Una nueva era para el Comité pro Santa Cruz

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Lucha Contra la Corrupción

2. El Día: Tan lejos de El Cairo

3. El Día: Plan de gobierno Evo-Álvaro

4. El Día: Bolítica

5. El Día: La gran encrucijada

6. El Día: La nueva Ley de educación

7. Los Tiempos: LA DESPENALIZACIÓN DEL AKULLIKU Y DE LAS DROGAS

8. El Deber: Una nueva era para el Comité pro Santa Cruz

9. Cambio: Otro mundo es posible

10. La Prensa: Un censo certero y transparente

11. El Diario: Costo de vida, contrabando y escasez

12. El Mundo: Garantía

13. Opinión:

14. Clarín, Argentina: La degradación de la función pública

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El Día: Lucha Contra la Corrupción

¿Es o no es Verdad?

No puede parecerme mal que el Gobierno haya declarado el 8 de febrero como Día de Lucha contra la Corrupción. Puede ser una oportunidad para sensibilizar al país sobre este hecho que envenena a muchos sectores sociales y que su ponzoña se derrama por todo el mundo. Más bien me sumo al propósito gubernamental refrescando algunas ideas, por demás conocidas pero cada vez más olvidadas.
Antes de desarrollar el tema de la corrupción quiero decir que, a muchos no nos pareció tan apropiado celebrar el Día Nacional – ¿o plurinacional? – del Acullico, pues la costumbre de mascar coca no es ni nacional ni plurinacional, pues no se practica en el Oriente boliviano. Además, las estadísticas revelan que el acullico ha ido perdiendo practicantes, incluso en zonas altiplánicas. Aunque haya que mencionar con acendrado indigenismo, la excepción de los neo acullicantes masistas que se hacen fotografiar mordiendo una hoja sagrada para demostrar la autenticidad de sus orígenes autóctonos.
Pero volvamos a la lucha contra la corrupción, una peste que se ha agravado en los últimos tiempos y que envenena desde las alturas del Gobierno, hasta los sectores de escasos recursos. Esta plaga no se fumiga como el mosquito del dengue. ¿Es que no tiene remedio? Veamos. La corrupción se puede prevenir, en cierta medida, desde la familia y de la escuela con la educación de la conciencia moral, así como desde la recta administración de la justicia. Aunque, en las condiciones culturales, incluso religiosas, en que se desarrolla nuestra sociedad, resulta difícil, cada vez más difícil, que la familia conserve y transmita los valores morales fundamentales que entendemos como buenas costumbres. Pero hay que trabajar en este sentido.
En cuanto a lo que entendemos, en sentido amplio, como vida pública tampoco es fácil que  los tribunales sean justos cuando el mismo Gobierno los ha politizado (léase, corrompido). Cuando el Gobierno habla de luchar contra la corrupción, no debe excluir al sector público, responsable en gran parte de los graves atentados contra el bien particular y el colectivo. Basta enunciar unas cuantas palabras, sin necesidad de alargarse en describir su significado. Para entender lo que quiero decir: narcotráfico, soborno, contrabando, prevaricación, perjurio, falso testimonio, delación, falsedad, difamación, injuria, estafa, lavado de dinero, (me quedo corto) y otros mil delitos tipificados en el Código Penal.
He omitido, a sabiendas, por simple respeto al discreto lector, todos aquellos crímenes nefandos que avergüenzan a la sociedad moderna. En todos esos pozos negros se encuentran la malicia personal y la perversión institucional. Pero si la Justicia institucional hace diferencias, castigando, incluso con exceso, al adversario político y tolerando la maldad de sus correligionarios, estaría dando pruebas de una repelente hipocresía. A modo de aterrizaje recordaré que todavía existe un factor coadyuvante a las dos instituciones (familia y justicia) en la auténtica lucha contra la corrupción, y que llamamos sanción social. Es el castigo, no legislado, que la sociedad impone al inmoral, al corrompido, quitándole la confianza la amistad y la reputación.
 

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El Día: Tan lejos de El Cairo

Enfoque Internacional

La escena duró apenas unos segundos en pantalla, un destello breve que nos cinceló en la retina la imagen de miles de personas protestando en las calles de El Cairo. La situación era descrita por la engolada voz de un locutor cubano, quien sostenía que la crisis del capitalismo había hecho estallar la inconformidad en Egipto y que las diferencias sociales hundían al Gobierno.
Apenas mencionó que un ciclo de casi 30 años se estaba desmoronando en solo una semana, justo allá, en un país donde la historia se mide con números de cuatro cifras, se acuña en trozos del tamaño de milenios. La alusión entre nosotros a la prolongada estancia en el poder de Hosni Mubarak fue -como advierte el refranero popular- mencionar "la soga en casa del ahorcado", insinuar que en nuestro propio patio un autoritarismo de cinco décadas también ha excedido su fecha de caducidad. Tal vez para evitarnos esa comparación, los medios estatales se mostraron cautelosos con las noticias que llegaban desde el norte de África. Nos administran a cucharadas la narración de los sucesos, sin hacer hincapié en todos los motivos que empujan a un pueblo a poner límite al mandato personalista de un octogenario. A pesar del sigilo periodístico, otros fragmentos de lo ocurrido llegaron hasta nosotros a través de las redes alternativas de información, de las perseguidas antenas parabólicas y la escurridiza Internet.
La prudencia oficial no pudo evitar que nos sobrecogiéramos con la vista aérea de la plaza de Tahrir que vibraba al ritmo de la espontaneidad, cuando por estos lares hace muchos años que esa franqueza no se percibe en la sobria y gris plaza de la Revolución. Era inevitable que, al observar la muchedumbre manifestándose con pancartas, termináramos haciéndonos la pregunta que aquel locutor de corbata a rayas quería alejar de nuestras mentes. ¿Por qué en Cuba no ocurre algo así? Si nuestro Gobierno es de más vieja data y el colapso económico se ha convertido en elemento inseparable de nuestros días, ¿qué evita que emprendamos el camino de la protesta cívica, de la presión pacífica en las calles? Egipto ha venido a sacudirnos en nuestra mansedumbre y el arrojo de otros nos ha enfrentado con nuestra apatía, en esta nación donde el tiempo se mide en efeméride "revolucionarias", se acuña en los folios amarillos de la burocracia.

La teoría de pueblos valientes y pueblos cobardes es, en el menor de los casos, simplista. No hay una genética de la rebeldía como tampoco se puede predecir en qué momento la inconformidad alcanza su punto de ebullición. Esta isla larga y estrecha ha nutrido desde 1959 las especulaciones, las barajas de copa y espada, los tableros de Ifá y hasta los cuartetos rimados, de analistas, cartománticos, babalaos y profetas. Ante estos augurios de un futuro que no acaba de llegar, millones de cubanos han resumido su actitud cívica en un vocablo moroso: esperar.
Acarician el espejismo de la solución rápida, de acostarse un día en un Estado sin derechos y levantarse al otro en una Cuba democrática. Cuando el tiempo de aguardar se prolonga más allá de lo previsto, muchos deciden conjugar el verbo emigrar u optan por las breves y lacónicas sílabas de "callar".
Pero lanzarse a las plazas no, pues ese asfalto retinto de las avenidas pertenece -y así nos dicen desde pequeños- a los revolucionarios, a Fidel Castro y al Partido Comunista. Nos han hecho creer que protestar en público contra los despidos masivos, el alto coste de la vida o para exigir la renuncia de un Gabinete son gestas que emprenden otros, acciones que solo son posibles fuera de nuestras fronteras nacionales. Nos han quitado las calles, nuestras calles. En aras de impedir que una multitud tome las aceras y grite al unísono ¡qué se vaya el presidente, qué se vaya!, activan los mecanismos ocultos del control, los resortes del miedo. El engranaje de la vigilancia que no conoce de crisis económica ni de recortes se cierne constantemente sobre nosotros.
Ahora mismo está en vilo, ajustando sus agentes, sus autos, sus leyes, para evitar el contagio que puede venir desde el Este. Pues aunque El Cairo queda muy lejos, hay demasiadas analogías entre los cubanos y esos rostros que vimos reunidos en la marcha de un millón. Ellos gritaban contra Mubarak, pero del lado de acá de la pantalla muchos sentimos que nos emplazaban a nosotros, que nos hacían sentir avergonzados de nuestra inercia.

Yoani Sánchez es periodista cubana y autora
del blog Generación Y. En 2008 fue galardonada
con el Premio Ortega y Gasset de periodismo.  

 

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El Día: Plan de gobierno Evo-Álvaro

Tribuna

El año pasado conocimos el “PLAN DE GOBIERNO MAS-IPSP (2010-2015) Evo-Álvaro” al que habría que añadir el Conejo, la Reina de Corazones y Alicia para estar en el país de las maravillas.
Según el Vicepresidente, “es un programa de Gobierno sólido, consistente, fundamentado”. “Un programa de industrialización acelerada, con tiempos largos, medianos y cortos, de diversificación de la economía y de potenciamiento del Estado”, afirmación dudosa tanto por la receta estatista de su ejecución, como por el débil sustento financiero del programa, basado en recursos que serían generados por la ya fracasada nacionalización de los hidrocarburos y en ausencia de inversión extranjera, económica y tecnológica.
Hay que reconocer que hay aspectos destacables; el Plan recoge importantes iniciativas en lo referente a planes de infraestructura y energía y se valora la educación técnica en un país huayraleva. Pero su debilidad y error es su enfoque estatista, se asigna al Estado el rol de empresario y productor, propio del capitalismo de Estado y se desconoce la iniciativa individual y el mecanismo de mercado, que además forma parte de la practica social del boliviano y especialmente del andino. El programa en su ideología identifica como enemigo al capitalismo y la propiedad privada y esto recuerda los famosos programas comunistas: Primer Plan Quinquenal de Stalin: siderurgia, energía, petróleo y electricidad y el Gran Salto Adelante de Mao, con sus comunas; que lograron la hambruna y muerte de millones de personas y el fracaso económico, además de desastrosos daños ambientales.
El éxito de cualquier programa de gobierno está en el enfoque y el entorno en que se aplica: El programa del MAS, parte de la idea que el actor principal del desarrollo es el Estado y vale la pena aclarar que el Estado en Bolivia es el Poder Ejecutivo a cargo de todos los poderes, la cúpula gobernante y un creciente numero de servidores, elegidos por el solo mérito de responder a sus jefes. Son estos funcionarios de baja calificación e ínfimos salarios, quienes manejaran burocráticamente las empresas del Gobierno, decidiendo qué es lo mejor para el país y para la gente, definiendo o inventando los mecanismos para hacerlo o buscando apoyo de sus amigos ideológicos: cubanos, iraníes, venezolanos; quienes en su país fracasaron en todo, menos en montar excelentes aparatos represivos.

Esto nos lleva a pensar que este será otro plan más, de los muchos que se han escrito en la historia del país, pues más importante que el programa es el ambiente en el que se aplica. Este Plan, que habla de una economía plural, tiene que ejecutarse en un ambiente de inseguridad jurídica y física, que aleja y desalienta a los productores e inversionistas. Un ambiente, con recetas ideológicas que desajustan las fuerzas de la economía, como aquella de prohibir las exportaciones y regular precios, que han logrado disminuir la producción de alimentos. Y al final cuando todo va mal, cuando el desabastecimiento se agudiza, se crean empresas estatales como Emapa, remedio que resulta peor que la enfermedad. Se creó una burocracia que compite en forma desleal, usando recursos públicos y ventajas arancelarias, con el sector comercial nacional, de lejos más eficaz, que la nueva empresa capitalista del Estado plurinacional.

Si algo se pudo aprender y confirmar innumerables veces a lo largo del siglo XX es que el desarrollo, la prosperidad y la armonía social son la consecuencia de la seguridad jurídica, las inversiones, el mercado, la educación, la colaboración internacional y la libertad para desplazarse, asociarse, producir y consumir. De contar con un Estado sólido, promotor del desarrollo mediante incentivos en infraestructura y logística y proveedor de un marco de seguridad jurídica y física para que los actores económicos tomen sus decisiones en un marco de regulación, que busca salvaguardar la sociedad y el medio ambiente.

Necesitamos un Plan Nacional de Desarrollo Nacional y Planes Departamentales, que sean una guía para la acción del Estado y una referencia para los actores económicos. Un Plan que responda al actual contexto histórico, político, económico y ambiental de la humanidad y con la urgencia de tomar en consideración el desafío del cambio climático y la bomba poblacional. Un Estado reducido y sólido en su rol regulador, generador de políticas públicas y garante de una estructura institucional que da sustento y previsibilidad a estas políticas.

Un programa de desarrollo sostenible con enfoques de sustentabilidad y tecnologías adecuadas que aumenten la productividad y la producción, ahorren combustibles, materias primas y reciclen los desechos. Un programa que confíe en las personas y su capacidad de tomar decisiones y asumir riesgos en un país y una economía libre.

 

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El Día: Bolítica

El objetivo que tenemos no    es mantener sino superar en un 10% todo el trabajo que se ha realizado durante el 2010, eso significa incrementar el número de operativos que consiguientemente derivaría en el incremento de incautaciones’".

Fernando Amurrio
Comandante departamental de la FELCN

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Se dice que: El narcotráfico sigue campeándose en el país. En el mes de enero se ha incautado 350 kilos de cocaína en Santa Cruz, según la Policía Antinarcóticos".

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A Bolivia le falta cooperación en la lucha antinarcóticos y consideramos que sus esfuerzos son insuficientes e incluso nulos en algunos frentes para frenar el narcotráfico en su territorio".

Informe oficial
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU

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El Día: La gran encrucijada

Bajo el Penoco.

Otra vez ha vuelto el rumor de un nuevo gasolinazo y el Gobierno lo niega, pese a que son los ministros, el vicepresidente y también el jefazo, los que ayudan a generar estos comentarios, porque no hacen otra cosa que insistir en la necesidad de elevar los precios de los carburantes. Sus quejumbrosos análisis se acentúan en la medida que aumenta el precio del barril del petróleo, que con altibajos, idas y venidas, otra vez anda bordeando los 100 dólares. Eso obliga a los nacionalizadores plurinacionales a apartar más platita para comprar gasolina, GLP, diesel y lubricantes y evitar que también haya filas en los surtidores. Los genios del Gobierno estaban seguros de que los ingresos generados por la venta de gas alcanzarían para importar alimentos y es por eso que arremetieron contra el aparato productivo del oriente boliviano y en el mejor de los casos, lo ignoraron. Ahora están en una gran encrucijada: o compran azúcar, harina y arroz (y en breve será pollo, huevo, carne, leche) o compran gasolina. O las colas las hace la gente en las pulperías de Emapa o las hace en las gasolineras. No hay otra.

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El Día: La nueva Ley de educación

Editorial

Con el inicio del año escolar se ha puesto en evidencia –al menos en Santa Cruz- que la nueva Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez demorará un buen tiempo antes de ser aplicada como corresponde por el sistema educativo boliviano. En los hechos, ha sido una sorpresa para la ciudadanía que un importante porcentaje de directores de establecimientos educativos desconozca los pormenores de la nueva normativa sobre la educación. Por otra parte, ha causado preocupación y confusión entre educadores y padres de familia el que no se haya difundido de mejor manera la mencionada Ley, llamada a revolucionar la educación en el país, pero que hoy por hoy es una incógnita.
 
En su momento, la promulgación de la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez provocó agudas críticas de la Iglesia Católica y de un sector de maestros urbanos, fundamentalmente porque se la presentaba como una normativa que caracterizaba a la educación como laica, centralizada y antiimperialista, y también porque en algunos aspectos no había sido consensuada. Aun así, la idea de acabar con la educación alienada, sometida, subordinada, para dar paso a una educación revolucionaria, liberadora ante todo, aparecía como lógica consecuencia de la coyuntura  política por la que atraviesa el país. En todo caso, mostraba más facetas positivas que negativas.
 
Conviene recordar que una de las causas del fracaso de la Reforma Educativa de los años noventa residía en que los maestros no fueron tomados en cuenta en el proceso. La insuficiente gestión hizo el resto. El Gobierno del Estado Plurinacional, en una coyuntura política y social aparentemente favorable a sus propósitos, promete hacer buena letra con la nueva Ley de la Educación. Sin embargo, está cometiendo los mismos errores  del pasado y se han dado señales de una aplicación de la ley reñida con la eficacia. Por ello, la opinión pública está en su pleno derecho de expresar descontento con este proceder que tergiversa la expectativa generada por la ley en su promulgación.
 
En la Ley Educativa, el maestro tiene un rol decisivo en la “transformación” hacia la liberación del pueblo boliviano. No obstante, ahora mismo se está constatando que  los propios directores de establecimientos educativos no conocen lo suficientemente la ley. Vistas así las cosas, qué se puede esperar de los maestros de base si los supuestos responsables del proceso no han hecho suyo el instrumento de la liberación. La nueva normativa sobre la educación incorpora el rol fiscalizador de la participación social comunitaria. Un aspecto importante que todavía no se ha abordado como corresponde.
 
El Gobierno debería ser más claro en lo respecta a una de las funciones fundamentales del Estado que señala la Constitución: la educación. Resulta frustrante que no se socialice una ley de suya trascendental para el proceso de cambio que se pretende impulsar. Como si ello no fuera suficiente, es probable que los educadores conozcan muy poco del contenido de la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Luego, si no se la aplica como debe, la citada ley se convierte en un simple saludo a la bandera, mientras que la educación boliviana toma un rumbo de incertidumbre y confusión, que poco de bueno dicen del rol de las autoridades nacionales responsables.

Resulta frustrante que no se socialice una ley de suya trascendental para el proceso de cambio que se pretende impulsar en la educación.

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Los Tiempos: LA DESPENALIZACIÓN DEL AKULLIKU Y DE LAS DROGAS

Mientras Estados Unidos parece encaminarse a abrir el debate sobre la legalización de las drogas, a Bolivia la frena para legalizar el akulliku

Durante las últimas semanas, dos noticias aparentemente muy distantes entre sí pero relacionadas por múltiples factores han atraído la atención de quienes ven con preocupación el futuro de la guerra contra las drogas, sus pobrísimos resultados y sus muy negativas consecuencias. La Cancillería boliviana y su intensa campaña para revisar la Convención Única sobre Estupefacientes aprobada en Viena en 1961 fue protagonista de una de ellas. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y unas declaraciones suyas en las que reconoció la necesidad de abrir un debate sobre la legalización de las drogas fue la segunda.

El primer tema, el relativo a la demanda boliviana, fue motivo de especial atención en Europa, adonde se dirigió la mayor parte de los esfuerzos diplomáticos de nuestro país. El objetivo era que los países europeos dejen de secundar la posición estadounidense, que no se opongan a una revisión de la Convención de Viena y abran así la posibilidad de que en la Organización de las Naciones Unidas se inicie un proceso de revisión de las prohibiciones que pesan sobre las drogas, sus precursores y materias primas.

La demanda boliviana era en realidad muy modesta. No aspiraba más que a que la práctica del akulliku, tan común entre gran parte de la población nacional, deje de considerarse un delito. No se pedía que se retire la hoja de coca de la lista de productos interdictos ni tampoco se exigió, por lo menos no explícitamente, que se levanten las prohibiciones que pesan sobre la exportación de productos elaborados con hoja de coca.

El resultado de las intensas gestiones diplomáticas desplegadas para recabar apoyo a esa causa no fue el esperado. No se logró que Estados Unidos quede solo y aislado en su rechazo a la demanda boliviana ni que el número de países que la apoyan engrose. Fueron 16 los países que se opusieron a la despenalización del akulliku (entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Suecia y Dinamarca además de otros de menor peso diplomático) y sólo dos (Uruguay y Ecuador) los que se pronunciaron oficialmente de manera favorable. Todos los demás optaron por el cauteloso silencio.

Mientras esas fichas diplomáticas se movían alrededor de la convención de Viena, en Estados Unidos, el país que con más tenacidad se opone a la revisión de la convención, se dio otro paso más hacia la desmitificación del tema. Aunque los principales medios de comunicación no le dieron la importancia que merece, excepto la revista Time, Barack Obama afirmó que "la legalización de las drogas es un tema enteramente legítimo de debate", con lo que terminó de poner el asunto en la agenda política estadounidense.

Se puede concluir que estamos en tiempos de las paradojas y las contradicciones. Mientras el presidente estadounidense hace la afirmación precedente, su burocracia se empeña en mantener lo más conservador de la política de esa nación. Y en Bolivia no podemos avanzar en la legalización del akulliku, que es una propuesta mucho menos pretenciosa que la de legalizar las drogas, entre otras cosas, por el funcionamiento de esa maquinaria burocrática encargada de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. Así, nos encontramos ante un nuevo fiasco que, en todo caso, debería ayudarnos a diseñar nuestra política exterior con menos entusiasmo que pragmatismo.

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El Deber: Una nueva era para el Comité pro Santa Cruz

Falta poco para las elecciones en el Comité pro Santa Cruz. Por las declaraciones de los contendores, se observa que los principios comunes de ambos son la necesidad de recuperar la credibilidad de la institucionalidad cruceña, mayor inclusión social, el diálogo como medio para superar conflictos y el control de las entidades gubernamentales -en sus distintos niveles- para que se concreten necesidades legítimas de la región. Estos principales aspectos  marcan la pauta de los dos candidatos.

Tal como expresamos en un anterior comentario editorial, la entidad cívica debe adaptarse al momento actual o corre riesgo de extinción. No se trata en el Comité, además, de  formar ningún tipo de ‘gobierno’, ni moral ni de ninguna otra naturaleza.

Los gobiernos -central, departamental y local- están y estarán en manos de gente elegida por el voto popular. El Comité funge como mecanismo que aglutina a la sociedad civil organizada del departamento, pero de ninguna manera  su cabeza refleja la votación mayoritaria del pueblo cruceño. Es producto del consenso (o mayoría) de  una suerte de voto corporativo expedido por cada una de las entidades locales que lo forman. El Comité es representativo sí de éstas, pero no tiene –ni debe tener- ninguna capacidad de gobernar. Su  misión es vigilar que se haga lo mejor por y para Santa Cruz. Cuando así lo hizo, el Comité brilló y luchó  gallardamente –con éxito- para conseguir legítimas demandas. Cuando el ente se introdujo en la política interna solamente cosechó problemas. Asimismo, en muchas ocasiones el Comité sirvió de  mero trampolín  figurativo para quienes saltaron de lo cívico a la pugna por el poder para transformarse en políticos. La realidad es la realidad. Los hechos así lo demuestran.

Los tiempos cambian, las instituciones también deben hacerlo. El Comité pro Santa Cruz no puede ser una excepción.  Si se insiste en mantenerlo como una reliquia del pasado,  languidecerá  irremediablemente.

La estructura del Comité fue buena por décadas. Estaban representadas las llamadas ‘fuerzas vivas’ de una región pujante, cada vez más exigente de progreso y de justicia. Hoy tenemos nuevos actores sociales, nuevas circunstancias y nuevos desafíos. Hay que adecuarse a ellos. También  hay que ubicarse en el sitio -importante- que le cabe al Comité como fiscalizador vigilante de las necesidades y pedidos regionales. Para gobernar y participar en política,  reiteramos que hay otros con legitimidad consagrada en las urnas, no en los pasillos de algunas instituciones. Eso es así, guste o no.

Si el Comité entra en una nueva era bajo estas sanas premisas de readecuación, puede tener aún una larga vida. Caso contrario,  cabe promover una reflexión sobre si se debe continuar insistiendo en sostener una institución  sexagenaria -y con glorioso pasado- que ha sido superada por el tiempo presente. En lo particular, creemos en la necesidad de contar  a futuro con una entidad cívica fuerte pero permanentemente orientada a los temas específicos que le corresponden, sin manipuleos ni juegos de intereses de logias, sectores o lo que fuere. Si es así, la era que pronto se iniciará en el Comité pro Santa Cruz abrirá caminos propicios para la nueva institucionalidad cruceña. Si no ocurre de esa manera, la selectiva elección  venidera -sea quien sea el que la gane- tendrá sabor al último canto del cisne.

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Cambio: Otro mundo es posible

Era el año 2001, el primero del nuevo siglo, en ese tiempo el neoliberalismo comandado, alimentado, mimado por Estados Unidos y Europa, parecía no tener rival organizado que lo enfrentara.

Sus políticas impuestas desde las embajadas y los organismos financieros ponían y ponen al planeta al borde del abismo.

Pero algo cambiaba en el mundo, no era un cambio precisamente visible, pero se sentía que por debajo de las sociedades se estaba gestando una reacción.

El neoliberalismo campeante organizó un evento por de más soberbio, en el sentido de la exclusión; en Davos (Suiza) se reúnen los gobiernos neoliberales con sus empresarios, que uno nunca sabe si son los jefes de gobierno o los beneficiarios de las políticas económicas y sociales. No importa, el caso es que en América Latina, en Porto Alegre, surge una respuesta global organizada que responde a Davos con una consigna inapelable en su sentido de justicia: otro mundo es posible.

Esta frase resume nuestras frustraciones generadas por el neoliberalismo, tan reñido con la condición humana.

Desde América Latina decimos que puede haber un mundo sin hambre, un mundo sin analfabetismo, un mundo en el que los seres humanos no mueran de enfermedades fácilmente prevenibles, un mundo en el que los indígenas sean considerados personas de pleno derecho, un mundo en que los jóvenes tengan existencia como personas que deben tomarse en serio, un mundo en el que las mujeres tengan plenos derechos ciudadanos y puedan vivir con creatividad y libres de todo tipo de violencia.

Éstas y muchas otras demandas pusieron al sistema capitalista frente a algo nuevo, la respuesta a su abuso y depredación ya no venía de países liberados y bloqueados, como Cuba, venía de movimientos sociales que habían decidido reunirse para discutir las miserias neoliberales sin que medien poderes estatales.

Tampoco estaban convocados por las Naciones Unidas y sus poderosas y millonarias conferencias y convenciones, no. Ahora estaban las organizaciones sociales autoconvocadas, no estaban alojados en impolutos hoteles de cinco estrellas, estaban en carpas o aulas de escuelas.

Así, desde aquel no tan lejano primer Foro Social Mundial de 2001, hemos llegado al undécimo. El mundo evidentemente ha cambiado en el sentido en que los análisis de los foros dijeron que marcharía.

El cambio climático, una gran preocupación de los movimientos sociales, ha empeorado la salud de todo el planeta y, como se dijo tantas veces, el imperio no lo ve, no le interesa, ni siquiera sabiendo que será parte de la destrucción, como el suicidio premeditado y ambicioso del rey Midas.

En estos diez años han habido muchos cambios políticos, el neoliberalismo cada vez pierde más gobiernos afines a sus intereses, que son reemplazados por gobernantes con clara conciencia social y afinidad con los más pobres de sus países.

En lo económico, si bien el Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue teniendo peso en muchas decisiones, la realidad está cuestionando su rol desde su interior.

En el campo social hay también profundos cambios mundiales, los otrora pasivos pueblos y naciones indígenas cada vez tienen mayores roles en la política mundial, y sus propuestas tienen impacto en grupos no indígenas comprometidos con el cuidado del planeta y los derechos humanos.

Las mujeres cada vez tienen la voz más alta, no porque la eleven, sino que son mejor escuchadas por los líderes y actores sociales.

Hoy los países más fuertes de América Latina -Brasil y Argentina- están siendo gobernados por mujeres democráticamente elegidas y comprometidas con los postulados de que otro mundo es posible.

Es sintomático que este undécimo foro se lleve a cabo en África, justo en un momento en que el imperio neoliberal está perdiendo el control sobre esta importante región.

Desde el candente Sahara atlántico, los saharauis hasta el Yemen de la península arábica, los pueblos se están rebelando a esos gobernantes prohijados y alimentados por los imperios capitalistas. Es posible que el foro inaugurado ayer concluya con otra realidad, mucho más afín a la lucha que mueve a los pueblos.

Algo importante de los últimos foros mundiales es la presencia de nuestro presidente Evo Morales Ayma, que no va para hacer puntos con los movimientos sociales, va invitado por ellos porque desde hace unos años es un indiscutido líder para estos movimientos a escala mundial. Algo que los medios de la derecha son incapaces de ver y sentir. En esta ocasión, la presencia del Presidente de todos los bolivianos lleva la voz de la Madre Tierra, de los derechos humanos, de los pueblos que se alzan frente el imperio, porque los pobres y marginados del mundo saben qué clase de enemigo gratuito tienen en Davos.

Ayer en Dakar, más de diez mil personas marcharon por las avenidas de esta emblemática ciudad. Así como hace diez años en Porto Alegre iniciábamos un cambio con esperanzas, hoy en África inauguramos otro momento de cambio que comienza en las arenas del Sahara y tiene como marco las pirámides de Egipto.

Esperemos que dentro de diez años el Foro Social Mundial esté reunido en algún punto del planeta evaluando los avances de una década en que el mundo vio que el Vivir Bien es posible, porque ése es el mundo que queremos.

Es posible que el foro inaugurado ayer concluya con otra realidad, mucho más afín a la lucha que mueve a los pueblos. Desde América Latina decimos que puede haber un mundo sin hambre ni enfermedades prevenibles, un mundo donde el Vivir Bien es posible.

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La Prensa: Un censo certero y transparente

El recuento debe responder a bases técnicas que garanticen sus resultados. Lo político o etnoculturalista debe ser expurgado de lo demográfico.

El levantamiento de un Censo Nacional debe hacerse cada diez años a fin de establecer los datos precisos sobre las variaciones en la demografía nacional, cambios que se ajustan a un invariable ritmo de ascenso. El censo de 2001 nos demostró que el crecimiento vegetativo de nuestra población se registraba en porcentaje superior al de muchos países. Llegábamos casi a los ocho millones de habitantes, de los cuales más de cinco vivían en las ciudades y sólo poco más de tres millones en poblaciones rurales.

Desde entonces y hasta la fecha, seguramente se ha ensanchado mucho más la brecha entre la población urbana y la rural. No bajó, sino aumentó la migración campo-ciudad, fenómeno común en casi todo el mundo de hoy, sobre todo en países de alto desarrollo que emplean tecnología de punta en la producción agropecuaria, reduciendo al mínimo la demanda de mano de obra campesina, por lo que la gente de comunidades rurales se traslada a las ciudades.

Entre nosotros ocurre al revés: no se produce a escala de mercado en el agro, siendo el minifundio altiplánico una de las causas que obliga a los ?originarios? a dejar sus lares y buscarse la vida en las ciudades (La Paz, El Alto y Santa Cruz, principalmente). La excepción es la zona de Santa Cruz, donde impera la empresa agropecuaria que produce para el mercado interno y externo.

Entre lo urbano y lo rural se dan especificidades que urge remarcar, como el hecho de que el primer espacio corresponda no sólo a ciudades del eje troncal y subtroncal del país, también a las capitales provinciales. Cualquiera que visite estos municipios comprobará enseguida que sus poblaciones son mayoritariamente mestizas. Lo indígena, tanto en lo étnico, lingüístico y cultural, es asociable sólo a las comunidades de originarios o ?ayllus? que, con poblaciones cada vez más reducidas, subsisten en diferentes áreas del altiplano. A igual categoría corresponden los pueblos ?indígenas? del oriente boliviano, circunscritos a ostensibles minorías demográficas, toda vez que la mayoría de sus miembros emigraron a la capital cruceña o capitales provinciales de ese departamento. Son realidades a tomar en cuenta por quienes preparan el Censo de 2011, cuya realización se anuncia hasta marzo del presente año.

El recuento debe responder a bases depuradamente técnicas que garanticen la confiabilidad de sus resultados. Lo político o etnoculturalista tiene que ser meticulosamente expurgado de lo demográfico. Esto último entraña fiel estadística cuantitativa: tantos habitantes en las ciudades y pueblos, y tantos en las comunidades indígenas. Obviamente que esta limpieza debe abarcar a preguntas erróneas, como aquellas alusivas a la pertenencia étnico?cultural del censado, cuya finalidad no era otra que inflar las cifras correspondientes a tan ya minoritaria categoría racial.

Un censo 2011 transparente y certero. Es lo que sin duda exigirá el pueblo boliviano. Sobre todo, aquellos que temen que se haga lo contrario, porque el rumbo hegemónico que sigue el Gobierno les hace temer alteraciones estadísticas que perjudiquen a las autonomías regionales y municipales, beneficiando a las autonomías indígena?originario?campesinas. No en vano la Ley Marco de Autonomías que el Gobierno promulgara en su momento perforó con este último enclave a las autonomías regionales.