Edwin Herrera Salinas*
El Gobierno se está poniendo en situación de jaque en las relaciones internacionales con señales erráticas -sucesivas en las últimas semanas- como no concluir el acuerdo de lucha contra el narcotráfico con Brasil a pesar de la urgencia y los anuncios oficiales; denunciar la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 que puede dejar aislado al país por lo menos un año; y que el ex jefe antidrogas y asesor de Inteligencia del Gobierno, René Sanabria, se haya declarado culpable de conspiración para el tráfico de drogas ante un juez de Miami.
Si a este panorama se suma la crisis en el relacionamiento diplomático con el Gobierno de Chile por el cambio de estrategia en torno a la reivindicación marítima pero también por el operativo antidrogas efectuado de manera conjunta y reservada entre los carabineros chilenos y la DEA estadounidense, que concluyó en la detención de Sanabria en Panamá, nunca en estos seis años el Gobierno se abrió tantos frentes internacionales con un común denominador: coca y cocaína.
La firma del convenio antidrogas con Brasil se encuentra trabada hasta el día de hoy porque una de las solicitudes del Gobierno de Dilma Rousseff, que por cierto aún no se reúne con Evo Morales, es que Estados Unidos tenga participación en el mismo, algo que sin duda incomoda en Palacio Quemado, pero que, dados los últimos acontecimientos, tendrá que considerar el pedido y ensayar una relativización del tercer componente del acuerdo.
En cuanto a la salida temporal de Bolivia de la Convención de Viena en tema antinarcóticos es un paso audaz, que deja, sin embargo, a Bolivia como un país automarginado de los compromisos internacionales antidrogas.
En diferentes círculos se bautizó esta determinación como “la estrategia Solón”; y ya vimos que al ahora ex embajador no le fue bien ni en la cumbre del Cambio Climático ni en la Asamblea de la OEA en San Salvador.
En todo caso, esta salida “temporal” de Bolivia puede dañar no solamente la compresión de la comunidad internacional, sino la cooperación que Bolivia recibe de ella en materia de lucha contra las drogas.
En el caso de la culpabilidad admitida por el general Sanabria, la disminución de una probable sentencia de cadena perpetua a un período de encarcelamiento de hasta 14 años, por el cambio de cargos en su contra, supone que declaró o está declarando lo que sabe del negocio ilícito.
En la justicia gringa es sabido que no se rebaja una condena por información falsa o por datos de poca importancia y, por tanto, los “aportes” del acusado pueden ampliar las investigaciones o producir documentos reservados que podrían ser desclasificados en el futuro.
El Gobierno sabe que el tema del narcotráfico lo está convirtiendo en un actor vulnerable en el contexto internacional y por primera vez comienza a sentir que es difícil hacer diplomacia en la región, en el mundo y a nivel de los organismos internacionales prescindiendo de Estados Unidos. Indicios de ello son el cambio de actitud del ministro de Gobierno y otras autoridades gubernamentales con relación a la participación estadounidense en la lucha antidroga y las últimas declaraciones del presidente Morales en las que pidió ayuda a los embajadores europeos para restablecer relaciones con la administración de Barack Obama.
Pero, conocido el desempeño mediático del Ejecutivo, no sería extraño que genere tensión sobre el tema y al mismo tiempo se victimice ante el imperialismo, al que paradójicamente se financia con nuestras reservas internacionales, según el pronunciamiento de intelectuales ex masistas, y termine firmando el Acuerdo Marco con Estados Unidos, aunque no en las condiciones que planteó antes de la seguidilla de señales erráticas. Será entonces que quedará claro que el Gobierno quiso hacer diplomacia sin pasar por la Casa Blanca y no pudo.
*Comunicador social. Trabaja en la Alcaldía de La Paz
Página Siete – La Paz