MOVILIZACIÓN: Los internos exigen un prediario de al menos 10 bolivianos para su alimentación.
Emergencia: reclusos ingresan al penal de Chonchocoro
Los 85 internos del penal de máxima seguridad de Chonchocoro se declararán hoy en ayuno voluntario en demanda de un incremento del prediario que el Estado destina a la alimentación diaria de los privados de libertad.
Las reclusas de los penales de Obrajes y Miraflores, quienes se mantienen en estado de emergencia, analizan la posibilidad de sumarse a la medida de fuerza aprobada en el mencionado centro penal altiplánico.
Para servirse tres comidas por día, los internos recibían 5,50 bolivianos hasta la semana pasada, pero a partir de acuerdos firmados con los reclusos de Cochabamba y La Paz, este monto fue incrementado en un 20 por ciento.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
BAJO PRESIÓN. Tanto Xenia Blanco como uno de los delegados del penal de Chonchocoro, quien pidió guardar su identidad en reserva, aseguraron que el acuerdo logrado entre autoridades de Gobierno y delegados de San Pedro fue producto de amenazas e intimidación.
El representante del reclusorio rural aseguró que Jorge Sueiro y otras autoridades ingresaron al panóptico de San Pedro después de medianoche y despertaron a los delegados para reunirse con ellos.
El delegado aseguró que “los policías estaban pertrechados y listos para entrar y cometer una carnicería. Además, fueron amenazados de que serían transferidos a Chonchocoro si no firmaban el documento”.
Xenia Blanco declaró ayer a la red Erbol que “los compañeros de San Pedro han sido presionados por las amenazas de traslado, que ha manifestado el Director de Régimen Penitenciario, por lo tanto ellos se han visto obligados a firmar un acta de aceptación y levantar las medidas de presión”.
Sin embargo, Sueiro restó toda veracidad a esa denuncia. “No vamos a enviar a nadie a Chonchocoro y se ha pedido un compás de espera” para que los internos de ése y otras penitenciarías aguarden el resultado de las gestiones que efectúa ante las gobernaciones para alcanzar un prediario de 10 bolivianos, que los reos aceptarán.
EL CASO DE OBRAJES. Xenia Blanco dijo que las internas del Centro de Orientación Femenina de Obrajes esperan que hoy “sí o sí tiene que presentarse el Director de Régimen Penitenciario en este recinto porque con nosotras no ha firmado nada”.
La representante aseguró que Sueiro nunca se presentó en ese centro penal. “No lo conocemos. Necesitamos que él venga, y si él no viene, entraremos en huelga de hambre”.
Blanco agregó que la demanda del sector no sólo se refiere al monto del prediario, pues “otras peticiones principales son la derogación de la Ley 007 y la mejora de la infraestructura”.
Esta norma reformó el sistema penal al endurecer las sanciones y evita que un recluso recupere su libertad en plazos razonables, después de haber sido imputado y no recibir acusación formal, ser enjuiciado y recibir una sentencia.
Y en tal caso, tampoco resulta sencillo acogerse a los beneficios de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.
“Pedimos 30.000 bolivianos al mes a las gobernaciones”
El director general de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, aseguró ayer que la demanda de financiamiento dirigida a las gobernaciones departamentales alcanza a alrededor de 30.000 bolivianos mensuales, si se considera un universo poblacional de 10.000 reclusos en todo el territorio nacional.
En realidad, el requerimiento presupuestario para que el prediario alcance a 10 bolivianos es de 3,40 bolivianos por persona, y si se considera que hay 10.000 privados de libertad, la suma diaria demandada es de 34.000 bolivianos por día, lo que equivale a 1,02 millones por mes y 12,24 millones anuales.
Pese a ello, Sueiro pidió ayer a los gobernadores que “no se asusten, porque no se trata de millones”.
El Director General recordó que con el objetivo de buscar fuentes de financiamiento para la alimentación de los privados de libertad se organizó, el 17 de diciembre del año pasado, un taller destinado a los gobiernos departamentales, que no contó con la participación de delegados del eje. Sólo acudieron representantes del sur del país, quienes se comprometieron a transmitir sus inquietudes a las autoridades de sus regiones, pero “hasta ahora no hemos recibido respuestas”.
Sueiro insistió en que se trata de una cuestión insignificante, pero “hemos visto que algunos gobernadores del oriente no quieren nada, no ofrecen nada y no ven la problemática de los privados de libertad. Ellos piensan que se necesitan millones”.
Por ello, aseguró que se remitieron o se remitirán cartas a las nueve gobernaciones para que, a diferencia de lo que ordena la Ley 1654 en vigencia, no corran con el 100 por ciento del monto que demandan los prediarios, sino con una parte solamente”.
La autoridad confirmó finalmente que se escogió un terreno en la ciudad de El Alto para levantar la nueva infraestructura oportunamente por el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y cuyos términos de referencia ya fueron aprobados.
Detectan irregularidades
El director general de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, admitió ayer que desde hace algún tiempo conocía algunas irregularidades en la provisión de alimentos para los internos del penal de San Pedro, pero que realizará en breve acciones para impedir estos hechos.
“Esto ya lo sabíamos en alguna medida desde hace algún tiempo, pero vamos a tomar cartas en el asunto para proveer los alimentos en forma transparente para que (las raciones individuales) no se vean diezmadas por la corrupción”.
Sueiro reveló que tal presunción fue confirmada a través de versiones de los proveedores de víveres para el principal reclusorio del país.
Un ex interno de San Pedro, quien pidió guardar en reserva su identidad, dijo que como quiera que cada día entre el 30 y el 40 por ciento de los presos de ese penal pasan por la cocina para recoger sus alimentos, hay posibilidad de que algunos delegados compren una menor cantidad de productos.
Ley 3302
Jorge Sueiro aludió a la Ley 3302, que estableció el Presupuesto General de la Nación 2006.
El artículo 10 de esa ley, reemplazada ya por la Ley Financial 2011, ordena a las prefecturas departamentales a financiar los gastos de las siguientes actividades con recursos del IDH liberando de estas obligaciones de financiamiento al TGN:
Costo del Prediario y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel nacional (cada Prefectura, lo que corresponda).
Fuente: La Prensa