El gobernador masista de Pando, Luis Adolfo Flores, está acusado de tráfico de influencias por contratos entre la Gobernación de ese departamento con empresas fantasmas, con montos y facturas que eran cobradas por la madre de ese funcionario.
Este escandaloso caso de corrupción motivó que las tropas de choque del MAS tomaran el Comité Cívico de Pando, donde se estaba ventilando la denuncia.
La reacción del gobierno central ha sido respaldar al gobernador incriminado, actitud que contrasta con la que se toma cuando es acusada cualquier autoridad opositora.
Dice el ministro de la presidencia, Carlos Romero, que “con la explicación verbal” recibida por vía telefónica del gobernador de Pando es suficiente para mantener el respaldo. Eso quiere decir que ni siquiera se ha revisado documentación alguna. Romero también afirma que el Ministerio de Transparencia no actúa en el caso porque “no tiene conocimiento” del tema.
Parece existir una sistemática protección del gobierno a los funcionarios oficialistas acusados de irregularidades. La tan mentada “lucha contra la corrupción” de este gobierno sólo sería un instrumento para la persecución de opositores, cívicos y empresarios. Mientras tanto, los verdaderos corruptos se campean por la administración pública.
El caso del gobernador de Pando se suma al frondoso árbol de la corrupción de este gobierno, que cada vez tiene más ramas. Mientras tanto, la ministra de transparencia Nardi Suxo guarda un extraño silencio, demasiado parecido a la complicidad.