Como era previsible, el diálogo gobierno-COB llegó a un punto de estancamiento en el que ya se anuncian nuevas movilizaciones y medidas de presión. Previsible, decimos, ya que nunca parece haber existido otra cosa que la intención gubernamental de enfriar la situación, desmovilizando a los sectores obreros, ganando tiempo y buscando margen de maniobra para dividir a la COB. Esto queda claro desde el momento que el Ejecutivo no se movió de su postura del 10%. Cierto que plantear aumentos mayores implica sus bemoles, pero algunas soluciones parciales podrían esbozarse si existiera la voluntad política para afectar a ciertos intereses creados: por ejemplo, un mayor aumento salarial sería posible para los trabajadores de la salud y la educación, a condición de implementar un severo ajuste en los gastos superfluos de la cúpula burocrática, eliminando algunos de los 21 ministerios y casi 50 viceministerios, cancelando la compra del satélite chino (300 millones de dólares) o vendiendo el lujoso avión presidencial (38 millones de dólares). Satélites o salarios es la disyuntiva que resume la ruptura entre el sindicalismo obrero y la nueva clase burocrática, que no parece dispuesta a sacrificar parte de su capital administrativo para reducir la conflictividad. Es decir, que esta élite se estaría volviendo estructuralmente incapaz de recuperar la gobernabilidad social. Por otra parte, la defensa del poder adquisitivo de los sectores laborales no sólo pasa por la mejora salarial, sino también por el control de la inflación, rubro en el cual la administración de Evo Morales está fracasando ostensiblemente. Medidas como la tolerancia al narcotráfico (que inyecta anualmente 800 millones de dólares que recalientan la economía boliviana), la inseguridad jurídica para los agroproductores, el shock de expectativas que significó el gasolinazo y los intentos de estatizar el comercio minorista (Emapa), son parte del menú inflacionista gubernamental que ha estado mermando el ingreso de las capas populares.