Pese a las amenazas de descuentos y a los insistentes llamados al diálogo y ajetreo de los ministros para reunirse con los dirigentes de los diferentes sectores, la Central Obrera Boliviana (COB) y las universidades públicas, por separado, ratificaron el paro movilizado declarado para el lunes 21 y martes 22 en rechazo al incremento salarial del 10 por ciento y la marcha del lunes 21 en La Paz en defensa de su autonomía respectivamente.
Trabajadores de la Caja Nacional de Salud marchan en La Paz en rechazo al traspaso de los recursos de las cajas de seguros de salud a cuentas fiscales, ayer. – Apg Agencia
Los dirigentes de la COB, pese a que tuvieron ayer un encuentro con tres ministros, condicionaron la reanudación de una negociación a la abrogación del decreto que dispuso el incremento salarial del 10 por ciento sólo para cuatro sectores: magisterio, salud, Policía y Fuerzas Armadas. Aseveraron que sólo si se cumple esta condición dejarán sin efecto el paro de la próxima semana y se sentarán en una mesa a negociar.
La posibilidad de un acuerdo con el Gobierno para el sistema universitario público está cada vez más lejos. Ayer, las universidades informaron que mientras las autoridades de Gobierno no eliminen algunos artículos de la Ley Financial –que según ellos atenta contra la autonomía universitaria– no suspenderán sus medidas de presión.
En ese contexto ratificaron la gran marcha desde Senkata hasta la ciudad de La Paz el lunes 21. En Sucre, una decena de estudiantes de la universidad San Francisco Xavier se declararon en huelga de hambre.
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Los ministros anunciaron que hoy esperarán a las autoridades universitarias a las 10:00 para dialogar sobre sus demandas.
El comité de movilización de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno informó que el Gobierno debe eliminar los artículos 8, 23, 29 y 41 de la Ley Financial, así como los artículos 8, 9 y 10 del decreto 772, que exigen que los seguros universitarios de salud abran cuentas al Tesoro del Estado; incluso da plazos.
Mediante varias conferencias de prensa, los ministros rechazaron estos argumentos y aseguraron que existe pleno respeto a las autonomías universitarias y que en el caso del Seguro Social Universitario, su adhesión al seguro único será optativa.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar, indicó que las universidades están obligadas a presentar sus estados financieros ante instancias del Ejecutivo y Legislativo, tal como señala un documento suscrito por autoridades de los centros académicos que fue parte de la discusión de la Asamblea Constituyente.
A las protestas de la COB y las universidades ayer se sumaron los trabajadores de las cajas de salud, que marcharon en La Paz y anuncian también paros en rechazo al Seguro Único de Salud, que también les afectaría.
Entretanto, el secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, ratificó el paro de 48 horas al término de un encuentro con los ministros de Trabajo, Félix Rojas, y de Obras Públicas, Walter Delgadillo. Vanos fueron los intentos de los ministros para convencer a la dirigencia sindical de que suspendan la medida.
Montes ratificó la exigencia de la clase laboral en sentido de que el incremento salarial sea para todos los sectores y no sólo para magisterio, salud, Policía y Fuerzas Armadas. “Si es equivocación, que rectifiquen, que anulen ese decreto que no beneficia en nada, pues con esa norma hay trabajadores de primera, segunda y tercera. El aumento tiene que ser para todos”, sostuvo.
El ministro de Trabajo, Félix Rojas, desestimó cualquier posibilidad de derogar el decreto. Empero, abrió la posibilidad de analizar el alcance de la medida referida al incremento salarial.
“Esta instancia no es la encargada de analizar el extremo de derogar un decreto. Hemos manifestado claramente que el decreto está vigente y que hay necesidad de analizar el ámbito económico y asumimos todas las responsabilidades porque consideramos que ese decreto es acertado y condice con la realidad económica”, afirmó.
Los maestros urbanos y rurales que paralicen las labores escolares la próxima semana sufrirán descuentos en sus salarios por los días que no trabajen, pues la medida tiene un efecto negativo en el sistema educativo, advirtió el ministro Aguilar.
El 3 de marzo, el Gobierno aprobó el Decreto 809, que instruye un aumento salarial del 10 por ciento para los trabajadores del magisterio urbano y rural, sector salud, Fuerzas Armadas y Policía, y un incremento del salario mínimo nacional a 815,40 bolivianos para la gestión 2011.
Organizaciones se preparan
Las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) anunciaron que acatarán el paro movilizado el lunes y martes, y que analizarán otras medidas más para que “de una vez el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 809”, que instruye el incremento salarial del 10 por ciento, que fue calificado como “insatisfactorio”. El magisterio urbano y la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) anunciaron que estos dos días no habrá clases.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Juan Vásquez, informó que se está coordinando la estrategia de la movilización para los dos días. “El miércoles vamos a tener una evaluación de la medida en un ampliado nacional que seguramente determinará las próximas movilizaciones a realizar”.
Por su parte, el principal dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, dijo que sólo se movilizarán el día martes a partir de las 15:00 porque temen los descuentos. Dijo que a pesar de que algunos empresarios advirtieron con despidos porque no estarían en las posibilidades ni siquiera de incrementar un 10 por ciento, exigirán mayor porcentaje.
CAJAS DE SALUD
La Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social de Bolivia (Fensegural) marchó ayer por el centro paceño para expresar su rechazo al traspaso de los recursos de la Caja Nacional de Salud a cuentas fiscales, pues considera que esta determinación del Gobierno es una violación a su autonomía.
Toribio Hinojosa, dirigente de la Fensegural, dijo que la Ley Financial 062 y su decreto reglamentario 0772 establecen que hasta el 19 de este mes las instituciones de la seguridad social pasan a una cuenta fiscal.
El artículo 8 de dicho decreto, aprobado en enero, señala que las cuentas fiscales de las entidades que conforman el Sistema de la Seguridad Social deben ser abiertas en un plazo máximo de 60 días a partir de la publicación del decreto. En caso de incumplimiento, habrá sanciones.
Los Tiempos – 18/03/2011