Proceso. Fiscalía investiga al excanciller Antonio Araníbar en el caso Gastos Reservados II que busca esclarecer el destino de Bs 2.000 millones administrados entre 1985 y 2005.
La Razón – Ernesto Calizaya
Tramitan un exhorto para citar a Araníbar
El Ministerio Público tramita un exhorto suplicatorio para notificar al excanciller Antonio Araníbar, quien es investigado en el caso Gastos Reservados II, que busca esclarecer el destino de al menos Bs 2.000 millones administrados sin fiscalización estatal entre 1985 y 2005.
Informe. El fiscal Harry Suaznábar dirige las investigaciones sobre el manejo de dineros del Estado.
“El hijo del señor Antonio Araníbar Quiroga ha presentado un memorial señalando que el mismo tiene un domicilio conocido en la Ciudad de México, por lo que el Ministerio Público, siempre respetando los derechos y garantías constitucionales de las personas, va a solicitar al juez de la causa la notificación mediante un exhorto suplicatorio en México”, señaló el fiscal Harry Suaznábar, director funcional de las investigaciones de este caso.
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El martes pasado, la autoridad anunció que iba a citar por edicto a tres personas que no se presentaron a declarar pese a que fueron notificadas, entre ellas el excanciller (1997) Antonio Araníbar. “Una vez que sea notificado, tiene que apersonarse (en La Paz) a efecto de prestar la declaración informativa que corresponde”, dijo.
El representante del Ministerio Público justificó la convocatoria a la ex autoridad en el hecho de que “en el cuaderno de investigaciones cursan algunos documentos en los que se señala su nombre; entonces, lo que se tiene que hacer es que el mismo preste su declaración informativa, para que presente descargos o informe por qué estos recibos tienen su nombre”.
Proceso. Dentro del caso Gastos Reservados II se tiene una lista de 16 personas que son investigadas por el cobro de los denominados “pluses” o el manejo de diversos montos sin fiscalización estatal, entre 1985 y 2005.
Esta segunda fase de investigación se inició a partir de la documentación que el Ministerio Público pudo recolectar en la primera etapa del caso, que indagó sobre el destino de aproximadamente 2.000 millones de bolivianos administrados sin fiscalización, en gestiones anteriores al 2005.
Entre las 16 personas que supuestamente recibieron dinero como “pago de pluses y dádivas” se encuentran miembros del Poder Judicial, de la Policía y de diferentes órganos del Estado, según el fiscal, quien aseguró que se logró conseguir los recibos de caja originales que posiblemente prueban que las personas que serán investigadas recibieron montos que van desde los 50.000 hasta los 492.000 bolivianos.
En el caso específico de Araníbar, quien fue ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), Suaznábar informó que entre junio y julio de 1997 recibió más de 300 mil bolivianos, de los cuales no existe un informe de rendición de cuentas.
El expresidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Wayar, el exvocero de Gobierno del MNR, Mauricio Antezana, el exviceministro de Gobierno, José Luis Harb, y el expresidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, también figuran entre las personas que serán convocadas por el Ministerio Público.
Avance. Entretanto, el juez 3° de Instrucción en lo Penal Cautelar, Rafael Alcón, determinó la semana pasada la detención preventiva del teniente coronel de Policía Édgar López Pareja, quien fue imputado por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y peculado.
López es la primera persona aprehendida y llevada ante un juez cautelar dentro de este proceso. Suaznábar ordenó su aprehensión tras recibir sus declaraciones informativas. Él tenía el grado de capitán en 1997 y firmó tres recibos en un periodo de dos meses. Cada recibo es de 492 mil bolivianos, lo que significa que debe responder por casi 1,5 millones de bolivianos, informó la autoridad.
El primer detenido en el proceso
Cautelar
El viernes 5 de agosto se determinó la detención preventiva en el penal de San Pedro de quien fue edecán del exministro de Desarrollo Sostenible, Franklin Anaya (1997). Édgar López dijo haber entregado Bs 1,5 millones a Anaya, pero no habría presentado descargos.