Tras desalojo. El intento de incautación de las máquinas del Bingo Bahití en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue denunciado como un atropello en contra del derecho al trabajo de por lo menos 800 personas, mientras que en La Paz, desde el Gobierno se informa que la empresa no habría cumplido con el pago de impuestos desde el año pasado.
Fachada de uno de los salones intervenidos de Bingo Bahití, ayer. Foto Afka
En su descargo, Juan Miguel Zambrana menciona en un comunicado público que a diferencia de las demás empresas de juegos de azar en Bolivia, la afectada es la única cuyo contrato proviene de una licitación pública internacional y, por tanto, su funcionamiento se desarrolla en la más absoluta legalidad.
"Este es un nuevo atropello a una empresa cuya sede está en Santa Cruz, este acto abusivo no quedara impune, vamos a recurrir a toda instancia legal, incluyendo los escenarios internacionales para denunciar y enjuiciar a estos funcionarios abusivos que están vulnerando la constitución y las leyes y provocando inseguridad jurídica de toda inversión privada", dijo.
Además, da cuenta que Bahití S.A., es la única empresa de juegos de juegos de azar, a quien se le exigió una póliza de garantía de cumplimiento de contrato por 672 mil dólares.
Por su parte, la viceministra de Política Tributaria, Julia Ríos, en declaraciones a un canal local de televisión, dio cuenta que una vez que se presenta una denuncia ante el Ministerio Público, sin importar la ciudad de origen o destino, la misma debe ser investigada y, por esa razón, se procedió a incautar las máquinas de Bingo Bahití.
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Explicó que la operadora de juegos electrónicos no habría estado pagando sus impuestos desde el año pasado y que tampoco habría registrado sus papeles en la Autoridad del Juego, luego que en noviembre del año pasado se fijó un plazo de 120 días para que realicen este registro.
Bahití reclamó ser la única empresa, a la cual la Lotería Nacional le impuso un impuesto mensual mínimo de 250 mil dólares por mes, y que los mismos fueron cumplidos a cabalidad y que desde 2002 tributó un total de 160 millones de bolivianos.
Otra de las argumentaciones de los afectados, señala que el contrato de operación de Bahiti está protocolizado y cumplió con todos los pasos legales exigidos por el Estado Nacional. "No decidimos incumplir la Ley 060, tenemos medidas cautelares que nos permiten seguir operando de acuerdo a derecho", sostuvo Juan Miguel Zambrana.
En ese sentido, dijo que "la Ley 060 está orientada a eliminar a la única empresa que ha pagado legalmente sus obligaciones, con impuestos irracionales, únicos en el mundo". También reclaman que la Autoridad de Juego, el Viceministerio de Política Tributaria y el Ministerio de Transparencia no procedieron con ninguna otra empresa de juegos en el país de manera similar a como lo hacen con Bingo Bahiti.
INTERVENCIÓN
El pasado 13 de julio, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos (AJ) intervino seis sucursales del bingo Bahití en la ciudad de Santa Cruz argumentando que funcionan de manera ilegal, al no estar presentes en el registro único de esta instancia de regulación.
En esa oportunidad, el director nacional de AJ, Mario Cazón, afirmó que la empresa de bingos Bahití no completó los requisitos para su registro ante la entidad por lo que desde el pasado 29 de junio la empresa de figuraría como ilegal.
"La empresa no se adecuó por ello ya no tiene la licencia de funcionamiento. La resolución Nº tres de la Autoridad establece 13 requisitos para que toda empresa pueda registrarse los cuales ninguno presentó la empresas Bahiti", informó Cazón en esa oportunidad.
Fuente: ANF.