Hacia la consolidación de un ‘Estado forajido’

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El Diario: Más ofertas para acabar con la corrupción policial

Hace menos de tres meses el presidente Evo Morales intervino intempestivamente el Comando de la Policía Nacional y, al mismo tiempo, cambió a su principal ejecutivo, designando a uno nuevo con la instrucción expresa de que debía acabar, en el término de 90 días, con el “cáncer” de la corrupción que se había apoderado de esa institución. La decisión ejecutiva causó un respiro de alivio en la opinión pública, ya que altos funcionarios de la entidad policial eran criticados por una serie de actos de inmoralidad, muchos de los cuales inclusive estaban sometidos a la justicia ordinaria.

El pueblo confió en la orden presidencial y en que el nuevo Comandante de la Policía cumpliría con su alta responsabilidad. Sin embargo, en el curso de los tres meses siguientes, nuevos y más graves delitos fueron denunciados, como el de un “narcogeneral” y otros parecidos. Pero lo peor fue que el mismo nuevo Comandante resultó implicado en otro acto irregular, según el cual era propietario de una camioneta con placas “clonadas”. A la vez se denunció una serie de fallas en dependencias policiales, las mismas que estaban comprometidas con diversos delitos.

Ante tan enorme cantidad de denuncias de alta corrupción en la institución precisamente destinada a combatir dicho mal, el Ejecutivo dispuso el cambio del Comandante, remarcando que esperaba que ponga fin a los escándalos y la entidad policial ingrese al camino de la honestidad y verdadero cumplimiento de sus funciones. Diversas recomendaciones fueron emitidas al respecto, entre ellas la del Ministro de Gobierno que, ni corto ni perezoso, ofreció un plan anticorrupción, que sustituiría al que anunció unos seis meses atrás, consistente en “limpiar” las filas policiales del “cáncer” de la corrupción, plan que no dio resultado alguno, precisamente porque no entró en ejecución por razones desconocidas.

Con motivo del último proyecto de depuración de las filas de alto y bajo nivel de la Policía (aparte de la purga de varios elementos) se dispuso que dos oficinas (Tránsito e Identificación) pasen a dependencia de personal civil, primera decisión que podría ser el paso inicial ante las graves denuncias contra esas dependencias, denuncias que determinaron que ya no estén manejadas por los mismos policías.

Además de esas determinaciones, el Ministro de Gobierno anunció un plan para “refundación” de la Policía con base en cuatro pasos, proyecto que al parecer, como otros anteriores del Gobierno, podría terminar en una nueva frustración, ya que no toca las causas del problema y se reduce a combatir los efectos más lejanos, las anormalidades en la Policía. El hecho de que se cambie únicamente el reglamento de ingreso a las instituciones policiales, que se apruebe un nuevo régimen disciplinario, que se releve a la Policía de la administración de identificaciones y licencias de conducir y ofrecer la refundación de la Policía, no sería suficiente y más bien, por el contrario, podría hacer recrudecer el mal y, en esa forma, igual que anteriores oportunidades, nada cambiará y la medicina resultará peor que la enfermedad.

Además de todos esos elocuentes ofrecimientos, el Ministro de Gobierno anunció que para la “refundación” de la Policía Boliviana se formará un consejo ciudadano institucional que reelaborará la currícula de formación de los institutos policiales y de especialización. El notable organismo estará integrado por personalidades del mundo académico, ofertas muy halagüeñas, pero acerca de las cuales no se ha anunciado ninguna medida de hecho, es decir todo, hasta el momento, es un conjunto caudaloso de palabras, mientras los hechos marchan por otro lado y aseguran que mientras no se cambie determinados sistemas, la corrupción que es su efecto, las cosas continuarán con el mismo ritmo de descomposición.

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El Mundo: Fundamental

Lo hemos tocado en varias oportunidades; sin embargo, el hecho de que el tema hubiera sido mencionado nuevamente por un organismo internacional, esta vez la Organización de las Naciones Unidas, nos muestra que el derecho a la información es uno de los derechos fundamentales de las personas y que debe ser respetado por todos los gobiernos que consideran que su poder está sustentado en el apoyo popular.

Efectivamente, resulta incongruente que mientras se llega al poder apoyado por la mayoría de los ciudadanos, se les niega a estos estar informados con claridad sobre todos los actos realizados por sus mandantes y con mayor razón si se trata de prepararse a depositar el voto a favor de otros ciudadanos, sobre los que se encomendarán tareas especiales.

La posibilidad de que la ciudadanía sea la encargada de elegir, mediante su voto a las personas que estarán encargadas de la administración de justicia, fue un acierto que pocas personas han debido observar, con mayor razón si como los mismos gobiernotes pusieron en evidencia, la elección de autoridades de este poder del Estado era motivo de un cuoteo político y como consecuencia de ello, quienes eran favorecidos por el apoyo en las instancias parlamentarias, luego estarían obligados o retribuir la elección.

La parte negativa del hecho llega cuando las autoridades deciden meter las manos para evitar que la voluntad popular pueda ser manifestada en las urnas y que para ello, se le hacer necesario ejercer un control total sobre la forma de elegir a los nuevos administradores de justicia.

No fue suficiente la posibilidad de ejercer el control de la designación con los dos tercios que tiene en el control de la Asamblea Legislativa, había necesidad de asegurar con mayor fuerza el control de las nominaciones.

Limitar mediante una ley, la forma en que los medios de comunicación y por consecuencia que los periodistas, pueden afrontar la tarea de informar sobre el proceso mismo de la elección, resulta una demostración de celo que va mucho más allá de lo normalmente aceptable.

Aparte de comprometerse a actuar con sujeción a la Constitución Política y las normas, no había ninguna posibilidad de que los candidatos pudieran hacer otro ofrecimiento; sin embargo, se prefrió evitar riesgos asegurando que los partidos políticos pudieran interferir en la elección coartando el trabajo de los medios.

El hecho de que los candidatos tengan que hacer llegar a la Asamblea un detalle de sus antecedentes de trabajo y su no militancia en un partido político, es un requisito que todos deberán cumplir; sin embargo, conociendo las postulaciones, los periodistas podrían poner en evidencia otros antecedentes de las personas, no sólo para afirmar su postulación sino también para poner en claro antecedentes negativos.

Es por ese lado por el que debe haberse manifestado la preocupación de los gobernantes, puesto que teniendo la posibilidad de dar su preferencia por las personas que le son afines, había necesidad de evitar que cualquier acción anterior pueda ser refrescada en la memoria de los ciudadanos no siempre proclives a recordar las cosas.

No sólo los periodistas y los medios han puesto en evidencia lo negativo de las limitaciones impuestas, sino que también los organismos internacionales han mostrado su preocupación por lo que pueda suceder en las elecciones, la Organización de Estados Americanos que en muchas oportunidades ha mostrado su simpatía con el gobierno del MAS, ha hecho ver que no está de acuerdo con la forma en que se encara el proceso de elección y ahora lo hace la Organización de las Naciones Unidas.

Los ciudadanos por su parte ya han hablado de abstención o de voto en blanco, como una forma de repudiar la imposición de candidatos y la imposibilidad de que ellos serán conocidos a través de los medios.

Las actitudes totalitarias, cada vez más frecuentes, muestran cómo los gobernantes están llevando el país por un camino que ellos censuraron en el pasado; sin embargo, están el posibilidad de corregir los errores para evitar seguir perdiendo la popularidad con que llegaron al poder.

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El Día: Bolítica

El hecho de que el mercado mundial de drogas haya crecido de forma permanente es lo que hace que México esté viviendo estos problemas de violencia que se originan en el enorme poder que tienen los cárteles de la droga mexicanos".

César Gaviria
Ex Presidente de Colombia

Se dice que: Una comisión formada por ex presidentes y otras personalidades aseguró que el combate contra el narcotráfico fracasó. Proponen legalizar algunas drogas.

En diciembre de 2006 lanzamos una ofensiva contra el crimen organizado que, sin embargo, no ha permitido reducir la violencia. La lucha se ha traducido en, al menos 35 mil muertos, varios de ellos, civiles".

Felipe Calderón
Presidente de México

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Hasta ahora se sabía que el ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, llegó a Bolivia procedente de Mauritania, sin embargo, no se explica por qué estuvo acompañado de una comitiva compuesta por militares venezolanos y funcionarios cubanos. Algunas versiones indican que antes de pisar suelo boliviano, el funcionario iraní estuvo en Caracas, donde su estadía fue mantenida en secreto, ya que de lo contrario, la publicidad de su visita hubiera confirmado de ipso facto las versiones sobre la instalación de una base militar de Irán en Venezuela, un hecho que ha sido motivo de polémica mundial. La protección del régimen de Hugo Chávez a un terrorista buscado por la Interpol hubiera sido también un asunto mucho más escandaloso de lo que ha significado para Bolivia y para Evo Morales, cuyo régimen se prestó mansamente a quitarle el bulto a Venezuela. Al parecer, la llegada de Vahidi al país fue preparada con algunas semanas de anticipación y los arreglos incluyeron la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de un convenio que elimina la exigencia de visas para los ciudadanos iraníes de tal forma de facilitar la entrada de Vahidi al país. En otras palabras, el Gobierno boliviano recibió un “presente griego” que confirma su absoluta subordinación al régimen venezolano.

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No debería sorprender a nadie la presencia en Bolivia del ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, un terrorista buscado por la Interpol y a quien se lo acusa de haber sido el autor intelectual de un atentado ocurrido en 1994 en Buenos Aires y que mató a 85 personas, entre ellas, seis ciudadanos bolivianos. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Evo Morales cuando asumió el poder en el 2006, fue ocultar a dos extremistas paraguayos que secuestraron y mataron a la hija del vicepresidente de aquel país, Raúl Cubas. Un viceministro de Gobierno los ayudó a escapar luego de que fue emitida una orden de captura internacional contra los asesinos. Desde entonces el Estado Plurinacional ha sido el refugio seguro de integrantes de las FARC y de otros grupos y cada vez suena con más insistencia que en el territorio nacional se están reorganizando algunas células de Sendero Luminoso y el MRTA.

Pero el problema no termina ahí, Bolivia también es hoy una importante área de operaciones de cárteles mexicanos y colombianos, que no sólo han modernizado y multiplicado la producción de cocaína, sino que han convertido al país en el mayor centro de acopio de droga peruana, que es exportada a todos los continentes, especialmente a Europa, vía Venezuela y África. El Estado Plurinacional se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para Brasil, Chile y Argentina, nuestros vecinos que sufren como nadie las consecuencias de esta explosión del crimen organizado, que involucra a decenas de narcocomunidades de los valles altos de Cochabamba y a los ayllus del norte potosino que combinan el tráfico de drogas con el contrabando.

La visita del ministro-terrorista no es nada casual y tampoco fue producto de la equivocación de una funcionaria neófita o un canciller despistado. Ahmad Vahidi vino a inspeccionar la marcha del plan estratégico militar que ha puesto en marcha la ALBA, bloque integrado entre otros países, por Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua, pero al que también ha sido incorporado Siria como observador, un país seriamente comprometido con el terrorismo y estrecho aliado de Irán.

El disgusto que causó en Argentina la visita de Vahidi a Bolivia es apenas un daño colateral para el Gobierno de Evo Morales, cuya política exterior está orientada a convertir al país en un Estado forajido e integrarlo a un bloque internacional siniestro del que son parte primordial, el fundamentalismo islámico vinculado al terrorismo, las FARC colombianas, los etarras españoles y por supuesto, toda la red del crimen organizado que tiene a varios países a su merced.  El plan incluye una carrera armamentista que ha causado malestar en toda la región. Recientemente se confirmó que Irán tiene planes de construir una base militar en Venezuela y el pasado martes, nuestro “ilustre” visitante, manifestó la voluntad  iraní de cooperar con Bolivia en el área de las armas y el entrenamiento de tropas.

Toda esta situación explica mejor que nada la reciente reacción del Gobierno chileno, haciéndole saber a Bolivia hasta dónde está dispuesto a llegar en caso de que a alguien se le ocurra alguna aventura. La queja paraguaya por el belicismo que promueve el régimen de Evo Morales es de larga data y obviamente, este tema fue abordado con suma claridad por el presidente norteamericano Barack Obama, durante su reciente visita a Chile y Brasil.

El disgusto que causó en Argentina la visita de Vahidi a Bolivia es apenas un daño colateral para el Gobierno de Evo Morales, cuya política exterior está orientada a convertir al país en un Estado forajido e integrarlo a un bloque internacional siniestro del que son parte primordial, el fundamentalismo islámico vinculado al terrorismo, las FARC colombianas, los etarras españoles y por supuesto, toda la red del crimen organizado que tiene a varios países a su merced.

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Ya me tiene podrido tanto día de esto, día de aquello. Me picaron clarinadas del “día del desafío”, insuflar el “mens sana in corpore sano” en país de guatones mal nutridos y mujeres que reducen grasa abdominal con liposucción. Contrasentido es invocar más ejercicio en aire cada vez más poluto y en calles atosigadas por transporte público y automotores usados. El gobierno de nuestro deportista Presidente, tapa buracos de dispendio fiscal con ingresos de la cantaleta de “legalizar por última vez” miles de vehículos “chutos” parqueados en Challapata. Qué contraste con Holanda, cuyos ciudadanos prefieren la bicicleta que descongestiona sus calles y pedaleando les mantiene en forma.

El 24 de mayo ha sido instituido “Día contra el Racismo y la Discriminación”, como si tales formas de exclusión se eliminaran por decreto. La fecha recuerda un hecho no racista, sino politiquero, ocurrido en el fragor de la contienda política en Sucre: la reacción de bravíos universitarios al chantaje amenazador de campesinos oficialistas de tomar la ciudad. Pero la imagen de los “pobrecitos” dio la vuelta al mundo, quizá asociando el censurable desfile de semidesnudos a escenas del holocausto racista de los nazis. No murió nadie, salvo en el abuso constitucional de La Calancha.

Qué contraste con las que mueren sin merecer días recordatorios: las víctimas de múltiples asesinatos de mujeres en Bolivia, de los cuales se conoce solo la punta del iceberg. Sea el motivo sexual, conyugal, infantil, familiar o por abortos clandestinos, las leyes son permisivas: yo digo que sesgadas. El asesinato se castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, pero el feminicidio se disfraza de emoción violenta y solo merece de dos a ocho años de reclusión. Contrasentido es que una mitad del país sea discriminada por el sesgo machista de la ley. Barren un problema social bajo la alfombra de la indiferencia. 
               
El otro día recaí en un spot de televisión internacional, sobre atractivos turísticos del Perú que explotan el pasado incaico enfocado en Machu Picchu, su meca turística. Atraen millones de turistas, que significan mayores ingresos que la actividad minera del occidente boliviano, incluidos la mina San Cristóbal y el queso gruyere del Cerro de Potosí. Rebalsan los valientes a Tiahuanacu, a la escénica capital de facto de Bolivia, a la maravilla natural del Madidi, y al espejito que intrigaba al astronauta Neil Armstrong desde la luna: el Salar de Uyuni.

Hoy puede ser protectorado de Hugo Chávez, pero Bolivia enclaustrada es una cautiva de Chile desde 1879, condición ratificada con la bayoneta en el coto en el Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1904. Desde entonces el pitbull chileno ha matoneado al pekinés boliviano. Impuso el decimonónico imperativo militar de ocupar no sólo las cumbres de la Cordillera Occidental –límite natural que separa el altiplano del litoral marítimo- sino las planicies adyacentes, que hoy dan sustento a su alarde de ser altiplánico también. Desvió ríos internacionales, como el Lauca, para regar desiertos arrebatados. El agua de manantiales de Silala, concedida para enfriar locomotoras, ahora da de beber gratis a ciudades chilenas.

El niño boliviano acosado por el atorrante mozalbete chileno es además minusválido por la miopía y desidia tradicional de sus gobernantes. Nada mejor para ilustrarlo que el turismo internacional que llega de San Pedro de Atacama, Chile, a las lagunas multicolores de Sud Lípez. Quizá tan preciada golosina sería la que Chile exigiría si se accediese al trueque de territorios para dar a Bolivia un corredor al mar.
Los caminos militares chilenos hacia la frontera se han convertido en arterias de penetración al circuito turístico que remata en una maravilla natural boliviana: el Salar de Uyuni. En su lado han construido hoteles de cinco estrellas, donde los turistas extranjeros pagan con gusto diez dólares por una cerveza. Bien vale la pena el confort de hoteles con inodoros que fluyen desperdicios sin taparse, baños con agua caliente y fría, dormitorios de colchones mullidos y sábanas limpias, menús regidos por chefs que evitan excesos gastronómicos en la altura.  

Del tamaño de Sud Lípez debe ser la región de Champagne en Francia, moteada de casi 300 hoteles. Ni cinco por ciento de esos hay en la región boliviana de los lagos multicolores, los géiseres y el mar de sal más vistoso y rico del mundo. Contrasten con lo que Saúl León Ortuño cuenta de una posada en Laguna Colorada: los servicios higiénicos eran dos espacios pequeños con un inodoro artesanal y un bidón plástico cortado en la parte superior; no había papel sanitario. Tenía varias habitaciones; en cada una había de tres a cinco literas de tres niveles, con una colchoneta de diez centímetros de ancho, de los cuales dos eran mugre acumulada. Mi amigo pasó la noche de pie.

El contrasentido de un país de gran potencial turístico y la penosa realidad, yace en la olla podrida de bloqueos y marchas, así empresas cancelen la llegada de turistas mediante medios satelitales. La infraestructura es mala no porque los bolivianos gusten de dormir en camastros o defecar en huecos hediondos. El meollo es una Constitución que da a los “originarios” control sobre sus territorios. Solo permiten inversión privada mediante comodatos de 10 a 15 años, que no compensan inversiones que luego deben ser “devueltas” a la comunidad. Ni que los inversionistas fueran opas.

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Droga, contrabando y corrupción hacen un solo fardo. Las evidencias y los testimonios abundan.  Ningún gobierno se ha propuesto realmente combatirlos, mucho menos el de hoy. Tal vez el problema sea de cuál lado colocarse en la lucha. ¿Hubo alguna vez serpiente que quisiera morderse la  cola?

Cuando no se puede ya con el enemigo, la alternativa es levantar las manos, rendirse. Y para que no parezca lo que es, ahí está esa inmensa red  que difunde  por todos los medios la versión deformada. Hay una legión que se encarga de ello; su especialidad es justificar hasta lo injustificable; son los escuderos del Palacio Quemado.

A veces es una masa amorfa y anónima que se mueve en la sombra; el eufemismo de “movimiento social” encubre su verdadera identidad. Otras veces, como ahora, aparecen los promotores a cara descubierta; ya pasaron por muchas pruebas; son todopoderosos, no hay nadie contra ellos. Los dos senadores juegan al antihéroe de la legalidad contra Bolivia. ¿Dizque les van a investigar? Hay una tácita confesión de parte: buscan liberar de la ley a los contrabandistas.

Apenas  se anunció la posibilidad de la ley, el dique precario de la contención de los chutos cedió a la avalancha. En Iquique no se queda ninguno, el basureo es para este lado; sólo el ingente beneficio de la transacción se queda en el puerto. En seguida, si antes eran cien, ahora son doscientos, trescientos “blancos” que corren como hormigas por el páramo altiplánico. ¡Exitosa iniciativa plurinacional! “Le metieron nomás; vengan los abogados. ¡Para qué han estudiando!”.

El monto del beneficio directo, personal no se sabrá nunca. De que el negocio es como para animarse, ni duda cabe. Nadie ha dicho que los maletines negros ya no están a la orden. En todo caso, es más difícil suponer que de pronto unos ateos se vuelquen a la filantropía cristiana, pensando en la pobreza y el desempleo de la gente. Piensa mal y acertarás, dice un proverbio.

Visto desde otro ángulo, ésta es otra medida de clara factura neoliberal. El delito legalizado reemplazará al gasolinazo fallido para alimentar las famélicas arcas del erario nacional. Parece que el “chanchito” ha empezado a hacer aguas. Con aberrante locura de nuevo rico el gobierno se ha gastado más de  la cuenta; el agujero negro del déficit fiscal es una amenaza. Un dato: desde el 2006 a la fecha la tupida maraña burocrática creció de 70 a 150 mil empleos. ¿Y la austeridad? Olvídela, fue una broma pesada.

La otra banda de los “ropavejeros” aguarda el turno con los  colmillos brillantes. No hay moral para negarles. Inerme, sin ley ni autoridad Bolivia transita por un callejón oscuro. La Asamblea Plurinacional es carta blanca para todo, hasta para apurarse. La ley de los contrabandistas va en tiempo récord con dispensación de trámite y voto de urgencia. Los senadores están nerviosos. Tienen temor de que el pan se les queme en la puerta del horno.

                  El autor es columnista independiente.

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Aunque ha votado a favor lamenta que en la resolución aprobada no se contempla la lucha contra la impunidad y el respeto de los Derechos Humanos".

Nicolás Maduro
Ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela

Se dice que: Los gobiernos de Venezuela y Bolivia han advertido que la reintegración de Honduras en la OEA no debe significar impunidad para los autores del golpe de Estado que en junio de 2009 derrocó al entonces presidente Zelaya.

Pese a los importantes avances logrados en Honduras aún quedan temas pendientes, como la plena vigencia de los Derechos Humanos y que los autores del golpe de Estado no queden impunes".

Diego Pary
Embajador de Bolivia ante la OEA

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El régimen de Evo Morales se ha disculpado con el Gobierno argentino por haber recibido en el país al ministro de defensa iraní, Ahmad Vahidi, acusado de ser coautor ideológico del atentado a una sede cultural israelí en Buenos Aires que mató a decenas de personas en 1994. El ministro boliviano, David Choquehuanca, envió una carta a la Cancillería argentina en la que transmite las disculpas y en la que se “compromete a tomar las previsiones correspondientes a fin de que el señor Vahidi, abandone de inmediato el territorio boliviano”. Según explicaron las autoridades nacionales, la visita del representante iraní fue sorpresiva, hecho que no corresponde con la realidad y sobre todo, con la agenda que desarrolló el “ilustre” visitante en Bolivia. Vahidi fue el invitado de honor en la inauguración de una escuela militar financiada por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en los alrededores de Warnes y aquello de que lo echaron ni bien se produjo la queja argentina también fue una farsa, ya que hasta las últimas horas del día martes, Evo Morales seguía reunido con su huésped en la localidad norteña. Irán es parte importante del esquema militar belicista y expansionista que ha montado la gavilla bolivariana en varios países y la presencia de Vahidi no fue una casualidad.

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El Gobierno chileno ha decidido mandarle un mensaje muy enérgico a su par boliviano y lo ha hecho con las mismas armas que ha estado exhibiendo el régimen de Evo Morales, que desde el 23 de marzo pasado viene alborotando el espíritu nacionalista y la conciencia marítima de la población, sin conseguir hasta ahora resultados alentadores. Una reciente encuesta demostró que sólo el 40 por ciento de los bolivianos apoya la decisión del Presidente de llevar a Chile ante los tribunales internacionales para lograr un acceso soberano al océano Pacífico, mientras que el 35 por ciento piensa que el Mandatario anunció la medida para distraer problemas internos. El 15 por ciento cree que fue una mala decisión.

El presidente chileno Sebastián Piñera no anda muy bien en las encuestas, aunque su índice de popularidad no es tan  bajo como el de su colega boliviano. Por eso es que al mandatario mapochino le vienen como anillo al dedo las provocaciones que llegan del otro lado de la Cordillera. Su más reciente respuesta ha sido lanzada en la línea clásica del nacionalismo belicista chileno, una postura que le ha servido a lo largo de su historia para mantener la unidad de la población en cualquier circunstancia, ya sea para defender su territorio, su producción y su cultura, para enfrentar un terremoto o para respaldar al ex dictador Augusto Pinochet, aquella vez que el juez español Baltasar Garzón lo tuvo entre las cuerdas.

El ministro de Defensa de Chile, que al mismo tiempo cumple funciones de canciller, Andrés Allamand, ha sacado a relucir el gran potencial bélico de su país y ha dicho que las Fuerzas Armadas “están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la integridad territorial”. Lo dijo a propósito del nuevo anuncio realizado por la diplomacia boliviana de recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA), una instancia que en repetidas ocasiones brindó su respaldo a la demanda marítima de Bolivia y que en 1979 emitió una resolución que instruía a Chile atender la problemática boliviana. Hay que mencionar que ese ha sido tal vez el mayor espaldarazo que ha recibido nuestra demanda marítima, pero que cuando fue emitido, pilló a políticos y militares bolivianos sumergidos en peleas por el poder, golpes de estado y conspiraciones. Resulta que 32 años después deciden darle importancia a aquel pronunciamiento y lo hacen cuando precisamente un chileno es el conductor de la OEA.

La última estrategia anunciada refuerza la idea de que Gobierno de Evo Morales está caminando a los tumbos y de manera improvisada en el supuesto objetivo de recuperar la soberanía sobre el océano Pacífico. Decimos “supuesto”, porque en realidad, lo que busca el régimen boliviano es buscar un medio para recuperar la credibilidad perdida, mejorar la popularidad del Presidente y recobrar la unidad de una buena parte de la población en torno a un solo propósito, ante el estrepitoso fracaso del “proceso de cambio”. Como se ha mencionado, la población boliviana desconfía de las maniobras que se han puesto en marcha y es precisamente aquí que Chile lleva las de ganar, porque seguramente está en mejores condiciones de fortalecer la conciencia nacional en torno al conflicto marítimo. En el plano de la diplomacia y los escenarios multilaterales, es muy difícil que Bolivia pueda conseguir, ya sea en la OEA o en La Haya, algo más que declaraciones y buenas intenciones.

El ministro de Defensa de Chile, que al mismo tiempo cumple funciones de canciller, Andrés Allamand, ha sacado a relucir el gran potencial bélico de su país y ha dicho que las Fuerzas Armadas “están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la integridad territorial”.

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La pérdida del control por parte de los opositores al MAS en la Brigada Parlamentaria Cruceña, en la Corte Departamental Electoral  y en la Asamblea Legislativa Departamental, no obstante haber ganado en las urnas por amplia mayoría, ha generado un vacío de poder que está siendo llenado por el MAS,  perdedor en este Departamento en las elecciones nacionales y departamentales.  En buenas cuentas, los ganadores de las elecciones en Santa Cruz, para asombro de todos, están actuando como si hubieran sido derrotados en las urnas. Eso implica pérdida del mandato soberano, un penoso e irresponsable desperdicio del voto.

La pérdida del control de la brigada parlamentaria importa la desarticulación de la oposición legislativa cruceña en la Asamblea Plurinacional; la de la Corte Departamental Electoral nos deja indefensos ante el fraude, y la de la Asamblea Legislativa departamental implica una ingobernabilidad que estancará aún más la economía cruceña y generará una desaceleración aún mayor del proceso autonómico, que ya estaba muy venido a menos con una pobrísima actuación de dicha Asamblea, con mayoría de Verdes, que, en su primer año de gestión,  no aprobó ninguna norma que signifique el ejercicio efectivo de la cualidad de autogobierno. Si en los hechos la gobernación había abandonado el proceso autonómico no habiendo hecho prácticamente nada para poner en práctica el Estatuto Autónomo en tres años de vigencia, con la pérdida del control de dicha Asamblea lo que vendrá será lo peor: un recorte del setenta por ciento de las competencias del Estatuto aprobado por el 85.6% de la población cruceña para obedecer a una Constitución que en este Departamento perdió con el 65%. Esa ecuación imposible será posible con el control del MAS en la Asamblea cruceña y habremos perdido irremediablemente gran parte de las competencias ya ganadas en el referéndum autonómico. La élite gobernante cruceña ha actuado como si no tuviera fe en el proceso autonómico, como si los cabildos y referéndums autonómicos no valieran y por ello la historia le pasará la factura correspondiente de responsabilidad.

Pero aparte del vacío de poder generado por la pérdida de control de las instituciones mencionadas, existe otro vacío de poder generado por el abandono de la defensa de derechos universales pisoteados por la vorágine masista:  el derecho al juez natural, al debido proceso, a detentar los cargos asumidos por mandato popular y a otorgar seguridad ciudadana a la población. ¿Quién lucha en Santa Cruz por esos derechos universales?.  Y por si esto fuera poco, las tomas de tierras, el control de exportaciones y de precios y la falta de seguridad jurídica han desacelerado el crecimiento económico de Santa Cruz a vista y paciencia de las autoridades locales. ¿Quién defiende a Santa Cruz de los atropellos?.

Los que ganaron sus cargos por el voto popular tienen la obligación de preservar la mayoría, ganada en las urnas, en todas las instituciones públicas del Departamento, proseguir con el proceso autonómico y defender los derechos de los ciudadanos en base a la unidad de todas las fuerzas políticas e institucionales posibles. Si bien es cierto que el adversario es un gobierno -convertido ya en Estado- que  tiene una tentación totalitaria indisimulada,  no es menos cierto que los cruceños no podemos perder nuestra alma, nuestro espíritu de lucha. Faltan cuatro años para las nuevas elecciones, es mucho tiempo para seguir como estamos. Santa Cruz debe reagruparse en torno a un proyecto de reconducción del proceso autonómico y defensa de derechos universalmente reconocidos. Winston Churchill decía que “sin la virtud del valor, las demás virtudes carecen de sentido”.

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Será esta la última batalla de Silvio Berlusconi? O más bien hay que preguntarse: ¿cómo el jefe de Gobierno italiano ha podido sobrevivir a tantos sinsabores, la mayor parte autoinfligidos? La debacle en las elecciones municipales, confirmada ayer con la pérdida de las alcaldías de Milán y Nápoles, diezma las filas de su partido, el Pueblo de la Libertad; siembra la duda sobre la continuidad de la coalición entre sus socios de la Liga Norte; y podría abrir un nuevo ciclo en la vida política del país.

Berlusconi llegó al poder por una variedad de razones. La primera se nutría de hastío y novedad. Hastío por la política y los políticos de la llamada I República Italiana, con su tangentopoli, de comisiones y enjuague de cargos; y novedad de comprobar si un hombre de negocios, que se había hecho a sí mismo pero también así mismo, podía traer un cambio saludable. La segunda, que la oposición no era una gran alternativa. El partido comunista sufría una profunda transfiguración que le ha llevado hasta su presente encarnación como izquierda para un barrido y para un fregado; y los diversos socialismos estaban tan pringados como la derecha en el Antiguo Régimen. Finalmente la tercera, que el nuevo líder no fue nunca el no-va-más electoral, puesto que perdió dos de cinco elecciones nacionales, una de ellas ante competidor tan poco excitante como el democristiano Romano Prodi.

Pero tenía que haber algo más. Italia es un país de reputación antes que de imperio de la ley. Los problemas del político-empresario con la justicia, aunque dañaran el prestigio exterior de la República, no eran tan inequívocamente condenables para una parte del electorado. El catolicismo mediterráneo, que para algo cuenta con el sacramento de la confesión, es tan escéptico de todo lo que se ve como creyente en el misterio. Eso se llama fe. El hombre ha nacido para errar, y si es un político, mucho más. Por ello, un bloque no menor de votantes había preferido creer que carecían de base las acusaciones contra el líder de peculado, soborno, e irregularidades institucionales de todo tipo, o incluso que no había para tanto.

La reputación, sin embargo, es otra cosa, en especial en el terreno de las mores, y doblemente si estas afectan al sexo opuesto. Las fiestas, con el llamado bunga-bunga, en su residencia sin duda de recreo; las acusaciones, fundadas o no, de inducción a la prostitución de jovencitas; y lo que la moral recibida llamaría "vida disipada" del presidente del Consejo, han dañado su imagen ante precisamente una parte del país que le era imprescindible como caudal de sufragios. La propia Iglesia católica, que había aceptado como mal menor a un divorciado -y ya dos veces- de piedad ignota, difícilmente podía seguir apoyándole ni siquiera tácitamente. Parece probado que tanto en Milán como Nápoles el voto católico ha cambiado de caballo. Y el mismo Berlusconi había experimentado en los últimos años una transformación que lo alejaba de lo que cabía esperar en un país de reputación y moral católica, con una especie de insistente negación de la edad, la vejez, y la muerte, cuya cima fue la declaración de su facultativo in-residence, de que a sus más de 70 años era virtualmente inmortal.

Pero la derrota no sólo puede significar el fin del principio de su retirada, sino algo mucho más grave. Únicamente su posición en las instituciones había hecho posible la aprobación de caducidades de ley y otras eximentes que aliviaran su carga procesal, y si acaba perdiéndola su cuasi inmunidad desaparece con ella. Aunque eso en absoluto apunte, sin embargo, a un castigo ejemplar. En una reciente tertulia en París de corresponsales de los principales diarios italianos, ni uno solo creía que el acosado líder fuera a servir pena de prisión. Y todo ello mientras la renovación entre sus competidores se mueve con la mayor parsimonia. El alcalde electo de Milán, Giuliano Pisapia (pronúnciese Pisapía), es un maduro profesional, pero no de la política, y su gran valedor nacional, el gobernador de Apulia, Nichi Vendola, ex miembro de Refundación y, como católico y comunista, heredero de los dos credos que más adeptos han perdido en los últimos 20 años, es aún una figura relativamente menor.

The Economist titulaba el 28 de abril de 2001: "Por qué Silvio Berlusconi no está capacitado para gobernar", a la vez anatema y prospectiva política. Una década más tarde el principio del fin podría haber comenzado.

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Como es de común conocimiento, surgió en Europa un nuevo movimiento cuyo título define sus objetivos. Se llama, ¡Indignados! (con signos de exclamación incluidos) y cuyo propósito es tan imperativo como urgente: “Democracia real ya”. Tuve la curiosidad de saber quién fue quien apretó el gatillo del pistoletazo que puso en marcha una carrera de atletas la que llenó las plazas mayores de Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Placa de Catalunya), París – aunque menos – (Place de la Bastille) y otras de países que se precian de ser demócratas. Este oleaje de  los “Indignados” trae un sabor a rebeldía del que habrá que rescatar sus mejores propuestas.

Me pregunté entonces: ¿De donde salió la idea? Hurgando la prensa española de la semana pasada encontré la respuesta. El inspirador de ese movimiento preferentemente  juvenil fue un tal  Stéfane  Hessel, un jovencito de 93 años, diplomático y activista, alemán de nacimiento y francés de adopción, judío de origen, que peleó contra los nazis en la Resistencia francesa y soportó la tortura de los campos de concentración nazi. Su tesis fundamental es que la democracia se ha desviado y que tenemos la responsabilidad de rectificarla y depurarla hasta sus últimas esencias.

El primer paso es rescatar la “dignidad” que todo ser humano lleva consigo. El atropello a su dignidad es precisamente el que convoca a la indignación. Una indignación no violenta pero que sí compromete a cada uno de nosotros a una profunda  acción correctiva.  Hay que volver a los valores que proclamó la Revolución Francesa. A los que hay que agregar lo que manda la justicia social y proclama la Declaración de los Derechos Humanos, a cuya redacción ayudó el entonces joven Hessel. Indignación frente a quienes abusan del poder y deshonran la Justicia. Indignación frente a los potentados que buscan su beneficio a espaldas de los pobres y de la gente común que trabaja para sobrevivir. Esos potentados han constituido uno de los factores más determinantes de la crisis económico-financiera de este principio del siglo XXI.   Por lo demás, la indignación no da derecho a enfrentar al adversario por medio de la violencia ni por la prevaricación de los jueces y fiscales que aplican una legalidad formal contra los críticos del Gobierno con un ensañamiento inhumano.

Después de haber tratado de sintetizar lo que he entendido que sostienen los “Indignados”, todavía noto a faltar dos factores indispensables para alcanzar la meta de una democracia real “posible”.

El primero es el liderazgo. La democracia asambleísta ya no es viable en un Estado moderno. Y sin liderazgo, el asambleísmo se dispersa en caudillitos de poca monta. Ahora bien, de ninguna manera, los “Indignados” piensan en dejarse guiar por caudillos déspotas. Y aquí vienen a propósito las palabras del Papa Benedicto XVI cuando alentaba a los jóvenes a comprometerse en la gestión de la cosa pública. Y les advertía a los que “están llamados a responsabilidades políticas y administrativas no sean víctima de la tentación de explotar su posición por intereses personales o por sed de poder”. Tampoco encontré en la protesta de los Indignados, una alusión clara y explícita contra la corrupción. Probablemente porque ya está manifestada en el contenido moral del movimiento que acabo de sintetizar.

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Hemos creado una dirección de reivindicación marítima para llevar nuestra demanda a los órganos internacionales porque Bolivia también ejerce el derecho internacional y sobre esto Bolivia está demostrando vocación de diálogo".

María Cecilia Chacón
Ministra de Defensa de Bolivia

Se dice que: En el marco del aniversario de la FAB, la ministra de Defensa de Bolivia evitó referirse a las comentarios de su par chileno, Andrés Allamand, quien indicó que las FFAA de su país harían respetar los tratados internacionales.

El pueblo chileno actuará unido y para ello tiene Fuerzas Armadas profesionales y preparadas, que están en condiciones de hacer respetar los tratados internacionales y de cautelar adecuadamente la soberanía y la integridad territorial de Chile".

Andrés Allamand
Ministro de Defensa de Chile

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Hace poco la ONU le hizo saber al Presidente que los nombramientos que hace son simplemente simbólicos y que los mantiene dependiendo de los hechos posteriores a la designación. Recordemos que las Naciones

Unidas nombraron a Evo Morales en el 2009, “Héroe Mundial de la Madre Tierra”, título que le llegó como un consuelo  al jefazo, después de los vanos esfuerzos por conseguir el premio Nobel de la Paz. Pero recientemente, el organismo internacional lamentó que “su héroe” haya decepcionado a todos, pues durante los años que lleva en el poder, ha hecho poco y nada por los bosques, que se vienen destruyendo a un ritmo de 300 mil hectáreas por año. La representante de la ONU en Bolivia le dijo que la defensa del medio ambiente no se hace sólo con discursos. Qué va a decir la funcionaria cuando Evo Morales pase a la historia como el presidente al que se le secó un río, nada menos que el Pilcomayo. Y no hablemos de las consecuencias que traerán en la Amazonia boliviana las represas que construye Brasil en el río Madera, que contaron precisamente con el concurso de la negligencia de las autoridades nacionales. A este nuevo “héroe” ¿qué título le ponemos?

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Qué clase de gente es la que seleccionará el MAS para postularla a los diferentes cargos del Órgano Judicial y que someterá al escrutinio el 16 de octubre. A lo mejor los sujetos que tiene en mente son tan impresentables que no quieren ni mostrarlos a través de los medios de comunicación. Y no estamos hablando, por supuesto, de belleza ni de colores, sino de decencia, un valor muy escaso dentro del oficialismo, que tiene como estrellas del senado a unos especímenes que dan vergüenza ajena, porque es obvio que han perdido todo el sentido del decoro y la moderación, virtudes que para un juez o un magistrado deben ser imprescindibles.

Qué tal un candidato al Tribunal Constitucional que confiese que es partidario de la tortura o el postulante a juez que hable flores de la coca ilegal o que diga, como aquel ministro, que está bien tolerar el contrabando en Bolivia porque esa es la forma de supervivencia de las comunidades rurales. El MAS va a respetar a rajatablas en la Justicia el cuoteo de los cargos  que mantiene con las organizaciones sociales y no tardarán en aparecer las incondicionales expresiones de fidelidad hacia el presidente Morales con señales de aprobación –con puño levantado y todo-, hacia el paradigma que ya tiene su marca registrada: “yo le meto y que legalicen los abogados”.

Ningún candidato a juez va a querer meter la pata y afirmar que introducir autos “chutos” al país es contrabando o tirarse en contra de los ayllus que matan policías para proteger sus actividades delictivas. No habrá uno solo que defienda la vigencia de la Ley 1.008 y peor aún, que se estrelle con los proveedores de la principal materia prima de la cocaína. Todos van a decir que está bien la forma cómo maneja las leyes el “proceso de cambio”, esas normas que han eliminado el precepto de la presunción de inocencia y que obligan al acusado a demostrarla y no al revés, como indican los más elementales principios jurídicos. Ninguno cuestionará los métodos aplicados por el fiscal Marcelo Soza en el “caso terrorismo” y con seguridad van a respaldar la violación del precepto de jurisdicción y de otros procedimientos que han facilitado la persecución política en el país.

Por eso es que el régimen se empeña en que nadie los vea, nadie les pregunte y nadie los cuestione. No sólo temen que los periodistas hagan quedar de burros a los candidatos, sino que detrás de cada palabra que pronuncien dejen un regadero de sandeces como las que pronuncia ese senador del MAS, que fue precisamente el que propuso que para ser juez no era necesario haber estudiado abogacía ni saber nada de leyes.

El régimen gobernante quiere llegar al extremo de exigir que los periodistas manden sus cuestionarios previamente para que algún censor del Tribunal Supremo Electoral efectúe los tachones correspondientes.

Esta ridiculez, además de constituir un retroceso a los tiempos del cepo y los grilletes, refleja el temor de que, a través de una simple entrevista o un perfil se desnuden todas las barbaridades que son capaces de propalar los acostumbrados personajes que este Gobierno ha llevado a la palestra pública en los últimos cinco años.

Qué tal un candidato al Tribunal Constitucional que confiese que es partidario de la tortura o el postulante a juez que hable flores de la coca ilegal o que diga, como aquel ministro, que está bien tolerar el contrabando en Bolivia porque esa es la forma de supervivencia de las comunidades rurales. El MAS va a respetar a rajatablas en la Justicia el cuoteo de los cargos  que mantiene con las organizaciones sociales y no tardarán en aparecer las incondicionales expresiones de fidelidad hacia el presidente Morales con señales de aprobación hacia el paradigma que ya tiene su marca registrada: “yo le meto y que legalicen los abogados”.

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