Pruebas. El Ministerio Público anunció que presentará documentos que prueban que el presunto clan Gonzales–Ledezma tiene antecedentes penales relacionados con la ley 1.008.
Algunos acusados de lavado de dinero esperan su audiencia, el pasado viernes. – Noé Portugal Los Tiempos
Los fiscales de sustancias controladas que investigan al presunto clan Gonzales–Ledezma por lavado de dinero, anunciaron ayer que apelarán la decisión de la juez Rosario Butrón, que el pasado sábado, tras la audiencia cautelar de los cinco imputados, decidiera darles la libertad luego de fijar una fianza de Bs 80 mil por persona y ordenar su arraigo.
La decisión fue asumida tras una reunión sostenida ayer por los representantes del Ministerio Público que calificaron como “subjetivo” el fallo de la juez asignada al caso. En la apelación presentarán más pruebas y documentación referida a los antecedentes penales que tienen los imputados por la Ley 1008.
En tanto, la juez de la sala cautelar primera, Rosario Butrón, no quiso emitir criterio alguno sobre la decisión asumida calificando los documentos presentados por la parte querellante (la fiscalía) de complejos.
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“Es un tema bastante complejo, supongo que por eso los demás jueces se excusaron de tomar y llevar el caso”, dijo.
Contradicciones
El fiscal de Sustancias Controladas, Limbert Claure, dijo que la medida será apelada ya que existen contradicciones en torno al fallo de la juez.
Los cinco imputados tienen antecedentes penales por delitos referidos a la Ley 1008 y se cuestiona también que se haya aceptado los domicilios de los acusados como respaldo y liberarse de la detención preventiva, cuando esos inmuebles ya figuran como incautados.
Elevadas fianzas
El fallo de la juez Butrón obliga a los cinco integrantes del clan Gonzáles – Ledezma, a pagar 80 mil bolivianos cada uno, presentarse cada siete días ante la fiscalía, no mantener comunicación alguna y arraigo (no pueden salir de su jurisdicción), los imputados presentaron como garantía las 11 viviendas allanadas.
El proceso investigativo será realizado en la jurisdicción de Sacaba, por ser éste el municipio donde se realizaron los allanamientos y la incautación de los 14 vehículos.
El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (Felcc), Vladimir Pol, no quiso referirse al fallo de la juez, pero manifestó estar de acuerdo con la apelación presentada por los fiscales de sustancias controladas.
“No puedo referirme a las decisiones judiciales ya que no es de mi competencia, pero estoy de acuerdo con la apelación”, sentenció.
Seis meses de investigación
En el caso de las medidas sustitutivas interpuestas al clan González – Ledezma, los fiscales de sustancias controladas buscarán, en la apelación, que se emita la sentencia de detención de las cinco personas involucradas para comenzar el proceso investigativo que prevén que durará más de seis meses.
La apelación es un recurso jurídico que se interpone en contra de una sentencia, tiene como finalidad la de confirmar, revocar o modificar la decisión dictada en un fallo.
El fiscal de sustancias controladas, Limbert Claure, dijo que presentarán nuevamente la documentación de las transacciones y adquisición de inmuebles, los millonarios préstamos de dinero que solían realizar, y papeles que avalan la propiedad de las movilidades.
También presentarán pruebas de que los imputados desde 1990 hasta el 2000 estuvieron en la cárcel.
Para Omar Heredia, abogado defensor de Maritza Prado, esposa del supuesto líder del clan familiar, Virgilio Gonzáles, dijo que su cliente fue detenida desde un principio de forma ilegal que no “competía nunca” llegar a la audiencia de cautelar.
Heredia pidió a Virgilio Gonzáles, presentarse voluntariamente para defenderse, como lo hace su esposa.
Por César Arellano, Los Tiempos