Por Maggy Talavera, periodista
“El Tribunal Supremo Electoral reconoce el voto nulo”, decía el principal titular de prensa del viernes pasado. El anuncio oficial fue motivo de portadas y títulos principales en los espacios informativos de casi todos los medios nacionales. “Vaya –pensé–, sólo en Bolivia un hecho tan obvio se convierte en materia de titular principal”.
El ejemplo sirve para demostrar, una vez más, cuán deteriorado está el estado de derecho en el país. Tanto, que el respeto a un derecho natural consagrado en la Constitución, como es el del voto nulo (o blanco o por la opción que se elija), se transforma en noticia de gran impacto.
Éste no es un dato menor. No si consideramos las razones que obligaron al TSE a reconocer públicamente que el voto nulo es un derecho ciudadano. Hasta pocas horas antes de ese anuncio, el presidente del TSE sostenía una amenaza de cárcel para quienes se pronunciaran y alentaran el voto nulo en las elecciones judiciales convocadas para octubre próximo.
Varias autoridades y funcionarios del Gobierno central habían marcado la línea antes, señalando como “enemigos del proceso de cambio” y de la democracia a los ciudadanos que optaran por anular su voto en los comicios a los que apuesta el MAS para renovar el Poder Judicial.
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Pero ese paso atrás del TSE no sólo demuestra que carece de independencia para manejar éste y cualquier otro proceso electoral (sus posiciones varían según las líneas de acción que el Gobierno central define previamente).
También deja en evidencia que la llamada elección judicial se sostiene sobre una base enclenque, fácil de desmontar y que viene a ser el problema de fondo: no es un proceso transparente que vise a resolver los problemas de la justicia, y menos que garantice de antemano una mejor administración de leyes, penas y exculpaciones. Es, hay que repetirlo, una votación cerrada y dirigida por el poder central.
Por eso es importante ahora dejar claramente establecido que el tardío reconocimiento del TSE del derecho que le asiste a la ciudadanía al voto nulo no resuelve el problema de fondo que plantea este proceso electoral.
El voto nulo no es otra cosa que una protesta contra esta farsa electoral, obligado además por la Ley Electoral que castiga y sanciona a quien no acuda a votar. No es, como pretende hacerlo creer el presidente Morales, una “aceptación” a las elecciones de autoridades judiciales por voto directo. Elecciones impuestas, además, y presentadas como “inéditas” e “históricas”, y como la gran panacea que acabará con todos los males que hunden en el descrédito al Poder Judicial y a quienes lo administran.
Lo único bueno y rescatable del recule del TSE y del Gobierno central respecto al voto nulo es que deja en evidencia, una vez más, que una ciudadanía consciente, movilizada y con coraje para asumir la defensa pacífica, pero firme, de sus derechos es el único freno posible a los abusos de poder. Un logro, sin embargo, que está lejos todavía de ser consolidado. ¿O alguien cree que basta la declaración del TSE o la admisión oficial desde el Gobierno sobre el derecho ciudadano al voto nulo para asegurar que el proceso electoral será transparente? Conociendo cómo actúa el MAS, podemos estar todos seguros de que persistirá en dar la vuelta por encima y asegurarse la elección de los candidatos que necesita para olear y sacramentar a un Poder Judicial a su medida, disfrazándolo con el manto de “la voluntad popular”.
Por si acaso, el MAS ya anunció una primera medida como reacción ante la imposibilidad de vetar el derecho ciudadano al voto nulo. El MAS movilizará a todas sus bases para ir puerta a puerta, en todo el país, para convencer a los votantes a sufragar “por el mejor candidato”.
O sea, “enterrando en lo más profundo de la tierra” cada uno de los argumentos expuestos sobre las contradicciones que plante al proceso impuesto por el oficialismo, entre otros el de obligar a elegir entre los preseleccionados por la mayoría parlamentaria del MAS. Una preselección que, como lo deja en evidencia la demanda del MSM en contra del TSE, está plagada de fallas y defectos no corregidos ni por la Asamblea Plurinacional ni por el TSE.
Una vez más, hay que repetirlo: la batalla contra la consolidación de esta trampa electoral está lejos de acabar. Esa ciudadanía consciente y corajosa que fue capaz de obligar al TSE a reconocer un derecho consagrado en la Constitución, tendrá que seguir demostrando que es capaz de no claudicar en su lucha y deberá prepararse para enfrentar y contrarrestar la ya anunciada “cruzada puerta a puerta” para validar la elección judicial. El MAS tiene dinero y sectores sociales organizados para cubrir su cruzada, a la que ya se han sumado algunos otros llamados “independiente”’, además de tener a su disposición recursos públicos que usa discrecionalmente. La ciudadanía consciente, los indignados bolivianos, ¿darán la talla?
Fuente: www.paginasiete.bo