Se cumplen dos años de la promulgación de la Carta Magna. El vicepresidente Álvaro García Linera, dos analistas y dos legisladores opositores aceptan que la Constitución aún está en etapa de implementación.
Pablo Peralta /Página Siete
A dos años de su promulgación, la Constitución Política del Estado continúa aún en proceso de implementación: en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la parte normativa y legal; y en el Ejecutivo, mediante decretos y otras medidas administrativas.
Un paquete de leyes que aún no están del todo reglamentadas y, por lo tanto, no entraron en plena ejecución, permitió hasta el momento garantizar -al menos en lo formal- la inclusión social de todos los sectores y grupos étnicos, uno de los grandes desafíos iniciales del proceso de cambio.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Además de destacar este logro, analistas, autoridades, oficialistas y opositores coinciden también en que la asignatura pendiente a mediano y largo plazo es hacer valer las prerrogativas de la CPE para afianzar la economía y el sistema productivo, aún débiles e inciertos.
Hay coincidencia en que la implementación de una nueva Constitución es un proceso que puede tomar varios años, por lo que no debe extrañar la relatividad de los avances logrados hasta la fecha. “Algunas cosas se las puede cumplir inmediatamente, unas tardarán en constituirse semanas o en meses, otras incluso van a tardar décadas. La construcción, por ejemplo, del “vivir bien”, es un tema de décadas o hasta de siglos”, aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista exclusiva con Página Siete.
La Asamblea Constituyente “para refundar el país” se estableció en agosto de 2006, sin embargo, debido a la polarización política sólo pudo ver la luz a fines de 2008, cuando una concertación política viabilizó la aprobación del texto constitucional -con algunas modificaciones-, que fue refrendado por la población mediante un referéndum, y promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de febrero de 2009.
Pese a que entró en vigencia en esa gestión, la ejecución como tal se inició recién el 22 de enero de 2010, junto con el nacimiento del Estado Plurinacional y de su nuevo Órgano Legislativo.
Altas y bajas
El primer paso para ponerla a funcionar -como la misma CPE establece en sus disposiciones transitorias- fue la elaboración de las leyes orgánicas, fundamentales para el nuevo andamiaje estatal.
Esta etapa comenzó con la aprobación de la Ley del Órgano Electoral, a la que le siguieron la Ley del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Régimen Electoral y la Ley Marco de Autonomías, todas el año pasado.
Carlos Börth, ex senador y especialista en temas constitucionales, pone énfasis en la Ley de Autonomías porque “establece las reglas para que avance el proceso de construcción del nuevo Estado boliviano”, aunque a su parecer este proceso está estancado, porque aún no se han concretado los estatutos autonómicos regionales que deben adecuarse a la Constitución.
Algo similar identifica en el caso del Órgano Judicial, “pues aún no se abrió el proceso para la constitución del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura”.
El constitucionalista Carlos Alarcón comenta que si bien las leyes orgánicas conllevan la implementación de la CPE y aplicación de sus órganos, “tienen un común denominador que está en la letra chica, pues son leyes que tienden de alguna manera hacia una concentración y centralización del poder en manos del Presidente”.
Pone como ejemplo, Alarcón, que en el caso de la Ley de Autonomías en lugar de lograr “una implementación de acuerdo al espíritu y letra de la Constitución, se la ha utilizado como un mecanismo de sabotaje a las autonomías, para lograr el derrocamiento de todas las autoridades subnacionales elegidas por voto, que son opositoras al MAS”.
Más allá de las leyes, el Vicepresidente apunta a otro hito. “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos; están reconocidos como pueblos y como naciones con cultura, con civilización propia. ¿Cuándo hemos visto semejante cosa en nuestro país? En sí mismo, este logro convierte ya todo lo hecho hasta aquí en un gran triunfo de la historia y de los bolivianos”.
Börth coincide: “La fortaleza más importante de la Constitución es la canalización de la participación de pueblos indígenas, sectores populares de las ciudades y las mujeres, que estaban olvidados y postergados”.
A futuro
García Linera sostuvo que una vez promulgadas las leyes básicas, “este año toca trabajar con muchas de ellas, pero en particular priorizar las leyes de desarrollo del modelo nacional productivo, las que rigen nuestra economía plural. Ésas son las que tienen que desplegarse en el ámbito de la minería, bosques, empresas públicas’ debe haber una ley marco de economía plural que enmarque todo esto”.
Según la Constitución, la economía plural debe estar conformada por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, las cuales se articulan sobre la base de los principios de complementariedad, seguridad jurídica, equilibrio, entre otros.
Jaime Navarro, jefe de la bancada de UN, considera que “tenemos que lograr la armonía entre lo estatal, lo privado, lo cooperativo y lo comunitario. Así habrá mayor certidumbre de que es posible avanzar en la construcción de este nuevo Estado, caso contrario tendremos que empezar a pensar que la Constitución no es posible de aplicar y que hay que reformarla”. Agrega que “el resto puede tomar más o menos tiempo, pero lo económico ya va pasando de importante a urgente”.
Para cerrar, Alarcón da una pauta que invita a mirar al futuro, más allá y después de analizar y reflexionar lo ya avanzado. “Creo que el próximo debate a fondo que debe surgir en el país -afirma- es la reforma de la reforma. No necesariamente para volver al pasado, sino más bien para, cualitativamente, ir a un futuro mejor”.
ANÁLISIS
Carlos Börth Ex senador
“La coyuntura no debe opacar a la CPE”
No debe extrañar que se haya avanzado apenas en las leyes orgánicas, que es el primer paso. El proceso de implementación de toda Constitución es muy largo. A veces los procesos políticos se complican y obligan a que la fuerza política interesada en la ejecución concentre sus energías en atender otros aspectos.
Eso es lo que está pasando. La crisis alimentaria y el subsidio a los hidrocarburos son problemas graves y profundos que frenan el ritmo de la implementación porque el Gobierno tiene que resolverlos primero.
La fortaleza más importante de la Constitución es la canalización de la participación de pueblos indígenas, sectores populares de las ciudades y las mujeres, que estaban postergados.
Otra, es el régimen de autonomías, que puede ser objeto de cuestionamientos, pero que pese a todo tiene la virtud de haber profundizado la descentralización administrativa a niveles nunca antes alcanzados.
En lo formal, hay en la CPE un importante número de artículos contradictorios, que si no se corrigen, pueden ocasionar conflictos cuando cambie la correlación de fuerzas. Otra debilidad es la confusión que causan muchos conceptos que perjudican la implementación y desarrollo. Por ejemplo, se ha escuchado voces desde el oficialismo señalando que supuestamente no existiría ya la República en Bolivia, pese a que en el artículo 11 de la CPE se hace referencia a la República de Bolivia.
Los graves problemas coyunturales como la crisis alimentaria y los altibajos de la economía pueden a la larga ser mucho más determinantes de lo que aparentan, en la medida en que la percepción de la gente se centre en que la responsabilidad de todo esto está en la nueva Constitución. Si eso ocurre, los obstáculos serán casi insuperables para su desarrollo e implementación.
Carlos Alarcón Constitucionalista
“La CPE generó un Estado débil”
Lo que falta para realizar la nueva CPE es implementar toda la normativa derivada de las leyes fundamentales. Es decir, toda una serie normas de una agenda en el ámbito económico, social y político.
La mayor virtud de la Constitución no la veo en el texto en sí mismo, sino en el proceso constituyente, que sirvió para pacificar el país y evitar el riesgo de un enfrentamiento fratricida entre bolivianos.
Entre las falencias, está el nivel de la estructuración del poder que ha generado un Estado incoherente, débil, dividido por dentro e ineficaz por el sobre empoderamiento de grupos sociales que se consideran por encima de todo y de todos; y por el efecto de este diseño dual de dos estados distintos dentro del mismo: uno que responde al concepto republicano y otro al comunitario.
Además de incluir de manera más amplia algunos derechos fundamentales de las personas, lo que puede ser una debilidad, si tomamos la figura del “catalogo de ilusiones”, como llaman muchos constitucionalistas para referirse a una constitución que pregona demasiados derechos.
La pregunta de fondo es ¿con esta Constitución vamos a tener un país integrado, unido y viable en los aspectos económicos, políticos y sociales?, o, por el contrario, ¿esta Constitución requiere más bien urgentes reformas para poder concretar esos objetivos?
En ese sentido hay dos respuestas. Una conservadora que piensa que esta Constitución es perfecta y no hay que tocarla; y la otra que es progresista -a la que me adscribo- que considera que ésta no permite una adecuada unidad e integración entre todos los bolivianos; tampoco permite un diseño eficiente y eficaz para el funcionamiento del Estado y sus instituciones, ni viabiliza a corto plazo una Bolivia que avance por el desarrollo económico y social.
Los logros y lo que falta
El vicepresidente Álvaro García Linera identificó –en una entrevista exclusiva para Página Siete- cinco logros y un tema que a su juicio aún está pendiente de desarrollarse, a dos años de la puesta en vigencia de la Constitución Política del Estado.
Los logros
1. Reconocimiento: “La Constitución reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos; están reconocidos como pueblos y como naciones con cultura, con civilización propia. ¿Cuándo hemos visto semejante cosa en nuestro país? En sí mismo, este logro convierte ya todo lo hecho hasta aquí en un gran triunfo de la historia y de los bolivianos”.
2. Nuevo horizonte: “La CPE marca los tres pilares del sentido común de la época: plurinacionalidad, autonomía y economía plural. Hay que acelerar más uno, hay que retroceder, hay que potenciar más el otro… hay que hacer lo que sea necesario, pero todo el debate político, mediático y académico gira en torno a esos tres ejes”.
3. Nuevas instituciones: “Hay que valorar las instituciones que se están creando: el Tribunal Constitucional, el Órgano Electoral, las asambleas departamentales, el Consejo de la Judicatura con presencia indígena, con justicias indígena originaria campesina en igualdad de condiciones que la justicia ordinaria. Se trata de un nivel de institucionalidad complejo que está ya casi listo”.
4. Formas de democracia: “La CPE garantiza la coexistencia de formas de democracia directa, de democracia representativa, comunitaria en la vida institucional. Hay personas que han sido elegidas no por voto universal y directo, o por las asambleas departamentales, sino por cabildo y asamblea. Eso está funcionando”.
Lo que falta
1. Fortalecer el ámbito económico: “Faltan aún las leyes de desarrollo en el ámbito económico, que consoliden el modelo nacional productivo. Ésas tiene que desplegarse este año; en el ámbito de la minería, bosques, empresas públicas, y una ley marco de economía plural que enmarque todo esto, a los tres ejes que tiene nuestra economía: el estatal, el privado (pequeño, mediano y grande), y el campesina comunitario”.
“Este año toca ver muchas leyes aún, pero en particular se debe priorizar las leyes de desarrollo del modelo nacional productivo y de economía plural”.