INRA paralelo extorsionó a 35 productores agropecuarios. Almaraz señala que el Gobierno no esclarece. Hay comunarios que avasallan hace años.
Las tierras saneadas disponibles son el objetivo de clanes de traficantes. Archivo Digital
Página Siete
Dirigentes obtienen datos del INRA para traficar tierras
DATO. En las oficinas “paralelas” del INRA se encontraron contratos irregulares por montos de $us 40.000. Se organizan avasallamientos a tierras con comunidades falsas.
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Mucho antes de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) oficialice que un predio es declarado como tierra fiscal (disponible), estos terrenos ya están siendo ofrecidos en venta o allanados por dirigentes de sectores sociales y clanes.
Estos grupos se organizaron hace años y tienen acceso directo a los datos del catastro y del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación del INRA gracias a que tienen operadores infiltrados en dicha entidad y cuentan con respaldo de algunas autoridades gubernamentales.
Así consta en la denuncia hecha ante la Fiscalía contra las oficinas “paralelas” del Instituto de Reforma Agraria abiertas en Santa Cruz, documento al que tuvo acceso Página Siete.
Este medio conoció que al menos tres grupos, uno dirigido por un diputado indígena oficialista; otro por un amigo personal de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo; y otro encabezado por una mujer cercana a las élites económicas cruceñas, realizan negocios con los datos oficiales del INRA.
Uno de ellos, Marcelo Salas Viruez, manifestó ser “asesor personal” y “amigo de años” de Achacollo, de acuerdo con su declaración informativa ante el Ministerio Público. La autoridad gubernamental rechazó que el presunto cabecilla hubiese sido su asesor y aseguró que jamás trabajó en su ministerio.
Salas fue detenido de forma preventiva en el penal de Palmasola, mientras que los otros dos cabecillas aún están bajo investigación y no fueron notificados formalmente por la Fiscalía.
El ex director del INRA Juan Carlos Rojas afirmó que la investigación hecha desde su despacho permitió verificar que los grupos operan con información oficial para chantajear a propietarios y falsificar documentos.
“Existe un andamiaje promovido por ciertos sectores para realizar estos trámites ilegales y perforar el proceso agrario. La investigación iniciada ha demostrado que efectivamente existe este tipo de acciones, grupos e instalaciones que funcionan con información del INRA y cuentan con cierto respaldo y contacto con autoridades para actuar impunemente”.
Comunidades falsas
Una vez que estos grupos conocen que existen nuevas tierras disponibles, organizan comunidades postizas de campesinos o indígenas que reclaman una dotación con el argumento de que fueron desalojados de aquel lugar o de que viven en esos predios hace años.
Los grupos, después de avasallar los terrenos, acuden al INRA para pedir una dotación oficial.
Otra de las estrategias es, después de consumado el avasallamiento, pedir dinero a los verdaderos propietarios del terreno para abandonar la zona.
Rojas indicó que en la investigación realizada en las oficinas “paralelas” del INRA se encontraron contratos de servicios por 25.000, 30.000 y hasta 40.000 dólares. “No es un sólo predio, son varios en los que esto sucedió. Las personas operadoras se han beneficiado de sumas importantes de dinero”.
De hecho, la ministra de Desarrollo Rural y cabeza del sector, Nemesia Achacollo, afirmó conocer del caso de las oficinas paralelas y negó cualquier vínculo con el grupo de Marcelo Salas.
El INRA Santa Cruz anunció que centralizará los tramites en una ventanilla para frenar a grupos que realizan servicios irregulares y falsifican documentos.
Caso INRA paralelo
Antecedentes. Las oficinas “paralelas” del INRA fueron allanadas en marzo de este año en un operativo del Ministerio Público, se incautaron computadoras y se hallaron contratos y documentos oficiales del INRA. Los inmuebles estaban en el pasaje Cuéllar N° 3135 y otro en la calle Pozo 448, entre la Av. Omar Chávez y la calle Choferes del Chaco, en Santa Cruz de la Sierra.
Denuncia. La denuncia ante la Fiscalía, presentada por el ex director del INRA, Juan Carlos Rojas, señala que la investigación interna reveló que hay grupos que operan con información oficial de dicha entidad. “Existen falsificadores y traficantes de información oficial del INRA no identificados hasta el presente, los mismos se están dedicando a tramitar y vender datos de catastro y del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación del INRA”.
Tres grupos. Página Siete conoció que tres grupos están identificados como operadores del “INRA paralelo”. Uno de ellos está dirigido por Marcelo Salas Viruez, quien dijo ser amigo personal de la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo. Otro es un diputado indígena cercano al oficialismo y la tercera es una mujer cruceña que tiene nexos con la élite económica de esa ciudad.
Logística. Principalmente en Santa Cruz existe gente, alrededor de 500 personas, dedicada a organizar avasallamientos de tierras y pedidos de dotaciones. Con información “fresca” del INRA, grupos de campesinos o indígenas toman los predios y después piden que se les entregue la tierra de forma legal. También chantajean a los propietarios y piden dinero para abandonar las tierras.
Ganancias. En las oficinas “paralelas” del INRA se hallaron contratos de servicios de 25.000, 30.000 y hasta 40.000 dólares. Se desconoce el paradero de dichos fondos. Marcelo Salas señaló que los trámites que se realizaban en esas oficinas iban de los 1.000 a los 10.000 dólares y se trataba sólo de “tramitación y papeleo”.
INRA paralelo extorsionó a 35 productores agropecuarios
La Cámara Agropecuaria del Oriente denunció que conoce de 35 productores agropecuarios que habrían sido extorsionados por los operadores de las oficinas “paralelas” del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en Santa Cruz.
El presidente de la CAO, Julio Roda, manifestó que todavía no conocen los alcances de las actividades que la entidad irregular realizó, sin embargo, adelantó que ya recibieron información sobre los amedrentamientos a algunos propietarios de tierras.
“Conocemos que varios de nuestros afiliados han sido objeto de amedrentamiento y extorsión en sus procesos de saneamiento de sus tierras y por ello pedimos explicaciones. Hemos conocido que 35 productores fueron extorsionados”, manifestó.
El caso “INRA paralelo” estalló en abril de este año con la intervención de dos de sus oficinas en Santa Cruz de la Sierra. En el interior de los inmuebles se hallaron contratos de propietarios particulares con los operadores de la entidad irregular de hasta 40.000 dólares.
Existen indicios de que autoridades gubernamentales y dirigentes de movimientos sociales tienen vínculos con los funcionarios del “INRA paralelo”. De hecho, Marcelo Salas, uno de los detenidos por el caso, declaró ante la Fiscalía que es “amigo de años” y “asesor personal” de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
En la actualidad existirían cuatro predios de afiliados a laCAO que están tomados de manera irregular, mientras que lo mismo sucedería con siete propiedades de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (Anapo). Los procesos se ventilan actualmente en el Tribunal Agrario Nacional.
Almaraz señala que el Gobierno no esclarece
El ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, cuestionó que el Gobierno no impulsa un rápido esclarecimiento de las denuncias sobre tráfico de tierras, oficinas paralelas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y falsificación de documentos que salieron a la luz en las últimas semanas.
“Me preocupa mucho que no se ha producido, desde el Ejecutivo, el impulso necesario para un rápido y efectivo esclarecimiento para una serie de denuncias que el ex director del INRA interpuso en su momento. El tiempo transcurrido desde eso es suficiente para un pronunciamiento para el que el Gobierno está facultado”.
Almaraz indicó que el Ejecutivo tendría toda la facultad para pronunciarse por las denuncias hechas ante el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Recordó que en este despacho existe una demanda abierta contra el viceministro de Tierras, Juan Carlos Pinto, por presunto tráfico de influencias en favor de un abogado agrario que resultó ser su tío (Remberto Soto). “Esta autoridad ha impugnado una resolución del INRA sobre este caso en particular”, manifestó la ex autoridad.
Pinto, en varias oportunidades, negó haber utilizado su cualidad de viceministro para favorecer a algún familiar suyo.
Este medio conoció, gracias a fuentes gubernamentales que optaron por el anonimato, que el actual titular del despacho de Tierras goza del pleno respaldo de la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo.
Hay comunarios que avasallan hace años
Indígenas del oriente durante la marcha por las tierras comunitarias en agosto de 2010. MST-B
Página Siete, Boris Miranda / La Paz – 14/06/2011
El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz afirmó que desde la época en la que él era autoridad (2007-2009) se conoció de casos de algunos dirigentes de movimientos sociales que protagonizan avasallamientos de tierras y buscan obtener beneficios particulares en el proceso agrario.
“En varios casos tuvimos que hacer acciones judiciales a estos aprestos como asaltos a tierras fiscales o avasallamientos a propiedades privadas. Lamentablemente en varios casos hallamos una vinculación con la dirigencia campesina, son muchos los casos”, afirmó Almaraz.
El ex titular de Tierras recordó de manera particular el caso de un dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz que terminó en el penal de San Pedro por un loteamiento doloso con estafa de tierras que pertenecían al pueblo Esse-Eja, en el norte de La Paz. “Él (el líder campesino) actuaba desde el seno de la Federación Tupac Katari y estafó a mucha gente en El Alto”.
Casos similares sucedieron en Beni, Pando y Santa Cruz, donde hay organizaciones bajo el abrigo de algunos movimientos sociales que buscan beneficiarse con tierras fiscales u obtener dinero gracias al chantaje a los propietarios de los predios.
De hecho, organizaciones indígenas han denunciado a los campesinos por tomas de predios de sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Es el caso de los chiquitanos y guaraníes, quienes por separado acusaron al viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, de promover los asentamientos. La autoridad proviene de la Federación de Campesinos de Santa Cruz.
El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla, acusó públicamente a la ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, de estar detrás de las tomas de las tierras indígenas.
En una columna de opinión publicada el pasado 5 de abril de este año en Página Siete, Almaraz identificó a dos grupos como los “enemigos” de la reconducción agraria en el país.
“Por un lado, el sector de grandes propietarios agrarios, tradicionalmente concentradores de la tierra, y expresados en los gremios agro-empresariales y la derecha política. Por otro, ciertos círculos políticamente oficialistas afincados en las cúpulas del sindicalismo campesino”.
Los detalles
Antecedentes. Campesinos de La Paz trataron de tomar tierras en los predios de la TCO de los Esse-ejas, en el norte de La Paz.
Oriente. Similar situación sucedió con dirigentes colonizadores en el Beni.
Indígenas. Chiquitanos y guaraníes acusan a campesinos de avasallar sus tierras en Santa Cruz.
Punto de vista
El INRA y sus adversarios
Alejandro Almaraz – Ex viceministro de Tierras
Con sus resultados, el INRA ha logrado un sustancial avance en la estructural transformación social que representa la redistribución desconcentradora y emancipadora de la tierra, y que constituye uno de los principales mandatos históricos de este proceso, globalmente aquejado por la escasez de sus cambios, especialmente en este ámbito.En tanto, la función del INRA lo hace intervenir en el núcleo mismo de las más antiguas y agudas contradicciones sociales, y le hace ineludible afectar poderosos intereses, es obvio que tenga enconados enemigos y sufra fuertes embates. Lo curioso y significativo es que los enemigos del INRA se sitúen en dos polos aparentemente antagónicos del panorama social y político.
Por un lado, el sector de grandes propietarios agrarios, tradicionalmente concentradores de la tierra y expresados en los gremios agro-empresariales y la derecha política. Por otro, ciertos círculos políticamente oficialistas afincados en las cúpulas del sindicalismo campesino. Los primeros defienden el latifundio a título de ser la propiedad de los que “siempre tuvieron tierra”, y contraatacan impugnando el “asalto” de tierras por parte de advenedizos amparados en el nuevo poder político.
Los segundos, a la inversa, despliegan profusamente su consabida retórica antilatifundista y presionan, subrepticia pero intensamente, por acceder a la apropiación y al lucro individual de la tierra, aspirando a que ahora les toque y puedan sumarse a los primeros.
(Publicado en Página Siete el 5 de abril de 2011)