Juan Luis Gantier*
La Ley de “revolución productiva comunitaria agropecuaria para la soberanía alimentaria” es un planteamiento que se asienta en un modelo productivo marginal, que no tiene ningún peso en la economía nacional.
No hay economía comunitaria. Lo que sí hay son comunidades como entes vecinales, sindicatos para reivindicar necesidades o emprender tareas de desarrollo comunitario. Estas entidades poseen terrenos de propiedad “colectiva” que se usan para el pastoreo del ganado de las familias. No hay, o hay muy pocas comunidades donde el ganado es propiedad común y menos se planifica, produce y distribuye el excedente bajo un régimen colectivo.
Las únicas unidades productivas que planifican la producción, producen y se apropian del excedente -si es que se ha podido generar- son las “familiares”, que es el régimen de propiedad más difundido en el país.
Reconocer y visibilizar el régimen “comunitario” -un modelo productivo de ficción- como sujeto central de esta ley condena al fracaso a esta alternativa, que si se centrara en promover el modelo de las “asociaciones” de productores familiares o de la empresa agrícola mediana podría garantizar no sólo la “seguridad alimentaria” sino excedentes para atender la demanda de un mercado mundial que se destaca por un déficit crónico en esta materia.
Y es que debemos destacar la mirada ideológica “sesgada” y poco ambiciosa del gobierno, que se desgasta en apuntalar un modelo exportador de materias primas -de capital intensivo-, generando mecanismos compensadores con una visión “rentista” para los “sectores empobrecidos”.
Da la impresión que con la política de repartir recursos a través de “ bonos” se beneficiará al sector de economía comunitaria con créditos, asistencia técnica y participación en una estructura institucional de “poder” que desde el nivel central y subnacional planificará la producción de productos estratégicos y los precios.
Se mantendrá la misma tónica de gobiernos anteriores, que bajo el pretexto de impulsar la industrialización en época del MNR o la “agroindustria” en el gobierno de Banzer y otros sucedáneos, se apuntalaron a sus allegados derivando en lo que Joan Prats denominó el “capitalismo de camarilla”. Hoy, con esta propuesta se confluirá en un socialismo del siglo XXI corporativo y de “camarilla”.
El problema es usar los escasos recursos de inversión -aunque al gobierno le parecen cuantiosos- en impulsar un sector de impacto marginal en el país, sólo por razones ideológicas o para buscar consolidar alianzas políticas para asegurar la fidelidad de las cúpulas de las organizaciones sociales, consolidando la heterogeneidad de los sistemas productivos que conviven en el país -El Chenko, como le llama la Serna-, cuando se podría usar estos excedentes para diversificar el aparato productivo impulsando una agricultura “competitiva” orientada al mercado, a partir de sectores con existencia real y difundida en el país como son las unidades familiares organizadas en asociaciones de productores y los empresarios agrícolas de un régimen de propiedad “mediana”, que son los actores que permitirán generar excedente, empleo y una acumulación ampliada de capital en el sector donde se ubica la población más pobre…
Aprovechar la variedad de climas y microclimas existentes en nuestra diversa geografía y resolver los problemas de la institucionalidad relacionada con la propiedad de la tierra para convertirnos en grandes proveedores del mercado nacional y mundial, debiera ser la meta ambiciosa que guíe nuestros esfuerzos, dado que la seguridad alimentaria no es un problema ligado a la escasez de producción ( que es donde se concentran los empeños del gobierno) sino más bien a la falta de ingresos, de empleo estable y de poder político de sectores marginados sobre el stock de alimentos.
*Diputado nacional