberanía, que además el propio Chile necesita para llegar hasta la Amazonía y el Atlántico a través del corredor bioceánico. En esta ocasión, los intereses económicos son los de una burocracia rentista asociada a grupos de “empresarios amigos” en torno a un proyecto de exportación trasandina de gas natural…
Llegó la Evoinflación
Desde el gobierno se echa mano a los argumentos más diversos para tratar de explicar la subida de precios, culpando a veces a los empresarios, al capitalismo internacional, al cambio climático, a los gobiernos municipales y hasta a Todos Santos. Pero el creciente descontrol inflacionario en Bolivia no es casualidad, sino una constante que se repite en todos los países que adoptan políticas estatistas similares. Lo cierto es que el crecimiento discrecional de la intervención estatal en la economía siempre acaba por distorsionar el mercado, generando subida de precios y desabastecimiento. En el caso boliviano, economistas independientes estiman que la inflación acumulada en los precios de productos alimentarios ya es del 8% y que puede llegar al 10% hasta fin de año. Y no será con distribución pública de productos básicos ni con supuestas “políticas de precio justo” que se revertirá la situación, sino todo lo contrario.