Fernando Wilson
Mientras en Chile la agenda con Bolivia está copada por las amenazas de nuestro vecino sobre llevar su aspiración de un acceso soberano al mar a instancias internacionales, sacándola del plano bilateral, otros procesos han ido configurando un escenario potencialmente mucho más complejo y delicado para nuestro país y la región.
El incidente de la semana pasada, en que 14 soldados bolivianos fueron detenidos en territorio nacional, armados y a bordo de automóviles chilenos con encargo por robo, está lejos de ser aislado. No sólo había denuncias previas por este tipo de hechos, sino que un caso parecido afectó a la frontera boliviana con Argentina hace unos meses. En este contexto, tampoco debemos olvidar que el general Sanabria, máxima autoridad boliviana en la lucha contra el narcotráfico, fue apresado recientemente mientras gestionaba un cuantioso cargamento de drogas con destino a Estados Unidos a través de territorio chileno. El aceptó su culpabilidad hace unos días, ante un tribunal estadounidense. Qué decir de la polémica decisión del Presidente Morales de formalizar un extenso parque automotriz ilegal que procede, en su mayoría, del robo o contrabando desde países vecinos, de la condecoración y ascenso que otorgó a los 14 soldados y de sus comentarios sobre la supuesta protección que autoridades chilenas estarían dando a ese comercio ilícito. ¿Acaso Morales pretende forzar un conflicto político con el gobierno chileno?
A estas circunstancias, en que se observa un precario control de las zonas fronterizas, se suma el reconocimiento boliviano sobre el aumento progresivo del cultivo de hoja de coca y su procesamiento para convertirla en droga, que ya alcanza el tercer lugar mundial, solamente detrás de Perú y Colombia.
Este panorama debería ser un llamado de atención sobre un tema de fondo: la creciente fragilidad institucional boliviana. Ella no dice relación ni se resuelve sólo con la existencia de cierta estabilidad política, sino que requiere un alto grado de consolidación democrática e institucional que, según lo observado, Bolivia parece no poder conseguir. No es realmente un tema de intencionalidad, sino de capacidad de control efectivo del territorio a través del Estado y de las leyes que, de no lograrse, conlleva una ampliación de los espacios para las actividades ilegítimas y que, claramente, pueden expandirse a los estados fronterizos de manera peligrosa.
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Para Chile y los demás vecinos de Bolivia esta situación es preocupante, pero en nuestro caso, con un debate público dominado por el tema marítimo, no se ha tomado el peso a la importancia de estos otros aspectos de la vecindad. Parece ser tiempo de considerarlo y analizar nuestras relaciones con Bolivia desde una óptica multidimensional y realista, pero sobre todo debatiendo, ampliamente y a nivel público, no sólo los riesgos mencionados, sino las opciones de cooperación binacional que permitan enfrentar los problemas y contribuir al desarrollo de nuestro vecino.
Un proceso de estas características sería muy interesante en términos de integración y muy valioso en la hasta ahora esquiva tarea de construir lazos firmes y duraderos de confianza mutua.
La Tercera – Santiago de Chile