Reforma de “artículos mordaza” es incierta. La cruzada por la libertad de expresión plasmada en varios libros por un millón de firmas de la población corre el riesgo de ser archivada por la Asamblea Legislativa dominada por el MAS. Analistas advierten que sería un grave error del Gobierno. Iniciativa legislativa ciudadana. La Asociación Nacional de la Prensa emitió un comunicado instando a la Asamblea Plurinacional a aprobar la “Ley de defensa de los derechos y libertades de expresión”.
Firma en uno de los libros de apoyo a la propuesta de los periodistas, en Cochabamba.
Los Tiempos, Anf
Medios esperan que traten firmas el próximo año
Iniciativa legislativa ciudadana. La Asociación Nacional de la Prensa emitió un comunicado instando a la Asamblea Plurinacional a aprobar la “Ley de defensa de los derechos y libertades de expresión”.
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Los representantes de medios que ayer exhortaron a los legisladores a aprobar la “Ley de defensa de los derechos y libertades de expresión, prensa e información”, tienen puesta su esperanza en que la Asamblea Legislativa Plurinacional considere esta propuesta el 2011.
El presidente de la empresarial Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Dipps, dijo que por la proximidad de fin de año y debido a que la Asamblea tiene en agenda otras leyes para tratar, es comprensible que la iniciativa legislativa ciudadana, que ha sido presentada el pasado martes al Vicepresidente Álvaro García Linera, con el respaldo de varios cientos de miles de firmas de la población, sea tratada recién el próximo año.
Dicha Ley fue planteada por organizaciones de periodistas y de medios de comunicación del país en el marco de la iniciativa legislativa ciudadana, reconocida en el texto constitucional como un mecanismo y un derecho de participación directa.
En tanto, en la Asamblea surgieron posiciones diferentes: la oposición apoya la iniciativa de los hombres y mujeres del periodismo, y los oficialistas consideran que se trata de una situación que no tiene efecto legal y que es extemporánea.
“Abrigamos la esperanza de que los Asambleístas puedan reconocer esta figura constitucionalmente reconocida, dijo el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa.
La exhortación de la ANP fue hecha en un comunicado que se hizo público ayer y que señala que la presentación de una “robusta y constitucional” iniciativa legislativa ciudadana implica la culminación de una etapa del periodismo boliviano en su lucha por la defensa de la libertad de expresión, conculcada por los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
“La iniciativa ciudadana presentada ante el presidente nato de la Asamblea Legislativa estuvo acompañada de cientos de miles de firmas de ciudadanos que desde todos los confines patrios apoyan la demanda de eliminación del artículo 16 y una nueva redacción del 23 de esa ley; de expresiones y cartas de apoyo recibidas de medio centenar de organizaciones periodísticas internacionales y de defensa de la libertad de expresión de todo el mundo”, agrega el comunicado.
Recordó la jornada del 7 de octubre en el país, en la cual la mayoría de los periódicos salieron con las primeras páginas en blanco –como jamás antes sucedió en la historia boliviana– con una sola frase: “No hay democracia sin libertad de expresión”.
“La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, recomendó al presidente Evo Morales que la legislación boliviana esté de acuerdo con las normas internacionales. A pesar de ello, primó el propósito de afectar al periodismo con una ley noble y necesaria para erradicar el racismo y la discriminación pero que restringe la libertad de expresión y está en contraposición con la Declaración Universal y los convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Bolivia”, indica.
Finalmente, el comunicado indica que la Asamblea Legislativa deberá, ahora, atender el proyecto de ley elaborado por el periodismo boliviano y le pide no ignorar esta demanda sólidamente respaldada con el apoyo popular.
Opiniones encontradas
La bancada de PPB-Convergencia Nacional emitió ayer un comunicado con el que apoya la iniciativa de los periodistas y critica la actitud del MAS que, según ese partido, “decidió desconocer las más de 700 mil firmas de ciudadanos” que demandan la modificación de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación en sus artículos 16 y 23 por ser lesivos a la libertad de expresión en Bolivia.
El senador oficialista por Cochabamba Adolfo Mendoza (MAS) dijo que los libros presentados en contra de dos artículos de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación corresponden a una “actuación extemporánea”.
El jefe de bancada de PPB-CN, Mauricio Muñoz, pidió al Gobierno que deje la soberbia y respete la opinión de cientos de miles de bolivianos que en esta oportunidad se han pronunciado a través de los libros de firmas que los comunicadores y periodistas instalaron en varias ciudades del país.
A su vez, el senador del mismo partido Roger Pinto aseguró que no existen posibilidades de modificación afirmando que desde hace tiempo el Órgano Legislativo perdió su capacidad legislativa. “Las leyes vienen escritas en piedra, vienen para que los legisladores levanten la mano y eso imposibilita cualquier oportunidad para enriquecer una ley”, dijo.
Propuesta de los periodistas
El abogado Carlos Alarcón, asesor legal de los periodistas, explicó que el proyecto de ley denominado de “defensa de los derechos y libertades de expresión, prensa e información” se respalda en el artículo 11 de la nueva Constitución Política del Estado, como un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en democracia, y los tratados internacionales de derechos humanos que otorgan al pueblo el derecho de tomar decisiones en el marco de la democracia directa y participativa.
El proyecto de ley que acompaña a los libros en los que se recolectaron las cientos de miles de firmas de los ciudadanos tiene dos artículos. El primero elimina el artículo 16 y el segundo modifica el artículo 23 estableciendo que los trabajadores de la prensa se sujetarán a procedimientos de la Ley de Imprenta de 1925 en aplicación del artículo 107 de la CPE.
MAS no escucha clamor del pueblo por libre expresión
Reforma de “artículos mordaza” es incierta
El Diario
La cruzada por la libertad de expresión plasmada en varios libros por miles de firmas de la población en todo el país corre el riesgo de ser archivada por la Asamblea Legislativa.
• Según dirigentes del oficialismo no hay reglamentación y la Iniciativa Ciudadana apoyada por miles de firmas sería tratada la próxima legislatura.
La Iniciativa Ciudadana que ingresó a la Asamblea Legislativa podría ser analizada recién durante la próxima gestión que comenzará el 22 de enero, según anunciaron dirigentes del oficialismo. En tanto, el periodista Mario Espinoza Osorio, expresó que el Gobierno debe escuchar el eco de miles de personas que apoyaron con su firma la lucha por la libertad de expresión.
El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, dijo el martes que en caso de ser una Iniciativa Ciudadana, no existe reglamentación en la Asamblea Legislativa y de plantearse un referéndum no se hizo la consulta respectiva ante el Tribunal Supremo Electoral, sobre la pregunta a ser debatida por la población; mientras, legisladores del MAS argumentaron que primero se deben aprobar las leyes pendientes de Deslinde Jurisdiccional, Trabajo y Educación, dejando luego un posible debate sobre la iniciativa presentada por la prensa independiente de Bolivia.
Analistas advierten que sería un grave error del Gobierno
MAS quiere omitir firmas del pueblo
• Las organizaciones de periodistas plantearon un proyecto de ley derogatorio al Artículo 16 de la norma antirracista, el cual señala lo siguiente: “Art. 1. (Derogatoria) Queda derogado el artículo 16 de la Ley 045/2010, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, promulgada el 8 de octubre del año 2010”.
La Iniciativa Ciudadana respaldada por las firmas de la ciudadanía que ingresó ayer a la Asamblea Legislativa podría ser dilatada hasta la próxima gestión legislativa, según anunciaron el vicepresidente Álvaro García y el senador Isaac Ávalos (MAS). La oposición manifestó que no existe voluntad política para atender un pedido legítimo de cientos de miles de bolivianos que defienden la libertad de expresión. En tanto, el periodista Mario Espinoza Osorio, expresó que es deber del Gobierno escuchar el eco de miles de personas.
Según Espinoza, que formó parte de la fundación del grupo de Periodistas Asociados de Televisión (PAT) junto a Carlos Mesa y Amalia Pando, explicó que el hecho de que cientos de miles de personas hayan expresado su criterio sobre la libertad de expresión en Bolivia es un dato fundamental que el Gobierno debiera atender, así como cuando tres mil ciudadanos marchan o bloquean por reivindicaciones de un sector.
“He leído alguna inscripción posiblemente de los ‘satucos’ o ‘ex satucos’ que decía un millón de firmas fascistas, si esto fuera así, el Gobierno debería empezar a preocuparse porque van a ser mayoría en algún momento.
“Que cientos de miles de personas digan algo en Bolivia es para escucharlas, es para que la gente del Poder Ejecutivo diga: en algo nos hemos equivocado. No puede ser que las movilizaciones sociales que llegan a 3 mil ó 4 mil personas tengan más eco que 800.000 personas, eso es preocupante”, dijo.
REGLAMENTACIÓN
Sobre el tema de la reglamentación, Espinoza explicó que se debe respetar la normativa jurídica nacional, pero esta postura del Gobierno debería ser asumida en todos los casos y leyes, no a conveniencia.
“Es interesante cómo el Poder Legislativo se empeña en cumplir la Ley, eso congratula, la norma es correcta, tiene que haber una reglamentación, pero cuántas leyes están aplicándose sin reglamentación. Lo malo es ser selectivo, cuando nos conviene usamos la ley; cuando no nos conviene la pasamos por alto. El propio Presidente ha expresado que “le mete nomás” y luego llama a los abogados para que lo solucionen”, recordó.
POSTURA OFICIALISTA
El vicepresidente del Estado, Álvaro García, dijo el martes que no se cumplieron los requisitos esenciales para la presentación de la Iniciativa Ciudadana ni para verificar un referéndum, como planteó en su momento la oposición.
Dijo que en caso de ser una Iniciativa Ciudadana, no existe reglamentación en la Asamblea Legislativa. De plantearse un referéndum no se hizo la consulta respectiva ante el Tribunal Supremo Electoral, sobre la pregunta a ser debatida por la población. “Hay que revisar los libros para dar una respuesta y esto sería en los siguientes días. La Asamblea debe hacer la reglamentación”, declaró.
En tanto, el senador Isaac Ávalos (MAS) explicó que primero se deben tratar los proyectos de ley “prioritarios” en la Asamblea Legislativa, como la culminación de la Ley de Pensiones y abordar luego las normas de Deslinde Jurisdiccional, Trabajo y Educación, antes del cierre de la gestión que es el 20 de diciembre y el cambio de directivas en enero próximo.
INICIATIVA CIUDADANA
La campaña por la defensa de la libertad de expresión, impulsada por los periodistas independientes de Bolivia, logró captar, cientos de miles de firmas. Los dirigentes informaron que falta contabilizar otros libros. Los documentos notariados que contienen esas expresiones ciudadanas fueron entregados el martes a la Vicepresidencia del Estado para luego ser remitidas ante la Asamblea Legislativa.
Un proyecto de Ley fue adjuntado como objetivo de la Iniciativa Ciudadana, el cual señala la derogación del Artículo 16 y modificación del 23 de la Ley antirracista.
“Art. 1. (Derogatoria) Queda derogado el artículo 16 de la Ley 045/2010, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación, promulgada el 8 de octubre del año 2010”.
“Art. 2. (Modificatoria) Se modifica el artículo 23 de la Ley 045/2010, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación promulgada el 8 de octubre del año 2010, en la forma siguiente: II. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, se sujetará su procesamiento a lo establecido en la Ley de Imprenta de 1925, en aplicación del artículo 107, parágrafo II de la CPE”.