Norma: Aprobaron una ley departamental que establece que el Gobernador sólo puede ser suspendido si tiene sentencia.
Sesión: la Asamblea cruceña, durante una jornada de trabajo
La Prensa
La mayoría de los asambleístas departamentales de Santa Cruz pueden ser procesados por desacato, por haber aprobado la Ley de Suspensión de Autoridades, que contradice a la Ley Marco de Autonomías nacional, según explicó el ministro de Autonomías, Carlos Romero.
El 3 de diciembre, la Asamblea cruceña aprobó la norma que prevé que las autoridades o representantes cruceños no pueden ser suspendidos ante una acusación formal de parte de la Fiscalía, como prevé la norma nacional, sino sólo cuando el juicio en su contra termine con el dictamen de una sentencia condenatoria y ejecutoria privativa de libertad y mayor a tres años, por comisión de delitos dolosos.
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Según el Ministro, en una entrevista realizada ayer por la radio gubernamental Patria Nueva, la norma aprobada en Santa Cruz “está viciada de nulidad porque violenta la jerarquía del ordenamiento jurídico, invade competencias que corresponden al nivel central del Estado y, en ese sentido, implica no sólo una vulneración del ordenamiento jurídico, sino una suerte de desacato a la Constitución Política del Estado y del orden jurídico establecido en el país”.
Esta situación, continuó, puede dar lugar a procesos posteriores, empezando por la declaración formal de la nulidad de esa norma, para que sea expulsada del ordenamiento jurídico. “El otro camino es que habrá que valorar si esta actuación ilegal de la mayoría oficialista de la Asamblea Departamental de Santa Cruz podría ser objeto de un proceso jurisdiccional, porque hay un desacato al ordenamiento jurídico”.
Aunque también consideró la posibilidad de que se pueda formular una ley de compatibilización o un procedimiento de armonización, que se realiza cuando dos normas se contradicen, para reestablecer la coherencia del ordenamiento jurídico.
El Ministro dijo que la actitud de los parlamentarios cruceños también podría interpretarse como una suplantación de atribuciones, y que en estos casos, cuando se aprueba una ley, “aún a sabiendas que está contradiciendo a la Constitución y a una norma jerárquicamente superior, es porque hay una decisión política de por medio”.
Opinó que la aprobación del documento se puede traducir en una intencionalidad de protección de determinados grupos, ya que algunos procesos judiciales podrían involucrar al Gobernador y a otras autoridades del gobierno departamental de Santa Cruz, incluidos algunos asambleístas.
La Ley de Suspensión de Autoridades fue aprobada sin la presencia de los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) ni los representantes indígenas, los que horas antes habían solicitado la suspensión del debate debido a que este tema ya estaba establecido en una norma nacional.
Según esta ley, las autoridades departamentales (Gobernador y asambleístas) no pueden ser suspendidas hasta no tener la sentencia.
Romero explicó que, en el caso de la Ley de Autonomías, se precautela que la autoridad acusada no goce de privilegios “que puedan distorsionar la prosecución del proceso judicial (…), ejercitar presión política, manipular medios, recursos de la entidad que se encuentran a su cargo, para distorsionar una prosecución transparente del proceso judicial”, por lo que debe ser suspendida.
La Ley Marco de Autonomías fue promulgada por el presidente Evo Morales el 19 de julio. Sin embargo, según Romero, el contenido específico sobre la suspensión de autoridades, por simple acusación fiscal, fue tomada de una norma anterior, refiriéndose a la Ley de Municipalidades, que en el artículo 48 señala que “el Alcalde Municipal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones y las de concejal, por existir en su contra auto de procesamiento ejecutoriado. La suspensión persistirá durante toda la substanciación del proceso para asumir su defensa (…)”.
En el marco de esta ley y de Autonomías, varios alcaldes fueron suspendidos de su cargo, como el edil Héctor Cartagena Chacón, de Quillacollo, acusado de incumplimiento de deberes; el de Punata, Víctor Balderrama Arias, acusado por incumplimiento de deberes y daño económico; Jaime Barrón, ex alcalde de Sucre, por supuesto racismo y discriminación contra campesinos; el de Buenavista (provincia Ichilo), Bladimir Chávez, investigado por supuesto acarreo de votantes durante las elecciones municipales, y el de Potosí, René Joaquino, por incumplimiento de deberes y daño económico, entre otras autoridades.
Para Romero, la aprobación de la Ley de Suspensión de Autoridades demuestra la decisión de la Asamblea Departamental que se opone a aplicar la Ley Marco de Autonomías y una desnaturalización del proceso autonómico. “El proceso autonómico no significa que allá donde se haya reconocido la autonomía se haya declarado un territorio libre y exista discrecionalidad de las autoridades para que puedan decidir lo más conveniente”.
Los procesos contra dirigentes
La aprobación de la Ley de Suspensión de Autoridades por parte de la Asamblea Departamental de Santa Cruz se realizó en el marco de varios procesos que existen en contra de algunas autoridades y dirigentes de ese departamento, como el asambleísta del partido Verdes Jorge Santiesteban, al que se sentenció esta semana a tres años de reclusión por la toma de algunas instituciones estatales en 2008.
El gobernador del departamento, Rubén Costas, dijo el sábado que en este caso se trató de una muestra más de la supuesta persecución política que existe en el país, dirigida contra todos los miembros de la oposición. “Considero esto un abuso, una iniquidad y un atropello contra las personas, hoy fue Jorge, mañana va a ser Desireé, ayer fue Vladimir, pasado mañana va a ser otro Alcalde o autoridad de oposición”.
Costas dijo que también se estaría finalizando un proceso judicial en su contra con el fin de separarlo de su cargo, en el marco de lo establecido por la Ley Marco de Autonomías, que establece que a simple acusación del Ministerio Público, cualquier autoridad debe ser suspendida de su cargo.
“Sé que ya han dicho que tienen como plan y como estrategia acelerar todos los procesos judiciales. En mi caso, ponerlo ya prácticamente para dar el puntapié final, porque lo que deben estar pensando es decir de una vez: Rubén Costas puede ser el último bastión de la oposición que puede haber en Santa Cruz”.
Para destacar
La norma cruceña fue aprobada a las 02.00 del 3 de diciembre, sin la presencia del bloque del MAS.
Con ella, el Gobernador y los asambleístas se salvarán de ser suspendidos de sus funciones si son acusados por un fiscal.
Sólo dejarán sus cargos si un juez dicta contra ellos una sentencia, ya sea condenatoria o ejecutoriada.
Para el MAS, esta actitud es un desacato a las normas nacionales vigentes, incluida la Constitución Política del Estado.
También se pude interpretar como una suplantación de atribuciones y una vulneración al ordenamiento jurídico.
La norma cruceña al parecer está viciada de nulidad y uno de los pasos sería anunciar formalmente esta situación.
Pero además se podría iniciar proceso contra los asambleístas opositores al Gobierno por desacato.