Un cable enviado por diplomáticos estadounidenses revela las presiones del Gobierno de Morales contra los medios opositores para controlar su línea editorial a través de la publicidad, el cobro de deudas tributarias o su compra con dinero venezolano. También que las empresas nacionalizadas financiaron la imagen de Evo. El presidente volvió a agredir a periodistas y a los ciudadanos que firmaron libros en defensa de la libertad de expresión. También atacó a la Iglesia Católica burlándose de monseñor Solari.
Protestas. Periodistas marchan contra la ley antirracismo que restringe libertades para los medios
La Prensa
Un cable enviado por diplomáticos estadounidenses, en diciembre de 2008, revela las presiones del Gobierno del líder cocalero contra los medios opositores para controlar su línea editorial a través de la publicidad, el cobro de deudas tributarias o su compra con dinero venezolano.
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El presidente Evo Morales presionó a los medios opositores mediante el cobro de impuestos, la compra de espacios publicitarios y tratando de comprar aquellos que se caracterizaron por la crítica al Gobierno, según revelan comunicaciones confidenciales de la Embajada de Estados Unidos en La Paz fechadas en diciembre de 2008.
El cable 184347, difundido por el periódico español El País, deja al descubierto la política del líder de los cocaleros y del Movimiento Al Socialismo (MAS), apoyada por el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, para disminuir el vigor de los medios a los que considera opositores a su corriente de izquierda.
La copia del documento confidencial, filtrada por el portal WikiLeaks, transmitida en su versión original en inglés y en una traducción libre, corresponde al 22 de diciembre de 2008, el año en que se libró una batalla entre el occidente favorable al Presidente indígena y el oriente, donde se asentaba la oposición conservadora conformada por terratenientes, empresarios y exportadores.
“A través de asaltos (arremetidas) verbales y financieras, el Gobierno boliviano está tratando de manipular la forma de presentar las noticias en este país”, señala el documento clasificado por la consejera Denise Urs.
Entre las tácticas empleadas se cita el cobro de adeudos impositivos, la inversión de sumas elevadas en publicidad “para influir en las líneas editoriales y así crear una cortina de humo sobre la realidad”.
Se menciona el caso del cobro al periódico local La Razón de una factura por impuestos de “casi cinco millones de dólares, por no haber pagado durante 2006”.
“Altos ejecutivos de La Razón especularon a oficiales de la sección de Relaciones Públicas que esta factura sería un intento de intimidar al matutino a moverse de su tradicional postura editorial antigubernamental. La deuda impositiva también reduciría el valor de la empresa para que pudiera ser vendida a un menor precio”.
El periódico, creado en 1990, posteriormente cambió de propietario. En octubre reciente, los trabajadores del medio cumplieron una huelga porque cuestionaron la nueva línea editorial ahora favorable a la aplicación de la Ley contra el Racismo, una norma resistida por los defensores de las libertades de expresión y de prensa. “Con sólo una excepción, la red televisiva antigubernamental Unitel, todos los medios grandes de Bolivia aceptan publicidad pagada directamente del Gobierno, incluyendo spots que catalogan a los medios como mentirosos y sugieren que los bolivianos no deberían creer lo que leen, ven y escuchan de los medios”, agrega el cable diplomático.
La comunicación hace referencia a la negociación de empresarios venezolanos para la compra de la red televisiva ATB, como también de numerosos periódicos que están con problemas financieros.
“Inversores venezolanos están tratando de comprar varios medios, incluyendo el segundo matutino de La Paz, La Prensa, pero aún no hay evidencia de que esta venta se haya realizado”, afirma el cable filtrado de la Embajada de Estados Unidos asentada en La Paz. Destaca la donación de nueve millones de dólares para el canal estatal y la presencia de “expertos de Venezuela” para asesorar al presidente Morales.
Las nacionalizadas financiaron la imagen de Evo
“La nacionalización de ciertas compañías también ayudó al Gobierno a mover su agenda hacia los medios. El 1 de mayo (2008), el presidente Evo Morales nacionalizó la gigante de las comunicaciones Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), una de las empresas que invierten en publicidad en el país. El Gobierno también ha sido acusado de usar enormes presupuestos publicitarios de las empresas que nacionalizó, incluyendo Entel, para premiar a los medios que publican artículos pro gubernamentales y castigar a los que no lo hacen”.
El texto corresponde a un cable enviado desde la ciudad de La Paz por la Embajada de Estados Unidos al Departamento de Estado en Washington, y describe algunos métodos usados por el Gobierno de Morales para disminuir la fuerza de los medios de información que cuestionaron las políticas del mandato de izquierda.
El informe diplomático pregunta: ¿Quién es el dueño de los medios (de comunicación)?, y responde con algunas aproximaciones. “Aunque la mayoría de los medios en Bolivia son de dueños privados, es difícil determinar quiénes son los propietarios. No hay registros públicos que prueben la propiedad, y compañías o individuos que tienen participaciones mayoritarias pueden vender sin un registro público que los rastree. Hay rumores frecuentes de la venta de medios, pero pruebas de ellas son cero y los rumores rápidamente se desvanecen”, anota el cable confidencial.
Atribuye al “dinero venezolano” la construcción de una red de medios técnicamente más fuerte a favor del Gobierno “y populista en las ciudades más importantes de Bolivia, llamada Radio y Televisión Popular”, aunque señala que hay quienes le restan crédito.
En guerra con periodistas
El presidente Evo Morales acusó ayer a algunos periodistas y medios de comunicación de haber “engañado y mentido al pueblo”, y aseguró que no se recabaron 800.000 firmas para impulsar una iniciativa ciudadana para derogar el artículo 16 y revisar el 23 de la Ley Contra el Racismo.
“Estoy seguro que no son los periodistas, son algunos periodistas que se taparon la boca han sido usados y engañados (…) Habían sido sólo 32.000 firmas, no un millón ni 800.000. Yo incluso podía decir que son 32.000 racistas, para mí, hay sólo 32.000 racistas nada más, porque estaban rechazando con las firmas la ley de lucha contra el racismo”, según informó la agencia de noticias ANF.
El Mandatario recordó que la iniciativa legislativa ciudadana instituida en la Constitución Política del Estado no sólo se la hace con firmas, sino que “todo ciudadano puede presentar un proyecto de ley”, pero que en este caso falta la reglamentación a través de una legislación.
Los nuevos “enemigos”
El presidente Evo Morales volvió ayer a señalar que la principal oposición a su Gobierno está representada por los medios de comunicación. No obstante, según analistas, construyó su poder y su influencia precisamente sobre la popularidad que le brindaron periodistas y medios.
Sus luchas dirigiendo a los cultivadores de hoja de coca y en contra del poder estadounidense sumergido en las políticas antinarcóticos lo encumbraron pronto entre los comunicadores, que hasta se convirtieron en asesores voluntarios de imagen, según ha confesado el Presidente en más de una oportunidad.
Pero su llegada al poder, con el respaldo del voto popular, cambió su orientación respecto de sus viejos amigos y de pronto comenzó a atacarlos con adjetivos como “pollos de granja” o “vuvuzelas”, por las preguntas, esta vez al gobernante. Morales es un convencido de que los periodistas están sometidos a las líneas editoriales de sus medios.
Evo agrede a Solari y a quienes firmaron libros
Llamó racistas a 32 mil ciudadanos que estamparon sus firmas. Del Arzobispo, dijo que oyó zancudos y no aviones
Foto izq: El secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, René Carvajal, muestra uno de los libros con las firmas ciudadanas, el martes. Apg Agencia
Los Tiempos – 4/12/2010
El presidente Evo Morales se burló ayer de quienes firmaron los libros que los periodistas pusieron a disposición de la población para impulsar una iniciativa legislativa ciudadana dirigida a modificar dos artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y también afirmó que el arzobispo de Cochabamba, monseñor Tito Solari, confundió avionetas con zancudos.
Secundando las declaraciones que un día antes hizo el vicepresidente Álvaro García Linera, el Primer Mandatario intentó desprestigiar la campaña de recolección de firmas que periodistas de todo el país llevaron adelante y afirmó que las 32 mil rúbricas que hicieron llegar a la Asamblea Legislativa provienen de “32 mil racistas porque estaban rechazando con las firmas la ley de lucha contra el racismo y la discriminación”.
Morales calificó a los periodistas que promovieron esa campaña como el “último reducto de la derecha de los neoliberales” y en la misma línea dijo que las denuncias que hizo el arzobispo de Cochabamba sobre la vinculación del narcotráfico con menores de edad “es una política del Departamento de Estado de Estados Unidos”.
¿Helicópteros o zancudos?
“Según información que escuché desde 2002 en todo Bolivia, (en) el caso de monseñor Solari, especificó y se enfocó sólo en la zona del trópico de Cochabamba y no sólo eso, lo que dijo es que en las noches había escuchado los vuelos de helicópteros y avionetas, y en Chapare por si acaso de noche no vuela ninguna avioneta, ningún helicóptero porque no hay pistas iluminadas… Seguramente escuchó algún zancudo que estaba volando: el zancudo vuela toda la noche”, se burló el Presidente.
El Presidente dijo que así como existen parlamentarios que atacan duramente con el tema de terrorismo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, “un padre de la Iglesia Católica, enfocando en niños y adolescentes a mi región, es una política del Departamento de Estado”.
Ley de Iniciativa
En tanto, el Vicepresidente anunció que el pasado 26 de noviembre, los diputados de la oposición Luis Gantier y Adrián Oliva remitieron al presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, el “proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana”.
La información fue proporcionada por el propio García Linera en una carta de fecha 3 de diciembre que envió a los representantes de la Asociación de Periodistas de La Paz, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras como respuesta a su solicitud de considerar una muestra representativa de las firmas de los ciudadanos para dar paso a la iniciativa legislativa ciudadana.
“¿Para qué están guardando?”
El primer mandatario cuestionó las razones por las cuales las instituciones colegiadas, empresarios y sindicales de la prensa no presentaron los libros con las 800 mil firmas al insinuar que esas firmas podrían ser utilizadas para crear un nuevo partido político.
“¿Para qué están guardando? Tal vez usaron al pueblo para después algunos, guardando esas firmas, van a aparecer con su partido. Si han levantado firmas para esta iniciativa ciudadana, deberían llevar todas las firmas”, sostuvo Morales.
Pese a las críticas expresadas por el Presidente y Vicepresidente sobre las 32 mil firmas, los representantes de las organizaciones periodísticas aclararon en varias oportunidades y reiteraron ayer que se entregó a la presidencia de la Asamblea Legislativa Ciudadana una muestra representativa de las firmas recolectadas en todo el país, en ocho libros con 32 mil firmas, ya que el resto (más de 130 libros) se quedó en la Asociación de Periodistas para salvaguardarlo de las amenazas que se habían recibido de asambleístas del oficialismo de que los documentos iban a ser quemados y destruidos.
Ya se presentó proyecto de ley de iniciativa ciudadana
En la carta enviada a los representantes de los periodistas, el Vicepresidente afirmó que es de rigor desarrollar el artículo 11 parágrafo II de la Constitución Política del Estado para entender a cabalidad el mandato normativo: “la democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por ley: Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo o la consulta previa. Las Asambleas y cabildos tendrán deliberativo conforme a ley”.
García Linera explica que existe en la Constitución una reserva legal expresa para el ejercicio de la democracia directa y participativa, cuál es su desarrollo legal. “Es decir que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe elaborar una ley específica que establezca los requisitos y procedimientos para hacer efectivo el instrumento democrático denominado ‘iniciativa legislativa ciudadana’, norma inexistente, por el momento, en nuestra economía jurídica”.
“La Asamblea Legislativa no puede dar tratamiento a ninguna iniciativa legislativa ciudadana entre tanto no se promulgue la norma específica. El hacerlo sería actuar al margen de la constitución”, explica el Vicepresidente, y agrega que la inscripción al sistema normativo de la ley específica garantizará el ejercicio efectivo de la iniciativa legislativa ciudadana.