EEUU. Pena para Sanabria depende de la información que facilite

Conflicto. La decisión de inculparse del llamado ‘narcogeneral’ no le garantiza que el fallo de la Corte estadounidense sea benigno. El 2 de septiembre será dictada la sentencia oficial.

imageAudiencia judicial del general Sanabria en EEUU. Ilustración de archivo El Deber



El Deber, Christian Peña y Lillo H.

La decisión del general René Sanabria Oropeza, preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico, de aceptar haber conspirado para intentar meter sustancias controladas a cambio de no ser sentenciado a una cadena perpetua, no le garantiza que la pena que le imponga la Corte de Distrito de Miami en septiembre próximo sea tan leve como lo señaló su abogada Sabrina Vora-Puglisi.

El que la Fiscalía de Estados Unidos mantenga la determinación de sugerir a la jueza Úrsula Úngaro que a Sanabria le impongan entre 9 y 14 años de presidio, dependerá directamente de las revelaciones que haga el exdirector del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigeim), sobre las personas que conocían de su actividad ilícita y su grado de participación.

Esta interpretación del camino que decidió seguir Sanabria y su supuesto cómplice Marcelo Foronda Azero, también recluido en Estados Unidos, fue hecha por el abogado y experto en Derecho Internacional Saúl Paniagua.

El jurista agregó que los años de presidio que puedan purgar ambos imputados dependen de la veracidad en las revelaciones que hagan, ya que la DEA advirtió, en la audiencia realizada el jueves en Miami, que hace dos años que sigue los movimientos del ex jefe nacional antidroga.

“Si la Fiscalía entiende que no están colaborando hasta el 2 de septiembre (fecha prevista para conocer la sentencia final de este caso), puede agravar el tipo de delitos por los que ahora son juzgados Sanabria y Azero”, apuntó Paniagua.

Actualmente en el proceso abierto por la justicia estadounidense están involucrados además de Sanabria y Azero el coronel Milton Sánchez Pantoja y su hermano, Jorge Sánchez Pantoja.

El primero está detenido preventivamente en el penal paceño de San Pedro, junto a otros diez presuntos cómplices del grupo que colaboraba con Sanabria. El segundo es buscado por la Policía nacional, lo mismo que por los agentes antidroga estadounidenses.

El Gobierno trata de no vincularse

Mientras los parlamentarios de la oposición y el oficialismo defienden sus posiciones sobre su parecer respecto al grado de daño que puede dejar en el Gobierno la decisión de Sanabria, en el mundo observan lo ocurrido como una acción de una exautoridad que busca evitar una sentencia más dura en Estados Unidos.

El diputado Lucio Marca o la senadora Gabriela Montaño, legisladores oficialistas, aseveraron que lo sucedido con Sanabria es una situación personal y que no afecta la imagen gubernamental. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que no le preocupa lo que diga su exfuncionario.

Por su parte, los parlamentarios opositores Luis Felipe Dorado, Fabian Yaksic y Jorge Flores ven en lo sucedido una prueba más de que el Poder Ejecutivo está penetrado por clanes narcos. 

Medios de México, Perú, Chile y Europa observan el hecho como un inculpamiento necesario para no quedar preso de por vida en el extranjero.

Debe haber una seria indagación

Alvin Anaya Kipes | Ex comandante de las FFAA

El Alto Mando Militar, la ministra de Defensa (Cecilia Chacón) o el Capitán General de las Fuerzas Armadas (Evo Morales) tienen la obligación de establecer, mediante una investigación seria, los motivos por los cuales la patrulla militar se encontraba en territorio chileno y en vehículos con placa de ese país y luego de haber sido detenidos recibieron malos tratos de los carabineros chilenos.

En este punto debemos incidir porque los que hemos vestido el uniforme militar no podemos ser vistos como unos vulgares delincuentes; el trato que recibieron los soldados debió ser más humano y no encadenados y con los rostros cubiertos.

Esta situación debiera aclarase con una seria indagación para que se pueda sentar un precedente. El hecho de que los uniformados de un país reciban una felicitación y los nuestros una congratulación y ascensos no puede quedar solo en eso, es necesario que la cuestión quede clara para todos.

Los chilenos tienen toda la libertad de felicitar a sus carabineros por la labor desplegada, pero no pueden obviar el hecho de que cometieron abusos con la tropa boliviana. El Gobierno boliviano también puede hacer lo que quiera con los soldados implicados en este conflicto, pero lo que no se puede soslayar es la búsqueda de la verdad sobre este espinoso tema.

Hasta el momento, el subteniente y los demás componentes de la tropa no se han pronunciado al respecto, o por lo menos la opinión pública no ha sido informada claramente sobre este asunto, para que podamos tener certeza de su proceder. No se trata de condecorar, felicitar, o ascender, se trata de nada más que de saber la verdad irrestricta.

“Culpabilidad de Sanabria no afecta”

La declaratoria de culpabilidad del exgeneral René Sanabria en Miami, Estados Unidos, no afectará a los siete policías que fueron implicados en narcotráfico y detenidos en el país, según los defensores de los tres efectivos involucrados en el escándalo del tráfico de 144 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

René Sanabria y Marcelo Juan Foronda Azero fueron detenidos por la Policía panameña y la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) el 24 de febrero, en Panamá, y desde allí extraditados a Estados Unidos.

Marcelo Carranza, abogado defensor del capitán Felsi Antonio C., detenido junto a los oficiales Milton S. P., Juan José U. G., Raúl O. M., Franz S. R. y los policías de bajo rango Paulino T. F., Bethy P. S. y cinco civiles en la cárcel de San Pedro, reiteró que su cliente es inocente porque sólo cumplía su labor en el centro de inteligencia dirigido por Sanabria.

Por su parte, Eduardo León, abogado defensor del coronel Milton S. P., dijo que no se reunió aún con su cliente, pero que la posición jurídica adoptada inicialmente no cambiará, ratificó la inocencia de su cliente y exigió que se haga justicia. La Prensa.