Condena a 7 procesados por caso Octubre Negro abre puertas a extradición de Sánchez de Lozada.
“La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel de San Pedro”, dijo el fiscal General del Estado, Mario Uribe, al finalizar la audiencia judicial en la capital del país, tras ocho años que duró el proceso y que no logró enjuiciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
Los familiares de las víctimas esperaron en puertas de la Corte Suprema la sentencia/ Foto archivo
Sucre, 30 Ago. (ANF).- El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia sentenció, este martes, a tres años de cárcel en la cárcel de San Pedro a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara por las luctuosas jornadas de septiembre y octubre negro.
El Tribunal compuesto por ministro y cuatro conjueces de la Suprema Corte, presidido por el magistrado Ángel Irusta Pérez, condenaron a 15 años y seis meses a Roberto Claros Flores, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y al excomandante General del Ejército, Juan Véliz Herrera, altos jefes militares durante el gobierno de Sánchez de Lozada.
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También se determinó sentenciar con 11 años de prisión al general Osvaldo Quiroga y al almirante Luis Aranda Granados y a diez años de cárcel al general Gonzalo Rocabado, quienes formaron parte del Estado Mayor de las FFAA el año 2003.
“La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel de San Pedro”, dijo el fiscal General del Estado, Mario Uribe, al finalizar la audiencia judicial en la capital del país, tras ocho años que duró el proceso y que no logró enjuiciar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro Carlos Sánchez Berzaín.
Los familiares de las víctimas que instalaron una vigilia en puertas de la Corte Suprema tras la sentencia expresaron su satisfacción por la condena que recibieron los altos jefes militares ex colaboradores de Sánchez de Lozada.
Condena a 7 procesados por caso Octubre Negro abre puertas a extradición de Sánchez de Lozada
Sucre, BOLIVIA 30 ago (ABI).- La condena a siete procesados en el caso Octubre Negro, cinco ex jefes militares y dos ex ministros "abre las puertas para una extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, manifestó el fiscal Milton Mendoza.
Dijo que, hasta hoy, Sánchez de Lozada, que gobernó entre los años 2002 y octubre de 2003, "era un sindicado, pero al existir una sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia de Bolivia, forma parte de los acusados en este caso".
Agregó que si la Corte Suprema de Justicia ha condenado a reclusión a cinco ex altos jefes militares y a dos ex ministros de Sánchez de Lozada, "la justicia es extensible a este ex presidente, ya que él ejercía el cargo de Capitán General de las Fuerzas Armadas cuando se produjo la masacre sangrienta".
Recordó que Sánchez de Lozada y sus ministros firmaron la disposición legal que ordenaba la represión contra civiles que protestaban en las calles de la ciudad de El Alto contra la política económica del Gobierno.
"Se trata de una masacre sangrienta en la que murieron 67 personas y otras 400 resultaron con heridas, algunas de ellas de gravedad", dijo Mendoza.
La justicia boliviana dispuso el martes la condena de los ex comandantes de la Fuerzas Armadas, a 15, 11 y 10 años.
Los ex jefes militares Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera, recibieron una condena de 15 años y seis meses de reclusión que deberán cumplir en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre.
Mientras que el general José Quiroga Mendoza y almirante Luis Alberto Aranda recibieron la condena de 11 años de presidio, y el general Gonzalo Mercado Rocabado a 10 años.
Los ex ministros de Medio Ambiente y de Trabajo, Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, respectivamente, fueron sentenciados a tres años de reclusión por el cargo de complicidad por genocidio.
Otros ex ministros de Sánchez de Lozada huyeron al exterior. Junto a Sánchez de Lozada salieron a Estados Unidos a mediados de octubre de 2003, Carlos Sánchez Berzaín, y Jorge Berindoague.
Mientras que los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas y Dante Pino Archondo se refugiaron en Perú.
Los únicos Ministros que respondieron al proceso presentes fueron Kuajara y Reyes Villa, quien es hermano del ex prefecto de Cochabamba, Manfred reyes Villa, quien igualmente huyó a Estados Unidos.
Mendoza reiteró que, una vez que fue emitida la sentencia en el caso Octubre Negro, quedan abiertas las condiciones para gestionar la extradición de Sánchez de Lozada.
El ex mandatario, quien era jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), había gobernado por primera vez Bolivia entre 1993 y 1997 en los que aplicó una política económica privatizadora de las empresas estratégicas estatales.
Los ex jefes militares que fueron condenados son el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Roberto Claros Flores; el ex comandante en jefe en ejercicio y ex jefe del Estado Mayor, general Gonzalo Rocabado; el ex comandante del Ejército, general Juan Véliz; el ex comandante de la Armada, Almirante Luis Alberto Aranda Granados; y el ex comandante de la Fuerza Aérea, general Oswaldo Quiroga Mendoza.
El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró culpables a los imputados por los delitos de Genocidio en su modalidad de Masacre Sangrienta, Homicidio, Lesiones Gravísimas, Lesiones Graves y Leves, Privación de Libertad, Vejaciones y Torturas, Delitos Contra la Libertad de Prensa, Allanamiento de Domicilio y sus Dependencias, Resoluciones Contrarias a las Constitución y las Leyes con relación al Art. 20, además de las agravantes del Art, 272 y 299 del Código Sustantivo Penal.
Cárcel a 5 ex jefes militares y a 2 ex ministros en juicio por genocidio en Bolivia
Sucre, BOLIVIA, 30 ago (ABI).- La Corte Suprema de Justicia de Bolivia sentenció inapelablemente el martes a 5 ex jefes militares, a 15 y 10 años de prisión, y dio 3 años de cárcel a 2 ex ministros en el juicio de responsabilidades por genocidio que se instauró hace 8 años al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.
Las sentencias fueron leídas en una audiencia que se realizó en la sala principal de la Corte Suprema en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial boliviano.
El juicio de responsabilidades, por la denominada masacre de octubre de 2003, que se saldó con la muerte de más de 60 personas y más de 500 heridos se inició el 22 de octubre de 2003 con la primera denuncia presentada ante el Fiscal General de la Nación.
"En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores ya Juan Veliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno", señala la sentencia leída después de varios días de deliberación.
El fallo puntualiza que todos los sancionados deben cumplir la sentencia en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
La sentencia declara a José Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta y los condena a 11 años de presidio; mientras que sanciona a Gonzalo Mercado Rocabado con una pena de 10 años de presidio.
Los ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando Militar del ex presidente Sánchez de Lozada: Claros Flores fue Comandante de las Fuerzas Armadas; Rocabado Mercado Jefe de Estado Mayor de las FFAA; Veliz Herrera, Comandante del Ejército; Aranda Granados, Comandante de la Fuerza Naval y Quiroga Mendoza, Comandante de la Fuerza Aérea.
"Declarando a Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara autores mediáticos en grado de complicidad en delito de genocidio bajo la modalidad masacre sangrienta, condenándoles a la pena de presidio de 3 años a cumplir en el penal de San Roque", complementa la sentencia en referencia a los dos ex ministros de Sánchez de Lozada.
El 14 de octubre de 2004 el Congreso autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de miembros y en diciembre de 2005 la Sala Penal Primera impuso medidas cautelares a los ex ministros del Gobierno de Sánchez de Lozada, que huyó a Estados Unidos tras la revuelta popular que se opuso a su idea de vender gas natural a Estados Unidos por puertos chilenos.
El 18 de mayo de 2009 se instaló el juicio oral a Sánchez de Lozada y sus colaboradores acusados de genocidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio o sus dependencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En el juicio declararon al menos 320 testigos entre ellos ex presidentes, viceministros, dirigentes y otras autoridades.