Presiona a la justicia contra los disidentes al régimen. Lo que sucede en Bolivia “es más bien un proceso de penalización de la acción política”, dice analista.
EL CONGRESO, HOY DENOMINADO, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, ES EL ESCENARIO DE LAS DISCREPANCIAS POLÍTICAS MÁS AGUDAS ENTRE LOS BANDOS DE PODER.
• El vicepresidente Álvaro García Linera, negó que haya persecución política. “Lo que hay es una lucha contra la corrupción y aquellos dirigentes políticos del viejo sistema no pueden entender que sus correligionarios hayan perdido la impunidad que antes ostentaban”, afirmó.
La política nacional se encontraría dentro de un proceso de “penalización” y no de judicialización, puesto que se ha pasado de la función fiscalizadora hacia una persecutoria. Los últimos casos de anuncios de posibles juicios de responsabilidades contra ex mandatarios, la destitución de autoridades electas por voto directo tras acusaciones judiciales y los procesos legales contra dirigentes de oposición, son algunos ejemplos de la coyuntura boliviana.
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Para el analista Edwin Quiroz, el actual régimen de Gobierno mantiene cautela ante los dirigentes políticos de oposición hasta que nota en algunos sujetos posibles “enemigos” contra el sistema impuesto desde 2006. El abogado consideró que el término de judicialización no está bien aplicado, porque en realidad se ejerce una presión sobre el poder judicial para actuar contra la disidencia ideológica y partidaria.
“Lo que existe en Bolivia no es la judicialización de la política, porque la judicialización es ejercer una fiscalización desde el Estado y las entidades sobre la acción política y la administración pública, es decir, se aplican normas jurídicas frente a casos que puedan representar hechos de corrupción u otros y es en esencia algo necesario dentro un Estado democrático. Pero lo que sucede en Bolivia es más bien un proceso de penalización de la acción política”, manifestó.
El Ejecutivo interpone acciones penales contra los opositores, más allá de realizar una fiscalización, que de forma discriminada no alude a dirigentes o políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Después de la aprobación de normas como la Ley anticorrupción, Ley Marco de Autonomías o la denominada Ley corta, el partido en función de Gobierno ha estructurado un marco legalista para penalizar a cualquier disidente político.
CASOS POLÍTICOS
La semana que concluye tuvo como anuncio la revisión de la firma de contratos petroleros desde el 2002 que podría establecer juicios de responsabilidades contra cuatro ex mandatarios, como Hugo Banzer Suárez (fallecido) Jorge Quiroga Ramírez, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert.
Dentro de las autoridades democráticamente electas que fueron suspendidas por acusaciones del Ministerio Público destacan los casos del gobernador de Tarija, Mario Cossío; los alcaldes de Potosí, René Joaquino y de Sucre, Jaime Barrón.
Líderes políticos y cívicos se ausentaron del país, aduciendo la parcialización del sistema de justicia boliviano tras conocer el inicio de juicios en su contra. Manfred Reyes Villa, José Luis Paredes, Branco Marinkovic, Humberto Roca, entre otros se encuentran en el autoexilio.
Finalmente, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina deberá presentarse ante requerimiento fiscal para responder a la acusación de “agio” interpuesta por una senadora del MAS.
GOBIERNO NIEGA PERSECUCIÓN
Según el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, no existe un proceso de persecución política en Bolivia, más bien se trataría de la fiscalización del Gobierno central frente a los casos de corrupción y administración de la cosa pública que corresponde a las últimas décadas, durante los años del neoliberalismo, y bajo el amparo de las normas jurídicas vigentes desde la aplicación de la actual Carta Magna y el nuevo Estado.
“Veo que hay muchos dirigentes que hablan de persecución sin saber lo que dicen. Antes hace unos años, la gente no tan joven recordará que sí había persecución por las ideas, por la política. Si uno iba con su libro de economía política bajo el brazo era detenido y encarcelado, antes sí existía persecución, lo que ahora sucede es un proceso de lucha contra la corrupción y aquellos partidos políticos y dirigentes políticos del viejo sistema no pueden entender que sus correligionarios hayan perdido la impunidad que antes ostentaban”, dijo.
Para otros analistas y políticos de oposición, la resiente aparición de un video que muestra un soborno al principal testigo y acusador del caso de supuesto terrorismo “Rózsa” forma parte de un esquema de “penalización” de las acciones políticas de gente que discrepa con la ideología del poder imperante.
El Diario