Marco Octavio Ribera Arismendi*
En relación a la problemática del camino que el gobierno impulsa al interior del TIPNIS, se han vertido en las últimas semanas varias declaraciones por parte las más altas autoridades del Estado plurinacional, así como de voceros y asambleístas del MAS, e incluso dirigentes de la colonización, todas en un intento de justificar el proyecto desarrollista y de desvirtuar la resistencia del movimiento indígena y las organizaciones ambientalistas.
Las declaraciones oficiales que se comentan, son ligeras, desaprensivas y poco meditadas, por tanto tergiversan la verdad y ocasionan una total desinformación y confusión en gran parte de la sociedad. Tampoco los medios de prensa, realizaron un debido seguimiento en torno a la consistencia y veracidad de las declaraciones y afirmaciones vertidas por los dignatarios y voceros de gobierno o sectores, lo cual agudiza el problema.
En cuanto a algunas de estas declaraciones, queda por demás evidente la escasa coordinación entre los diversos niveles del poder ejecutivo, es más, se observa una falta de asesoramiento hacia los máximos poderes del Estado, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en especial a partir de uno de sus Viceministerios que funge como Autoridad Ambiental Competente del país y que se supone maneja dichos temas. En otros casos se evidencia la ausencia de un asesoramiento eficaz en el área económica o de desarrollo.
A continuación comento algunas de estas poco afortunadas declaraciones:
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1. Palabras del Vicepresidente A. García Linera, citado en un libro sobre el “oenegeísmo” recientemente publicado y en referencia al proyecto caminero en el TIPNIS: “Los caminos son importantes para el desarrollo, si alguien llegaría a oponerse al camino Tarija-Sucre, lo sacarían montando en un burro”.
La comparación es absurda, por no decir descabellada. No se puede comparar una ruta troncal nacional que conecta dos capitales de departamento, con a ruta que partirá en dos el TIPNIS. Para empezar, la ruta Tarija-Sucre, no cruza ninguna área protegida, tampoco una TCO, donde vivan tres grupos étnicos vulnerables por su condición de minoría cultural. Dicha ruta tampoco afecta elevados valores de biodiversidad. A diferencia de la vía en el Beni, la ruta Tarija-Sucre conecta multitud de poblaciones y comunidades y finalmente su trazo sigue en gran parte la ruta mayor ya existente entre ambos departamentos. Estas son las razones por la que dicha comparación es absolutamente “jalada de los pelos” y pocas personas en su sano juicio se opondrían a dicha mejora caminera. Para información del señor Vicepresidente, no es el caso del TIPNIS.
2. Otra infortunada declaración tiene relación con las desaprensivas palabras del presidente Evos Morales en sentido de que “el TIPNIS no es la excepción: ¿En qué parte del mundo nunca ha pasado una carretera por un parque nacional?”. El sentido de fondo de esta declaración muestra el desconocimiento real del significado de un área protegida y sus limitaciones legales en los ámbitos del poder ejecutivo, lo cual es algo que no ha cambiado desde hace más de diez años.
En Bolivia, los caminos existentes en las áreas protegidas, o son anteriores a la creación del área (Sama, Tariquia, Sajama), o su construcción fue parte de la creación legal del área (Cotapata), o fueron construidos al margen de la norma, tal es el caso del camino entre Tumupasa y San José de Chupiamonas al interior del Parque Madidi, producto de la gestión prefectural de Chito Valle, y que generó drásticos impactos a ecosistemas muy frágiles.
Para precisar información, en el mundo, cientos de áreas protegidas y en especial Parques Nacionales, no son atravesadas por carreteras críticas, ni tienen megaproyectos hidroeléctricos o enfrentan riesgos de exploraciones petroleras. En los casos en los que se ha dado la construcción de vías camineras cruzando áreas protegidas, como en Sudáfrica o Estados Unidos, tienen la finalidad de facilitar el turismo regulado, además, dichos países tienen la fortuna de contar con sistemas áreas protegidas fortalecidos y con decidido apoyo normativo y estatal, de manera que el riesgo de ocupaciones ilegales de tierras o explotación de recursos es mínima, cosa que no ocurre en Bolivia, de forma que existen grandes probabilidades de que el escenario futuro del TIPNIS sea un verdadero desastre ecológico y sociocultural. Valga la oportunidad para recordarle al primer mandatario, el estado de olvido, postración y colapso en que se encuentra actualmente el sistema de áreas protegidas en Bolivia y la gestión ambiental en general. Muestra de ello es que el gobierno está violando la norma ambiental boliviana al pasar por alto el Reglamento General de áreas protegidas (Decreto Supremo 24781), que dice textualmente en su artículo 23: En el área que comprende los parques, santuarios o monumentos, está prohibido el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y obras de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios, debidamente calificadas y autorizadas. En general, las afirmaciones presidenciales son un mal antecedente, puesto que podrían incentivar obras camineras de alto riesgo en otras áreas protegidas de alta fragilidad ecológica, como el Madidi, Carrasco o Amboró. Precisamente, Felipe Cáceres, Viceministro de Descolonización. ha tomado la idea y ha hecho una apología de la contravención a la norma al declarar públicamente que se construirán más caminos en otras áreas protegidas.
3. El señor Luís Sánchez, Presidente de la ABC y el propio Presidente del Estado, han mencionado con una lógica por demás tendenciosa, que el bosque del TIPNIS “no es tan virgen como se lo quiere mostrar”, lo cual podría significar que “no se perderá mucho si se lo llega destruir” o al menos, que, no es tan importante, como los científicos, ambientalistas e indígenas afirman como para justificar su conservación.
Pocos espacios naturales son estrictamente “vírgenes” o absolutamente pristinos. A lo largo de la historia, la mayoría de los ecosistemas han tenido interacciones con poblaciones humanas. Un bosque como el del TIPNIS, cuyos recursos naturales son utilizados y manejados de forma regular por las poblaciones indígenas, presentan sendas, picadas, pascanas, taperas, señales de hogueras, incluso algunos árboles cortados o escarificados, etc., también con frecuencia pueden existir vestigios arqueológicos, señal de antiguas interacciones. De cualquier forma su valor es muy elevado, dado que dan prueba de su valor, al ser la base de la supervivencia de estos grupos humanos y no necesitan ser “vírgenes” para justificar su valor e importancia de conservación.
Hace algunos años, se utilizó este argumento “científico” tendencioso, para reducir la importancia ecológica de un bosque seco en Bolivia y así justificar el paso de un gasoducto hacia el Brasil. Es posible que en la actualidad se pretenda utilizar similar argumentación en el TIPNIS.
3. En general, el justificativo de que la vía por el TIPNIS sea la llave para el desarrollo regional o la calve para vincular el oriente y occidente del país, es por demás simplista y demagógico. Pero, es aún menos creíble y hasta risible, la explicación de un vocero de gobierno en sentido de que una obra de casi medio billón de dólares, se justifica en términos de facilitar el comercio de carne desde el Beni. De cualquier forma, es por demás explícito, el manifiesto interés del sector colono por la apertura de la vía y ocupación de nuevas tierras, además de los intereses madereros que han rondado la región desde hace décadas. Adicionalmente existen tres bloques petroleros (Secure, Chispani y Río Hondo) superpuestos al TIPNIS y la vía facilitará el ingreso de Petroandina y Petrobras a la región. Es posible que estos sean los elementos de desarrollo que pregonan los funcionarios de gobierno, pero que no se los quiere explicitar.
En su forma más básica, el empecinamiento del gobierno por la ruta, parecería obedecer simplemente a recurrentes promesas que se hicieron al sector colono desde hace varios años atrás.
Por otra parte, a pesar de las declaraciones de voceros oficiales del Brasil en sentido de desestimar la importancia de la vía para su tránsito comercial al Pacífico, lo cierto es que el tramo, facilitaría al menos a mediano y largo plazo, la vinculación con el Corredor Norte. A esto se suma el hecho de que Bolivia oferta tierras de fácil acceso y con débiles regulaciones ambientales, de manera que la ruta facilitaría al futuro, el proceso que la Fundación Tierra ha identificado, como la “extranjerización de la tierra”, más aún cuando ya existen grandes superficies de suelos cansados en la región soyera del Brasil, Argentina y Paraguay, y el “agrobussiness” de dichos países busca nuevos espacios de expansión. Es muy posible, que el gobierno aún no ha ingresado en este análisis de riesgo estratégico para el país.
4.- Es pertinente mencionar las diversas declaraciones de voceros y asambleístas del MAS, tratando de mostrar la marcha indígena como ilegítima, bajo afanes políticos, en el mejor de los casos, como innecesaria. Esto muestra nuevamente, no solo la tendencia a desvirtuar la demanda social, sino que además los decisores no se han tomado la molestia de estudiar la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. La marcha indígena anunciada para mediados de agosto, debería estar amparada plenamente en cuanto a su legitimidad, en la nueva Constitución Política del Estado, no solo en los incisos del artículo 30 (Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos) sino especialmente, en los artículos 135 y 136 sobre la cobertura de una potencial Acción Popular:
Artículo 135. La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.
Artículo 136. I. La Acción Popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.
II. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.
5. Se deben mencionar las declaraciones del Vicepresidente del Estado Plurinacional, afirmando que “los indígenas del TIPNIS piden el camino”, posiblemente en base a las declaraciones de unos cuantos habitantes indígenas inmersos en la zona de colonización y disidentes de su propia organización (incluso uno de ellos salió en una fotografía con un pancarta exigiendo el camino, claramente no escrita por el). El discurso fácil peca de una generalización tendenciosa que enmascara la verdad y distorsiona la realidad de la región y del problema. Si damos otra interpretación a las antojadizas declaraciones del mandatario, estas podrían hacer una referencia ambigua a los colonos (eufemísticamente llamados ahora interculturales) que evidentemente sí quieren el camino, pero los cuales, paradójicamente no se identifican o auto denominan como indígenas, sino como campesinos interculturales o simplemente colonos.
6. Merecen un comentario las declaraciones del dirigente Aliaga de la Confederación de colonos (campesinos interculturales) en sentido de observar las superficie de las TCO´s y sugerir una nueva Ley de tierras que modifique la situación actual. Esta posición emerge casualmente, en relación al conflicto del camino que pretende cruzar el TIPNIS, y la posición de rechazo de las comunidades indígenas en defensa de su espacio tradicional. El reclamo del sector colono es sobre la supuesta enorme superficie de las TCO´s de los pueblos indígenas de la amazonía y oriente del país, en comparación con su densidad poblacional.
Esta posición, que no es solo enarbolada por el sector colono, incluso personas del ámbito académico han incurrido en esta lógica unidimensionalmente analizada, obedece por un lado a una visión netamente agrarista, es decir que solo considera las superficies de uso agropecuario. Esto a su vez se relaciona con el hecho de ignorar, o se pretende desconocer de facto, la realidad de los sistemas productivos indígenas en las tierras bajas. Los sistemas de sobrevivencia y manejo de recursos de los pueblos indígenas de las tierras bajas, se fundamentan principalmente en la caza, pesca y recolección, si bien la agricultura itinerante es importante, no llega a ser el pilar fundamental de la supervivencia de estos grupos. Esto significa que la caza, recolección y pesca, no se la puede realizar en superficies de 50, 100 o incluso 1.000 hectáreas, lo cual obedece a las características de distribución y relativa escasez de estos recursos en las regiones de bosques tropicales y subtropicales. Por otra parte la agricultura indígena de tierras tropicales tiene estrecha relación con la extrema fragilidad de los suelos pobres en nutrientes, y ello explica también su dinámica itinerante y las bajas densidades poblacionales. Estas son las principales razones por la que los espacios tradicionales de estos grupos indígenas, son y deben ser amplios. Es decir, la dinámica no sedentaria de las poblaciones indígenas y su movilidad en amplias superficies, reducen el riesgo de vaciamiento de recursos y agotamiento de los suelos, permitiendo la regeneración. Pequeñas superficies, la sedentarización, y altas densidades poblacionales, conllevan a escenarios de profundo deterioro de los ecosistemas tropicales y en especial de los suelos, aspectos que nunca han tomado en cuenta los planes o procesos de impulso de la colonización, desde hace décadas hasta ahora. Reducir las tierras de los grupos indígenas de las tierras bajas, significaría condenarlos a la extinción y desaparición cultural, vale decir un etnocidio. Resulta paradójico que se cuestione a las TCO´s que permiten la supervivencia de muchas culturas que hacen que Bolivia sea un Estado Plurinacional, y se sigan permitiendo desbosques, incluso ilegales, de decenas de miles de hectáreas para el monocultivo de la soya transgénica, para beneficio mayoritario de intereses foráneos y una pequeña oligarquía regional.
7. Finalmente, no merecería ningún comentario especial las palabras del ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo que afirmó que “el TIPNIS, ya no es una reserva natural”. Podría pasar como una plena y total apología de la ignorancia sobre la realidad nacional, caso asombroso en el caso de un ministro de Estado, sin embargo, también deja entrever el nivel de desprecio y soslayo que las autoridades de gobierno confieren al tema ambiental y de las áreas protegidas. Más allá de las inconsistentes declaraciones, el ministro Delgadillo es el principal promotor de la división de las organizaciones indígenas en la región del TIPNIS, atentando de mala fe y en forma directa en contra de varias Leyes vigentes que apoyan el fortalecimiento organizacional de los pueblos indígenas, incluida la nueva constitución Política del Estado.
No a la desinformación (Parte II)
El gobierno nuevamente recurre a declaraciones ligeras e infundadas en el afán de desvirtuar y distorsionar la marcha indígena del TIPNIS y la CIDOB. Esto muestra por un lado, la mala fe en el manejo de la información, pero también el pésimo asesoramiento estratégico hacia los altos niveles de decisión del Estado, lo cual desemboca en una suerte de intencionalidad de abierto menosprecio no solo a la inteligencia, sino al sentido común de la sociedad.
Una carretera como la que se proyecta cruzando el TIPNIS es la puerta para la ocupación ilegal y los negociados de tierras, así como para el saqueo de la madera, es un razonamiento de aritmética básica, y esa es una de las razones fundamentales para el rechazo y resistencia de las comunidades del TIPNIS al proyecto caminero y en especial al tramo 2 y 3. Es ilógico, por no decir absurdo, que el gobierno declare oscuras intenciones de la marcha, relacionadas al comercio de tierras e intereses madereros. La intención de copamiento de tierras ha sido no hace mucho, explicitado por el sector de colonización y cocalero de la región, mientras que una de las primeras propuestas de dicho camino en los años 90, provino precisamente por el interés de algunas empresas madereras que operan en el vecino Bosque Chimanes. De tal forma, que las noticias de supuestos negociados de tierras indígenas en la región de Guarayos en Santa Cruz, es lo que de denomina en jerga criolla “buscarle cinco pies el gato”.
En días pasados se quiso mostrar una aparente pugna y falsa contradicción entre los vecinos de la población de San Ignacio de Moxos y las demandas de la marcha indígena. Es legítimo que los vecinos y cívicos de San Ignacio mayoritariamente quieran y apoyen el camino, como también es legítimo que los indígenas rechacen el camino cruzando el TIPNIS y la TCO TIM, por los riegos de devastación ecológica a mediano y largo plazo que implica. Lo que no se explicó ni debatió fue, que el camino sí puede llegar a San Ignacio, bordeando el TIPNIS por el este del río Isiboro y sin afectar al TIPNIS, ni promover severos conflictos sociales al futuro.
Respecto a dicha ruta alternativa que, desde todo punto de análisis es la que tendría menor costo ambiental y social, el costo de construcción tampoco subiría demasiado, como se ha querido mostrar. Desde la zona de Santo domingo en el Sécure, hacia el norte, las condiciones topográficas y de drenaje, presentarían similares desafíos a la constructora, que en el borde este del río Isiboro. Ambas zonas son fuertemente inundadas en la época de lluvias, a lo cual se debe incluir un detalle clave que lamentablemente, no aparece en el Estudio de Impacto Ambiental del tramo 3, el año 2007, a raíz de un efecto hidrológico propio de la dinámica de los ríos amazónicos, el río Sécure cambió de curso unos kilómetros al noreste de Santo Domingo y su caudal se dirige en la actualidad al río Tijamuchí, el cual se ha convertido en el tramo activo del Sécure, habiendo por lo tanto, migrado el cono aluvial de inundaciones fuertes, hacia la llanura oeste entre Monte Grande y San Ignacio de Moxos, situación que equipara aún más las condiciones dificultosas del trazo 3, con la alternativa del río Isiboro.
En otro ámbito, el pliego de demandas del sector indígena, que sorprendió tanto a algunos ministros, tiene como punto central no partir en dos el TIPNIS, en tanto que la mayor parte del resto de las demandas, encuentra plena legitimidad y están contempladas en la actual Constitución Política del Estado y en otras varias normas vigentes, siendo una obligación del Estado el cubrirlas y no concitar tanta sorpresa.
¡La Pucha… con la desinformación! (Parte III)
La ciudadanía tiene que saber que cuando el Ministro Carlos Romero mostraba con vehemencia en una conferencia de prensa del día 23 de agosto, las tierras bajo explotación forestal al lado del TIPNIS en su sector oeste (al oeste del río Secure), haciendo alusión a oscuros intereses madereros de la marcha indígena, que éstas tierras, corresponden a antiguas concesiones forestales (Cimagro, Hervel, Fatima, Monte Grande, Proyectos Integrados), otorgadas en los años 80 por el CDF y reconfiguradas después en función al establecimiento de las TCO´s (gracias a la marcha indígena del año 90), y en el marco de la Ley Forestal. Son por tanto, espacios forestales que fueron otorgados por el Estado.
Es a partir de estas tierras de aprovechamiento forestal colindantes al TIPNIS, que en los años 90 se produjeron avasallamientos madereros del área protegida y TCO, ante la inacción de los poderes de Estado de entonces. Es absurdo pensar que el ex director del CEJIS no conozca esta situación, ¿o hay una falla de la memoria de largo plazo?, ¿o hubo mala fe en la prestación de la información?
Existen dos polígonos de manejo forestal contiguos al TIPNIS bajo otorgamiento al Gran Consejo Tsimane, pues están localizados en la TCO TICH o TCO Chimane, y ellos detentan la legalidad del manejo en dichas tierras forestales como muchos otros pueblos indígenas y comunidades colonas en diversas regiones del país.
Existe otro antecedente. En los años 90, se produjo un corte de madera en la zona Asunta-Oromomo, bajo influencia y cooptación directa de una empresa maderera, donde lamentablemente se vio envuelto un alto líder indígena. A raíz de esto se debilitó notablemente la organización y movimiento social del TIPNIS. Muchos años después, ya en el gobierno del MAS, la Subcentral del TIPNIS, fortalecida nuevamente, aplicó el año 2009, la justicia comunitaria en forma de un castigo corporal a dicho ex-líder indígena, precisamente considerando la falta relacionada al corte de madera, ante lo cual el gobierno actual mostró complacencia, ante el rechazo de la oposición a dicha medida. ¿Cómo interpreta esto el ministro Romero? ¿o tampoco conoció estos sucesos? ¿cómo se explica la incoherencia de acusar de intereses de explotación de madera, a los que aplicaron la justicia comunitaria a una persona que propició la explotación maderera ilegal en la TCO?
Es evidente que como los operadores del gobierno son incapaces de deslegitimar la marcha con argumentos consistentes, recurren entonces a artimañas, evidenciando un chantaje psicológico sobre el movimiento social y sus dirigentes.
Es importante recordar también al dignatario de Estado, que el TIPNIS es un área protegida, y como tal, al igual que el resto de las 22 áreas protegidas del SNAP, siguen adoleciendo del abandono y menosprecio crónico por parte del Estado, como hace diez o más años. Si los sucesivos gobiernos hasta ahora, se hubieran preocupado por el eficiente y efectivo funcionamiento de las áreas protegidas, posiblemente no se hubieran dado problemas de avasallamiento o negociado de recursos o tierras.
Finalmente, para los que conocemos el tema y tenemos memoria, causa asombro la transmutación de un antiguo defensor de los derechos indígenas cuando era director del CEJIS, a un acusador agresivo de los pueblos indígenas. Sin duda el lado mas nefasto y deplorable del poder.
*Biólogo y ecologista