Estudio: La Fundación Unir-Bolivia señala que en el mes de estudio se llevaron a cabo 105 conflictos, 14 más que en agosto. Gobierno y ediles, los más interpelados. El occidente es más conflictivo. Encuesta de IPSOS muestra mal manejo de movilizaciones de parte del gobierno.
La Prensa
Un informe elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación Unir-Bolivia revela que en septiembre de este año hubo 105 conflictos sociales, lo que arroja un promedio de 3,5 por día. Este reporte estadístico da cuenta de que hubo 14 movilizaciones más que en el mes precedente.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, aseguró que ninguna sociedad está exenta de problemas de este tipo, pero puntualizó que “lo que existe es una utilización de cualquier hecho con finalidad política”.
El estudio fue levantado mediante la revisión de las noticias de los periódicos La Prensa, El Alteño, El Deber, Los Tiempos, Opinión, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni, La Razón y La Patria; además de las radios Fides y Erbol.
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El primer y más violento conflicto de septiembre enfrentó a las cooperativas mineras de Porvenir y San Pablo, por un lado, con la cooperativa 16 de Marzo, por otro; todas ubicadas en el límite entre Oruro y Cochabamba. La disputa por parajes de trabajo generó al menos tres choques, que dejaron varios heridos.
El segundo fue el pedido hecho por vecinos alteños para la reversión de cuatro hectáreas ocupadas por Aldeas Infantiles SOS en la zona Bautista Saavedra; y el tercero más destacado tuvo que ver con el rechazo de algunos sectores periodísticos a los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo, porque son una amenaza a las libertades de prensa y de expresión.
De acuerdo con la tipología de los conflictos, en mayor proporción se presentaron los referidos a la situación económica, con el 29 por ciento; seguidos por los de gestión administrativa, con 16 por ciento, y en tercero, asuntos laborales, con 14 por ciento (ver infografía). Pero el 78 por ciento de la conflictividad se generó en contra del Gobierno y las alcaldías.
Según el viceministro Navarro, cuando se produce el incremento de precios de productos de primera necesidad, como ocurre actualmente, se generan reacciones naturales “porque las personas ven que sus recursos económicos no cubren lo que antes cubrían. Es un hecho real y no se puede negar”. Ante ello, dijo que el Gobierno da respuestas coyunturales y proyectos a largo plazo.
Explicó que en ese caso existen tres factores conflictivos: el externo, por el que produce el contrabando; el interno, que provoca la especulación, y el mediático.
Gobierno y ediles, los más interpelados
En septiembre, el Gobierno y los municipios concentraron el 78 por ciento de la conflictividad en el país, mientras que el sector vecinal fue el que más demandas generó de los 105 conflictos, de acuerdo con el estudio efectuado por la Fundación Unir-Bolivia.
El Órgano Ejecutivo fue interpelado en el 32 por ciento de los casos, aunque se registra una leve disminución del 3 por ciento en relación con el mes de agosto; luego están los gobiernos municipales con el 21 por ciento y las administraciones departamentales con el 9 por ciento. A estos casos se suman demandas de los ámbitos educativo, del transporte, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los concejos municipales, de la Policía y otros.
Los sectores vecinal/comunal y educativo son los principales demandantes: el primero con el 20 por ciento y el segundo con el 19 por ciento; el rubro del transporte registró el 11 por ciento de los conflictos, de acuerdo con los datos del estudio de la fundación.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, afirmó que el Órgano Ejecutivo respondió a los problemas con propuestas y respuestas; no obstante, dijo que algunos conflictos son forzados, “lo que hacen es utilizar una reivindicación con intereses políticos de grupo o de aspiraciones propias de los liderazgos”.
Encuesta de IPSOS muestra mal manejo de movilizaciones
Una encuesta muestra que la percepción de la ciudadanía es que los conflictos sociales van en aumento y el Gobierno no los atiende de manera adecuada. El estudio levantado en octubre por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado concluye en que el 88 por ciento de los entrevistados en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz califica de regular o malo el tratamiento que el Ejecutivo da a estas movilizaciones.
El 57 por ciento manifiesta que hay un manejo regular de estos eventos y un 31 por ciento dice que la resolución de éstos es mala. Apenas un 10 por ciento aplaude y un 2 por ciento no se pronuncia.
Los encuestados de La Paz son los que mejor calificación dieron al Órgano Ejecutivo en este renglón. El 21 por ciento aprobó la forma en la que se enfrentan los problemas sociales. Ese porcentaje cayó al 8 por ciento en la ciudad de El Alto, considerada un bastión del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS); al 10 por ciento en Cochabamba y al 6 por ciento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El 44 por ciento de los entrevistados cree que actualmente hay más conflictos sociales que hace 12 meses, un 33 por ciento apunta que esta cantidad se mantuvo constante durante ese periodo y solamente 21 por ciento opina que estas movilizaciones disminuyeron.
Cuando se preguntó a los ciudadanos su percepción sobre la tendencia de la conflictividad social en los próximos 12 meses, el 45 por ciento se inclinó por decir que este índice se mantendrá igual que en octubre, el 37 por ciento apuntó que éste crecerá y el 13 por ciento indicó que ese nivel se reducirá.
En los dos últimos casos, el 2 por ciento de los entrevistados se abstuvo de emitir una opinión, según la empresa Ipsos Apoyo.
El occidente es más conflictivo
Dos departamentos del occidente del país, La Paz y Oruro, concentraron la mayor cantidad de conflictos en septiembre. El primero fue escenario de 28 movilizaciones, la mayor parte realizada en El Alto, y el segundo, de 15.
El informe de Unir pone cerca de Oruro a Santa Cruz, que registró 14 conflictos, mientras que Beni y Pando tuvieron 11. Chuquisaca vivió nueve; Potosí, siete; cinco tuvieron alcance nacional; Tarija, cuatro, y uno tuvo lugar en más de un departamento.
Opinión
“Uno advierte que hay un incremento de la conflictividad en relación con meses anteriores, incluso a años anteriores. Lo que llama la atención de estos conflictos es que, a pesar de su incremento, el clima de estabilidad de la sociedad boliviana no es malo y el funcionamiento del aparato estatal no se paraliza. La conflictividad o los conflictos que emergen tampoco llegan a generar un estado de tensión social colectiva. Una explicación es que existen en la sociedad boliviana demandas insatisfechas, expectativas de progreso, desarrollo y bienestar que ha generado el propio Gobierno, con la idea del vivir bien y de que los indicadores macroeconómicos son buenos. Nunca como ahora, en este Gobierno se han hecho grandes inversiones, esto genera expectativas, pero estas expectativas no se hacen realidad, más bien lo que se está sintiendo es un incremento de precios sin una atención adecuada. De aquí en adelante, los conflictos van a seguir apareciendo porque las demandas siguen, porque seguimos siendo una sociedad pobre, con grandes limitaciones. Necesitamos buenas viviendas, servicios de salud, caminos y otros”.
Carlos Cordero / Analista