Marco Antonio Saavedra Mogro*
Se dice que la justicia no se puede medir, que es incalculable, a la vez que el derecho es su dispositivo de cálculo que busca sin mucho éxito calcular lo incalculable. Y es que la justicia es una aporía, un no camino, una experiencia de algo que no se tiene, un deseo, una exigencia que no puede garantizar regla alguna (Derrida, 2008).
La oposición entre lo justo y lo injusto sólo tiene sentido entre humanos, de ahí que el respeto a los derechos del hombre es trascendente, trasciende las épocas, los lugares y las culturas, no importando su condición biológica, identitaria, ideológica o política. Hay que aprender a ser justos y la primera lección de justicia es saber escuchar a los demás y comprender sus exigencias de justicia. Hay que saber también que la justicia, a pesar de ser universal, siempre tiene que ver con cada uno, con la dramática realidad de otro que es distinto a nosotros.
Durante siglos se hizo injusticia juzgando a comunidades enteras que no comprendían un derecho alienígena, ni asimilaban la lengua en la que la ley del otro los juzgaba, así como tampoco descifraban la violencia en la que estaba inscrita la ley del dominador; ésta ha sido una larga historia de dramática violencia en la que se juzgó a personas y grupos de personas mediante formas jurídicas que jamás comprendieron los imaginarios colectivos del mundo andino y de las tierras bajas.
Sin embargo, esta destructiva juridicidad del pasado amenaza con volverse técnica de Gobierno en el presente, prolongando una situación de imparable injusticia; con reglas injustas para una democracia plural y un Estado que se llama a sí mismo Plurinacional proyectan otra historia de violenta injusticia, obligando al Poder Judicial a renunciar a sus propios poderes y valiéndose de la proclividad de las magistraturas hacia el poder.
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Querer una nueva justicia con una estrategia de desarticulación forzada de viejas fórmulas de dominio produce la formación de un orden jurídico de excepción. No hace falta una dictadura, los estados llamados democráticos pueden también instaurar un estado de excepción, una situación por la cual el soberano decide quién está dentro de la ley, quién está fuera de la ley y, quién está por encima de la ley; Giorgio Agamben afirma que el totalitarismo moderno se instaura a través del Estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite no sólo la eliminación física de los adversarios políticos, sino también de aquellos no integrables en el sistema político.
¿Por qué pesa tanto la idea de que la construcción de la nueva justicia va en contra de algo y contra algunos? ¿Por qué se cree que la configuración de un nuevo Poder Judicial es tramposo y terminará siendo arbitrario? Primero porque el nuevo bloque en el poder ha dado señales de un manejo arbitrario de la ley y, una ley arbitraria es una ley injusta, un juzgamiento sin debido proceso es injusto, nominaciones a cargos en las magistraturas mediante reglas intransparentes son también injusticia; segundo, porque el Estado de derecho se está debilitando hasta provocar un gravísimo estado de indefensión ciudadana; tercero, porque existe un ajuste de cuentas mal intencionado: a) ajuste de cuentas con el pasado aniquilando a los enemigos con el discurso solapado de una nueva justicia elegida por voto popular, b) ajuste de cuentas con el presente constitucionalizando la reelección presidencial con interpretaciones de magistrados probos y neutrales en apariencia, c) ajuste de cuentas con el futuro buscando cerrarlo impunemente con magistrados que darán por bien hecho una o dos décadas de mal Gobierno y de irreversible configuración de un Estado mafioso. Estas imperceptibles actuaciones dan lugar a la hiperconcentración de poder en el Ejecutivo, a la pérdida de cualidad legislativa en el Legislativo y a la renuncia de sus propios poderes en el Judicial.
Una nueva justicia, una revolución jurídico política sólo puede tener lugar en su rebelión a los plenos poderes, sólo puede estar motivada cuando la justicia encuentra su lugar en el equilibrio, cuando la decisión justa es desafiante con el que puede más por medios extra o supra legales, rebelde a los cálculos del dinero, distante de las reglas de fuerza, en franca oposición al poder del Estado y extraña a la expansión de los poderes gubernamentales.
Cuando se suspende el derecho o se avasallan los derechos ciudadanos, de pueblos y de culturas enteras o, peor todavía, cuando estados canallas (Chomsky, 2001) usan el imperio de la fuerza para aniquilar a otros estados, en ese momento llegamos a creer que no hay lugar para la justicia; en el momento en el que nos abandonamos a un sueño dogmático de hacer justicia, cuando la tentación de ajusticiar con poderes concentrados nos ha superado o, desde que renegamos de la justicia misma, nos embarga la angustiante idea de que la justicia es imposible.
*Docente de la carrera de ciencias políticas de la UMSA
Página Siete – La Paz