Marcelo Ostria Trigo
El malestar ya ha traspasado las fronteras de Ecuador por el inaudito fallo dictado en un juicio planteado por el presidente Rafael Correa que condenó a un periodista y a ejecutivos del diario El Universal de Guayaquil a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares. El motivo: el artículo de Emilio Palacio “No a las mentiras” (El Universal, 02/02/2011).
El artículo de Palacio es duro, cuestiona la veracidad de las versiones oficiales sobre el supuesto golpe policial del 30 de septiembre de 2011, pero no hay denuestos. Está lejos de los torpes improperios del presidente Correa, como los lanzados contra la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), comparándola “con el gremio de las trabajadoras sexuales” (La República. Ecuador, 26/06/2011).
Palacio se refirió a Correa como el ‘dictador’ y, aparentemente, esto desató la ira presidencial para procesarlo. Sin embargo, lo escrito por Palacio no marcó el comienzo de la crispación del presidente. Él ya compartía con sus aliados –los de la ALBA– la idea fija de que la prensa independiente es enemiga de sus gobiernos populistas y un obstáculo para lograr sus designios. Su notorio objetivo es emular a la dictadura castrista de Cuba, donde nadie –o muy pocos– se atreve a preguntar sobre la situación política y económica de la isla y, menos aún, a cuestionar las informaciones que el régimen ofrece a través de la prensa oficial –la única permitida.
Desde su llegada al Gobierno en 2007, Correa repitió, cada vez con mayor vehemencia, que la prensa –la independiente, se entiende– es un “poder fáctico, mediocre y corrupto”. Es más: en la reunión de Unasur en Georgetown, Guyana, en noviembre pasado, propuso establecer la censura, en la forma de un marco legal sudamericano, para combatir “los excesos de la prensa”. “Ya es hora –afirmó el presidente– de derrumbar tabúes. Debemos perder el temor reverencial de tratar estos temas y buscar una legislación adecuada para combatir los excesos de cierta prensa. Debemos (…), a nivel de países, plantearnos formas de controlar los excesos de la prensa”. Y añadió: “Si en Bolivia el presidente Evo Morales propone una ley prohibiendo expresiones racistas en los medios, esto es un atentado a la libertad de expresión. ¿Hasta cuándo esta doble moral?”, se preguntó. Antes él ya había anunciado que deberán revertirse al Estado “muchísimas” frecuencias de radio y televisión, coincidiendo con lo que hizo el Gobierno de Venezuela, que dejó fuera del aire a más de 200 emisoras.
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Hay que repetirlo: no es solo el artículo del periodista Palacio ni El Universo de Guayaquil lo que incomoda a Correa; es toda la prensa independiente y, por supuesto, la libertad de expresión.
“Pedir una indemnización tan elevada y exigir la prisión del periodista y los directores de un diario –escribe Juan Oribe Stemmer en El País de Montevideo (25/07/2011)– se parece demasiado a un intento de utilizar un instrumento legítimo para conseguir un fin ilegítimo: sacar de circulación a un medio de prensa opositor y enviar una clara advertencia a los demás. Tiene razón la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando afirma que la sentencia “es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no solo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad ecuatoriana. Y se trata de un pésimo antecedente regional”.
El Deber – Santa Cruz