Francisco Xavier Iturralde*
Rupturas y acomodaciones son el denominador común en nuestro país. Los españoles aprovecharon las enemistades entre indígenas para conquistarlos y privilegiaron a unos con títulos y como terratenientes en detrimento de sus propias comunidades.
Ñuflo de Chaves, desde Asunción, destruyó igualmente esquemas indígenas locales, aunque su gente terminó mezclándose como cruceños. Mestizos que denominaron despectivamente cambas a los suyos más empobrecidos. Mote recientemente recuperado para quienes han nacido en el oriente y de esa manera diferenciarlos de los occidentales, cuya inmigración les creó cambios aún inaceptables. Por lo que no faltaron cambas ricos de hoy que propugnaron ser parte del Brasil o independizarse.
Otra mezcla ejemplar: José Manuel Pando, militar y médico mestizo blanco, casado con Carmen Huarachi, de la nobleza quechua–aymara, pueblos que bajo la conducción de Willka Zárate fueron victoriosos en la Guerra Federal, quien después embistió contra los terratenientes de su propia etnia a favor de sus comunidades indígenas y fue vencido por el mismo general Pando. Quedando así marcada la preeminencia de los descendientes de nobles indígenas, aliados a los mestizos en contra de las mayorías indígenas. Alianza posteriormente llamada de clases con la Revolución de 1952, cuando abogados mestizos blancos levantaron a los indígenas mantenidos en servidumbre, más sus congéneres mineros, contra los barones del estaño. Devinieron ellos en barones del Estado y transformaron a los indígenas en campesinos minifundistas o matones, como Quispe y Salas, asesinos de los ucureños en Terebinto, respaldados por militares cruceños del ejército de la Revolución Nacional y las milicias de Sandóval Morón. A los mineros los volvieron supernumerarios en Comibol para servirse de sus ingresos cualquiera sea el rendimiento y precios de los minerales, así como lo hicieron agroindustriales cruceños con subvenciones del Estado, concesiones de tierras fiscales y mano de obra barata del occidente.
Situación que con el Decreto Supremo 21060, y pasados los treinta años, condujo al país a un nuevo cambio que convirtió a los mineros del Estado en cocaleros, nueva fuerza política apoyada por los empobrecidos campesinos del surcofundio y sus numerosos analfabetos. Hoy asistimos a peleas entre comunitarios y cooperativistas por minas del Estado y de los empresarios privados debido a los precios elevados de los minerales en el mercado internacional, los que aumentaron la demanda de la población. Paralelamente a las de las naciones indígenas contra campesinos, más la del Estado contra el contrabando de siempre agudizado, narcotráfico acentuado, mientras se mantienen ganancias del transporte público gracias a vehículos chutos y gasolina subvencionada, opuestos al transporte masivo. Con el agravante de que la salud del pueblo continúa en manos del sindicalismo de la Central Obrera Boliviana, nacido de un oficialismo, y sus afiliados que no quieren cambios en sus privilegios obtenidos desde 1952.
*Economista
La Prensa – La Paz