Legisladores de oposición solicitaron la investigación del fiscal Marcelo Sosa, el defensor del Pueblo, Rolando Villena y personas ligadas al entorno presidencial, dentro del caso de supuesto terrorismo que recobró vigencia luego de la difusión del denominado “video soborno”. Por su parte, el vocero de Gobierno, Iván Canelas, dijo que corresponde a las autoridades del Ministerio Público realizar las indagaciones del caso.
Norma Piérola
La diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, anunció que presentará una interpelación para el fiscal Sosa por haber incumplido supuestamente sus deberes y por un viaje a Canadá que no contribuyó a la investigación del caso.
Piérola mencionó la responsabilidad de Villena, quien trabajó con ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, presuntamente involucrados en el video difundido el pasado jueves, que además tendrían una relación con un ex candidato a la vicepresidencia por el MAS y el ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
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Según la oposición legislativa
“Entorno presidencial” debe ser investigado por “video-soborno”
• Los legisladores críticos al esquema de Gobierno creen que existen muchos lazos de poder y de parentesco entre ex autoridades del Ministerio de Gobierno y algunas personas supuestamente vinculadas con el caso, que merecen ser investigadas.
Diputados de Convergencia Nacional (CN) y Unidad Nacional (UN) pidieron a las autoridades del Ministerio Público y Ministerio de Gobierno realizar las investigaciones por el caso de supuesto terrorismo y el presunto soborno develado por un video, al fiscal Marcelo Sosa, al defensor del Pueblo, Rolando Villena y el entorno presidencial que estuvo ligado a los hechos que recobraron vigencia en el campo político.
La diputada de Convergencia Nacional, Norma Piérola, dijo que presentará una interpelación al fiscal que lleva el caso de supuesto terrorismo, Marcelo Sosa, por no cumplir con las investigaciones correspondientes y además haber realizado un viaje a Canadá para obtener pruebas, sin resultados o informes oficiales.
“Resulta que el gobierno canadiense pide un informe a la Cancillería sobre el viaje de Sosa, porque el gobierno canadiense dice que no iba a dar curso a la cooperación internacional que ha solicitado, porque (Sosa) no cumplió determinados requisitos, lo que prueba que el fiscal no hizo ninguna investigación, se fue de viaje, debe presentarse a la interpelación que estamos haciendo y eso significa su destitución”, dijo.
ENTORNO PRESIDENCIAL
Además de Sosa, la diputada planteará una Petición de Informe oral al defensor del Pueblo, Rolando Villena, porque habría relación con los dos presuntamente implicados en el supuesto soborno a Ignacio Villa Vargas, alias “el viejo”, como Carlos Núñez del Prado y Edson Alí Espinoza. Dijo que el entorno presidencial está de algún modo involucrado con estas personas, citando Alfredo Rada, ex ministro de Gobierno. Este último negó toda responsabilidad y no dio mayores detalles de Núñez ni de Alí, sus ex funcionarios.
“Existe también relación del Defensor con las dos personas que están implicadas en el video que ahora están desaparecidas y que estaban bajo su dependencia y por si fuera poco, el señor Núñez del Prado fue confirmado por el ex viceministro Gustavo Torrico como pariente de un ex senador del MAS y tenemos entendido que tiene un grado de parentesco con el ex ministro de Gobierno, Alfredo Rada”, explicó.
DEFENSOR DEL PUEBLO
Por su parte, la diputada de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, pidió la renuncia del Defensor del Pueblo, por contradicciones observadas y haber trabajado con personas, como Núñez del Prado, vinculadas al Ministerio de Gobierno como responsable de Seguridad Ciudadana.
“Pedimos que por un mínimo de responsabilidad el defensor del pueblo presente su renuncia porque no puede ser que tenga en su entorno a personas involucradas en este caso de soborno. Además, el señor Villena ha incurrido en contradicciones cuando dijo a un medio escrito que el señor Núñez del Prado había renunciado hace un mes y en una declaración o comunicado dijo que recién conoció la renuncia después de su regreso de la ciudad de Santa Cruz”, sostuvo.
La difusión del “video soborno” reabrió la polémica política de sectores de la oposición que califican el caso de supuesto terrorismo como un montaje del propio Gobierno central para desarticular a los líderes cívicos y políticos del oriente boliviano. Señalaron que el Ministerio de Gobierno y el propio entorno presidencial de 2009 habría diseñado cada fase del caso que terminó en un operativo policial y la muerte de tres personas.
El Diario