Contradicciones. El Vicecanciller afirma que coincidirá la denuncia con la readhesión al convenio, ya que Bolivia pedirá volver al pacto contra drogas el 1 de diciembre. Es una estrategia fallida, dice exministro de Gobierno.
Foto: Vicecanciller Alurralde explica la estrategia y el cronograma para denunciar y adherirse a la JIFE.
La Razón – Juan José Cusicanqui – La Paz
Gobierno dice que no abandonará la Convención de 1961
Coca. El Vicecanciller afirma que coincidirá la denuncia con la readhesión al convenio.
Bolivia no dejará de ser parte de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 ni un solo día, debido a que el 1 de enero del 2012 coinciden los plazos para la denuncia y readhesión a este convenio, explicó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
La autoridad diplomática ofreció ayer una conferencia de prensa para aclarar los alcances de la denuncia de Bolivia a la citada Convención. El martes, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) criticó esta acción asumida por el Gobierno boliviano.
La Asamblea Plurinacional aprobó una ley de denuncia a la Convención para defender el acullico y el uso tradicional de la coca, que es catalogada como “estupefaciente” en el acuerdo de 1961, motivo por el que fija un plazo de 25 años para que —expresó Alurralde— sea eliminada.
Enmienda. El diplomático agregó que la JIFE aplaza todos los años a Bolivia en sus informes porque la coca se sigue cultivando y consumiendo, tanto en el acullico como en usos medicinales y tradicionales y, por lo tanto, se incumple el Convenio de 1961.
Alurralde explicó que a partir del 1 de enero del 2012, los 183 países que suscribieron el citado convenio deben analizar la reserva que será planteada por el Gobierno boliviano el 1 de diciembre de este año, en la que el país hará conocer su defensa del acullico como una costumbre ancestral.
El Ejecutivo aún no tiene definida la redacción de la reserva que será presentada en diciembre. “La reserva de Bolivia dirá mantener la práctica milenaria del masticado de coca, convergiendo con las normas internacionales sobre diversidad cultural, el principio de no intervención y de respeto a la soberanía de los Estados”, sostiene la Cancillería.
Alurralde señaló que si un mínimo de 61 países objetan o rechazan la defensa del acullico de Bolivia, la denuncia hecha por el Gobierno no tendrá efecto.
Cárteles. Consultado sobre estos temas, el exviceministro de Relaciones Exteriores Jaime Aparicio afirmó ayer que la denuncia a la Convención hace vulnerable al país a la presencia de cárteles.
“Éste es un problema delicado, adicional. Pero mucho más grave es el referido a la coca por su expansión, ya que no sólo tiene consecuencias en el medio ambiente, invadiendo parques nacionales naturales, sino que habrá un incremento de zonas ilegales acompañado de un gradual incremento de organizaciones criminales, cárteles de Colombia y México hacia Bolivia”, dijo, según ANF.
Situación en la región
La denuncia de Bolivia a la Convención de 1961 hará que la defensa de la coca esté circunscrita a su territorio y no así al de Perú, Colombia o Ecuador, explicó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
Segundo plan A favor de la coca
Con la denuncia de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el gobierno del presidente Evo Morales inicia su segunda acción encaminada a defender la hoja de coca y el acullico.
Durante el 2009, Bolivia impulsó la enmienda a la citada convención, con el objetivo de eliminar la prohibición del masticado de la hoja de coca, que está contemplada en el artículo 49, incisos 1c) y 2e) del acuerdo de 1961. Sin embargo, la propuesta de enmienda no pudo ser realizada porque 17 países objetaron esa acción. Según lo estipulado bastaba que un solo país se oponga para dejar sin efecto la solicitud boliviana.
Como segunda acción, el 29 de junio de este año, la Asamblea Plurinacional aprobó la Ley de Denuncia a la Convención Única de Estupefacientes de 1961. A través de este plan, Bolivia volverá a adherirse a este convenio —pero sin dejarla ni siquiera por un día, en cumplimiento de los plazos fijados por el mismo tratado— con una reserva, precisamente para defender el acullico.
Esta segunda acción puede ser rechazada si es que al menos 61 países, de los 183 adscritos al Convenio de 1961, objetan la reserva planteada por Bolivia.
La Cancillería, en un comunicado, sostiene que “la enmienda planteada no significa aceptar ni promover el libre cultivo de la hoja de coca. El uso ilícito que el narcotráfico le da a esta planta obliga a ejercer una serie de controles y a establecer límites”.
Bolivia pedirá volver al pacto contra drogas el 1 de diciembre
Contradicciones. El Gobierno afirma que no se retira del convenio de la ONU
El Deber, Marco Chuquimia /Agencias
El Gobierno boliviano informó ayer de que pedirá volver a la Convención de la ONU sobre estupefacientes de 1961 el 1 de diciembre próximo, un mes antes de lo anunciado inicialmente, y ratificó que lo hará con reservas sobre la prohibición del masticado de la hoja de coca o acullico.
El vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, explicó que el retiro se hará efectivo en enero de 2012 y la readmidel mascado de la coca se efectuará en diciembre próximo para que Bolivia no quede fuera del pacto "ni un solo día".
Según el funcionario, la nueva adhesión al convenio "será aceptada de manera automática" por la ONU y lo que será sometido a consulta es la reserva del país a la penalización del acullico, que practica una minoría de los bolivianos.
La Cancillería boliviana comunicó oficialmente la semana pasada al organismo en Nueva York el retiro de la Convención de 1961 sobre estupefacientes, en el marco de una estrategia para despenalizar el uso tradicional de la coca, vetado en el documento.
Alurralde manifestó ayer que se requiere que dos tercios de los países miembros de la convención acepten la reserva planteada para que entre en vigencia, pero solo en territorio boliviano, es decir, que el acullico seguirá vetado en el resto del mundo.
La denuncia respecto a dos incisos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes que plantea Bolivia solo tendrá efecto interno porque el recurso de enmienda que involucra a todos los países fracasó hace dos años, reveló Alurralde.
“Hubo un trabajo intenso del canciller David Choquehuanca, que planteó la enmienda de la Convención, pero lastimosamente 18 países manifestaron su oposición y, según el propio Convenio, si un solo país se opone no se aplica la enmienda”, indicó la autoridad.
En ese contexto, Bolivia inició una ofensiva diplomática internacional a través de sus embajadas para convencer al resto de las naciones de que la hoja en su estado natural no daña la salud.
Si la comunidad internacional rechaza la reserva que plantea Bolivia, el caso volverá a ser como hasta ahora, dijo Alurralde. La coca seguirá en la lista de estupefacientes y será otro fracaso de la política exterior.
Alertan de la presencia de cárteles
El exvicecanciller Jaime Aparicio alertó desde Estados Unidos que la denuncia que realizó Bolivia a la Convención evita el control de la JIFE sobre la producción de droga y puede convertir a Bolivia en un centro de operaciones para que cárteles de narcotraficantes de México y Colombia desarrollen su presencia.
“Los países vecinos, además de Europa y Estados Unidos, por supuesto, van a estar preocupados de que no haya durante todo este periodo control sobre la producción de droga por un lado y por otro lado sobre el incremento de la hoja de coca en áreas que no han sido tradicionales, que no son de cultivo legal, y, por supuesto, esto va a afectar en las relaciones con esos países”, indicó.
Pero, el vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, expresó que el país no observa todo el documento del convenio, sino solo los dos incisos que condenan el acullico de la coca y que en materia de lucha contra el narcotráfico Bolivia dio muestras a la comunidad internacional de los esfuerzo que se realizan.
Es una estrategia fallida
Raúl Lara | Exministro de Gobierno
Primero, yo creo que estos pasos tan polémicos que da el Gobierno son una consecuencia y reflejo de una falta de política clara respecto a las drogas. Me parece que hay un papel dual del Gobierno. Por un lado, es un Gobierno de origen y producto cocalero y, por otro lado, trata de cumplir sus obligaciones en el contexto internacional y busca dar señales de lucha contra el narcotráfico y que no son creíbles creo por nadie, ni por los propios bolivianos.
Segundo, realmente es una decisión soberana y legítima defender una práctica tradicional como es el acullico; pero, al mismo tiempo, la señal que da es absolutamente pésima y errónea de la denuncia a la Convención de la ONU de 1961, porque es una convención firmada casi por la totalidad de las naciones que conforman la sociedad de lucha contra las drogas y que Bolivia denuncie no va a denunciar una partecita, está denunciando al conjunto y al contexto de una norma que tiene por espíritu la lucha contra el narcotráfico.
Creo que es una estrategia que el Gobierno la explica muy mal, y, a mi entender, es una estrategia fallida y, no quisiera creer que oculta una intencionalidad cocalera nada más y que al país lo pone en una situación difícil en el contexto internacional.