El senador opositor Roger Pinto afronta dos procesos penales que impulsa la ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Senador Roger Pinto.
Procesan a senador Pinto por uso indebido de influencias y daño económico al Estado
Cobija, 23 Jun (Erbol).- El senador opositor Roger Pinto afronta dos procesos penales, uno de ellos, por un monto de 11 millones de bolivianos en supuesto daño económico al Estado, durante su gestión como director de Zona Franca Cobija (Zofra-Cobija) en el año 2000.
El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción le abrió procesos por presunta comisión de delito de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. El senador pandino rechazó las acusaciones y dijo que existe una intencionalidad política.
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Dos procesos están relacionados con una presunta venta de terrenos de Zofra-Cobija a terceros y la asignación irregular de recursos a la Universidad Amazónica de Pando. Existe un tercer caso no procesado en los tribunales por “falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas”.
A raíz de las acusaciones, la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Cobija, el 3 de octubre pasado dispuso la modificación de la detención domiciliaria por arraigo, prohibición de contactarse con los compradores de terrenos y el rector de la universidad y presentarse una vez al mes ante el Fiscal asignado.
Caso: Zofra-terrenos
El 26 de junio de 2010, el Fiscal de Materia, Vladimir Lazcano Barrancos, presentó imputación formal en contra de Pando Molina, Ángel Boris Salvatierra y David Murakami por una transferencia presuntamente irregular de terrenos de propiedad de la zona franca, a empresas particulares y extranjeras sin autorización expresa.
En la apertura del caso que data del año 2002 se hace referencia que para proceder a la venta debería realizarse un trámite previo, además de contravenir a lo establecido en el artículo 262 de la Constitución Política del Estado, que no permite a ciudadanos extranjeros comprar terrenos dentro de los 50 kilómetros de la línea de frontera.
Las empresas involucradas en el supuesto ilícito son: Manuripi Import Export SRL, Caramanu Import Export SRL, MultiPando SRL, Imapa SA, además de Seoul.
Los denunciados afrontan cargos por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
El 3 de octubre de 2010, la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de cobija modificó la detención domiciliaria de Pinto Molina por su arraigo, la presentación de garantes y la imposibilidad de contactarse con los compradores de terrenos.
En la imputación formal, la parte acusadora observa las cláusulas terceras de todos los contratos donde se establece, excepto con la empresa Seoul, que la venta de terrenos se los realizó al plazo de cinco años, con interés anual de 18 por ciento sobre saldo deudor.
Roger Pinto en su descargo señaló que nunca se vendieron dichos terrenos, además que tampoco pertenecieron al Estado.
“El directorio de zona franca compró 55 hectáreas para desarrollar el parque industrial, para que se asienten las empresas industriales”, dijo.
El parlamentario aclaró que no existe una sola minuta firmada suya. “Después de nueve meses que había renunciado el 28 de febrero para habilitarme como candidato el 2002, no hay una sola minuta firmada por mí, hace más de nueve meses que había salido, hubo dos prefectos, dos directorios, entonces, ¿ellos cómo me procesan?”, manifestó.
El terreno donde funciona la zona franca se encuentra ubicado en el kilómetro 19 de la carretera a la localidad de Porvenir, cantón San Luis, provincia Nicolás Suárez, tiene una extensión superficial de 55 hectáreas y se lo adquirió por la suma de 35 mil dólares americanos.
En la acusación se menciona que Pinto y los otros acusados incumplieron el artículo 59 de la vieja Constitución Política del Estado que faculta al Poder Legislativo “autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público”.
El sindicado reiteró que es una acusación falsa y que cuando se firmaron esos documentos, él no se encontraba en el país.
“Cuando se hicieron esos contratos yo estaba en Europa, tengo papeles, es la peor aberración, pero no importa. Yo inicié proceso por falsedad material e ideológica a quien lo firmó. Es más, la persona que firmó a mi nombre fue a mi propiedad (vivienda) y a decirme, Señor Pinto le pido disculpas, pero a mí me obligaron a firmar este documento de esta naturaleza”, recordó.
Caso Zofra-Universidad
Otro caso que involucra al parlamentario pandino tiene relación con la apertura de acusación formal en su contra, además de Miguel Becerra Suárez y Nemecio Ramírez Villca por delitos de resoluciones contrarias a la CPE y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La acusación pone como antecedente que el entonces rector de la Universidad Amazónica de Pando, Ronald Camargo, solicitó a Zofra Cobija apoyo económico para la implementación y diversificación de varias carreras. El directorio de la zona franca, según el documento, no podía autorizar desembolso alguno, sin autorización del ministerio del área.
“El fin para el cual se decide aprobar la resolución 012/2000, no se encuentra relacionado a los objetivos propios de la zona franca, los cuales son precisamente temas comerciales…Al margen de la irregular transferencia de recursos se debe señalar que el Directorio de la zona franca Cobija jamás pidió se remitan los informes de cuál era el destino que se le dio al dinero que se entregaba a la universidad…”, se destaca.
El principal acusado indicó que no correspondía solicitar una autorización ministerial y que tampoco se cometía delito alguno con esa transferencia, porque existe de por medio un decreto supremo que lo respaldaba.
“En ese entonces el Presidente (Hugo Banzer Suárez) emite un decreto con los ministros. El decreto establecía que era para la universidad. El Ministerio de Hacienda respondió que ellos no crean renta dirigida y lo que ellos hacen es crear impuestos. Es más, en los objetivos de la propia zona franca (se) establece el desarrollo social y económico de Pando. Entendió el directorio de aquel momento que había que potenciar la universidad”, dijo Pinto.
En el pliego acusatorio interpuesto por el entonces viceministro de Lucha contra la Corrupción, Hugo Montero Lara, se sostiene que no se puede modificar un Decreto Supremo y que se procede a la entrega en “forma ilegal y arbitraria” del 0,5 % del valor de CIF Zofra Cobija, con un daño económico de Bs11.877.142,81.
“Los elementos de prueba recogidos en la investigación, nos proporcionan la certeza de que se han cometido delitos de acción pública, ya que los imputados han omitido cumplir los deberes de su cargo y con ello han incurrido en una conducta que afecta los intereses económicos y a los intereses del Estado, ocasionando perjuicios enormes al país”, agrega la acusación.
El actual senador opositor sostuvo que no puede ser un delito crear una universidad, apoyar y desarrollar el conocimiento en Pando.
“No se hizo daño al Estado el haber creado una universidad, haber construido una infraestructura y haber producido más de 2000 profesionales en los últimos 10 años”, agregó.
Roger Pinto admitió además que tiene otros procesos en contra, a los que calificó de estrictamente políticos y promovidos desde la esfera gubernamental.