Rubén Atahuichi*
Años atrás escribí sobre la firmeza con que el Gobierno defiende (defendía) sus políticas ante los movimientos sociales o sectores a los que aquéllas afectan. Así fue con la definición de tarifas únicas de transporte interdepartamental o el pago por segundo de las llamadas a celular.
Los topes de aumento salarial decididos por la administración de Evo Morales eran ley; no había movilización ni protestas que hagan cambiar esa definición. Así pasó con la Constitución Política del Estado, también con las cinco leyes orgánicas y un decreto —paradójico ahora— que impidió por unos meses el ingreso de al menos 1.700 vehículos chutos (¿se acuerdan las movilizaciones que no pudieron conseguir derogarlos?). Y todo esto incluso sin contar con los dos tercios de votos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sin embargo, desde el 31 de diciembre del 2010, nada es igual. Esa noche, Morales derogó el Decreto Supremo 748, que en tres días, desde el 26, había puesto en vilo al país por su contenido antipopular de incremento de carburantes.
El “gasolinazo”, en mi criterio, marcó un punto de inflexión entre la legitimidad resultante de cinco años de “proceso de cambio” y el descontento social naciente, el asentamiento real del régimen o la “desfuncionalización” de los movimientos sociales en relación al Gobierno y al MAS. Y, paradójicamente, la medida de la “nivelación” era necesaria para el país, considerando el costo de la subvención que actualmente implica para el Estado (aproximadamente $us 700 millones hasta finales del 2011), sin contar la demanda de diésel y gasolina que desde las siguientes semanas se tendrá como resultado de la regularización de miles de vehículos indocumentados.
En este sentido, buena parte del país, incluido yo, creía que la prohibición del uso en el servicio público de vehículos con más de 12 años de antigüedad, a partir del 2016, iba a ser una medida a favor de la seguridad ciudadana, más que todo. Pero, como ya saben, ahí quedó. Las movilizaciones de diciembre y el solo anuncio de un paro indefinido del transporte público terminaron con algunos ímpetus del Gobierno.
Hay sin duda medidas que sí conviene ejecutarlas, pero de la forma como pretende Morales y sus colaboradores, resulta difícil que se efectivicen. Eso habrán aprendido, pues, en los últimos meses. Lo que pasa es que Evo no siempre manda obedeciendo, como dice su eslogan desempolvado tras la crisis del “gasolinazo”. Usualmente, sus políticas son impuestas sin ninguna consideración previa en los sectores involucrados. Todo, quizás, creyendo que su legitimidad es la misma que la de diciembre del 2005, cuando ganó por primera vez, o de diciembre del 2009, cuando consiguió su segundo mandato.
Todo cambia, pues. Recular y recular, una y otra vez, es señal de debilidad política. Así, cualquier organización que no desee adoptar ciertas políticas va a tener la fuerza suficiente para objetarlas.
*Periodista
La Razón – La Paz