Dante Pino Archondo
La opinión pública sabe que el Juicio de Responsabilidades por Octubre de 2003 es nada más que un justificativo judicial para perseguir políticamente al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo mismo le sucederá al actual mandatario una vez que pase por el mismo callejón de Goni. Los vencedores se convierten en jueces y verdugos.
El Juicio de Octubre, denominado “negro” -no sólo por las víctimas producto de un enfrentamiento provocado, sino por la sinuosidad con que fue promovido- nunca tuvo ni pies ni cabeza. La acusación de genocidio con el que fue tipificado en su versión “masacre sangrienta” no resiste, como así fue, el menor análisis de juristas serios e imparciales, ni pudo ser reconocida como tal por no existir tal clasificación de genocidio.
Si genocidio fue Octubre, ¿qué fueron entonces los sucesos de Sucre, de Cochabamba y las minas? Y sobre esa tipificación se ha tejido todo un proceso en el cual el Fiscal General, hasta ahora, no ha podido demostrar con una sola prueba la existencia del mentado genocidio. Tiene en sus manos un decreto que autoriza la provisión de gasolina a la ciudad de La Paz y nada más y que muestra como “prueba” de que eso fue lo que ocasionó la “masacre”, cuando los 60 muertos se produjeron en una sucesión de días y hechos, no en un solo momento.
Ante la orfandad legal que tiene acudió al desfile de “testigos” para que declaren por sí o en calidad de terceros los hechos, y ninguno de ellos pudo demostrar la existencia de una masacre planificada ni menos de genocidio. Las autoridades políticas convocadas para ese mismo efecto solo pudieron explicar que en “esos días” la vida nacional estaba revuelta y no había, de ningún lado, voluntad para dialogar.
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Si esto es así, ¿qué sentido tiene todo lo actuado? Ese tribunal, conformado por jueces acusados de prevaricato por el gobierno de Evo Morales, que funge a su vez de acusador y ahora de juez supremo, no es más que un grupo de peleles, que si no hacen lo que les ordenen tienen su cabeza en la guillotina.
Felipe Quispe declara que provocó los sucesos de Warisata con armas en mano, pero la Fiscalía no lo incluye en el juicio, ¿por qué? Gracias a un decreto de amnistía firmado por Carlos Mesa Gisbert que lo libera de esa responsabilidad junto a Evo Morales. Así se manejan las cosas. Y por eso tuve que pedir refugio, porque se me incluyó en ese juicio habiendo ocupado la cartera ministerial de Servicios Financieros. Alguien puede decirme: ¿qué hace un Ministro de Servicios Financieros incluido en un juicio por genocidio? Mientras el presidente Sánchez de Lozada, su ministro de defensa y de gobierno, no están en el mismo y gracias por todo.
¿Puede haber Juicio de Responsabilidades con la ausencia de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín? ¿Cómo se pueden justificar esas ausencias y creer que la Fiscalía tiene pruebas de algo? Esa ausencia sólo está gritando el vacío y la estupidez con que la justicia se mueve en Bolivia.
Claro que quiero regresar, mi Patria me duele porque toda mi familia está dividida, mi vida partida y nada tiene sentido ahora. Pero servirle a este gobierno de carne de cañón, para solaz de algunos que quieren tener muestras de políticos neoliberales en la cárcel como trofeos de su lucha antiimperialista, no estoy dispuesto a ser uno de ellos.
Fíjense cómo de la misma forma que con Octubre, se inician procesos a dirigentes cívicos y gobernadores sin pruebas, sino con papelitos que salen de los mágicos escritorios del gobierno. Y este manejo de la justicia, es la herramienta que se usa para ocultar sus fechorías. Sé que da bronca y dan muchas ganas de irles a plantar cara a estos desgraciados, pero eso sólo sirve para vender noticias y luego facilitarles su tarea sucia.