Las noticias sobre el caso del narco-comandante indicaban que el general René Sanabria se había acogido al derecho al silencio, lo que fue contestado con una fuerte maniobra de la Fiscalía de Miami, que anunció la posibilidad de pedir la cadena perpetua para el ex director de lucha antidroga de Evo Morales.
El trasfondo de esto es que, sin duda, Sanabria debe estar presionado por sus socios y superiores en la red de narcotráfico de la que formaba parte para no hablar, por lo cual las autoridades norteamericanas están moviendo otra pieza en el tablero para que “cante”.
Si Sanabria coopera podrá librarse de la cadena perpetua e incluso aspirar a una condena más bien leve, pero eso requerirá, previsiblemente, que revele los nombres de los “peces gordos” de la red.
Y aquí es donde entra en juego el gobierno boliviano. El día de la detención de Sanabria, la administración de Evo Morales procuró por todos los medios la repatriación del general de policía, lo que le habría dado un mayor margen de maniobra. El intento fracasó, ya que el apresamiento de Sanabria había sido un operativo conjunto con la DEA y Panamá procedió a entregar al narco-comandante, que fue rápidamente trasladado a Miami.
La siguiente movida gubernamental fue distraer la atención de los medios bolivianos mediante una cortina de humo: el traslado de Leopoldo Fernández a la cárcel de Chonchocoro. Con lo cual se ganaron preciosas 48 horas que permitieron implementar una estrategia de control de daños, consistente en detener a los socios menores de Sanabria en Bolivia y mostrarse como “copartícipes” del desbaratamiento del clan.
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La investigación, por lo tanto, se desarrolla en dos vías diametralmente opuestas: el gobierno nacional procura enfocarla en los subalternos del general caído, mientras que Estados Unidos busca descubrir las cabezas que se encontraban por encima del narco-policía.
Por eso, la pregunta clave es: ¿cantará Sanabria?