Porque la libertad y la democracia son bienes frágiles que se deben cuidar, es bueno que recordemos a quienes murieron en un día como hoy
Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: Rebelión en Bolivia
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El Día: Actitudes ante la muerte
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El Día: Bolítica
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El Día: La pose del caudillo
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El Día: La aduana y las fronteras
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Los Tiempos: PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA
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El Deber: ‘Modelo’ de desidia
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Cambio: El legado de los mártires
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La Prensa: Jugando con la necesidad del pueblo
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El Diario: El contrabando, inmune e impune, seguirá imbatible
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El Mundo: Termómetro.
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Opinión: El contrabando, una asignatura pendiente
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Clarín, Argentina: El ajuste a la baja de las jubilaciones
El Día: Rebelión en Bolivia
Enfoque Internacional
Bolivia ha sido sacudida por violentas protestas que han puesto al gobierno populista de Evo Morales contra las cuerdas por primera vez desde que asumió el poder. Las crisis políticas han abundado durante su gobierno, pero ahora la rebelión se ha originado en su propia base de poder.
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El 26 de diciembre, Morales decretó —durante una visita a Venezuela—el aumento del precio de diversos combustibles, todos los cuales habían sido masivamente subvencionados por años. El incremento —entre 57 por ciento y 82 por ciento— desencadenó reacciones en masa de sindicatos, organizaciones de base y asociaciones civiles cuando se dispararon los precios del transporte y los alimentos. Tras los choques que dejaron decenas de heridos, Morales se vio obligado a revocar la medida. El resultado es que a grupos radicales como la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, el bastión de Morales que domina La Paz desde las alturas altiplánicas, además de la todopoderosa Confederación Obrera Boliviana, el sindicato del transporte e incluso los cocaleros se les ha otorgado un poder de veto sobre la política energética y otras áreas. Morales es ahora un rehén de los grupos que lo ayudaron a derrocar a dos gobiernos democráticos en la última década y allanaron su camino al poder.
Lo que ha ocurrido en Bolivia encierra dos lecciones para el resto de América Latina. En primer lugar, el modelo populista es insostenible. Segundo: la lógica del populismo autoritario apunta a una radicalización cada vez mayor precisamente porque es insostenible.
Morales nacionalizó la industria del petróleo y el gas en mayo de 2006. Anunció que las empresas extranjeras ya no explotarían al pueblo boliviano mediante el saqueo de sus recursos naturales, que su país lograría la independencia energética y que la riqueza ganada serviría para redistribuir las bondades del subsuelo a los pobres. Medidas similares tomadas en dos ocasiones en el siglo pasado no habían funcionado. Era sólo cuestión de tiempo antes de que Bolivia, que nada en hidrocarburos, enfrentase una crisis energética y el consiguiente caos social.
Al principio, todo parecía ir de lo lindo. Gracias a los altos precios de exportación de los recursos naturales, los ingresos de Bolivia aumentaron 200 por ciento en siete años (tomó a Estados Unidos cuatro décadas lograr lo mismo). Numerosos programas sociales que llevan nombres de personajes históricos permitieron a las autoridades poner en marcha un vasto sistema de clientelismo y dependencia.
Mientras esto ocurría, las empresas que solían invertir en petróleo dejaron de hacerlo debido a los bajos precios internos fijados por el Gobierno. Algunas apostaron su dinero al gas natural en condiciones draconianas; otras se dieron por vencidas. El ente petrolero y gasífero del Gobierno, YPFB, que se suponía debía librar a los bolivianos del combustible importado, se vio obligado a compensar la caída de la capacidad de producción y refinación mediante la compra de mucha más gasolina, diesel y gas licuado de petróleo a altísimos precios internacionales. Pronto, la cuenta ascendió a más de 600 millones de dólares anuales. Dado que el precio interno de los combustibles estaba fuertemente subvencionado, el coste abultó un déficit fiscal ya pasmoso. En 2010, año en el que el alto precio de los "commodities" proporcionó a la autocracia de Morales cifras récord de ingresos, el déficit presupuestario de Bolivia, a pesar de las fantaseosas estadísticas oficiales, alcanzó el equivalente al 5 por ciento del producto interno bruto del país.
Hasta que Morales decidió que no tenía más remedio que devolver los precios a la realidad, decretando el aumento. Su argumento fue que el combustible subvencionado estaba alimentando el contrabando hacia los países vecinos. Tenía razón, por supuesto: los precios controlados por comisarios siempre tienen este efecto. Pero ese era sólo uno de los muchos problemas ocasionados por su demencial política energética. En cualquier caso, las organizaciones que lo habían apoyado durante los diversos enfrentamientos que han marcado su gestión contra grupos de centro-derecha, la clase media y gremios empresariales de la provincia oriental de Santa Cruz, se rebelaron, furibundos, contra Morales, amenazándolo con la suerte sufrida por sus predecesores.
Todo lo cual confirma una sencilla verdad. Morales no comanda a sus tropas. Ellas lo comandan a él, como es común en el populismo latinoamericano. Cuando las políticas populistas fracasan, las tropas populistas exigen más nacionalizaciones y una mayor centralización del poder y más chivos expiatorios. El líder puede o bien llevarlas a donde quieren ir, que es lo que Hugo Chávez está haciendo en Venezuela, o perecer políticamente (o físicamente). Morales ha decidido mantenerse en el poder y doblegarse ante las tropas desesperadas por combustible barato y las graves consecuencias de tal acción. Álvaro Vargas Llosa.
El Día: Actitudes ante la muerte
Tribuna.
El fino humorismo, inequívocamente británico, de Evelyn Waugh, supo dar en una novela “The beloved one” (Los seres queridos, en la traducción castellana), una crítica penetrante y lúcida de los extremos de insensatez a que en la sociedad contemporánea se ha llegado en el intento de eludir o de cerrar los ojos a la realidad ineluctable de la muerte.
Sitúase la novela en el ambiente artificioso y febril de Hollywood. Muy cerca de esta ciudad se encuentra el célebre cementerio de “Forest Lawn” y es, sin duda, a esta concreta realidad de la vida norteamericana –cifra y compendio de una existencia banal, en que la idea de la muerte es sistemáticamente ahuyentada- a la que va enderezada la crítica implacable del gran novelista católico. Pues los protagonistas de la sátira se mueven precisamente en torno a los trabajos, cumplidos con fría y rutinaria indiferencia, de un cementerio cuyos rasgos distintivos consisten en que allí todo lo que haga pensar en la muerte es deliberadamente suprimido o, al menos, envuelto entre los pliegues de un discreto y certero disimulo. Así, por ejemplo, la palabras “difunto” o “muerte” están allí radicalmente proscritas; en lugar de “difuntos” dícese “seres queridos”; de ahí el título de la novela. El color negro, demasiado obviamente emparentado al dolor y a la muerte, no podía por menos de estar eliminado en los usos impuestos dentro del ambiente en que los personajes novelescos se mueven. Una música suave, difundida permanentemente desde transmisores ocultos entre las flores y plantas, contribuye a crear una sensación de bienestar y de paz en medio de tal escenario, jamás turbado por las incertidumbres del más allá.
Pero hay aún otro rasgo que confiere a aquél cementerio su sello inconfundible. Trátase de la forma en que los “seres queridos” son embalsamados, pudiéndoseles ver a través de vidrieras cómodamente dispuestas; allí están no en actitud yacente, como entregados a un sueño eterno, sino en ademán de personas vivas, unos con la mirada fija ante un libro abierto sujeto por sus propias manos; otros, semejando estar interesados en una amena conversación. El rostro de todos, naturalmente, aparece siempre iluminado por una sonrisa, pues en el ambiente que Waugh describe, la sonrisa es, por así decirlo, un elemento esencial: se diría que los hombres y las cosas están unidos por un gesto unánime en que la naturaleza toda sonríe ante la dicha de vivir y ante la maravilla de un mundo donde nadie se acuerda de la muerte…
La pluma de Waugh ha sabido, ciertamente, mostrar a plana luz, mediante la crítica mordaz y la exageración “ad absurdum”, una realidad plenamente vigente en el mundo en que vivimos. En efecto, el hombre de hoy cree vivir como si no hubiese de morir nunca y, por lo mismo, procura adormecer su conciencia alejando de ella toda imagen que le recuerde la irremisible realidad de su destino mortal. No otra es la causa profunda, sin duda, de la progresiva desaparición del luto en las formas de la existencia presente.
¿No ha sido ésta la causa de que Max Scheler, en su gran libro “Muerte y supervivencia”, dijera que la verdadera raíz de la incredulidad moderna en la inmortalidad está en que el hombre contemporáneo no cree en la muerte? Pues, ciertamente, para creer en la existencia de una vida inmortal hace falta una condición previa: tener conciencia clara de la muerte. ¿Cómo podría el hombre de nuestro tiempo creer en la vida ultraterrena si vive precisamente “como si no hubiese de morir nunca”?
Ante la muerte pueden, pues, adoptarse muy variadas actitudes. Puede el hombre experimentar ante ella el natural temblor que el instinto de conservación nos infunde. Puede también cerrar los ojos ante su realidad insoslayable y vivir como si no hubiese de morir nunca. El comportamiento verdaderamente cristiano consiste en una lúcida actitud de conciencia –única forma de que la vida adquiera su dimensión auténtica- gracia a la cual el hombre contempla su realidad perecedera como un tránsito hacia la vida venidera, inmarcesible y perfecta bajo la mirada de Dios. Jorge Siles Salinas
*Miembro de las Academias Bolivianas de la Historia y de la Lengua, correspondientes de las Reales Academias Españolas
El Día: Bolítica
Ninguno de los campos netamente petroleros producen hoy lo que producían el 2002 (…). De mantenerse el mismo ritmo de declinación de los mencionados campos, su producción se habrá agotado dentro de cinco o seis años".
Carlos Delius
PRESIDENTE DE LA CBHE
Se dice que: Las petroleras privadas que operan en Bolivia advirtieron que, al actual ritmo de declinación de los campos petrolíferos, la producción de crudo del país se agotará en los próximos cinco años".
Si Bolivia quiere autoabastecerse y no depender de la importación de carburantes, tiene que explorar en áreas no tradicionales como La Paz, Beni y Pando, lo cual es difícil por la ausencia de infraestructura y el alto riesgo para las inversiones".
Guillermo Tórrez
Analista económico
El Día: La pose del caudillo
Bajo el Penoco
Los masistas de Sucre se han rebelado contra Evo Morales, quien ha afirmado que él no la dio la orden de cambiar a la alcaldesa Verónica Berríos (vaya confesión). “Nadie va a ir a rogar ni implorar al presidente Evo Morales, ni a llorar para conseguir su aprobación”, ha dicho el nuevo secretario de la alcaldía de Sucre, Mario Ugarte, en respuesta a los cuestionamientos del jefazo al nombramiento de Santos Romero como nuevo alcalde de la capital. Romero admitió que su designación aprobada por el Concejo Municipal implicaba una desobediencia hacia Morales, pero dijo que tiene el respaldo de las organizaciones sociales y que “el presidente tiene que entender las decisiones del pueblo de Sucre”. Por si fuera poco tamaña rebelión, el fiscal General del Estado, Mario Uribe, ha decidido suspender de su cargo al fiscal Gilbert Muñoz, encargado de investigar al gobernador tarijeño Mario Cossío. Lo ha castigado por andar en juntes con el senador masista Isaac Ávalos, hecho que el presidente vio con buenos ojos. Al caudillo se le está poniendo difícil mantener la pose después que sus aliados le tumbaron el gasolinazo.
El Día: La aduana y las fronteras
Editorial
Con la admisión de que en las fronteras del país no existe control alguno sobre las actividades del contrabando en todas sus formas, la titular de la Aduana Nacional ha reconocido también –muy a pesar suyo- que hasta ahora poco o nada se ha hecho para frenar con una presencia institucional fuerte y organizada la salida ilegal de diversos productos alimenticios y de combustibles líquidos al exterior del país. También ha admitido que el contrabando hacia el Perú es tan evidente e impune, que cualquier persona puede verificarlo. Esto significa asimismo, que el Gobierno no se había planteado librar –hasta ahora- una lucha auténtica y responsable contra el contrabando.
Si bien no es tarde para comenzar, en este caso prácticamente desde punto cero, el inicio de las primeras medidas gubernamentales llevará su tiempo, todo un proceso que la mayoría de la población nacional no podrá asumir porque ya está enfrentando, y lo seguirá haciendo durante un lapso de tiempo indefinido, una carestía de alimentos básicos digna de los tiempos de la UDP, con graves efectos sobre la economía familiar. Otra cosa hubiera sido si desde un principio el Gobierno tomaba el toro por las astas, como se dice, e incorporaba la lucha contra el contrabando entre sus tareas prioritarias.
En estos momentos, cuando la gente intenta en vano recuperarse de los efectos de la abrupta derogación del denominado “gasolinazo”, que el Gobierno ha señalado como una simple nivelación de los precios de los carburantes líquidos, la batalla contra el contrabando se presenta como crucial y urgente. Lo único que se tiene son los avances para instalar un puesto de control en la población de Desaguadero y los planes “Embudo” y “Santa Bárbara”. Pero todos esos planes aparentan lejanos e insuficientes. Si se mira bien, todo son palabras y nada de acción, por lo que todavía habrá de pasar un buen tiempo para que recién se vean los primeros resultados de las medidas heroicas.
Esto quiere decir que si resulta evidente que la Aduana boliviana como institución es inexistente en las fronteras, especialmente en la que compartimos con la hermana república del Perú, sitio clave para el contrabando impune y descarado, cabe preguntarse qué puede decirse de las desprotegidas fronteras del sur, del este y del norte nacional, donde el contrabando existe también en diversa escala y sin control alguno. Tarde parece haber descubierto el Gobierno que el contrabando constituye parte de la estructura económica del país, por la simple razón que el aparato productivo nacional ha carecido tradicionalmente del apoyo e incentivo estatal que asegure su pleno desarrollo.
El hecho que la titular de la Aduana haya puesto su cargo a disposición del Presidente refleja no sólo la tremenda incomodidad al interior del partido gobernante ante la evidencia de un problema intratable que exige medidas rápidas y efectivas, sino que desnuda las carencias nacionales para implementar las mismas como corresponde. Vistas así las cosas, el contrabando seguirá siendo como una espina clavada en la garganta del Gobierno, sólo que ahora se acompaña de efectos colaterales producto del neoliberal gasolinazo y de la apresurada marcha atrás ante la ola de conflictos sociales.
El contrabando seguirá siendo una espina clavada en la garganta del Gobierno, sólo que acompañado de los efectos colaterales de medidas económicas erradas.
Los Tiempos: PARA QUE LA HISTORIA NO SE REPITA
Porque la libertad y la democracia son bienes frágiles que se deben cuidar, es bueno que recordemos a quienes murieron en un día como hoy
Un día como hoy, el 15 de enero de 1981, en una casa de la calle Harrington del barrio de Sopocachi de La Paz, fueron asesinados ocho de los miembros de la dirección nacional clandestina del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Fue un hecho luctuoso que todos los años es recordado por las familias y amigos más cercanos de las víctimas, pero que deberíamos recordar todos los bolivianos, pues, como es bien sabido, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y si hay algo que no podemos ni debemos permitir es que hechos como el que hoy recordamos se repitan en el futuro.
Es necesario recordar lo que ocurrió hace 30 años para que las nuevas generaciones, las que han tenido la fortuna de nacer después de 1982 en un país en el que ya estaban vigentes las garantías y los derechos democráticos, sepan que no siempre fue así. Que hubo un tiempo, no muy lejano, en el que quienes detentaban el poder se atribuían a sí mismos el derecho de perseguir, encarcelar, torturar, exiliar y, cuando lo juzgaban conveniente, asesinar a quienes se les oponían.
Es necesario que los jóvenes de hoy sepan que sus padres y sus abuelos vivieron en un país muy diferente al actual y en el que cometían se atrocidades de las que si hoy estamos libres es porque hubo quienes hicieron algo al respecto.
Por eso, tan importante como preservar la memoria de las páginas más deplorables de nuestra historia es recordar las otras, las escritas por quienes con su lucha nos legaron un país en el que los crímenes cometidos en nombre de las ideologías dejaron de ser parte de la vida cotidiana. Un país en el que nadie tenga que sufrir, y mucho menos hacer sufrir a sus familias, sólo porque sus ideas, sus convicciones o sus intereses no coinciden con los de los gobernantes.
Es necesario que los jóvenes de hoy sepan que la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, y la era de convivencia pacífica que fue inaugurada en 1982 no fueron regalo de nadie, sino conquista de muchas personas que, como las que fueron asesinadas el 15 de enero de 1981, no se resignaron a dejar a sus hijos un país sometido a los abusos de quienes aspiraban a gobernar "por lo menos 20 años" ejerciendo el poder con arbitrariedad total.
Se debe también recordar que quienes fueron asesinados en la calle Harrington eran ciudadanos que no sólo se rebelaron contra la violencia proveniente de los regímenes militares tan comunes en esos tiempos. También se rebelaron, criticaron y rechazaron a las corrientes de la izquierda radical tan proclive a la violencia y al autoritarismo como sus enemigos del otro polo ideológico.
Ellos renunciaron a la vía de las armas y rechazaron la tentación de imponer una dictadura en nombre de la revolución. Ellos optaron por participar en la construcción de una democracia plural, diversa, tolerante, inclusiva en la que cupieran todos los hombres y mujeres sin distinciones ni exclusiones basadas en criterios étnicos, religiosos, políticos o económicos.
Por eso, para que experiencias tan amargas como la que hoy recordamos nunca más se repitan y no olvidemos que la libertad y la democracia son bienes frágiles que se deben cuidar, es bueno que hoy recordemos a quienes murieron en la calle Harrington.
El Deber: ‘Modelo’ de desidia
Para quien lo quiera descubrir y conocer, existe en Santa Cruz un auténtico ‘monumento’ a la desidia que, para mayor condena, se ceba en la desgracia de más de un centenar y medio de seres humanos que han perdido el más preciado bien de la especie que habita este mundo ancho y ajeno: la libertad. Se trata de la ‘cárcel modelo’ que empezó a construirse hace dos años en las afueras de la ciudad de Montero -50 kilómetros hacia el norte de la capital cruceña-, pero que por falta de la conexión de un sistema sanitario y de energía eléctrica todavía no ha sido habilitada. Es por causa de la incapacidad y de insensibilidad social de autoridades e instituciones locales y nacionales -no hay otra manera de interpretar tamaña dejadez- que 160 reclusos purgan su condena en completo hacinamiento y en condiciones infrahumanas en una ‘carceleta’ que solamente tiene capacidad para 30 presos y que en pleno centro de la urbe norteña representa un factor de inseguridad por la precariedad y lo improvisado de sus instalaciones. La tal ‘carceleta’ no es más que una vieja tapera de la que parecería que sus ocupantes no se van simplemente porque no les viene en gana hacerlo…
En condiciones como las señaladas, es de imaginarse el calvario de aquella pobre gente cumpliendo su pena encerrada en habitáculos de ‘5×5’ estrechos e insalubres, donde, además, corre el riesgo de contraer infecciones y enfermedades diversas. En su insoportable encierro también tienen que sufrir el rigor de los cambios climáticos y una deficiente alimentación. Y, para variar, los casos de retardación de justicia agudizan el drama de los internos que, a ciencia cierta, no saben cuándo será resuelto su caso en los estrados judiciales. Se ha establecido que una buena parte de los presos en Montero guarda detención preventiva y apenas cinco de ellos tienen sentencia ejecutoriada.
Construida sobre un terreno de siete hectáreas y con capacidad para 300 internos en sus 70 celdas dotadas de baños privados y otras dependencias, la ‘cárcel modelo’ de Montero ofrece incluso condiciones muy superiores a las de Palmasola, el tristemente célebre y colapsado recinto penitenciario de nuestra ciudad capital convertido en un peligroso antro.
Es inadmisible que en el transcurso de dos años desde la conclusión del reclusorio norteño, absolutamente nadie hubiera movido un dedo para encarar con prontitud las obras complementarias necesarias para su habilitación. Por su estado de abandono, sin haber sido estrenado, el edificio en cuestión aparece cubierto de maleza y hay señales de deterioro en partes de su infraestructura.
El hecho noticioso divulgado hace poco por este medio de comunicación ha hecho reaccionar positivamente a la Dirección Departamental de Penitenciaría y se aguarda que el Ministerio de Gobierno haga lo propio, ordenando sin más pérdida de tiempo la puesta en marcha de los trabajos pendientes y su conclusión en los próximos cuatro meses, según se ha anunciado. A seguir esperando por la entrega final de la cárcel ‘modelo’ de Montero, porque en el sistema penitenciario boliviano sigue siendo una asignatura pendiente el mejoramiento de la infraestructura carcelaria.Bien disparateros solemos ser en este pueblo a la hora de relievar hechos y cosas de cuyas bondades lo menos que se puede decir es que son discutibles. Asimismo al rendir homenaje a personas entregándoles diplomas y pergaminos, colgándoles medallas, levantándoles monumentos, nominando con sus nombres calles y avenidas, siendo que no le hicieron ningún servicio a la ciudad o a la región o que si le hicieron era porque así convenía a sus intereses e ideologías. Por último que más bien tales hechos, cosas y personas resultaron funestos, degradantes y francamente lesivos a la dignidad de Santa Cruz. Ahora estamos frente a otro disparate porque están enredados en la controversia sobre el ‘avión pirata’ que un día de 1961 fue interceptado por aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana a poco de despegar del aeropuerto El Trompillo, obligándolo a retornar y descubriéndose que iba hacia Argentina repleto de mercadería de contrabando. ¡Desgracia! Mejor que hubiese seguido viaje porque aquel operativo costó la vida inapreciable de un joven piloto nacional que en la maniobra que hizo para ordenar que regresen a los que comandaban el misterioso vuelo, se precipitó a tierra y murió entre los fierros de la máquina.
Aquella chatarra no es ningún hito; hitos podrán ser el monumento a Cristo (‘el’ Cristo Redentor para copiar a Río de Janeiro) y las estatuas de Bolívar y Mercado; y en cuanto al referente no puede ser peor: era instrumento de un negocio ilegal y el culpable de la muerte de un aviador boliviano. Pero si con ‘referente’ quieren decir ‘del avión pirata a la vuelta’, o en el ‘avión pirata están las bandas’, o ‘a un lado del avión pirata están los agachados’, o sea dar una dirección, mejor hagan un trabajo amplio de jardinería en la plazuela (que tiene unos buenos árboles), así se podría decir el ‘paseo de las flores’ o algo parecido. Este ‘referente’ será verdaderamente cristiano, todo lo contrario de lo que sugiere ‘avión pirata’ que para completar el disparate lo escriben con mayúsculas.
Precisamente por tan oscuro antecedente es que aquel aparato (que anteayer lo estuve ojeando y que está tan deteriorado y por consiguiente horrible), es que no puede ser calificado como hito ni aparecer como referente, al contrario, es un estigma para la capital cruceña, un monumento al contrabando, diría, un inservible regalo que le hicieron a la capital cruceña porque era un estorbo en El Trompillo. Para colmo de males -excepto el poco tiempo que sirvió de oficina y otro corto período de biblioteca- fue cueva de pitilleros, de cleferos, de gente de mal vivir.
Mande la Alcaldía desmontar esa chatarra, deje que se la lleven los que puedan darle alguna utilidad, saque de los alrededores a los pobres infelices que se están aniquilando inhalando clefa a manera de droga y que cometen barbaridades y haga algo que se relacione con el ornato y las áreas verdes, como corresponde a una plazuela. Sin mucho cranear y sin discutirla con nadie, sino poniendo manos a la obra aprovechando que tiene gente idónea para ello.
Cambio: El legado de los mártires
Hace 30 años, un grupo de paramilitares al servicio de la dictadura de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, asesinaba a ocho dirigentes del ala izquierdista del MIR, en una casa ubicada en la calle Harrington de la ciudad de La Paz, y consumaba uno de los episodios más sangrientos del narcorrégimen que pretendía quedarse en el poder por al menos 20 años, dizque para "reconstruir Bolivia".
Los nombres de Arcil Menacho, Jorge Valdivieso, José Pepe Reyes, Ramiro Velasco, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, José Luis Suárez y Gonzalo Barrón repercuten en la memoria del pueblo boliviano, más allá de los ‘homenajes’ que se aprestan a rendir hoy personajes que en su momento aparentemente fueron sus compañeros de lucha, pero que tras la recuperación de la democracia —el 10 de octubre de 1982— mostraron su verdadero rostro de militantes del neoliberalismo que enajenó la riqueza de la patria, cruzaron "los ríos de sangre" y cogobernaron con las corrientes neofascistas, autores directos de la masacre de esos ocho mártires de nuestra democracia.
De aquel atentado criminal sólo sobrevivió Gloria Ardaya, actual docente universitaria, y el legado de quienes ofrendaron su vida para recuperar la democracia y la libertad se trasunta en la lucha democrática del pueblo para fortalecer la igualdad de derechos y oportunidades y para erradicar el racismo y toda forma de discriminación en el marco de la edificación del Estado Plurinacional que se nutre con la voluntas y participación directa del pueblo.
Luis García Meza, Luis Arce Gómez, Armando Reyes Villa y Celso Torrelio Villa, estos dos últimos padre y tío de Manfred Reyes Villa, comandaron el golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Los dos primeros cuentan con un rosario de delitos criminales que vienen purgando en la cárcel de Chonchocoro.
Los investigadores Maria Lohman y José Luis Gareca señalan que aquellos —en marzo de 1980— ordenaron el secuestro, tortura y asesinato del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, quien participó en la histórica huelga de hambre junto a las valerosas mujeres mineras que lograron la caída del dictador Hugo Banzer Suárez; dirigió el semanario Aquí, un medio de comunicación alternativo que denunció las atrocidades de la dictadura banzerista, el saqueo de Bolivia, los permanentes aprestos golpistas y la violación de los derechos humanos.
Una ola de atentados y explosiones, varios de ellos mortales, recorrió el país los meses siguientes hasta la víspera misma de las elecciones del 29 de junio que ganó el candidato de la UDP, Hernán Siles Zuazo. Nunca antes se había dado en Bolivia un terrorismo de esa naturaleza. A mediados de junio, los paramilitares falangistas protagonizaron, inclusive, un "ensayo general" con la toma de la ciudad de Santa Cruz. La pasividad, si no complicidad, de los entonces mandos del Ejército con la subversión y las conjuras de los paramilitares del coronel Arce Gómez era evidente. Así se llegó hasta el golpe del 17 de julio.
La publicación Somos Sur señala que García Meza, Arce Gómez, Torrelio y Reyes Villa (padre) organizaron el acribillamiento de los dirigentes MIR en la calle Harrington.
En una edición del periódico El Mundo de Santa Cruz, de octubre de 1982, se puede leer una sindicación a Manfred Reyes Villa por presuntamente haber participado en esa matanza: "Sectores políticos sindicaron al mayor Javier Hinojosa, al capitán Luis Cossío y al subteniente Manfred Reyes Villa como los principales jefes del operativo paramilitar que asesinó a nueve dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en enero de 1981".
García Meza y sus cómplices secuestraron, hirieron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer el cuerpo del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, uno de los políticos más esclarecidos de Bolivia que nacionalizó la Standar Oil como ministro de Hidrocarburos durante el gobierno de Alfredo Ovando, e inició el juicio de responsabilidades en contra del septenio dictatorial de Banzer. Ese fatídico 17 de julio, día del golpe de García Meza; Quiroga Santa Cruz fue herido de muerte en el asalto al edificio de la Central Obrera Boliviana, donde también murieron acribillados el electo diputado Carlos Flores y el dirigente minero Gualberto Yapura.
Según los antecedentes del juicio de responsabilidades a la dictadura garciamecista, Freddy Quiroga Reque fue condenado por los delitos de genocidio y organización criminal por la matanza de los ocho dirigentes miristas. La investigación efectuada en su caso estableció que el ex militar formó parte, junto con Guido Benavidez, Carlos García y Tito Montaño, de uno de los más temidos grupos de persecución de líderes políticos y sindicales: el Servicio Especial de Seguridad (SES).
Mientras algunos criminales cumplieron sentencias indulgentes en Chonchocoro, Quiroga Reque, detenido en mayo de 2010, actualmente se encuentra encarcelado y cumple una sentencia de 30 años sin derecho a indulto, junto a García Meza y Arce Gómez. Sin embargo, muchos golpistas eludieron la acción de la justicia y se pasean impunes por las calles de nuestras ciudades.
Además, la generación de "jóvenes izquierdistas" que desde las universidades y otros espacios se incorporaron a la UDP, como es el caso del MIR, traicionaron el legado de los mártires de la calle Harrington y a un pueblo que cifró sus esperanzas en ellos, porque coadyuvaron a estigmatizar a la izquierda como inviable e incapaz de dirigir los destinos del país. Paz Zamora, Antonio Araníbar, Oscar Eid y todos sus cercanos redujeron "su idealismo generacional" a pura fraseología. En los hechos, siempre estuvieron al servicio del saqueo de Bolivia.
El mejor homenaje a la memoria de Arcil Menacho, Jorge Valdivieso, José Reyes, Ramiro Velasco, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, José Luis Suárez y Gonzalo Barrón es profundizar la libertad, la dignidad y la soberanía. Es decir, la plena vigencia de nuestra democracia.
El mejor homenaje a la memoria de Arcil Menacho, Jorge Valdivieso, José Reyes, Ramiro Velasco, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, José Luis Suárez y Gonzalo Barrón es profundizar la libertad, la dignidad y la soberanía. Es decir, la plena vigencia de nuestra democracia.
La Prensa: Jugando con la necesidad del pueblo
No se sabe qué hace Insumos Bolivia con los alimentos que importa, como el caso no aclarado de miles de quintales de harina y manteca vencidas…
Bolivia está, como en la década de los años 1980, sufriendo la escasez, el agio y la especulación de varios productos de primera necesidad que, después del derogado ?gasolinazo? han visto trepar aún más sus precios, obligando al Gobierno a subvencionarlos en el mercado interno.
Esta medida y otras coyunturales, poco meditadas, nada planificadas y peor ejecutadas, no están dando resultados y es el pueblo el que sufre las consecuencias.
Aunque las autoridades lo nieguen, parte de este proceso inflacionario y especulativo, fue agudizado por ese anuncio, aunque ya antes los precios de los alimentos empezaron a escalar y los productos a desaparecer.
Los organismos gubernamentales, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que debía llamarse de Apoyo a la Importación de Alimentos, e Insumos Bolivia, recibieron instrucciones para importar azúcar y otros artículos para eliminar la escasez y estabilizar el mercado. Pero el resultado es nulo, y la población es la afectada.
Una de las principales funciones de un gobierno es estudiar los fenómenos económicos que se producirán, contar con alertas tempranas y poder tomar medidas correctivas a tiempo. Pero en nuestro caso, las acciones son tardías y coyunturales.
Para justificar el derogado incremento de carburantes se argumentó que la gasolina y diésel, especialmente, beneficiaban al alto contrabando porque los precios en los mercados de países vecinos eran dos o tres veces mayores que en el nuestro. Sin embargo, ahora nos enteramos de que en el Desaguadero, la más importante frontera de Bolivia con Perú, la Aduana boliviana no tenía presencia y que es ahora cuando se construirá un puesto aduanero en reemplazo de aquél que había sido quemado por la población hace casi dos y medio años. Ese es un concurrido y amplio paso fronterizo por el que debe salir un millonario contrabando hacia Perú.
Si el Desaguadero está abandonado y sin control, ¿cómo estarán los otros puestos aduaneros de lugares alejados en las fronteras con Brasil, Argentina, Paraguay y el mismo Chile?
El Gobierno debe asumir, además, urgentes acciones para acabar con la ineficiencia de Emapa e Insumos Bolivia. Desde el propio Gobierno se ha denunciado que los empleados de Emapa ni siquiera cumplen sus horarios de trabajo y no se sabe qué hace Insumos Bolivia con los alimentos que importa, como el caso nunca aclarado de decenas de miles de quintales de harina y manteca vencidas que se encontraron en sus depósitos de El Alto y Cochabamba. Esta empresa del Estado le debe una información documentada al pueblo sobre este caso y no debería escudarse en el expediente de que para pedir información se necesita un ?interés legítimo?.
El Gobierno debe adoptar medidas bien pensadas, bien planificadas y mejor ejecutadas por organismos serios y competentes. No movilizar rápidamente a las Fuerzas Armadas para apoyar en el control de las fronteras y en las carreteras del país; no apoyar realmente a la producción y tratar de solucionar los problemas simplemente con el fácil y costoso expediente de la importación de alimentos y subvencionarlos es jugar con las necesidades y el hambre del pueblo y con la economía del país.
El Diario: El contrabando, inmune e impune, seguirá imbatible
Si fue a propósito o fue casualidad, la razón para el Decreto Supremo 748 fue “combatir al contrabando”. Los razonamientos no daban para más. Parecía que, efectivamente, todo estaba destinado a luchar frontalmente contra la actividad ilícita tan perniciosa para la economía nacional y hasta para la moral de los bolivianos.
El contrabando -por descuido, desidia, indiferencia, indolencia y ¿hasta conveniencias? de los gobiernos desde hace muchos años- hace en el país lo que quiere; mientras son anunciadas más campañas, más crece. Es por su capacidad de “arrastre” de partidarios, igual que los negocios realizados al amparo del narcotráfico: con gran poder, mucho dinero, influencias de todo tipo, inmunidad e impunidad.
¿Cuánto le resta al país por concepto de impuestos, provisión de empleo y utilización de infraestructura y personal para controlarlo o combatirlo? Calcular esos montos debe ser muy difícil; pero ni por esas u otras razones, hay el coraje y la persistencia necesarios para combatirlo. Para la moral colectiva es un lastre que, lamentablemente, también se lo arrastra desde hace años por los “miamicitos” o “uyustus” que han proliferado en todo el país. Por pocos pesos que la comunidad se ahorra, acude a estos sitios para adquirir artículos de uso y consumo. Apoyados en la aceptación del público, los contrabandistas crecen en cantidad y en calidad y diversidad de artículos que ofrecen.
Los gobiernos del pasado han realizado campañas contra este delito; el actual régimen llegó a reorganizar los servicios aduaneros y ha mostrado también alguna energía para combatirlo. Sin embargo, también permitió que crezca en cantidad y cobertura del territorio nacional; la prueba está, por ejemplo, en los 33 camiones llenos de mercadería que nadie sabe explicar qué destino tuvieron desde Cobija, pero todos saben que eran propiedad de los grandes contrabandistas. Casos similares han sido descubiertos en diferentes puntos del país, pero el mutismo que muestran las autoridades hace ver que todo pasará y nadie se preocupará por informar la verdad.
El contrabando de ingreso al país no es el único; es, tal vez, más perjudicial el que significa transportar carburantes y pasar las fronteras en carros cisterna, aunque el Presidente sostuvo que se traslada “hasta en mamaderas”; y el caso llega al contrabando de artículos como azúcar, fideos, arroz, harina, aceite, manteca y otros productos que hacen falta al mercado interno, pero que redundan en grandes ganancias al contrabando por los altos precios que rigen en países vecinos.
El control y lucha contra los contrabandistas, al margen de las fuerzas aduaneras, ha sido encomendado a la Policía y al Ejército; pero ambas entidades sólo hablan de fracasos y no hay operativos que permitan colegir siquiera que se está realizando alguna labor efectiva contra semejante delito. Parece como en el pasado, cuando se argüía que “les habría crecido alas a los camiones cisterna” (entonces no se hablaba de mamaderas).
El problema es muy grave y si el Gobierno no se propone llevar adelante, con energía, mucha disciplina, eficiencia y eficacia, las campañas de interdicción del contrabando, corremos el peligro de que crezca indefinidamente y no haya poder que le ponga freno. De tanto en tanto se anuncia “acciones en las fronteras”, sin embargo, cisternas “alados” pasan por esos lugares. Así los hechos, el daño al país es infinito y los grandes perjuicios son para el pueblo.
El Mundo: Termómetro.
Una preocupación permanente, no solo de los analistas y de las personas vinculadas al ámbito político y económico, sino a los ciudadanos en general, está relacionada con el panorama de lo que sucederá en el curso del año.
No puede ser para menos, no solo el año, sino la década, comenzaron con un panorama bastante complicado, como producto del famoso decreto 748 que por sus connotaciones, tuvo que será abrogado a las pocas horas de emitido, sin que por ello hubieran desaparecido las consecuencias, como podía parecer la imagen inicial concebida por el Presidente.
El alza de precios se manifestó inicialmente en el transporte y si bien el caso parece controlado hasta el momento, son varias las situaciones que se han ido produciendo hasta el momento, en las que las organizaciones de los sectores productivos y las de servicios, se ven compelidas a modificar sus precios por esa o por otras razones.
Cuando se trata el tema se tiene que pensar hasta en la cerveza, por solo mencionar en una de las bebidas más populares que si bien no es parte de la canasta familiar, es nomas parte del programa de consumo de la ciudadanía, especialmente en las proximidades de las fiestas de carnaval, donde como se sabe, el consumo resulta masivo.
Si bien en este caso la elevación de los precios está relacionada con la elevación de los impuestos en ese sector, no deja de acumularse con los productos de la canasta familiar que cambiaron de precio con las medidas del Gobierno y que se mantienen a pesar del retroceso.
Y no es que nuestra preocupación esté centrada en las bebidas alcohólicas ya que los productores de leche han dado a conocer que sus precios no compensan sus gastos, por lo que también se espera un incremento en las precios de este artículo que debería ser básico en la alimentación y que por las mismas razones económicas debe sufrir un incremento.
El Presidente ha manifestado, a tiempo de su retroceso que lo hacía para satisfacer la inquietud popular y el mandado de sus bases; sin embargo, en las visitas que periódicamente realiza, repite con frecuencia que no se puede mantener las subvenciones y que es necesario nivelar precios para prevenir el contrabando, lo que en buena cuenta significa que estamos advertidos de que en cualquier momento, el panorama puede ser modificado.
Como de costumbre, para desviar la atención sobre los problemas centrales, se ha abierto un ámbito de tensión con el gobierno paraguayo que estando dentro de la misma línea política, no deja de poner en claro algunas diferencias, en especial con el trato que se da a los visitantes de los países vecinos.
Como el problema parece debilitarse por ese lado, el Gobierno ha abierto un nuevo frente de confrontación, esta vez contra los políticos de oposición y contra personas que en algún momento hubieran podido ser parte del gobierno y sobre quienes se mantiene un margen de resentimiento que debe ser zanjado con algunas medidas persecutorias.
No bastó con apresar al ex ministro Guillermo Fortún que se encuentra en la cárcel de San Pedro, sino que se arremetió contra la esposa y luego contra las hijas, con acusación de haber utilizado fondos reservados.
Los cañones apuntan ahora a las personas que suscribieron, negociaron o fueron parte de la ejecución de los contratos con las empresas petroleras extranjeras, con las que el Gobierno se preocupó también de negociar, en un proceso que recibió el rimbombante nombre de nacionalización y que ahora muestra no sólo que la revisión de contratos fue insuficiente, sino que el panorama se muestra poco alentador en el futuro, ya que las reservas sobre las que se apoyaba una gran parte de las esperanzas, resulta que no podrán ser tan confiables en el curso de pocos años.
Una de las causas de la llamada capitalización fue precisamente la poca capacidad de los gobiernos para invertir en tareas de exploración y cuantificación de las reservas, hoy el panorama energético se ve con muchas lagunas y lo que es peor, el amigo que podía apoyar en los trabajos en esa área se encuentra tropezando con muchas dificultades y no sería raro que se ponga a ejercer presión para recuperar, no solo los préstamos concedidos sino también los regalos que fueron distribuidos con mucha generosidad.
Opinión: El contrabando, una asignatura pendiente
Una de las justificaciones del Gobierno, dicha expresamente por el presidente Evo Morales, para la dictación, luego anulado, del decreto supremo que elevaba los precios de combustibles hasta más del 80%, fue el aumento del contrabando.
En los datos que daba su administración estaban la subvención al diésel, la gasolina y el jet fuel, el Estado pagaba 380 millones de dólares por año y que 150 de éstos se perdían por el paso ilegal de las fronteras a los países vecinos.
La anulación de la dura medida, por presiones no sólo opositoras, sino del mismo partido del gobierno y movimientos sociales que son su sustento político, más allá de la explicación oficial de que el Gobierno ha escuchado la voz del pueblo, es la admisión tácita del fracaso, o por lo menos, la ineficiencia de la lucha contra el contrabando.
Es inadmisible que un delito sea la principal justificación de una medida drástica para la gran mayoría de la gente que no tiene nada que ver con tal infracción. Una de las funciones del Estado es, precisamente, mantener la tranquilidad social enfrentando con éxito la delincuencia, y en ese marco, el contrabando.
El ciudadano se pregunta si la Dirección de Desarrollo Fronterizo creada en este Gobierno y presidida por el ex ministro Ramón Quintana, tiene también la tarea de controlar el paso ilegal de mercaderías de cualquier tipo por las regiones en las que ese funcionario ejerce autoridad. Si no es así, debiera serlo.
Este negocio criminal que da réditos millonarios parece crecer, en lugar de disminuir. Los combustibles son algunos de los productos contrabandeados, de los miles que transitan de ida y vuelta por unas fronteras desprotegidas o deficientemente controladas. Si vamos más allá, podemos presumir que la corrupción también hace de las suyas.
Está comprobada la masiva salida de productos bolivianos baratos comparados con lo que cuestan en Perú y otros países vecinos, pero también lo está la internación masiva de mercadería -incluidos electrodomésticos, que no debe ser difícil detectar- de esos países, de la que están llenos los mercados y varias calles de las principales ciudades bolivianas. No sólo eso. Este tipo de delincuencia comete doble delito al introducir en nuestros mercados millones de artículos, especialmente discos de películas, música y programas informáticos, que se venden en puestos tolerados y hasta promovidos por las alcaldías.
Tampoco se debe olvidar que policías de la unidad específicamente creada para la lucha contra el contrabando -el Comando Operativo Aduanero-, conocidos como coas, han dado su vida y, alguno ha desaparecido, en regiones prácticamente tomadas por este delito.
Este panorama no es ciertamente una demostración de una eficiente lucha contra el contrabando. Al contrario, autoridades de todo tipo parecen estimularlo. Un país que protege su industria, estatal o privada, y por consecuencia las fuentes legales de trabajo, debe ser drástico con la gente dedicada a las ilegales importaciones y exportaciones de mercaderías.
Una vez más la desatención de la Policía especializada y la Policía a secas, tiene limitaciones evidentes para enfrentar las bandas organizadas cada vez más grandes, dedicadas a este ilícito. Adoptar medidas como el famoso decreto del alza de carburantes, no es sino la rendición explícita del Gobierno ante el delito.
La sangría de dinero y la pérdida de empleos por el cierre de industrias debe parar. Como debe parar la salida delictiva de combustibles, importados legalmente por el Estado. La rectificación de la medida llamada ?gasolinazo? está precisamente en la lucha seria y efectiva al contrabando.
Clarín, Argentina: El ajuste a la baja de las jubilaciones
La ANSES utiliza, para calcular los haberes jubilatorios, un índice de ajuste que le permite pagar sumas equivalentes a la mitad de lo que surgiría de aplicarse el tipo de actualización ordenada por la Corte Suprema. Este último está basado en la evolución de los salarios básicos de la industria y la construcción y, de aplicarse determinaría un aumento en las retribuciones. Con el ajuste elegido, la ANSES puede pagar a los jubilados menos de lo que debiera y disponer de fondos para financiar al Gobierno o gastar en fines ajenos al sistema previsional. La única respuesta que tiene el jubilado es iniciar un engorroso juicio al Estado, alternativa que da lugar a una elevada litigiosidad y a la acumulación de más de 450.000 causas en la Justicia. La decisión oficial implica un serio perjuicio a los jubilados, la mayoría de los cuales cobra el mínimo y fue reforzada con el veto a la ley que instauraba el pago del 82%, que tenía una cláusula que contemplaba la instauración del método de ajuste ordenado por la Corte.
La ANSES utiliza un ajuste de jubilaciones diferente al ordenado por la Corte Suprema, que le pemite pagar haberes mucho más bajos que los que surgirían del sistema ordenado judicialmente.