El ex ministro de la Presidencia también demandó reformas policiales. Postura. Asegura que esa repartición estatal aún continúa con “las mismas estructuras burocráticas de hace 50 años” y que se precisa una reforma estructural.
Quintana dijo que apoya las reformas del sistema judicial. Foto ABI
Página Siete / La Paz
El ex ministro de la Presidencia y actual director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, pidió ayer una “reforma profunda” en el Ministerio de Gobierno, a cargo de Sacha Llorenti, debido a que en esa cartera continúa la burocracia desde hace 50 años.
Esa cartera de Estado es estratégica en el tema de seguridad y políticas de la Policía.
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La Policía también fue motivo de cuestionamiento por los últimos sucesos, como el hallazgo de una camioneta con placas clonada que vinculan al ex comandante nacional general Ciro Farfán, quien fue destituido de su cargo junto a otros policías. Además, Diprove fue intervenida.
Ante esta situación, Quintana aseguró que una reforma policial no puede ser evaluada sobre la base de algunas decisiones, sino que obedece a una política estructural de seguridad pública.
“Pero también tendremos que fortalecer el propio papel del Ministerio de Gobierno; esa repartición estatal también tiene que ser objeto de una profunda reforma, es una institución que tiene estructuras burocráticas de hace 40 ó 50 años”, aseguró.
Quintana, promotor de una reforma policial, explicó que los hechos de corrupción tienen relación con problemas en la administración de justicia. “Ahí hay un triángulo perverso” entre jueces, fiscales y policías, donde “se extravía todo”.
La propuesta de hacer una reforma en ese despacho ocurre después de que saltaron a la luz pública varios hechos de corrupción en la Policía y que incluso complicaron a ese ministerio.
El año pasado fue destituido el viceministro de Régimen Interior y ex hombre fuerte del MAS Gustavo Torrico, quien presuntamente junto al alemán Dirk Schmidt y el teniente Christian Sánchez tramitaba la regularización migratoria de menonitas, a quienes les habrían cobrado coimas
También surgió el caso de Carlos Núñez del Prado, ex director de Seguridad Ciudadana de esa cartera de Estado, quien habría participado en la desarticulación del grupo terrorista de Eduardo Rózsa y luego su voz fue descubierto en un video, donde presuntamente se sobornó a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, testigo clave de la investigación.
El escándalo de la caída del general (r) René Sanabria por narcotráfico, junto al presunto narcotraficante Marcelo Azero Foronda, en Panamá, complicó al Ministerio de Gobierno, pues Sanabria estaba a cargo del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein), entidad creada por ese despacho para hacer contrainteligencia a las unidades de lucha antidroga.
Ministerio tiene un auto con placas modificadas
Gobierno niega clonación de placas.
El vehículo en el que se realizó la suplantación de placas. Erbol
Erbol y Página Siete.- El Ministerio de Gobierno reconoció que poseía un vehículo cuyas placas fueron suplantadas en otra movilidad y anunció un proceso contra un funcionario de este despacho.
Ayer, Erbol informó que se detectó un vehículo con placas clonadas en el garaje del despacho que dirige Sacha Llorenti.
La radio señaló que una camioneta Mitsubishi gris poseía la placa 1034-GBI y que este código en realidad pertenecía (de acuerdo al Registro Único para la Administración Tributaria) a un jeep Toyota color beige.
Erbol informó que un oficial de Policía que trabajaba en el lugar confirmó que la camioneta pertenece al Ministerio de Gobierno. La información, poco después, también fue divulgada por canales de televisión.
El asesor jurídico de aquella cartera de Estado, Fernando Rivera, en una conversación con la red televisiva ATB, negó que la movilidad tenga placas clonadas y afirmó que se trataría de una suplantación de placas hecha por un “mal funcionario”. “La placa corresponde a una vagoneta color beige marca Toyota, que es propiedad del Ministerio de Gobierno. Quiero aclarar que esta placa ha sido retirada por un funcionario irresponsable, un mal funcionario, y ha sido puesta en otro vehículo. Esa placa responde a una Toyota, el funcionario la puso a otra movilidad. Ese hecho configura un hecho penal y este mal accionar va a ser sancionado”.
Rivera acotó que el funcionario responsable de la suplantación, al cual no identificó, será procesado de manera administrativa y penal. El asesor jurídico adelantó que el cambio de una placa es un delito que se sancionará con la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“En este caso podríamos estar hablando de falsedad material, vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por esta irregularidad porque este Mitsubishi, que actualmente está con la placa 1034-GBI, está bajo la administración de Dircabi (Dirección de Bienes Incautados)”, apuntó.