Recuerdos del presente. Humberto Vacaflor Ganam
El ejercicio de mirar sólo las actividades económicas legales e ignorar las ilegales cuando el país está inundado de coca-dólares se está haciendo cada vez más incómodo. Pone a los analistas en el papel de tontos, o por lo menos miopes, además de cómplices de una hipocresía.
Un informe del IBCE sobre el comercio exterior paceño dice que el departamento tuvo en 2010 un déficit de 992 millones de dólares, porque sus importaciones llegaron a 1.445 millones y sus exportaciones apenas alcanzaron a 452 millones.
Sin tomar en cuenta el lado oscuro de la economía, estas cifras no se entienden. De alguna manera, de la que todos los bolivianos sabemos, se financia este loco incremento de las importaciones.
Pero las estadísticas oficiales no podrían incluir las cifras de las actividades ilegales, si ni siquiera con las legales se las entienden, como se observa con los datos sobre la inflación.
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En esas estadísticas, que fueron extraídas de las cifras del INE, no figuran tampoco, por supuesto, las exportaciones de hoja de coca paceña que salen con destino a Argentina y que superan las 5.000 toneladas al año.
El contacto de la economía ilegal con la legal es permanente, pero sólo figura en las estadísticas en casos raros, como cuando se dio la legalización de los autos importados de contrabando. En ese caso, el Estado estaba poniendo impuestos a una actividad ilegal.
Este contacto cercano con lo ilegal permitirá al TGN reducir el déficit fiscal de 4,9% del PIB a solamente 2%. Y dio al gobierno la posibilidad de escapar al hecho de que este año se registre el déficit fiscal más alto de lo que va del siglo. Fue una medida criticada por los países vecinos, a tal punto que el parlamento chileno pidió al gobierno de Sebastián Piñera denunciar a Bolivia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Se sospecha de otros encuentros cercanos con lo ilegal de parte de algunos amigos del gobierno, como ser aquellos que hacen grandes inversiones en la compra de ferrocarriles o medios de comunicación, a razón de uno por semana. Ahora, por ejemplo, los amigos del gobierno tienen más matutinos en la Paz que periodistas capaces de dirigirlos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) detectó que en Bolivia el gobierno del presidente Evo Morales no ha hecho los esfuerzos suficientes para frenar el lavado de dinero. Esta denuncia no ha sido respondida por el gobierno, que se ha limitado a informar de medidas que piensa tomar para detectar cuentas bancarias que hayan crecido de manera repentina. Pero no hay iniciativas para frenar la legalización de capitales de origen ilegal. Algún día se sabrá cuántas empresas de la economía legal fueron adquiridas por este lavado del que en Bolivia sólo se susurra, por el momento.
Pero por ahora la economía ilegal está adquiriendo dimensiones gigantescas que dejan en ridículo a las estadísticas sobre la economía legal.
El problema es que el Estado se financia sólo con los tributos que pagan las actividades legales, excepto algunas “donaciones” de cuyo origen nadie quiere hablar. Son encuentros muy cercanos.