Dura crítica de JIFE a la acción de Bolivia contra Convención de Viena

Llamó a la comunidad internacional a no apoyar al país. Asambleístas opositores con opiniones diversas, pero el MAS cierra filas.

La Razón – Miguel A. Melendres – La Paz

DURA CRÍTICA DE JIFE A LA ACCIÓN CONTRA CONVENCIÓN DE LA ONU



Tratado. Llamó a la comunidad internacional a no apoyar al país. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamentó la decisión de Bolivia de retirarse de la Convención de la ONU sobre drogas y luego “reacceder” a ella con reservas, y opinó que si bien esta medida es acorde con la letra de la Convención, “contradice su espíritu”.

imageAcullico. Los ojos están puestos en la demanda de Bolivia.

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Ayer, La Razón intentó obtener una respuesta con el Órgano Ejecutivo, pero señalaron no tener “la información oficial para hablar del caso”.

Bolivia presentó el 1 de julio ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York su denuncia de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, para que el acullico de la hoja de coca sea borrado de la clasificación de estupefacientes.

No obstante, la Junta, en un comunicado que emitió a través del Centro de Noticias de la página oficial de la ONU, pidió al Gobierno boliviano que reconsidere las graves implicaciones de su decisión y llamó a las naciones a no apoyar la decisión.

“La comunidad internacional no debe aceptar ninguna propuesta en la que los gobiernos usen el mecanismo de retiro y reacceso con reservas para evadirse de la obligación de implementar ciertas normas del tratado”, subrayó la JIFE. Añadió que ese tipo de acción “puede socavar la integridad del sistema global de control de drogas”.

Hasta enero del 2012, Bolivia mantendrá su estatus de miembro pleno de la Convención, pero luego quedará al margen al menos durante un año, hasta que los demás países signatarios de la Convención analicen la reserva que Bolivia planteará el 1 de enero para que se considere su reingreso.

REPERCUSIONES. Previo al mensaje de la JIFE, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ponderó los resultados en la lucha antinarcóticos y erradicación de cultivos excedentarios.

“En materia de interdicción lo más rescatable fue haber aprehendido a tres peces gordos del narcotráfico. Logramos incautar 11,8 toneladas de cocaína y 348 de marihuana en 6.090 operativos”, indicó.  Añadió que se destruyeron 2.454 fábricas de cocaína, se detuvo a más de 1.836 personas y se han erradicado 5.158 hectáreas de cultivos de hojas de coca.

En el Órgano Legislativo, las repercusiones no se dejaron esperar. Edwin Tupa, jefe de la bancada del MAS, dijo a PAT que ese pronunciamiento no era otra cosa que “tratar de bajar la imagen del Presidente”. La diputada Betty Tejada señaló que “nadie nos va a decir  lo que significa nuestra lucha contra el narcotráfico, que es indeclinable”.

La oposición criticó las acciones del Gobierno. La diputada Elizabeth Reyes indicó que Bolivia se ha constituido en uno de los países centro de producción del narcotráfico con gente muy ligada a espacios de poder. Su colega Jaime Navarro advirtió que la denuncia boliviana iba a recibir más críticas duras en el contexto internacional.

El lunes pasado, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), César Guedes, alertó en La Razón de los problemas que se le presentarían a Bolivia en el tema.

“Si Bolivia debió retirarse o no (de la Convención), es una decisión soberana de este país. Pero creo que frente a los instrumentos que se tienen y de cómo se percibe al masticado de la coca, éste no debía ser un tema contencioso internacional”, advirtió el representante.

La ONUDD lo advirtió

César Guedes, representante de la Oficina de las NNUU contra las Drogas y el Delito (ONUDD), dijo que era más prudente que Bolivia continúe con negociaciones y ver salidas a otro nivel, antes de la denuncia, porque “es una acción mayor” que hay que saberla manejar de manera prudente para que el mensaje no se tergiverse.

Firmarán este mes el acuerdo para medir cocales

La firma del convenio trilateral entre Bolivia, Brasil y Estados Unidos, referida al proyecto piloto de verificación y medición de coca excedentaria en territorio boliviano, se concretará a más tardar hasta el 16 de julio, anunció ayer el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.

“Estrictamente por cuestiones protocolares, a nivel diplomático, hemos tenido un retraso, pero ya tomé contacto. La próxima semana y en el peor de los casos hasta el 16 de julio se va a llevar a cabo la firma del convenio trilateral que representa un beneficio para el Gobierno nacional”, informó el viceministro Cáceres.

Precisó que este convenio trilateral permitirá implementar un  proyecto piloto de verificación de erradicación de cultivos de coca excedentaria en el país, además del equipamiento y la modernización de las instituciones públicas para tener en tiempo real la información sobre erradicación de coca.

EEUU aportará $us 250.000 en la obtención de imágenes satelitales para medir

Advierten a Bolivia por denuncia de Convención

Antidroga. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes criticó resolución del Gobierno boliviano. Asambleístas opositores con opiniones diversas, pero el MAS cierra filas.

El Deber, Marco Chuquimia. La Paz

La Junta Internacional  de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió que la decisión boliviana de abandonar la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU es peligrosa y dijo que el Estado boliviano debe estar consciente de las implicancias de esa opción.

"La Junta opina que, si bien este paso de Bolivia puede estar en conformidad con la letra de la Convención, tal acción es contraria a su espíritu", aseguró en un comunicado el organismo que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas.

"La comunidad internacional no debe aceptar ninguna propuesta en la que los gobiernos utilicen el mecanismo de denuncia y vuelvan a adherirse con reservas, con el fin de liberarse de la obligación de aplicar ciertas disposiciones del tratado", subraya la JIFE.

La Junta argumenta que este tipo de acciones mina "la integridad del sistema global de control de las drogas", incluido el objetivo de prevenir el consumo de drogas que "destruye la vida de millones de personas". Por eso, hace un llamamiento para que el Gobierno de Bolivia considere "muy en serio todas las implicaciones de sus acciones".

La misma advertencia salió de los opositores que tienen diferentes criterios sobre este tema, es el caso del MSM, cuyo diputado Fabián Yaksic afirmó que Bolivia es soberana para tomar una decisión de esa naturaleza y que los organismos internacionales deben entender que las tradiciones culturales no se pueden regular desde tratados internacionales.

“Pero esa decisión debe ser manejada responsablemente por el Gobierno en el sentido de realizar un efectivo combate al narcotráfico, algo que no ocurre”, señaló el diputado.

La diputada Norma Piérola (PPB-CN) afirmó que el acullico debía ser erradicado en 25 años y de ese modo se cumpliría el convenio, pero que ese plazo venció en 1992 y que desde entonces el artículo 49 de ese pacto internacional dejó de tener efecto en los países miembros. “Lo que se nota claramente es que el Gobierno no tiene una política real de lucha contra el narcotráfico y por ello recurre a este tipo de estrategias como la denuncia de un tratado que ya no está vigente”, dijo la legisladora opositora.

Su correligionario Adrián Oliva adelantó que estas decisiones solo pueden ocasionar sanciones contra el Estado porque el discurso no acompaña las acciones de las autoridades y eso tendrá consecuencias.

“Tenemos a un general de la Policía que está preso en EEUU acusado de narcotráfico, un crecimiento de los cocales, del tráfico de drogas y por si fuera poco escasas acciones gubernamentales”, recordó.

Pero el MAS considera que detrás de todas estas acciones está el Gobierno de EEUU, al que acusan de tener “una doble moral” porque en su criterio critican las acciones de Bolivia contra el narcotráfico, pero que al mismo tiempo reduce la ayuda para esta tarea.

El diputado Irineo Condori aseguró que algunos países y algunos organismos internacionales están sujetos a decisiones de naciones que no comparten la línea ideológica del actual Gobierno. El jefe de bancada del MAS, Edwin Tupa, aseguró que la campaña de JIFE tiene el objetivo de menoscabar la popularidad que tiene el presidente Morales.

La diputada Rebeca Delgado señaló que la JIFE tomó una decisión política que debe tener una respuesta política y dijo que están equivocados si piensan que la denuncia de la convención significa ser permisivos con el narcotráfico.

Bolivia denunció la Convención por el lapso de seis meses y a partir de enero de 2012 tendrá que esperar la decisión de 191 países que aceptarán o rechazarán su readmisión.

Habrá aviones no tripulados para el control

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, adelantó ayer que pese al veto israelí de no entregar aviones no tripulados a Bolivia, el Estado tendrá sus propios aviones porque existen otras naciones que están dispuestas a vender ese tipo de aeronave.

“Rusia o China tienen ese tipo de aviones, pero a partir de septiembre habrá sobrevuelo de las fronteras entre Bolivia y Brasil”, dijo la autoridad luego de informar que la firma del acuerdo trinacional entre Brasil-Estados Unidos se producirá a mediados de julio.

De igual modo, añadió que hasta  junio se había logrado la erradicación de más de 5.000 hectáreas de coca en todo el país, “lo que significa que ya hemos cumplido con las metas que están en la ley 1008 y ahora queremos erradicar 10.000 hectáreas hasta fin de año”, adelantó. También dijo que el estudio nacional de la coca estará listo en un mes y eso dará lugar al planteamiento de una nueva estrategia que tiene el Gobierno sobre la propuesta de dos leyes sobre la coca y que remplazarán a la Ley 1008.

Cáceres  también dijo que las unidades de inteligencia de la Felcn están “monitoreando” la presencia de bandas internacionales luego de que detuvieron a tres peces gordos del narcotráfico, un brasileño y dos colombianos que ya están en celdas nacionales.

Informe del semestre 

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres informó que son 5.158 hectáreas de coca erradicada hasta la fecha y que llegarán a las 10.000 hectáreas hasta diciembre.

– En Cochabamba, en los parques Isiboro Sécure, Carrasco y áreas protegidas de Chore y Yapacaní se erradicaron 3.926 hectáreas de coca.

– En Yungas y parte de Beni  se arrancaron 1.040 hectáreas del arbusto, aunque no se tiene la cifra real de la erradicación en el departamento de Beni.

– En los operativos se detuvo a 1.836 personas, de ellas, 1.650 son bolivianas, 47 peruanas, 33 colombianas, 19 brasileñas, 19 españolas, 9 chilenas y 6 mexicanas.

– En seis meses se destruyeron cinco  laboratorios, 2.454 fábricas, 2.951 pozas de maceración y se incautaron de 11,8 toneladas de cocaína y 348 toneladas de marihuana.

– Los datos manejados por el Gobierno no coinciden con los que fueron emitidos por otros organismos internacionales que tienen cifras muy diferentes.

– El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, Irineo Condori (MAS), informó ayer de que la nueva ley 1008 convertirá a la coca en un principio de seguridad Estado.  

– La Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988, fue promulgada en el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993).